Rosalinda Peñafiel Martínez
Expediente 615/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 615/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosalinda Peñafiel Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
PRAL 615/2023 MESA 7 En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con treinta y siete minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo ********, como se ordenó en acuerdo de treinta de octubre del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, asistido de Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico. Apertura de audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran: a) la demanda de amparo promovida por *************, por propio derecho, b) auto admisorio de veintiséis de junio de este año, y c) constancias recabadas de oficio y remitidas por la representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. Asimismo, hace constar que: a) no existe documento con el que deba darse cuenta y b) que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace relación de las siguientes documentales exhibidas por la parte quejosa: Acta de nacimiento de la quejosa **********. Acta de defunción de **********. Hoja única de servicios con folio ***********. Hoja de percepciones que se aportaron al fondo del ISSSTE, con folio *********. Aviso de baja del trabajador con sello de recibido de fecha veintiuno de julio de dos mil veintidós. Copia de credencial de elector de la quejosa **********. Comprobante de nómina con fecha de pago veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Así como de las pruebas recabadas de oficio en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, remitidas por la representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca: Constancias deducidas del expediente **********. Por tanto, se acuerda: Ténganse por desahogadas las documentales ofrecidas por la parte quejosa, así como las recabadas de oficio por este Juzgado; en razón de su propia naturaleza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de Ley de Amparo. No existiendo medios de convicción pendientes de desahogar, se cierra esta fase. Etapa de alegatos. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento; por lo que se cierra esta etapa y quedan vistos los autos para dictar la siguiente: Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo *********; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. 1.1. Mediante demanda de amparo presentada el veintitrés de junio de este año en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, y registrado en este Juzgado en la misma fecha, ***********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los siguientes actos: "[. .]" (Imágenes escaneadas) Acto que atribuyó al subdelegado de Prestaciones Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca. 1.2. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, y 123, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Registro de la demanda y admisión. Por auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés se: a) ordenó formar expediente y se registró la demanda de amparo con el número ***********, b) se admitió a trámite, c) se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, quien no formuló pedimento; d) se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado y e) se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta, y, en el caso, se trata de un asunto de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. El subdelegado de Prestaciones Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, no rindió su informe justificado, pese a que quedó notificado de su petición el tres de julio de esta anualidad; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se presume cierto el acto reclamado por la parte quejosa. Sirve de apoyo la tesis que se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo . TERCERO. Causales de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna otra, por lo que procede el estudio de fondo del asunto. CUARTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, al no existir disposición de la Ley de Amparo que obligue hacerlo, ni se le deja en estado de indefensión a dicha parte; medida que se toma para cumplir con una de las finalidades establecidas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la expedites en la administración de justicia . QUINTO. Estudio de fondo. El análisis de los conceptos de violación, en relación con las constancias del expediente, conduce a estimar lo siguiente: Cabe indicar que será materia de estudio en este considerando la aplicación del artículo 51, fracción II, inciso c) y párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el artículo 12, fracción I, inciso a), y segundo párrafo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto, pues la parte quejosa señala que la autoridad responsable ha sido omisa en realizar el pago a la parte quejosa de la pensión por viudez que le corresponde con el argumento de que se encuentra en el supuesto de incompatibilidad de pensión. La parte quejosa aduce que la aplicación de esos preceptos es contraria a lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, existen criterios temáticos sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el caso, el primero de ellos, relativo a la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XII, septiembre de dos mil doce, tomo dos, décima época, visible en la página quinientos cincuenta y tres, dispone: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). El citado precepto constitucional no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que también de él deriva el principio de previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a sus familias ante los riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de vida. De ahí que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, al restringir el derecho a percibir íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebase 10 veces el salario mínimo previsto como cuota máxima de cotización en el artículo 15 de la propia ley, transgrede los principios de seguridad y previsión social citados, al desatender las siguientes diferencias sustanciales: 1. Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge por la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador o trabajadora; 2. Cubren riesgos diferentes, dado que la pensión por viudez protege la seguridad y bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador o trabajadora y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro; y, 3. Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se origina con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas". También existe la diversa jurisprudencia derivada por contradicción 2a./J. 129/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página mil treinta y tres, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN II, INCISO C), DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL". Además, del sustentado en la jurisprudencia 1a./J. 66/2009, de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 333, tomo XXX, julio de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el título y contenido siguientes: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL RESTRINGIR EL DERECHO A RECIBIRLA, VIOLA LA GARANTÍA SOCIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). El artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de marzo de 2007, al restringir el derecho de la esposa o concubina, esposo o concubinario a recibir la pensión por viudez derivada de la muerte del trabajador o trabajadora, durante el lapso que desempeñe un trabajo remunerado que implique la incorporación al régimen obligatorio de dicha Ley, viola la garantía social prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el derecho aludido no es incompatible o antagónico con el de desempeñar un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad que implique su incorporación al régimen obligatorio previsto en la Ley de la materia. Así, resulta inconcuso que recibir un salario por un empleo o cargo desempeñado por un pensionado y su inscripción al régimen obligatorio del aludido instituto son contraprestaciones que no se oponen al derecho de recibir diversas pensiones, entre ellas, la de viudez; máxime que del proceso legislativo que originó el apartado B del indicado precepto constitucional, se advierte que el poder reformador de la Carta Magna dispuso que las garantías sociales en ningún caso pueden restringirse. Ello es así, en primer lugar, porque ambos derechos tienen orígenes diferentes, pues el de la pensión por viudez surge por la muerte del trabajador, es decir, es una prestación establecida en favor de la esposa o concubina, esposo o concubinario y no del extinto trabajador, aun cuando su fuente es la relación laboral existente entre éste y la entidad gubernamental respectiva; en segundo lugar, porque el hecho de que los viudos pensionados desempeñen un cargo que conlleve la incorporación al régimen obligatorio citado y, por ende, el acceso -por cuenta propia- a los beneficios de seguridad social derivados de ese régimen no excluye al derecho de seguir recibiendo el pago de la pensión por viudez sino que, por el contrario, la conjugación de los derechos derivados del nuevo empleo y de la referida pensión coadyuva a hacer efectiva la garantía social de mérito, orientada a garantizar el bienestar de los familiares del trabajador fallecido. Además, la pensión mencionada no es una concesión gratuita o generosa, sino un derecho gestado con las aportaciones efectuadas por el trabajador durante su vida productiva con el objeto de garantizar, aunque sea en parte, la subsistencia de sus beneficiarios." De una intelección de los criterios de las Salas del Máximo Tribunal del País es factible colegir, de manera esencial, que el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el diverso artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, transgreden los derechos fundamentales de seguridad social y el principio de previsión social previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al restringir el derecho de la quejosa a percibir de manera íntegra la pensión de viudez con motivo del fallecimiento de su esposo ************, desde el mes de diciembre de dos mil diecinueve, por encontrarse activa como trabajadora del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Lo anterior, en razón de que: 1° La pensión por viudez tiene origen distinto a la percepción de la parte quejosa como trabajadora activa, pues la primera (de viudez) surge por la muerte del trabajador, en tanto que la segunda (de trabajadora activa) se genera día a día con motivo de los servicios prestados por la trabajadora. 2° Cubren riesgos diferentes, toda vez que la pensión por viudez protege la seguridad y bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador y el ingreso que representa para su familia que la esposa continúe como trabajadora activa, para su subsistencia y gastos básicos de supervivencia. 3° Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y el ingreso como trabajadora activa se origina con el trabajo día a día realizado por la trabajadora, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas. Asimismo, se establece que el artículo 51, fracción II, inciso c), de la ley abrogada es restrictivo del derecho de la esposa o de la concubina, esposo o concubinario a recibir la pensión por viudez, durante el tiempo en que el beneficiario desempeña un trabajo remunerado que implica la incorporación al régimen obligatorio de dicha Ley. Restricción que viola el derecho social previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque ese derecho de seguridad social no resulta contrario o antagónico con el empleo, cargo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad que implique su incorporación al régimen obligatorio. Por esa razón, una trabajadora que se encuentra bajo esa condición tiene derecho a recibir su salario y al mismo tiempo la pensión por viudez generada por el fallecido esposo, esposa, concubino o concubina, ya que este último hizo las aportaciones durante el tiempo laborado y que dieron lugar a la acumulación de las cantidades que ahora constituyen la prestación social apuntada. Ambas jurisprudencias son de aplicación obligatoria, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo . Ahora, la quejosa señala que a partir del fallecimiento de su esposo no ha disfrutado de la pensión por viudez, es decir, no se le ha realizado el pago correspondiente desde el mes de diciembre de dos mil diecinueve, en específico, el nueve de ese mes y año, es decir, el día siguiente de aquél en que falleció su cónyuge ********** -ocho de diciembre de dos diecinueve-. Así, reclama la omisión de realizar el pago de la pensión respectiva con base en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, pues señala que no puede percibir la pensión por viudez por encontrarse aparentemente en el supuesto de incompatibilidad de pensión, por ser trabajadora activa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, desempeñando un trabajo remunerado que implica la incorporación al régimen de la ley del ISSSTE; normativo que, en lo de interés, es del texto siguiente: "Artículo 51. Las pensiones a que se refiere este capítulo son compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el desempeño de trabajos remunerados, de acuerdo a lo siguiente: - - - [.] II. La percepción de una pensión de viudez o concubinato con: C) El desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen de esta Ley; [.]". Como se ve, la responsable aplicó el artículo 51, párrafo segundo, inciso c) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, declarado inconstitucional por la jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)" , cuyo contenido, se reitera, restringe el derecho a percibir íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebasa diez veces el salario mínimo previsto como cuota máxima de cotización y, por tal motivo, resulta violatorio de los principios de seguridad y previsión social contenidos en el artículo 123 Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEXTO. Efectos de la concesión. En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa *************, para el efecto de que el subdelegado de Prestaciones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, en el ámbito de sus funciones: a) Deje(n) sin efecto la determinación en la que, en su caso, se haya establecido que la aquí quejosa se encuentra en el supuesto de incompatibilidad de pensión; y, en su lugar: b) Dicte una determinación en la que ordene se otorgue la pensión por viudez a la quejosa ************, y le entregue en una sola exhibición la totalidad de las cantidades que no le han cubiertas a partir del nueve de diciembre de dos mil diecinueve; con motivo de la aplicación del precepto 51, fracción II, inciso c) y párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el artículo 12, fracción I, inciso a), y segundo párrafo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto. c) Se abstenga de realizar descuentos a la pensión de la aquí quejosa, con base en la ley declarada inconstitucional. Es importante aclarar que no se puede impedir a la autoridad la aplicación futura del precepto 51, segundo párrafo, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada; porque el dos de junio de dos mil diecisiete la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 223/2016, determinó que el amparo contra actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales en jurisprudencia, como en la especie, no comprende a la norma general declarada inconstitucional si ésta no fue señalada como acto reclamado, sino que tiene por efecto que, en observancia de la jurisprudencia, no se aplique la ley en un acto concreto. El criterio es el siguiente: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO RESPECTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA ABROGADA.- Cuando el juicio de amparo se promueva contra los actos de aplicación del precepto citado, declarado inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.) (*), por regla general, el efecto de la protección no puede llevarse al extremo de impedir su aplicación futura en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, ni afectar actos distintos al reclamado, cuya constitucionalidad no haya sido impugnada en la demanda, pues el amparo contra actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales en jurisprudencia, no comprende a la norma general declarada inconstitucional si ésta no fue señalada como acto reclamado, sino que tiene por efecto que, en observancia de la jurisprudencia, no se aplique la ley en un acto concreto. Lo anterior, en el entendido de que, excepcionalmente, la concesión del amparo podrá tener efectos futuros cuando se impugne una resolución