Rosalinda Hernández Pérez
Expediente 1046/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1046/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosalinda Hernández Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
PRAL 1046/2022 MESA 7 Sentencia. Vistos para resolver el juicio de amparo número ********************; y, R e s u l t a n d o s: Primero. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo depositada el siete de septiembre de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el ocho de septiembre siguiente, ********************, a través de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado y autoridades responsables que se precisarán en el considerando segundo de este sentencia. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, párrafo segundo, 20, apartado C, fracciones I, II y VII, y 21, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; además, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. El doce de septiembre del año próximo pasado (fojas 7 a 10), entre otras cuestiones, se ordenó formar el juicio de amparo ******************** y se previno a la parte quejosa en los términos ahí precisados. Posteriormente, previo cumplimiento a las prevenciones realizadas, en acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós (fojas 21 a 24) se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes para la audiencia constitucional. Tercero. Sentencia e interposición de recurso de revisión. Previo los trámites de ley, mediante sentencia dictada en audiencia celebrada el trece de febrero de dos mil veintitrés, firmada y autorizada el veintiocho de febrero siguiente, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados por la parte quejosa. Mediante escrito acordado en auto de dieciséis de marzo del año en curso se tuvo a ********************, asesor jurídico federal de la quejosa ********************, interponiendo recurso de revisión contra dicho fallo; del que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, radicándolo con el número de amparo en revisión ********************, de su estadística. Cuarto. Se ordena reposición del procedimiento y se señala fecha y hora para la celebración de la audiencia. A través del oficio 1308, se tuvo a la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito remitiendo el testimonio de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria por videoconferencia de veintisiete de septiembre de este año, en el amparo en revisión ********************. Ejecutoria en la que el Tribunal de Alzada revocó la sentencia dictada por este Juzgado en audiencia celebrada el trece de febrero de dos mil veintitrés, firmada y autorizada el veintiocho de febrero siguiente y, en su lugar, ordenó reponer el procedimiento para los siguientes efectos: "[.] a) Deje insubsistente la audiencia constitucional; b) Requiera a las autoridades responsables remitan las constancias integrantes de la averiguación previa ********************, de la que deriva el acto reclamado, consistente en la resolución de veintinueve de julio de dos mil veintidós, emitida por la agente del Ministerio Público de la Federación, auxiliar del Procurador General de la República, habilitada y autorizada por el Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Oaxaca, así como la resolución motivo del recurso y el expediente clínico de la ofendida, toda vez que son necesarias para resolver el asunto: c) Una vez recibidas, las ponga a la vista de las partes, de conformidad a lo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo; y, d) Hecho lo anterior, vuelva a pronunciarse respecto del asunto puesto a su consideración emitiendo la sentencia que corresponda conforme a derecho. [.]" En acuerdo de seis de octubre del año que transcurre, entre otras cuestiones, se requirió a la autoridad responsable, agente del Ministerio Público de la Federación, auxiliar del Procurador General de la República, habilitada y autorizada por el Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Oaxaca, para que, dentro del término de tres días, remitiera copia certificada completa y legible de las siguientes documentales: ( La totalidad de las constancias que integran la averiguación previa ********************, de la que deriva el acto reclamado -consistente en la resolución de veintinueve de julio de dos mil veintidós-. ( La resolución motivo del recurso de inconformidad hecho en la citada averiguación previa. ( El expediente clínico de ********************. Además, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Se reciben constancias solicitadas a autoridad responsable. En acuerdo de diecisiete de octubre de este año se tuvo a la referida autoridad ministerial remitiendo copia certificada de la documental solicitada en auto de seis de octubre pasado; misma con la que se ordenó formar el cuaderno auxiliar I, y se dio vista de manera personal a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, quien no realizó expresión alguna. Seguido el juicio en su trámite, se llevó a cabo la audiencia constitucional en la fecha y hora señaladas en auto de seis de octubre de este año, al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o s: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y el acto se reclama de autoridades residentes en este municipio; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, es: La resolución de veintinueve de julio de dos mil veintidós, mediante la que se contestó el escrito de inconformidad dirigido al expediente ********************. Acto que se atribuye a 1) agente del Ministerio Público de la Federación en Apoyo de la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto en Oaxaca, 2) delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Oaxaca y 3) ********************, agente del Ministerio Público de la Federación, Auxiliar del Procurador General de la Republica Habilitada. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Tercero. Inexistencia del acto reclamado a una autoridad. Al rendir su informe justificado, la responsable, 1) agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo a la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo de la Fiscalía General de la República, Delegación Estatal Oaxaca, convino en la existencia del acto reclamado. Agregó que la resolución de veintinueve de julio de dos mil veintidós, mediante la que se contestó el escrito de inconformidad dirigido al expediente ******************** (acto reclamado), fue dictaminada por la agente del Ministerio Público de la Federación auxiliar del Procurador General de la República en Oaxaca, y autorizada por el delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Oaxaca; en tanto que la autoridad que rinde el informe (agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo a la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo de la Fiscalía General de la República, Delegación Estatal Oaxaca) fue quien recibió jurídica, material y físicamente la referida averiguación previa para su conocimiento el veintiséis de mayo de dos mil veintidós. De lo anterior se desprende que aunque la referida autoridad responsable convino en la existencia del acto reclamado, empero, no participó en la dictaminación o autorización de la determinación reclamada en esta instancia; de ahí que el acto reclamado resulte inexistente, por lo que hace a dicha autoridad. En esas condiciones, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables 2) delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Oaxaca y 3) agente del Ministerio Público de la Federación auxiliar del Procurador General de la República en Oaxaca, al rendir su informe justificado, convinieron en la existencia del acto reclamado. Quinto. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse en forma preferente y previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este Juzgado advierta de manera oficiosa. Pero como las partes en este juicio constitucional no hicieron valer causas de improcedencia, ni se aprecia que se actualice alguna, se procederá a abordar el análisis de fondo de la cuestión planteada. Sexto. Conceptos de violación. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su transcripción; máxime que con ello en modo alguno se afectan los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VXXXI, Mayo de 2010, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Séptimo. Estudio del fondo del asunto. El concepto de violación expuesto por la parte quejosa es infundado, aun suplido en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. De la lectura del escrito inicial de demanda se aprecia que, en síntesis, el concepto de violación se circunscribe al argumento de que la determinación reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada (foja 5 reverso). En relación al referido aspecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho fundamental de legalidad, al disponer textualmente en su párrafo primero lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.--- - (.)" Por fundamentación del acto de autoridad se entiende que debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general; o sea, que la ley prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad; es decir, que exista una ley que así lo autorice, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite de acuerdo con el principio de legalidad. Por motivación, debe entenderse en el sentido de que, al existir una norma jurídica, el caso o situación respecto del que se pretende realizar un acto autoritario de molestia sean aquellos a que alude la disposición legal fundatoria; de esta suerte que la motivación indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley. Así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto establecido por la ley, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma; es decir, aunque esté debidamente fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. Entonces, para que una autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación a que se refiere el derecho fundamental de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirvan de apoyo; además, debe expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los supuestos de la norma que invoca. Es decir, tratándose de actos de autoridad que inciden en el ámbito jurídico de un individuo, el derecho humano de fundamentar tiene por objeto que se le diga expresamente por qué razón se le aplica la ley, lo cual se lleva a cabo con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente. Cobra aplicación a lo aducido en los párrafos precedentes, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 238212, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Conceptuadas así la fundamentación y motivación, puede considerarse que el numeral 16 constitucional presenta dos vertientes, a saber: a) De forma: Cuando se trata de la falta de fundamentación y/o motivación, y; b) De fondo: Cuando lo que se presenta es una indebida o incorrecta fundamentación o motivación. La primera, se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se consideraron para subsumirlo en la hipótesis prevista en la ley; y la segunda, cuando se invoca el precepto legal, pero éste no es aplicable por las características específicas del asunto, impidiendo su adecuación en la hipótesis normativa; o bien, cuando las razones que da la autoridad responsable como sustento del acto reclamado, son discordantes con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia absoluta de tales requisitos, y se traduce en una violación