Rosalina Flores Salgado

Expediente 1005/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 42 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1005/2018
Año
2018
Actuaciones
42
Última actuación
30/01/2019

Partes del expediente

  • Rosalina Flores Salgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1005/2018-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el siete de enero de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo segundo punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, devuélvanse los anexos I (formado en el expediente principal) así como el diverso I (creado en el cuaderno incidental) a la Sala responsable; y los anexos II y III (formados en el expediente principal) así como el diverso II (creado en el cuaderno incidental) al juez responsable; en virtud de las constancias remitidas en sus informes justificados y previos respectivos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1005/2018-IV, promovido por ROSALINDA FLORES SALGADO por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Diego y Sofía de apellidos Valentino Flores; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y recibido el día siguiente en la oficialía de partes de este juzgado, ROSALINA FLORES SALGADO por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Diego y Sofía de apellidos Valentino Flores, solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuaria adscrita a dicho Juzgado, los que hizo consistir en la resolución emitida el seis de junio de dos mil dieciocho, en el toca civil 440/2017 y su ejecución. SEGUNDO. Por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se previno a la promovente a efecto de que precisara su nombre y acreditara la personalidad con la que promueve en relación con los menores. TERCERO.- Por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la promovente precisó que su nombre correcto es ROSALINDA FLORES SALGADO asimismo, exhibió copias certificada del acta de nacimiento de los menores, por lo que por auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se designó un representante especial a los menores se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al tercero interesado El tercero interesado MANUEL VALENTINO LÓPEZ, se apersonó en el juicio mediante escrito recibido el seis de julio de dos mil dieciocho (fojas 63). CUARTO.- La audiencia constitucional inició el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho; sin embargo, se suspendió para dar trámite al incidente de falsedad de firma de la quejosa, interpuesto por el tercero interesado, reanudándose el dos de enero de dos mil diecinueve, en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, corresponde a este Juzgado resolver conjuntamente con el amparo, por no estar previsto como artículo de previo y especial pronunciamiento en el ordenamiento citado, lo relativo al incidente de falsedad de firma planteado por el tercero interesado MANUEL VALENTINO LÓPEZ; ya que asevera que la firma que aparece en la demanda de amparo que dio origen a este juicio y la firma que calza el escrito mediante el cual subsana la prevención son muy distintas, por lo que no fueron del puño y letra de ROSALINDA FLORES SALGADO, por lo que considera que es falsa. En principio debe precisarse que la falsificación de la firma es un punto que para ser eficazmente corroborado requerirá acudir a la experticia de determinada persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafóscopo, ya que es la persona calificada, con conocimientos especiales en esa ciencia o arte, que ilustrará al juzgador en cuestiones técnicas que ignora y que forman parte de la controversia. Ahora bien, una vez desahogada la prueba en mención se advierte que la perita oficial Rebeca Murillo Muñoz, adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales del Estado de Morelos de la Procuraduría General de la República, en lo que interesa concluyó que la firma que calza la demanda de amparo presentada el veintidós de junio de dos mil dieciocho y la firma que calza el escrito de desahogo de prevención presentado el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, no provienen de ROSALINDA FLORES SALGADO (fojas 272 a 289) A efecto de establecer el valor probatorio que debe otorgarse a la pericial referida, se debe precisar, como complemento de lo que en forma introductoria se sostuvo al inicio del presente considerando, que el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud del encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se proporcionan argumentos y razones al juzgador, para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de las personas y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. Por lo que dicha prueba cumple con una doble función, que es por una parte verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la noción común del juzgador y de las personas, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción sobre tales hechos y para ilustrar al juzgador con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. El valor probatorio del peritaje radica en una presunción concreta, para el caso particular, de que el perito es sincero, veraz y posiblemente acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, capaz, experta en la materia que forma parte del hecho sobre el cual dictamina, que además ha estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso con eficacia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada