Rosalina Fragozo Heras
Expediente 1689/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 24 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1689/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 26/05/2022
Partes del expediente
- Coordinación General de Atención y Orientación al Derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Jalisco.
- Rosalina Fragozo Heras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Como se advierte de la certificación que antecede, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con la sentencia de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó en el juicio, y así hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente como asunto concluido. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Asimismo, dado que se negó tanto la suspensión provisional como definitiva respecto de todos los actos reclamados, el original del cuaderno incidental se encuentra en el supuesto previsto en el inciso c) del artículo 21 del citado acuerdo, por tanto, será destruible un vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. III. Duplicado del incidente. En atención a lo dispuesto en la fracción II inciso a) del artículo 20 del acuerdo en cita, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre dicho plazo, remítase al legajo correspondiente. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1689/2021, promovido por Rosalina Fragozo Heras, contra los actos que reclama del Coordinación General de Atención y Orientación al derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Rosalina Fragozo Heras, por propio derecho solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que en él precisó, señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer a este juzgado de la demanda en comento, la que se registró con el número 1689/2021 y, posteriormente, mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, se ordenó dar vista al representante social de la adscripción, quien no formuló pedimento; se solicitó los informes justificados a las autoridades responsables, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno la parte quejosa amplió la demanda (folios 60 a 75 de autos), respecto del acto y autoridades ahí precisadas y, seguido el juicio en todas sus etapas, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio, en los términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Jalisco; por tratarse de un amparo en materia administrativa y los actos reclamados se atribuyen a autoridades que se encuentran en el Estado de Jalisco, lugar en donde este juzgado de distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia. En esas condiciones, del análisis integral del escrito de demanda, de la ampliación de demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se precisa que el acto reclamado, consiste en: Demanda de amparo: De la Coordinación General de Atención y Orientación al Derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social: La omisión de resolver la queja administrativa interpuesta por la parte quejosa el veintiocho de marzo de dos mil veintiuno, registrada con el expediente QM-JAL-202105-1428. La omisión de notificar el dictamen y proyecto de acuerdo recaídos a la Queja Administrativa con número de expediente QM-JAL-202105-1428 (Ampliación de demanda). Ampliación de demanda: Comisión Bipartita de Atención al Derechohabiente del Consejo Consultivo Delegacional: La omisión de notificar el dictamen y proyecto de acuerdo recaídos a la Queja Administrativa con número de expediente QM-JAL-202105-1428. La resolución de diecinueve de julio de dos mil veintidós, en la que se resolvió parcialmente procedente la queja administrativa interpuesta por la parte quejosa. Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada: La omisión de notificar el dictamen y proyecto de acuerdo recaídos a la Queja Administrativa, registrada con el expediente QM-JAL-202105-1428. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierta la omisión reclamada de resolver el recurso de queja multicitado, dado que así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado (folios 132 a 138 de autos). Lo anterior, dado que el diecinueve de julio de dos mil veintiuno emitió la resolución respectiva, cuyo contenido, en lo que interesa, es: Por lo anterior, se tiene que a la presentación de la demanda de amparo (tres de septiembre de dos mil veintiuno), la determinación referida ya se había dictado. Así, en la medida que negó el acto que se le imputa, no es a dicha autoridad a quien corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación, ni allegar alguna prueba que demuestre que lo que se les atribuye es inexistente, sino que, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verídico lo que le reclama. Es así, debido a que lo que se le reprocha implica un actuar positivo, ya que se traduce en un hacer y, por tanto, ante la negativa de la susodicha autoridad la parte solicitante de la tutela federal debe desvirtuarla; sin embargo, del análisis del presente sumario no se advierte que así lo haya hecho. En ese orden de ideas, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto del acto que se reclama; lo anterior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, consistente en la omisión de notificar el dictamen y proyecto de acuerdo recaídos a la Queja Administrativa con número de expediente QM-JAL-202105-1428. Ello es así, pues aun cuando las responsables negaron la existencia del acto reclamado, lo cierto es que, de las constancias se desprende que la notificación fue realizada el treinta de septiembre de dos mil veintidós (folio 144 de autos) siendo que la ampliación de demanda la presentó el veintitrés del mismo mes y año, por lo que debe considerar verídica la omisión que se les reclama a las responsable. Asimismo, es cierto el acto reclamado consistente en la resolución de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, por la que se declaró parcialmente procedente la queja administrativa interpuesta por la parte quejosa, no obstante que las responsables hayan