Rosalina Ordaz Maya
Expediente 2186/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2186/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/07/2022
Partes del expediente
- Rosalina Ordaz Maya
- Secretario General del Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. Del análisis del sumario se advierte que en la sentencia emitida el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en los autos del juicio en que se actúa, los efectos son los siguientes: ".SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado a la quejosa, es para el efecto de que el Secretario General del Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco: > Dé contestación al escrito de petición presentado por la quejosa el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, con sello de recibo de esa misma fecha, de manera congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; y la haga del conocimiento de Rosalina Ordaz Maya; o bien, manifieste la imposibilidad que para ello tenga. ." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se recibió el comunicado del secretario general del Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla, Jalisco, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del oficio SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO006/2022, de diez de junio de dos mil veintidós, en el que dio contestación al escrito presentado por la quejosa el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, el cual se observa notificado a la propia imperante Rosalina Ordaz Maya, el veintitrés de junio del año en curso. Con lo cual, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestará lo que a su derecho convenga, de lo cual se analizará en el presente proveído. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Manifestaciones de la parte quejosa. Mediante escrito recibido en este juzgado el cinco de julio de dos mil veintidós, la quejosa Rosalina Ordaz Díaz, manifestó que el fallo protector no está cabalmente cumplido debido a que la autoridad responsable, toda vez que si bien es cierto, dio contestación a la petición presentada por la quejosa, refiere que también lo es que se encuentra incompleta, aduciendo que no está fundada y ni motivada, por lo que sigue vulnerado su derecho fundamental. En el caso, debe desestimarse lo alegado por la parte quejosa, debido a que en la sentencia pronunciada por este juzgado se determinó que la concesión del amparo, era que la autoridad responsable acreditará que acordó la petición presentado por la quejosa el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, con sello de recibo de esa misma fecha, de manera congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; y a su vez, lo hiciera de su conocimiento, sin que ello estuviera supeditado al sentido en que ésta se resolviera. Cabe precisar que en la promoción presentada por la quejosa ante la autoridad administrativa cuya omisión en dar respuesta fue el motivo de reclamo en este asunto, ésta solicitó licencia municipal con la finalidad de que se autorizara permiso para renta de motocicletas, sin embargo, de la lectura toral del acuerdo en el que la responsable se pronunció tocante a la petición se observa que le dio contestación a la solicitud elevada, pues le hizo de su conocimiento que expedir licencias, permisos, autorizaciones o demás actos administrativos no es su competencia, ni se encuentra dentro de sus facultades, de conformidad con la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Pues bien, para una mayor ilustración se transcriben los artículos 1, 37, 48, 50, 60 y 62, todos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco: "Artículo 1.- El Municipio libre es la base de la organización política y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco. Es una institución de orden público, constituida por una comunidad de personas establecidas en un territorio; autónomo para su gobierno interior y para la administración de su hacienda; con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en esta ley. Artículo 37.- Los cabildos, enunciativamente y de conformidad con las leyes respectivas, tendrán facultades para reglamentar en materia de: I. Servicios públicos municipales enunciados en el artículo 97 de esta ley; II. Asistencia social; III. Promoción cultural, festividades, espectáculos públicos y la crónica municipal; IV. Desarrollo urbano y habitación popular; V. Obras públicas y construcciones; VI. Salubridad e higiene; VII. Turismo; VIII Ecología, saneamiento y acción contra la contaminación ambiental; IX. Planeación del desarrollo municipal; X. Protección civil; XI. Fomento y promoción económica; y XII. Las demás que señalen las leyes. Artículo 48.- En cada uno de los ayuntamientos del Estado, habrá un Secretario, que será designado por el Cabildo, en los términos de los artículos 39, fracción II, numeral 7; y 40, fracción II, numeral 7, ambos de este 19 ordenamiento. Artículo 50.- Son obligaciones y facultades del Secretario las siguientes: I. Son obligaciones: 1. Estar presente en todas las sesiones del Cabildo, teniendo en ellas voz informativa; levantar en el libro respectivo, las actas y, al terminarlas, recabar la firma de los regidores presentes; 2. Dar cuenta, tanto al Presidente Municipal, como al Cuerpo Edilicio, en su caso, con todos los asuntos de la competencia del Cabildo, informando de todos los antecedentes necesarios para acordar el trámite y despacho de los mismos; 3. Expedir, cuando proceda, las copias, constancias, credenciales y demás certificaciones que acuerde el Presidente Municipal o el Cabildo; 4. Firmar y comunicar los acuerdos emanados del Cabildo o del Presidente, y autorizarlos con su firma; 5. Suscribir las pólizas de pago de la Tesorería, así como los títulos de crédito que se emitan por el Ayuntamiento, en unión del Presidente Municipal y del Tesorero; 6. Presentar, en la primera sesión de cada mes, noticia del número de asuntos que hayan pasado a comisión; los despachados en el mes inmediato anterior, y el total de los pendientes; 7. Autorizar las circulares, comunicaciones y, en general, todos los documentos que sean necesarios para el despacho de los asuntos del Municipio; y 8. Vigilar el funcionamiento del archivo del Municipio, quedando facultado para emplear las medidas y sistemas necesarios que estime conveniente; y II. Son facultades del Secretario: 1. Proponer el nombramiento de los servidores públicos de la Secretaría; 2. Formular proyecto de reglamento interior de la propia Secretaría, y someterlo al Cabildo para su aprobación; 3. Formar parte del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, como vocal técnico, teniendo derecho a voz en las sesiones del mismo; y 4. Las demás que le señale esta ley." Artículo 60.