formal; mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la inexacta o deficiente aplicación de normas así como de los razonamientos formulados por la autoridad y resulta en una violación material o de fondo. Esta distinción es importante, primero, para determinar el orden en que se estudiarán los conceptos de violación y, segundo, para establecer los efectos de la concesión, pues aun cuando en ambos casos la autoridad debe dejar insubsistente el acto inconstitucional; en el primer supuesto la responsable deberá subsanar la irregularidad expresando la fundamentación y motivación ausente; y en el segundo, para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia I.3o.C. J/47, que aparece publicada en la página 1964, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, tomo XXVII, febrero de 2008, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR". En el caso, de la lectura de la determinación de veintinueve de julio de dos mil veintidós, dictaminada por la agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliar del procurador (sic) General de la República habilitada, y autorizada por el delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Oaxaca, a través del cual se resolvió el recurso de inconformidad hecho valer por la parte quejosa y se determinó procedente la consulta de no ejercicio de la acción penal formulada en la averiguación previa ********************, se aprecia que en los considerandos respectivos se determinó lo siguiente: ********************Primero. Se hizo la relación del recurso de inconformidad interpuesto por el licenciado ********************, en su carácter de asesor jurídico federal adscrito al Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y, como tal, de ******************** (foja 37). ********************Además, se estableció que el citado recurso había sido presentado dentro del plazo quince días que establece el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales. ********************Segundo. Se admitió el recurso de inconformidad (foja 37). ********************Tercero. Se establecieron los hechos con apariencia de delitos por los que se inició la indagatoria ********************, y la personas a quienes se le atribuyeron (foja 37). ********************Cuarto. Atendiendo a lo señalado por el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, en la determinación reclamada se precisó que se: Realizó un resumen de las actuaciones contenidas en la averiguación previa (fojas 38 a 41). Estableció las razones que el Ministerio Público tomó en consideración para la determinación de no ejercicio de la acción penal (fojas 41 a 44). Estableció las consideraciones que se realizaron del estudio de la averiguación, así como la respuesta a los planteamientos hechos en el escrito de inconformidad, de la siguiente manera (fojas 44 a 52): Agravios de la inconforme. 1. Indebido objeto de estudio de la indagatoria ********************. 2. Violación a los derechos y garantías de las victimas e incumplimiento de las obligaciones del Ministerio Público. 3. Indebida fundamentación y motivación en el acuerdo de no ejercicio de la acción penal. ********************Ahora, respecto al primer agravio de la inconforme, en la determinación reclamada se respondió que: Contrario a lo manifestado por la ahora quejosa, al solicitar a la perito en materia de medicina forense ******************** la emisión del dictamen correspondiente, debía determinar si hubo o no negligencia médica en agravio de una persona, si se estableció que ésta responde al nombre de ********************, y no "en agravio de la persona que en vida respondió..", como se refirió en el agravio de la inconforme; por lo que no obstante que en la parte de "Planteamiento del problema" de su dictamen la perito haya asentado lo relativo a que la víctima "en vida respondió al nombre de." (foja 665 del tomo anexo), se trataba de un error, y no de manera dolosa como para que dicha circunstancia influyera en sus conclusiones; por lo que el argumento en el sentido de que "pudo influir de manera significativa en el dictamen por parte de la perito ********************", se trata de una apreciación subjetiva, que no está corroborada con ningún otro medio probatorio. ********************Criterio que se comparte; máxime que durante el desarrollo del dictamen no se desprende que la perito vuelva a hacer referencia a que la persona respecto del que lo realiza se encuentre occisa; concluyendo que la atención médica que le fue otorgada por parte del doctor ******************** fue apegada a la lex artis vigente, por lo que no existen elementos de mala práctica médica (foja 690 reverso del tomo anexo). ********************Además, es incorrecta la manifestación de la inconforme en el sentido de que en el apartado del método de estudio del dictamen de la perito referida, ésta haya hecho referencia al muslo izquierdo de la ahora quejosa como el objeto de estudio; siendo que dicha manifestación no se estableció en ese apartado (método de estudio), y de la lectura del resto del dictamen se aprecia que se hace referencia al muslo derecho, glúteo derecho, de la promovente. De ahí que aunque las responsables hayan referido que dichos errores en el apartado del método que no son motivo para que el dictamen en materia de medicina forense emitido por la doctora ******************** se deje sin efectos, lo cierto es que no existe tal error; de ahí que el agravio de la inconforme no es válido. ********************Finalmente, en la determinación reclamada se dijo que, respecto las alegaciones de la inconforme, el asesor jurídico de la víctima tenía la obligación de vigilar la integración de la averiguación previa y una vez de que se percatara de la existencia del dictamen que en