negado dicho acto (folios 132 a 141; 161 a 160 de autos), pues de las constancias remitidas por las responsable se desprende su existencia (folios 177 a 179 de autos). QUINTO. Causales de improcedencia. Siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden público, éstas deben de analizarse preferentemente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo y de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia número 814, visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Omisión de notificar el dictamen y proyecto de acuerdo recaídos a la Queja Administrativa con número de expediente QM-JAL-202105-1428 Al respecto, quien resuelve, estima se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos de la omisión reclamada. A fin de comprobar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la interpretación de la norma transcrita se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, como si se hubiese otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Ese supuesto de improcedencia encuentra justificación en razón de que resulta imposible examinar la materia del juicio de amparo, cuando ha desaparecido por haber quedado insubsistente el acto reclamado, o bien, sus efectos; por lo cual ya no existe materia sobre qué pronunciarse. Ahora bien, tratándose de actos omisivos, como sucede en el caso, esa causa de improcedencia se actualiza cuando las autoridades responsables demuestran que durante la tramitación del juicio de amparo realizaron la conducta que de ellas se reclama, esto es, efectuaron aquello que con su actitud pasiva dejaron de hacer, por lo que cesan los efectos de la omisión reclamada. En el caso, el impetrante reclama en la demanda inicial, omisión de notificar el dictamen y proyecto de acuerdo recaídos a la Queja Administrativa con número de expediente QM-JAL-202105-1428. Empero, mediante informe rendido por las responsables (visible a foja 144 del cuaderno de amparo), las responsables manifestaron haber dado notificado la respuesta a la solicitud de la parte quejosa el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, a través de oficio de veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Tal como se desprende de la citada constancia: De lo anterior, se desprende en esa fecha se le hizo del conocimiento el contenido de la resolución de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, esto es, los resolutivos de dicha determinación. Máxime, que la parte quejosa amplió su demanda respecto de la resolución de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, aunado a que, se dio vista a la parte quejosa con el contenido de los informes justificados y con las constancias anexadas a éstos, y con ello, se impuso del contenido de la resolución citada. Lo anterior, permite concluir que la omisión inicialmente reclamada por la parte quejosa, ha cesado en sus efectos, puesto que las autoridades responsables han realizado aquello que con su actitud pasiva habían dejado de hacer, es decir, se han pronunciado, por escrito sobre la solicitud que presentó el impetrante. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, publicada en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." La resolución de diecinueve de julio de dos mil veintidós, en la que se determinó como parcialmente procedente la queja administrativa interpuesta por la parte quejosa. En relación con el acto incorporado vía ampliación de demanda, en el que reclama la respuesta recaída a su solicitud, se estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los numerales 1, fracción I, 5, fracción II, de la Ley de Amparo, al constituir actos emitidos por las responsables en ejercicio de su relación de coordinación con el quejoso, los cuales deben ser materia de análisis en la instancia laboral respectiva y no en el presente sumario constitucional. Los aludidos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". Lo anterior, encuentra sustento en lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 341/2015, en la que analizó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en aquellos casos en los que se reclamen violaciones al derecho de petición, determinando, en lo que aquí interesa, que este resulta procedente según las siguientes consideraciones: ".En primer lugar, no existe duda que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de organizar y administrar el seguro social, como lo dispone el artículo 5(3) de la Ley del Seguro Social. Tampoco que su origen constitucional está previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX,(4) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta manera, el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado, pues forma parte de la administración pública estatal, de conformidad con el artículo 1o., párrafo último, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (5) En segundo lugar, debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social organiza y administra el Seguro Social; que éste comprende el régimen obligatorio y el régimen voluntario;(6) y que el régimen obligatorio incorpora los seguros de riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y guarderías y prestaciones sociales, de conformidad con el artículo 11 de la Ley del Seguro Social;(7) en cumplimiento de lo que dispone la propia ley, debe emitir actos a través de los cuales resuelva si los asegurados o beneficiarios reúnen los requisitos legales para disfrutar de una pensión, como lo ordenan los artículos 2(8) y 8(9) de la indicada legislación. En relación con los actos que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de pensiones, al resolver el amparo en revisión 772/2015, en sesión de veintiocho de octubre de dos mil quince, por unanimidad de cinco votos (la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos se separó de consideraciones), esta Segunda Sala expuso las ideas siguientes, relevantes para la solución de esta contradicción de tesis: "Es cierto que el instituto, como ente asegurador, es un organismo descentralizado y, al someterse a la jurisdicción