del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que por su contenido y naturaleza implique el ajuste de los pagos subsecuentes sin los descuentos fundados en la norma referida ." En el caso, la parte quejosa únicamente señaló como acto reclamado la aplicación del precepto 51, segundo párrafo, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada, expedida el veintiocho de enero de dos mil doce, el cual fue declarado inconvencional e inconstitucional; sin embargo, al no haber señalado como acto reclamado la inconstitucionalidad del citado artículo, jurídicamente, no se puede impedir a la autoridad la aplicación futura. De otra manera se tendría que desconocer el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -según el cual el amparo contra actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales en jurisprudencia como en la especie, no comprende a la norma general declarada inconstitucional si ésta no fue señalada como acto reclamado, no existe manera legal de impedir que se le vuelva a aplicar- para asumir la posibilidad de extender los efectos; jurisprudencia que es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Por tanto, el amparo se concede exclusivamente para el efecto de que la autoridad responsable, conforme al ámbito de sus atribuciones, deje sin efectos la determinación de incompatibilidad de pensión respectiva y otorgue la pensión por viudez a **********, sin que pueda ordenarse respecto de descuentos que se lleguen a realizar con posterioridad, por las razones previamente expuestas. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a **********, contra el acto reclamado al subdelegado de Prestaciones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca; en términos del considerando quinto y para los efectos señalados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 615/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado determinación. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo para hacer valer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de ocho de noviembre de este anualidad, en el que se desechó la prueba de informes que ofreció en este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código de Procedimientos Federales, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa determinación. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 615/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Glose de oficio. Incorpórese el oficio de cuenta con terminación 3985/2023, suscrito por el encargado de la subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, mediante el que: Remite una impresión de la clave de operaciones del Sistema SIPE-SIR. Aclara que existe una suspensión en el goce de una pensión por viudez o concubinato, porque el posible beneficiario desempeña un trabajo remunerado que implica la reincorporación al régimen obligatorio de la Ley del ISSSTE; pensión que es incompatible con el servicio activo. 1.1. Prueba documental. Además, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental de la autoridad responsable, subdelegado de Prestaciones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, la constancia remitida; misma que se desahoga en razón de su especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 615/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. De los mismos se advierte que en auto de veintiuno de julio del año en curso se reservó acordar lo conducente en relación a la prueba de informes ofrecida por la parte quejosa, mediante escrito con registro 9097; ello, hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe justificado y remitiera las constancias anexas al mismo; aspecto que se encuentra satisfecho, por ende, se acuerda en los términos siguientes: 2. Se desecha prueba de informes. La parte quejosa ofreció la prueba de informes que refiere deberá rendir la autoridad responsable, subdelegado de Prestaciones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, en los términos asentados en su escrito con registro 9097; sin embargo, no ha lugar a admitir dicha prueba porque, de conformidad con lo establecido en la primera parte del primer párrafo del artículo 119 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo indirecto son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. En el caso, la prueba de informes que solicita la parte quejosa no encuadra en el aludido precepto 119 de la Ley de Amparo; pues de lo contrario, tendría que ser valorada como si se tratara de una prueba confesional o de posiciones rendida por la responsable, lo cual está prohibido expresamente en la primera parte del primer párrafo del aludido artículo 119 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, se desecha la prueba de informes ofrecida por la parte quejosa. Es aplicable, la tesis VI.2o.A.6 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1435, Tomo XVI, Octubre de 2002, Novena Época, Registro 185669, del contenido siguiente: "PRUEBAS. ES INADMISIBLE LA SOLICITUD DE INFORMES FORMULADA A UNA AUTORIDAD RESPONSABLE, ATENTO LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO." 2.1. Precisión. No obstante, se puntualiza a la parte quejosa que los aspectos que pretendía probar con la prueba de informes que ofreció, relacionados con el expediente pensionario del que derivan los actos reclamados, son los mismos que, en su caso, se analizarán tomando en consideración los antecedentes y conceptos de violación formulados en su escrito de demanda en relación con las documentales remitidas por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
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