fundada y conveniente. Por lo tanto, el valor probatorio de un peritaje depende de si está debidamente fundado, pues la claridad en las conclusiones es indispensable para que aparezcan exactos y la autoridad jurisdiccional pueda adoptarlas como convincentes la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Lo anterior es así, dado que la prueba en cita es de aquellas consideradas de libre convicción que son las que se fundan en la sana crítica, y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano. En éstas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas, de modo que, salvo en aquellos casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez debe decidir con arreglo a la sana crítica, esto es, sin razonar a voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya. Precisado lo anterior, debe tenerse presente que en la valoración de las pruebas existen los sistemas tasados o legales y pruebas libres, o de libre convicción. Las pruebas legales son aquellas a las que la ley señala la eficacia probatoria que el juzgador debe atribuirles. Por su parte, las pruebas de libre convicción son las que se fundan en la sana crítica, y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano. En estas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. Uno de esos principios se encuentra previsto en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone que el valor de la pericial queda a la prudente apreciación del tribunal. De modo que, salvo en aquellos casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez debe decidir con arreglo a la sana crítica; esto es, sin razonar a voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Apoya dicho aserto la tesis de la Sexta Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 194 del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, LX, registro 266,929, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA PERICIAL, APRECIACIÓN DE LA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el juzgador tiene suficiente arbitrio para apreciar la prueba pericial atendiendo a los elementos de convencimiento que de dicha prueba se desprendan". Así también, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, materia común, página 739, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro 211,794, que es del tenor siguiente: "PRUEBA PERICIAL. VALORACIÓN. De acuerdo con el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o., la valoración de la prueba pericial queda al prudente arbitrio del juzgador, quien tomando en cuenta las demás constancias y las razones técnicas expresadas por los peritos, debe inclinarse por aquel o aquellos peritajes que le merezcan mayor convicción". Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica. Las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba. En efecto, el Juez es quien toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Es de invocarse al respecto la jurisprudencia I.4o.C. J/22, de la Novena Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizada en la página 2095 del Tomo XXIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Agosto de 2006, registro 174,352, cuyos rubro y texto son: "SANA CRÍTICA. SU CONCEPTO. Debe entenderse como el adecuado entendimiento que implica la unión de la lógica y la experiencia, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento a través de procesos sensibles e intelectuales que lleven a la correcta apreciación de los hechos". Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya. Bajo ese marco teórico, la prueba pericial tiene por objeto que personas calificadas, con conocimientos especiales en alguna ciencia o arte, ilustren al juzgador sobre cuestiones técnicas que escapan al conocimiento del común de las personas, por lo que es claro que a los peritos, en tanto coadyuvantes del Juez, les corresponde únicamente exponer los elementos de juicio necesarios, mediante aseveraciones debidamente razonadas y sustentadas en circunstancias objetivas que esclarezcan el hecho controvertido para el suscrito. Es decir, la eficacia demostrativa de aquella prueba depende de que cumpla con la finalidad señalada, esto es, esclarecer en forma razonablemente e inobjetable el hecho controvertido, y la valoración relativa debe hacerla el que ahora juzga, haciendo uso de su prudente arbitrio, por lo que si éste no encuentra que la opinión del perito cumple con la mencionada finalidad, estará en aptitud de negarle eficacia probatoria al dictamen si se considera que no fue emitido conforme a los lineamientos establecidos para la prueba pericial. En consecuencia, un peritaje debe dar luz al juez sobre las cuestiones que ignora y que forman parte de la controversia. Pero dar luz no significa, en este contexto, hacer aseveraciones abstractas y generales, enunciar principios y formular enunciados, más o menos vagos, sino que significa ilustrar el criterio del suscrito, implica explicar en forma detallada, a su alcance, el contenido y significado de aquellos enunciados y principios, y hacer una aplicación concreta, detallada e individual de los mismos a los hechos controvertidos del caso, para que el que ahora resuelve, con ese aprendizaje, pueda por sí mismo, hasta donde es razonable posible, efectuar los razonamientos técnicos o revisarlos, para que esté en posibilidad de determinar si el peritaje merece o no valía probatoria. En este caso, el punto a dictaminar consistió en si la