laboral, actúa en igualdad como todo particular y, en esos casos, el juicio de amparo no puede sustituir a la jurisdicción ordinaria en la resolución de conflictos sobre seguridad social. " Tales remedios judiciales, en materia de seguridad social, encuentran regulación especial en los artículos 295 de la Ley del Seguro Social, así como 899-A a 899-G de la Ley Federal del Trabajo. Dichos procedimientos tienen la amplitud de competencia y conocimiento que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en materia de legalidad y probatoria, que no tiene el juicio de amparo en la medida que éste es una instancia subsidiaria de protección de los derechos humanos. "Sin embargo, existen casos excepcionales en los que dicho organismo público, como ente asegurador, emite o ejecuta actos que afectan directamente la protección y garantía constitucional y convencional del derecho a la seguridad social o de cualquier otro derecho fundamental, como el derecho a la salud, de manera unilateral y obligatoria, además, de que los emite en ejercicio de sus funciones que están determinadas por las normas generales que reglamentan la garantía y satisfacción del derecho a la seguridad social, y para combatirlos es necesario y eficaz acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin agotar la jurisdicción ordinaria en materia de seguridad social. En esos casos no se puede desconocer que el instituto actúa como autoridad para efectos del amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues con el acto de aplicación, consistente en la resolución que niega el otorgamiento de la pensión de viudez a la quejosa, de forma unilateral, esto es, no en un plano de igualdad, le niega ese beneficio. "En efecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social presta un servicio público para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado Mexicano en materia de seguridad social. Tal es el mandato contenido en el artículo 4 de la Ley del Seguro Social, el cual coincide con su calidad del servicio que se presta, de manera universal y en atención al interés social y general, a todos quienes cumplan los requisitos previstos en la ley para ser incorporados en ese régimen de seguridad social y gozar de las prestaciones que taxativamente surgen y se otorgan conforme a las disposiciones de la ley que lo regula. En el ejercicio de esa actividad, los particulares ejercen derechos configurados legalmente y su protección se encuentra prevista en ley, y para el ejercicio de esos derechos los particulares se encuentran en una relación de asimetría con dicho instituto. "En la prestación de ese servicio público, el instituto está facultado para emitir actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de manera unilateral u obligatoria, o bien, puede incurrir en omisión de actos que, de realizarse, crearían situaciones, modificarían o extinguirían situaciones jurídicas. Tal es el caso de determinaciones sobre la procedencia o no de prestaciones de seguridad social, previstas en la ley a la que tienen derecho los particulares, las cuales se emiten de forma unilateral y de manera vinculante para los particulares, y que prevalecen hasta que se dicta el laudo o resolución que las invaliden en el juicio o medio de defensa procedente. "Por último, la función del Instituto Mexicano del Seguro Social está prevista y regulada en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, constitucional y en la Ley del Seguro Social; de manera que no entabla relaciones con los particulares en el ámbito de la autonomía de la voluntad, sino en los términos vinculantes de las propias normas generales que rigen su función. "De esta forma, de manera excepcional, el juicio de amparo indirecto es procedente para conocer de los actos que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social como ente asegurador, y en los que sea necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados;." [.] De esta manera, esta Sala puso de relieve que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la facultad para emitir actos que incidan la situación jurídica del asegurado o beneficiario, en relación con la procedencia de pensiones que establece la ley o, incluso, puede incurrir en omisión; motivo por el cual, excepcionalmente, será procedente el amparo para obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados. Es decir, asumiendo que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo del Estado y que puede emitir actos conforme a la ley que lo regula, incluso, incurrir en omisiones, en el precedente citado se definió una pauta para evidenciar cuándo resulta necesario hacer procedente el juicio de amparo, respecto de actos y omisiones del instituto: siempre que exista necesidad de proteger la efectividad de los derechos humanos involucrados. Por tanto, resulta necesario explicar cómo se entiende el derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, el que se encuentra involucrado en los juicios de amparo que fueron desechados y que motivaron los criterios que se encuentran en contradicción. El derecho de petición está reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. "A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Como se observa, el derecho de petición contenido en la norma constitucional en cita, se sustenta en la obligación que tienen todos los funcionarios y empleados públicos de contestar, en breve término, cualquier solicitud que formulen los particulares por escrito. Al respecto, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el siguiente criterio jurisprudencial: (.) "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD." (transcribe texto). (.) De lo expuesto puede colegirse que el juicio de amparo, en relación con el derecho de petición, es procedente cuando se pone en evidencia que el funcionario o servidor público De lo expuesto puede colegirse que el juicio de amparo, en relación con el derecho de petición, es procedente cuando se pone en evidencia que el funcionario o servidor público obligado a contestar una