Rosalina Jaimes Arriaga

Expediente 573/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 53 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
573/2021
Año
2021
Actuaciones
53
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Rosalina Jaimes Arriaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 53.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el original del incidente de suspensión. En tal, virtud y toda vez de que por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de Depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) del referido Acuerdo General, por lo cual deberá conservarse la resolución que la otorga. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción ll, inciso a), del citado acuerdo general, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Finalmente, virtud a que resulta innecesaria su conservación, mediante atento oficio, remítase al de Control y Enjuiciamiento Sistema de Justicia Penal, acusatorio y oral, región Zamora, los discos compactos, que contiene la carpeta digital, audios y videos de donde emana el acto reclamado, de su índice, que anexo como complemento a su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 2227/2022, signado por el Juez del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, sobreseyó fuera de audiencia por cambio de situación jurídica. Acúsese y hágase las anotaciones en el obro correspondiente. Cúmplase.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio 711/2022, remitido vía telegrama por el Fiscal Regional de Zamora, Michoacán, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo se tuvo por recibido el mencionado oficio vía correo electrónico y se acordó lo conducente; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 5071/2022, signado por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, el cual informa que, en la audiencia inicial de trece de septiembre del año en curso, dentro de la causa penal 435/2021, seguida a... por el hecho que la ley señala como el delito de desaparición forzada de personas, en agravio de Esther de los Santos Aburto, Juan Manuel de la Cruz Fuentes y José Arturo Rodríguez Tristán. En la inteligencia de que el aludido oficio ha sido previamente certificado por la Secretaria de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Ahora bien, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el quince de junio del año próximo pasado, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado... promovió juicio de amparo, contra actos del Juez de Control Enjuiciamiento de la Región Morelia, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistente en la emisión de una orden de aprehensión, librada en su contra y su ejecución, así como el pretender privarla de su libertad, admitiéndose a trámite por auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Ahora bien, del oficio de cuenta se obtiene que la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, informó por oficio vía correo electrónico 5071/2022, lo siguiente: ".Se vinculó a proceso a... por hecho que la ley señala como delito de por hecho que la ley señala como delito de desaparición forzada de personas previsto y sancionado por los artículos 27, 28 y 30 último párrafo, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en relación con los diversos 7 fracción II, 8, 9 párrafo primero y 13 fracción III, del Código Penal Federal, en agravio de Esther de los...Se decretó a los imputados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a (Jaimes Arriaga en cuanto a su libertad personal a disposición de la autoridad federal), en términos de los artículos 19 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el tiempo que dure el proceso, la cual cumplirá en el centro de reinserción social de Alta seguridad para delito de alto impacto, Morelia, Michoacán, lugar en el que, los imputados deberán permanecer en lugar distinto al área del resto de los internos en circunstancias dignas y apropiadas dada la condición especiales de los mismos. Ordenándose girar el oficio respectivo. Se concedió el plazo de cuatro meses como plazo para cierre de investigación, feneciendo el 23 de enero de 2023." Atento a lo anterior, en la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de las Ley de Amparo en vigor, ello es así, en razón a que en el procedimiento del que emana el acto reclamado en este asunto, ha operado un cambio de situación jurídica, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la quejosa señaló como acto reclamado una orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución, también lo es que, el trece de septiembre del año en curso, se celebró la audiencia inicial en la causa de origen, la que se dictó auto de vinculación a proceso a la aquí quejosa; por tanto, las violaciones de las que pudiera adolecer el acto reclamado, ya quedaron irreparablemente consumadas, precisamente con ese cambio de situación jurídica; en consecuencia, siendo esto así, es indudable que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 2482, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Así como la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, Tomo XVII Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. No impide estimar lo anterior, el hecho de que a la fecha no haya sido emplazados a juicio a los terceros interesados..., dado que al resultar improcedente el presente juicio de garantías, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de la materia, no le causa perjuicio alguno a dichos terceros. Sustenta lo anterior, en lo que en ella interesa, la tesis aislada número XIX.1o.P.T.20 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, aplicada por identidad de razón, consultable en la página 2428, Tomo XXXIII, del mes de Febrero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Notifíquese personalmente a los quejosos en su lugar de reclusión.

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