firma que obra en el escrito inicial de demanda y la que obra en el escrito a través del cual se subsanó la prevención, fue puesta del puño y letra de la quejosa ROSALINDA FLORES SALGADO. En ese orden de ideas, del dictamen rendido por la perita oficial Rebeca Murillo Muñoz, adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales del Estado de Morelos de la Procuraduría General de la República, se advierte que concluyó que las firmas que aparecen en la demanda de amparo y en el escrito a través del cual se subsanó la prevención, presentado el veintisiete de junio de dos mil dieciocho no provienen por su ejecución de ROSALINDA FLORES SALGADO. En su dictamen, la experta utilizó como métodos de estudio para la realización de su opinión, el analítico, el descriptivo y el comparativo, empleándolos de la siguiente manera: I. Análisis integral de las características de orden general y conjunto de gestos gráficos que particularizan e identifican a las firmas base del cotejo. II. Confronta y valoración de los resultados obtenidos; III. Emisión de la conclusión; y IV Anexo fotográfico. Explicando las consideraciones técnicas y científicas que sustentan su conclusión, lo cual, es suficiente para llevar al ánimo del juzgador a adoptarlos, ya que determinan, que en relación con las firmas impugnadas y la indubitable, que fueron puestas del puño y letra por ROSALINDA FLORES SALGADO, se desprenden notables y contundentes discrepancias gráficas, con lo cual auxilia al suscrito juzgador para llegar a la consecución de la verdad. En esa tesitura y en razón de lo expuesto, es válido determinar, atendiendo a las reglas de la lógica y la sana crítica y con las facultades conferidas por el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, concederle valor probatorio pleno al dictamen rendido la perito oficial Rebeca Murillo Muñoz, adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales del Estado del Morelos de la Procuraduría General de la República, por otorgar convicción plena, exclusivamente para los efectos del presente juicio de amparo. En vista de lo anterior, es factible concluir que la firma que aparece en la demanda de amparo y en el escrito de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, a través del cual se subsanó la prevención, no fueron puestas del puño y letra de ROSALINDA FLORES SALGADO, por lo que se declara fundado el incidente de falsedad promovido por el tercero interesado MANUEL VALENTINO LÓPEZ. TERCERO.- Toda vez que se ha resuelto el incidente de falsedad, se procede con el estudio acerca de la existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado, consistente en la resolución emitida el seis de junio de dos mil dieciocho en el toca civil 440/2018, pues así lo manifestó la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado (foja 73), lo que se encuentra corroborado con la copia certificada del referido toca civil (anexo I), de la que se advierte la existencia de la mencionada resolución; documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, son ciertos los actos de ejecución que se reclaman al Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuario adscrito a dicho Juzgado toda vez que así lo manifestaron al rendir el informe justificado (fojas 56 y 169). CUARTO. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. En la especie, este órgano de control constitucional, después de haber analizado la objeción de documento planteado por el tercero interesado considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6° de la ley de la materia, preceptos legales que literalmente disponen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;" "Artículo 6°.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De dichas disposiciones legales se desprende uno de los principios fundamentales del juicio de amparo denominado "de instancia de parte agraviada" consistente en que por regla general el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto que se reclame. Además, en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no saben firmar, mediante la huella digital y la firma de otra persona a su ruego, pues de otra manera no habría forma de saber si es realmente la voluntad de la persona a cuyo nombre se encabeza el escrito, la de hacer valer las pretensiones que en él se deducen. En el caso, de las constancias que conforman el presente juicio, se advierte que el escrito de demanda recibido el veintidós de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes de esta Juzgado de Distrito el cual fue promovido directamente por ROSALINDA FLORES SALGADO por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Diego y Sofía de apellidos Valentino Flores, contra la resolución emitida el seis de junio de dos mil dieciocho, en el toca civil 440/2017, por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y su ejecución que atribuye al Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuaria adscrita a dicho Juzgado. Asimismo se aprecia que mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se subsanó la prevención que se realizó por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho. De igual forma, se advierte que el tercero interesado MANUEL VALENTINO LÓPEZ objetó de falsa la firma de ROSALINDA FLORES SALGADO que aparece estampada en la demanda de amparo y el mencionado escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, por lo que una vez desahogado el incidente de falsedad