solicitud, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responder la petición, pues esto supone una violación al derecho reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, lo que hace necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva del derecho humano involucrado. Por tanto, considerando que el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con la legislación que lo rige, está facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios; esta Segunda Sala estima que cuando se atribuye al citado instituto la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que, en este caso, es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta a la petición. Sin embargo, en la propia ejecutoria la superioridad estableció la siguiente limitante en torno a la procedencia del juicio de amparo: "Por tanto, considerando que el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con la legislación que lo rige, está facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios; esta Segunda Sala estima que cuando se atribuye al citado instituto la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que, en este caso, es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta a la petición. En el entendido de que, respecto de la respuesta que, en su caso, formule el instituto, no procederá ampliación de la demanda de amparo indirecto, sino que el asegurado o beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, de conformidad con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899 A de la Ley Federal del Trabajo, que establecen:." [Lo resaltado no es de origen] De la ejecutoria citada, se tiene que cuando una Institución de Seguridad Social, como la señalada como responsable en este caso, resuelve u omite dar respuesta respecto a la procedencia o no una solicitud en su carácter de asegurado, como lo es la solicitud de queja administrativa; de conformidad con la legislación que rige dicho organismo, está facultado para emitir actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de manera unilateral u obligatoria, o bien, incurrir en omisión de actos que, de realizarse, crearían, modificarían o extinguirían situaciones jurídicas. Además, porque los Institutos de seguridad social, como el responsable, no entablan relaciones con los particulares en el ámbito de la autonomía de la voluntad y, por ende, su relación no puede considerarse de coordinación, sino que tal relación se realiza en los términos vinculantes de las normas generales que rigen su función, por lo que, excepcionalmente, el juicio de amparo indirecto es procedente para conocer de los actos que emitan los Institutos de seguridad social como ente asegurador, a fin de obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados; como en el caso de que se emita una resolución que omita resolver respecto a una solicitud en su carácter de asegurado, en virtud que de acuerdo con dicha ejecutoria, el acto reclamado se considera de autoridad para efectos del juicio de amparo. Por tanto, considerando que el Instituto responsable, a través de las autoridades responsables, de conformidad con la legislación que lo rige, está facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con lo cual puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios; la omisión de responder una solicitud en su carácter de asegurado, puede ser materia del juicio de amparo indirecto, debido a que, en este caso, es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta a la petición. Establecido lo anterior, como se adelantó, si bien, es viable el análisis en la vía constitucional por cuanto hace a la omisión de las instituciones de seguridad social, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, a traves de las autoridades responsables, dicho supuesto de procedencia se limita a lo relativo al derecho de petición, más no así a la respuesta recaída a lo solicitado por el quejoso, en cuyo caso, deberá acudirse a la instancia ordinaria en materia de seguridad social que corresponda. Así lo determinó la superioridad en la contradicción en cita: "En el entendido de que, respecto de la respuesta que, en su caso, formule el instituto, no procederá ampliación de la demanda de amparo indirecto, sino que el asegurado o beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, de conformidad con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899 A de la Ley Federal del Trabajo, que establecen:." De ahí que, en el caso, se estime actualizada la causal invocada pues al dar respuesta a lo solicitado por la quejosa, las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, actuaron -nuevamente- en un plano de coordinación con el usuario y, por ende, no puede estimarse como un acto de autoridad que torne procedente el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior por las razones que la informan la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Aunado a que, nuestro Máximo Tribunal al resolver la jurisprudencia 2a./J. 129/2008, determinó que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el carácter de autoridad responsable al resolver el recurso de inconformidad que se haga valer en contra de la queja administrativa, lo cual en el caso, no aconteció, pues la parte quejosa no impugnó el acto reclamado a través de la inconformidad, para mayor claridad, se transcribe la parte conducente de la contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia que más adelante se precisará: " . Pues bien, como se ha visto a lo largo de esta sentencia, no le asiste la razón al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, porque si bien el derecho a disfrutar de las prestaciones en especie y en dinero previstas en la Ley del Seguro Social, tiene su origen en un vínculo laboral, lo que constituye una relación de coordinación entre los asegurados, beneficiarios o pensionarios con el Instituto Mexicano del Seguro Social, no menos cierto es que cuando éstos deciden controvertir un acto definitivo de dicho organismo público descentralizado mediante el recurso de inconformidad, se origina una