ese momento pretendía impugnar, debió haber ofrecido un perito de la institución que representa para que emitiera el correspondiente, lo que no aconteció (fojas 45 a 51). ********************Respecto al segundo agravio de la inconforme, en el que refiere que con el acuerdo con el que se determinó consultar el no ejercicio de la acción penal (en virtud de actualizarse la figura de no delito), se violan los derechos y garantías de la víctima y el incumplimiento de las obligaciones del Ministerio Público, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley General de Victimas y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en la determinación reclamada se le respondió que respecto de dicho agravio únicamente la inconforme se limitaba a referir que el Ministerio Público incumplió con sus obligaciones, sin haber especificado cuáles fueron esas funciones que dejó de cumplir, por tanto, no era posible controvertir esa fuente de agravio (foja 51). Por lo que hace al tercer agravio, relativo a una indebida fundamentación y motivación en el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, la inconforme reitera que el dictamen en medicina forense se solicitó para una persona fallecida, cuando la misma sigue con vida, a lo que las responsables contestaron que dicho agravio ya había sido contestado en líneas precedentes. Además, en relación al argumento en el que se refirió que para no ejercer acción penal la autoridad ministerial únicamente se limitó a los expedientes clínicos, no así a otro dato de prueba que obrara dentro de la averiguación previa, afectando y violando los derechos de la víctima; las responsables refirieron que la determinación de no ejercicio de la acción penal por no delito se encuentra fundada en el artículo 137, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Penales, así como que la misma fue sustentada en el dictamen en materia medica emitido por la perito oficial de la Institución, ya que es la pericial suficiente, pertinente e idónea para auxiliar al Ministerio Público a fin de resolver la averiguación previa, al tratarse de un delito de ******************** (fojas 51 y 52); lo que se comparte, pues, para la emisión del mismo, se pusieron a la vista de la perito los documentos que obraban dentro de la referida carpeta de investigación, entre los que se encontraba el expediente clínico de la ahora quejosa. Sentado lo anterior, las responsables concluyeron que era procedente la consulta de no ejercicio de la acción penal por no delito, en la averiguación previa ********************, instruida contra ********************, en la comisión del delito de ********************, con la agravante de ********************, previsto en el artículo 288 y sancionado en el numeral 289, en relación con los artículos 6°, 288 y 229 del Código Penal Federal, en agravio de ********************; además, se dejó a salvo los derechos de la víctima directa y su asesor para hacerlos valer en la instancia correspondiente (foja 55). Como se advierte, las autoridades responsables sí cumplieron debidamente con el requisito de debida fundamentación y motivación, que debe revestir todo acto de autoridad, de conformidad con los referidos artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aunado a que se contestaron todos los argumentos vertidos por la parte quejosa en su escrito de inconformidad, como lo establece el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales; asimismo, se expuso cual era la documental idónea para determinar el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa ******************** (en virtud de actualizarse la figura de no delito), concluyendo confirmar procedente dicho no ejercicio. En consecuencia, y como no se advierte que deba aplicarse la suplencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ********************. Octavo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado a la 1) agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo a la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo de la Fiscalía General de la República, Delegación Estatal Oaxaca; en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado, consistente en la resolución de veintinueve de julio de dos mil veintidós, mediante la que se contestó el escrito de inconformidad dirigido al expediente ********************, que atribuyó al 2) delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Oaxaca y 3) agente del Ministerio Público de la Federación, Auxiliar del Procurador General de la Republica Habilitada; en términos del considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, trece de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.
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PRAL 1046/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. 1. Glose de oficio. Incorpórese el oficio de cuenta número 713/2023, suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación, habilitado como auxiliar del procurador General de la República, mediante el que, en cumplimiento al requerimiento realizado el seis de octubre pasado, remite el un tomo de copias certificadas correspondientes a: La totalidad de las constancias que integran la averiguación previa ************, de la que deriva el acto reclamado -consistente en la resolución de veintinueve de julio de dos mil veintidós-. La resolución motivo del recurso de inconformidad hecho en la citada averiguación previa. El expediente clínico de ***********. 1.1. Prueba documental -cuaderno auxiliar I-. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental de la autoridad responsable de cuenta, las constancias que remite; mismas que se desahogan en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Con el citado tomo de prueba, se ordena formar el cuaderno auxiliar I, que queda a disposición de las partes, respetando el folio y entresello correspondientes. 