se determinó que la firma que se le atribuye a ROSALINDA FLORES SALGADO, no fue puesta de su puño y letra. Sin que la quejosa hubiese aportado elementos de prueba a fin de desvirtuar lo concluido en el dictamen pericial de grafoscopía. En tal contexto, si el tercero interesado objetó la autenticidad de la firma que calza la demanda de amparo y la del escrito a través del cual subsanó la prevención, y tal objeción resultó fundada, en los términos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, resulta evidente que en el caso no se actualiza uno de los principios rectores del juicio de amparo, consistente en la existencia de instancia de parte agraviada en términos de los artículos 107, fracción I, Constitucional y 6° de la Ley de Amparo, puesto que quedó acreditada la ilegitimidad de la firma mencionada, es decir, la demanda de amparo no fue firmada por el gobernado a quien se dice perjudica el acto de autoridad ni corresponde a la firma de la madre como representante legal de los menores y dado que la firma de la demanda constituye la manifestación de voluntad del impetrante, esto conlleva a considerar que tal manifestación volitiva no se gestó y, por tanto, en realidad quien se señala como promovente no lo es. Cobra especial aplicación la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, correspondiente a la Décima Época, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, tomo 3, julio de 2012, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO RELATIVO UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO ES IMPROCEDENTE. Si bien la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo al anterior el hecho de que durante la tramitación del juicio de garantías se sustancie la objeción de falsedad de la firma que calza el ocurso inicial de amparo, y éste resulte fundado, porque en ese supuesto no puede tenerse como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional; por tanto, sobreviene la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o., ambos de la Ley de Amparo." También es aplicable al caso la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, febrero de 1999, página 493, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE SI SE ACREDITA QUE LA FIRMA QUE LA CALZA, NO CORRESPONDE A LA DEL PROMOVENTE. Si con la prueba pericial debidamente valorada por el Juez del amparo, en términos de los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se demuestra que la firma que aparece en la demanda de garantías no es la del promovente, resulta evidente, que el quejoso no exteriorizó su voluntad; por tanto no existe iniciativa de parte agraviada, lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 4o. y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, determina la improcedencia del juicio." No se soslaya la designación del representante especial en términos del artículo 8 de la Ley de Amparo, a favor de los menores, pues aunque con tal carácter está permitido incluso intervenir en el juicio en tutela de los derechos de éstos, tal designación se gestó como se dijo a virtud de la pretensión inicial de amparo que como se estableció carece de la voluntad de la que se dijo promovente, por lo que se realizó a razón de una pretensión inexistente y, por ello, no puede estimarse como externada la voluntad de los menores para promover amparo. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, Constitucional, y 6° de la ley de la materia, de ahí que proceda sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el diverso precepto 63, fracción V, de esta última. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO.- SE DECLARA FUNDADO EL INCIDENTE DE OBJECIÓN DE FALSEDAD DE FIRMA promovido por el tercero interesado MANUEL VALENTINO LÓPEZ. SEGUNDO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO PROMOVIDO POR ROSALINDA FLORES SALGADO por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Diego y Sofía de apellidos Valentino Flores, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe hasta hoy siete de enero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, la sentencia de siete de enero del dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: ...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1005/2018-IV, promovido por ROSALINDA FLORES SALGADO por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Diego y Sofía de apellidos Valentino Flores; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y recibido el día siguiente en la oficialía de partes de este juzgado, ROSALINA FLORES SALGADO por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Diego y Sofía de apellidos Valentino Flores, solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuaria adscrita a dicho Juzgado, los que hizo consistir en la resolución emitida el seis de junio de dos mil dieciocho, en el toca civil 440/2017 y su ejecución. SEGUNDO. Por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se previno a la promovente a efecto de que precisara su nombre y acreditara la personalidad con la que promueve en relación con los menores. TERCERO.- Por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la promovente precisó que su nombre correcto es ROSALINDA FLORES SALGADO asimismo, exhibió copias certificada del acta de nacimiento de los menores, por lo que por auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se designó un representante especial a los menores se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al tercero interesado El tercero interesado MANUEL VALENTINO LÓPEZ, se apersonó en el juicio mediante escrito recibido el seis de julio de dos mil dieciocho (fojas 63). CUARTO.