nueva relación de naturaleza administrativa, la cual es de supra a subordinación, en la que el interesado como gobernado se somete al imperio del Instituto de referencia, quien ante él adquiere el carácter de autoridad, pues como ya se vio con antelación puede crear, modificar o extinguir ante sí o por sí la situación jurídica del inconforme. En tales condiciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social al resolver el recurso de inconformidad sí actúa con fundamento en disposiciones legales y reglamentarias que lo autorizan para emitir actos unilaterales con facultades decisorias, de acuerdo con los artículos de la Ley del Seguro Social y del Reglamento del Recurso de Inconformidad transcritos anteriormente, de los que se desprende que el indicado organismo público descentralizado al conocer del citado medio de defensa, queda investido de una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que revela que tal Institución es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando ejerce la facultad de mérito. En efecto, puesto que con aquel proceder, el Instituto está en posibilidad de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los particulares en su calidad de asegurados, beneficiarios, o pensionados, e imponer su voluntad de manera unilateral sin necesidad de acudir a los tribunales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado, pues como se ha señalado, este último solamente interpone el recurso y es el ente público quien lo resuelve con plenas atribuciones como medio de control interno de la legalidad de sus propios actos. Ahora bien, con independencia de que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social establece que los conflictos entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que otorga esa ley, deben tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (si se opta por impugnar el acto definitivo respectivo mediante el recurso de inconformidad como lo indica el artículo 294 de la citada ley), y que el Pleno de este Alto Tribunal, al analizar dicha disposición, en relación con la acción de pago que se ejercite por concepto de gastos médicos extrainstitucionales, estableció que esa demanda no es de naturaleza laboral, sino civil y que, por ende, corresponde su conocimiento a un Juez Civil del fuero común, debe decirse que tal situación no modifica la relación de naturaleza administrativa que surge cuando el particular decide interponer ante el propio Instituto queja administrativa y, posteriormente, el recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la ley anotada. . Por su parte, en los asuntos de los que deriva la contradicción que se resuelve, no se planteó la acción de reembolso ante un tribunal laboral, sino que los particulares afectados optaron por solucionar las cosas en sede administrativa, directamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme lo prevé su propia legislación, primero mediante la queja administrativa y luego mediante la interposición del recurso de inconformidad, por tanto, aquel criterio no es útil para advertir cuál es la relación jurídica que se origina en este último supuesto, en el cual el interesado decide someterse al imperio del referido Instituto y obliga a éste a resolver la instancia planteada investido de sus facultades decisorias que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, y cuya resolución queda investida con las características de un acto de autoridad. Además, en el criterio de referencia no se analizaron las disposiciones, actualmente reformadas, del recurso de inconformidad y de la instancia de queja administrativa ante el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, con motivo del reclamo de gastos médicos extrainstitucionales. En este sentido, cuando se promueve la inconformidad, se le dota al Instituto Mexicano del Seguro Social el carácter de autoridad para que decida el asunto conforme a los lineamientos establecidos en el Reglamento correspondiente, de manera que a éste no le queda más remedio que resolver el recurso acorde con su potestad administrativa. Consecuentemente, si el Reglamento del Recurso de Inconformidad establece los lineamientos de cómo se va a tramitar y resolver ese recurso, con la consecuente obligación al Instituto Mexicano del Seguro Social de acatar esos lineamientos, imponiendo el deber de ocuparse de todos los motivos de impugnación, de deducir las pretensiones planteadas, analizar las pruebas recabadas y expresar los fundamentos jurídicos en que se apoyen los puntos decisorios de la resolución, es claro que se le atribuyen obligaciones que no son propias de los particulares. Además, existe la posibilidad de que la resolución del recurso de inconformidad se convierta en un acto ejecutivo, lo cual no es propio de la actuación de un particular sino de un ente investido de potestad pública y que, por ende, emite actos administrativos que se identifican como actos de autoridad al crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del inconforme, emitidos de manera unilateral, sin el consenso de la voluntad del afectado y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales. Por tanto, válidamente se concluye que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social resuelve un recurso de inconformidad, en contra de la instancia de queja administrativa, en la que se reclama el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales, ese acto proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, independientemente de que conforme al principio de definitividad, para acudir a aquél, debiera agotarse previamente otro medio de defensa." Dicha contradicción dio lugar a la jurisprudencia siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO RESUELVE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES. Conforme a los artículos 251, fracción XXXIV, de la Ley del Seguro Social, 1, 2, 3, 6, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 y 29 del Reglamento del Recurso de Inconformidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por sí o a través