1.2. Vista a la parte quejosa. Asimismo, dése vista de manera personal a la parte quejosa a fin de que, dentro del plazo a que se contrae el artículo 117 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a sus intereses convenga. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 1046/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. 1. Glose de oficio. Visto el oficio de cuenta número DEO/5173/2023, suscrito por el delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, con residencia en este municipio, mediante el que, en lo sustancial, solicita una prórroga, a fin de estar en condiciones de cumplir con el requerimiento realizado en auto de seis de octubre de este año, por los motivos que expone; al respecto, se acuerda: 1.1. Se concede prórroga a la autoridad responsable. Se concede a la autoridad de cuenta el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la notificación de este auto, a fin de que remita a este Juzgado: La totalidad de las constancias que integran la averiguación previa *****************, de la que deriva el acto reclamado -consistente en la resolución de veintinueve de julio de dos mil veintidós-. La resolución motivo del recurso de inconformidad hecho en la citada averiguación previa. El expediente clínico de **********. Lo anterior, tomando en consideración que al comunicado de cuenta, acompañó el acuse del diverso oficio por el que instruyó a la agente del Ministerio Público de la Federación, auxiliar del Procurador (sic) General de la República, la remisión de dichas constancias. 1.2. Apercibimiento. En el entendido que de no cumplir con dicho requerimiento en el plazo concedido, se le hará efectivo el apercibimiento conminado en acuerdo de seis de este mes y año. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 1046/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintitrés. 1. Glose de ejecutoria. Glósese el oficio de cuenta número 1308, suscrito por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, al que anexa: el testimonio de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria por videoconferencia de veintisiete de septiembre de este año, en el amparo en revisión ********************. Acúsese recibo correspondiente. 2. Tribunal revoca sentencia y sobresee. El Tribunal de Alzada revocó la sentencia dictada por este Juzgado en audiencia celebrada el trece de febrero de dos mil veintitrés, firmada y autorizada el veintiocho de febrero siguiente, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa y, en su lugar, ordenó reponer el procedimiento para los siguientes efectos: "[.] a) Deje insubsistente la audiencia constitucional; b) Requiera a las autoridades responsables remitan las constancias integrantes de la averiguación previa ***********, de la que deriva el acto reclamado, consistente en la resolución de veintinueve de julio de dos mil veintidós, emitida por la agente del Ministerio Público de la Federación, auxiliar del Procurador General de la República, habilitada y autorizada por el Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Oaxaca, así como la resolución motivo del recurso y el expediente clínico de la ofendida, toda vez que son necesarias para resolver el asunto: c) Una vez recibidas, las ponga a la vista de las partes, de conformidad a lo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo; y, d) Hecho lo anterior, vuelva a pronunciarse respecto del asunto puesto a su consideración emitiendo la sentencia que corresponda conforme a derecho. [.]" 2.1. Reingreso del expediente. En consecuencia, anótese el reingreso de este asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para fines estadísticos. Lo anterior, se ordena hacer del conocimiento de las partes para los fines legales consiguientes, y en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, se provee: 3. Requerimiento. Toda vez que el Tribunal Colegiado ordenó dejar insubsistente la audiencia constitucional y sentencia dictada en este asunto; por ende, en cumplimiento a dicha ejecutoria y a fin de estar en condiciones de dictar una resolución conforme a derecho, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se requiere a la autoridad responsable, agente del Ministerio Público de la Federación, auxiliar del Procurador General de la República, habilitada y autorizada por el Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Oaxaca, para que, dentro del término de tres días, remita copia certificada completa y legible de las siguientes documentales: La totalidad de las constancias que integran la averiguación previa ***********, de la que deriva el acto reclamado -consistente en la resolución de veintinueve de julio de dos mil veintidós-. La resolución motivo del recurso de inconformidad hecho en la citada averiguación previa. El expediente clínico de ************. 3.1. Apercibimiento. Se le apercibe que, de no cumplir con lo anterior o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a la suma de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos, 00/100, moneda nacional) relativa a cincuenta días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en relación con lo dispuesto por los preceptos 237, fracción I, y 238 de la Ley de Amparo. 4. Audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se señalan las nueve horas con diecisiete minutos del seis de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. 5. Se informa a superioridad. Transcríbase a la superioridad este proveído en cumplimiento a la resolución dictada en el amparo en revisión ********************. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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