- En los ayuntamientos integrados por nueve y once munícipes, las funciones de la Oficialía Mayor podrán distribuirse en dos servidores públicos que se denominarán Oficial Mayor Administrativo y de Padrón y Licencias, respectivamente; además de los que señale su presupuesto de egresos. Artículo 62.- El Oficial Mayor de Padrón y Licencias o quien desempeñe dicha función, tendrá a su cargo el control fiscal y la expedición, previo acuerdo con el Presidente Municipal, de licencias para el funcionamiento de giros, en los términos de las leyes de hacienda y de ingresos del propio municipio, respetando estrictamente los reglamentos de zonificación urbana. Tratándose de giros restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas, requerirá acuerdo que apruebe la expedición de la licencia, dictado para tal efecto por el Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, del cual está facultado para formar parte, como vocal técnico, teniendo derecho a voz en las sesiones del mismo, de conformidad con lo que la ley señala." [El énfasis es añadido] Basta imponerse del contenido de los numerales transcritos para colegir con meridiana claridad que la respuesta dada a la quejosa es suficiente, merced de que la expedición u otorgamiento de permisos de giros comerciales no le corresponde a dicha autoridad. Este juzgado advierte que la contestación de la responsable está debida y suficientemente motivada ya que la expedición de permisos no entra en su ámbito de facultades, ni obligaciones, luego, la respuesta se fundó en la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que contiene igualmente las obligaciones y facultades del secretario de un ayuntamiento Por lo que no puede considerarse que no se dio cumplimiento del fallo protector, puesto que, la concesión del amparo únicamente fue para el efecto de que se respetara el derecho fundamental violado, contenido en el canon 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual aconteció ya que se dio respuesta, fundada, motivada, congruente y rápida, además, se le hizo de su conocimiento. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendió los lineamientos del fallo protector, esto es, se proveyó el ocurso presentado por la parte quejosa, cuya contestación se advierte congruente, completa, fundada y motivada, además, se hizo del conocimiento a la propia quejosa. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezca en este juzgado el documento exhibido por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dicho documento, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibida que de no acudir por este, en el plazo indicado, podrá ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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QUEJOSO SEÑALA VIA ELECTRONICA NOTIFICACIONES Y AUTORIZADO: Se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la responsable, lo anterior se analizará al momento de que este juzgado de distrito se pronuncie respecto al cumplimiento del fallo protector. Designa autorizados. Por otra parte, se tiene a la impetrante designando como autorizado a ---, quien estará en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, ello en razón de que dicho profesionista sí cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo anterior, sin revocar los anteriores autorizados. Consulta expediente electrónico, notificaciones vía electrónicas y usuario. Con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y el numeral 35 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, bajo su más estricta responsabilidad, se le autoriza la consulta vía electrónica, así como la recepción de notificaciones que se le practiquen por la misma vía, de este juicio de amparo, al usuario "danel237". Datos de contacto. Finalmente, se tiene proporcionando un número de celular, mismo que se tendrá solo en caso de contacto ante una situación especial, sin que ello implique que las notificaciones se le realicen por ese medio de comunicación, ni tampoco a través de la aplicación de mensajería whatsapp al no ser una forma de notificación reconocida por la Ley de Amparo.
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. Téngase por recibido el comunicado que signa el secretario general del Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla, Jalisco, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del oficio SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO006/2022, de diez de junio de dos mil veintidós, en el que da contestación al escrito presentado por la quejosa el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, el cual se encuentra notificado a la propia imperante ********************el veintitrés de junio del año en curso. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado que signa el secretario general del Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla, Jalisco, mediante el cual manifiesta que no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en razón de no haber localizado a la parte quejosa en su domicilio, sin que haya acreditado que ya dio contestación, merced de que no allega constancia alguna que corrobore su gestión. Dadas las manifestaciones que realiza no ha lugar a tenerle en vías de cumplimiento. Estado de autos. Cabe precisar que el efecto de la sentencia dictada en el presente juicio es el siguiente: "De contestación al escrito de petición presentado por la quejosa el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, con sello de recibo de esa misma fecha, de manera congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; y la haga del conocimiento de Rosalina Ordaz Maya; o bien, manifieste la imposibilidad que para ello tenga." Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgado federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que en el plazo improrrogable de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las cuales acredite el cumplimiento al fallo protector, esto es, de la contestación efectuada al escrito presentado por la quejosa el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte y de ser posible la notificación de la respuesta o, de no encontrar a la impetrante levanta una constancia donde se advierta la imposibilidad que tuvo para ello. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que, de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá a la autoridad responsable, una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.
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