de sus órganos competentes, está facultado para conocer y resolver el recurso de inconformidad establecido en el artículo 294 de la Ley citada, cuyo trámite, disposiciones aplicables, ante quien se interpone, plazo para ello y pruebas que pueden ofrecerse, están previstos en las indicadas disposiciones, en las que se precisa que aquel recurso culminará con la emisión de una resolución no sujeta a regla especial alguna, pero que deberá ocuparse de todos los motivos de impugnación hechos valer por el inconforme, decidir sobre las pretensiones deducidas, analizar las pruebas recabadas, expresar los fundamentos jurídicos en que se apoyen los puntos decisorios y que será ejecutable, características que son propias de los actos de un ente investido de potestad pública cuyo ejercicio es irrenunciable y que, por ende, emite actos administrativos decisorios identificados como actos de autoridad al crear, modificar o extinguir, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del inconforme, dictados de manera unilateral, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales y sin el consenso de la voluntad del afectado, pues éste solamente interpone el recurso y el organismo público descentralizado lo resuelve con plenitud de atribuciones como medio de control interno de la legalidad de sus propios actos. En ese tenor, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social decide el recurso de inconformidad interpuesto contra un acto definitivo mediante el cual niega el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales, como lo es la determinación de la instancia de queja administrativa prevista en el artículo 296 de la indicada Ley, regulada por su instructivo respectivo, se origina una relación de naturaleza administrativa de supra a subordinación, en la que el interesado como gobernado se somete al imperio del Instituto, quien ante él adquiere el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, independientemente de que conforme al principio de definitividad, para acudir a aquél, debiera agotarse previamente otro medio de defensa." De lo anterior, se desprende que nuestro Máximo Tribunal determinó que cuando se reclame la resolución dictada en el recurso de inconformidad hecho valer en contra de la diversa que resuelve la queja administrativa, sí procede el amparo indirecto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque en dichos casos, sí tiene el carácter de autoridad responsable. De ahí que, únicamente cuando se controvierte la resolución en la instancia del recurso de inconformidad, es cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el carácter de autoridad responsable y no antes. En ese sentido, en el caso, ello no aplica porque el acto reclamado no constituye la resolución dictada en el recurso de inconformidad. En efecto, en particular, no se impugna la resolución emitida en el recurso de inconformidad, puesto que, es la determinación que resuelve la queja administrativa, en contra de la cual no se agotó el recurso de inconformidad, supuesto en el que, si tendría el carácter de autoridad responsable y no antes. De ahí que, al no constituir el acto reclamado la determinación dictada en el recurso de inconformidad, es inconcuso que la autoridad citada no tiene la calidad de responsable. Asimismo, sin que se soslaye la jurisprudencia de rubro: "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO.", puesto que, en el caso, no resulta aplicable, dado que el citado criterio, se refiere a la excepción de agotar el principio de definitividad, siendo que, en particular, la improcedencia radica en que la autoridad no tiene el carácter de responsable en términos de la Ley de Amparo, en términos de los criterios citados anteriormente. Conforme a lo anterior, no se atenderán los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, los criterios jurisprudenciales invocados en cuanto al fondo del asunto, así como a las diversas causas de improcedencia alegadas por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, porque la declaración de sobreseimiento en el juicio impide hacerlo, tal como lo sostiene la jurisprudencia 1028, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, página 708, Octava Época, con registro 394984 de rubro "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Igualmente sirve de apoyo a lo anterior, la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rosalina Fragozo Heras. Notifíquese personalmente.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintisiete de enero de dos mil veintidós. Se forma cuadernillo. De la certificación de cuenta se advierte que a las trece horas con cincuenta y tres minutos del doce de enero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1689/2021, el cual está pendiente de dictarse sentencia; por tanto, fórmese cuadernillo de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Se agrega escrito. Ahora, téngase por recibido el ocurso signado electrónicamente por Itamar Ramírez Roldan, autorizada de la parte quejosa; y, atento a su contenido, hágase de su conocimiento lo señalado en líneas pretéritas, donde se estableció que el doce del mes y año en curso, se celebró la audiencia constitucional en el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe. RAAG/DCSR/CarlosDulce Carolina Salazar Robles, secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, certifico: que la presente es parte integrante del auto dictado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, en autos del juicio de amparo indirecto 1689/2021. Doy fe.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a siete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial, se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo para que la parte quejosa se imponga de las constancias remitidas por la autoridad responsable se imponga de las constancias remitidas por la autoridad responsable, recibidas en auto de veintiséis de noviembre del año en curso. Por lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.
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