Rosalía Orozco Mosqueda

Expediente 22/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
22/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • Tonatio Mellín Reyes
  • Rosalía Orozco Mosqueda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Morelia, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor acuerdo el oficio 210004, signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual informa lo acordado en la denuncia de declaratoria general de inconstitucionalidad relativa al cuaderno de antecedentes en que se actúa; quien esto provee toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio T-I-978, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada dentro del impedimento administrativo 16/2022, acúsese recibo, y comuníquese a las partes que en dicha ejecutoria se resolvió: "PRIMERO. Se califica de legal el impedimento formulado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán (Luis Fernando Arreola Villa), con sede en Morelia, para continuar conociendo y resolver la Denuncia por Incumplimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad 22/2022, de su índice. SEGUNDO. Se ordena remitir el expediente respectivo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa, para que, por su conducto, se turne dicho asunto al juzgado que, por razón de turno corresponda, con excepción del referido Juzgado Noveno" Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, como del oficio de cuenta se advierte que remitió los autos originales de la presente denuncia a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Ahora, toda vez que mediante proveído de cuatro de agosto del año en curso, se ordenó reservar lo conducente al escrito signado electrónicamente por Moisés Coca Sánchez, autorizado de la parte denunciante y tomando en consideración que en la certificación de cuenta se obtiene que tras una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se constató que la Denuncia por Incumplimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad relativa al cuaderno de antecedentes en que se actúa, fue turnada al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, quien la registró con el número 47/2022, remítase el citado escrito al juzgado en mención. Por otra parte, en atención a que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el proveído de ocho de agosto del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el computo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, dicho proveído no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio J-IV-2197/2022, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que en el expediente laboral 4B-2241/2021, de su índice, el quince de julio del año en curso, las partes llegaron a un convenio conciliatorio, el cual fue ratificado por la trabajadora quejosa el uno de agosto del año en curso, lo que acredita con las copias certificadas que adjunta a su escrito de cuenta, las cuales, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo, se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional específicamente, se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. En esas condiciones el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dice lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Es así, en razón a que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, de las constancias que en copias certificadas adjuntó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, las cuales merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°; se advierte que a las once horas con treinta minutos del quince de julio del año en curso, dentro del expediente laboral 4B-2241/2021, se celebró la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en la que Rosalía Orozco Mosqueda (parte quejosa), llegó a un convenio con su contraparte, el cuál la citada quejosa ratificó el uno de agosto del año en curso y el tribunal responsable elevó dicho convenio a la categoría de laudo ejecutoriado y ordenó el archivo del citado expediente, por haberse dado cumplimiento en la última de dichas datas, al citado pacto de voluntades; en tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que la omisión aquí reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual procede Sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por tanto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

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