- La audiencia constitucional inició el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho; sin embargo, se suspendió para dar trámite al incidente de falsedad de firma de la quejosa, interpuesto por el tercero interesado, reanudándose el dos de enero de dos mil diecinueve, en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, corresponde a este Juzgado resolver conjuntamente con el amparo, por no estar previsto como artículo de previo y especial pronunciamiento en el ordenamiento citado, lo relativo al incidente de falsedad de firma planteado por el tercero interesado MANUEL VALENTINO LÓPEZ; ya que asevera que la firma que aparece en la demanda de amparo que dio origen a este juicio y la firma que calza el escrito mediante el cual subsana la prevención son muy distintas, por lo que no fueron del puño y letra de ROSALINDA FLORES SALGADO, por lo que considera que es falsa. En principio debe precisarse que la falsificación de la firma es un punto que para ser eficazmente corroborado requerirá acudir a la experticia de determinada persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafóscopo, ya que es la persona calificada, con conocimientos especiales en esa ciencia o arte, que ilustrará al juzgador en cuestiones técnicas que ignora y que forman parte de la controversia. Ahora bien, una vez desahogada la prueba en mención se advierte que la perita oficial Rebeca Murillo Muñoz, adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales del Estado de Morelos de la Procuraduría General de la República, en lo que interesa concluyó que la firma que calza la demanda de amparo presentada el veintidós de junio de dos mil dieciocho y la firma que calza el escrito de desahogo de prevención presentado el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, no provienen de ROSALINDA FLORES SALGADO (fojas 272 a 289) A efecto de establecer el valor probatorio que debe otorgarse a la pericial referida, se debe precisar, como complemento de lo que en forma introductoria se sostuvo al inicio del presente considerando, que el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud del encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se proporcionan argumentos y razones al juzgador, para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de las personas y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. Por lo que dicha prueba cumple con una doble función, que es por una parte verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la noción común del juzgador y de las personas, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción sobre tales hechos y para ilustrar al juzgador con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. El valor probatorio del peritaje radica en una presunción concreta, para el caso particular, de que el perito es sincero, veraz y posiblemente acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, capaz, experta en la materia que forma parte del hecho sobre el cual dictamina, que además ha estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso con eficacia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada fundada y conveniente. Por lo tanto, el valor probatorio de un peritaje depende de si está debidamente fundado, pues la claridad en las conclusiones es indispensable para que aparezcan exactos y la autoridad jurisdiccional pueda adoptarlas como convincentes la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Lo anterior es así, dado que la prueba en cita es de aquellas consideradas de libre convicción que son las que se fundan en la sana crítica, y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano. En éstas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas, de modo que, salvo en aquellos casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez debe decidir con arreglo a la sana crítica, esto es, sin razonar a voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya. Precisado lo anterior, debe tenerse presente que en la valoración de las pruebas existen los sistemas tasados o legales y pruebas libres, o de libre convicción. Las pruebas legales son aquellas a las que la ley señala la eficacia probatoria que el juzgador debe atribuirles. Por su parte, las pruebas de libre convicción son las que se fundan en la sana crítica, y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano. En estas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. Uno de esos principios se encuentra previsto en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone que el valor de la pericial queda a la prudente apreciación del tribunal. De modo que, salvo en aquellos casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez debe decidir con arreglo a la sana crítica; esto es, sin razonar a voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Apoya dicho aserto la tesis de la Sexta Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 194 del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, LX, registro 266,929, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA PERICIAL, APRECIACIÓN DE LA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el juzgador tiene suficiente arbitrio para apreciar la prueba pericial atendiendo a los elementos de convencimiento que de dicha prueba se desprendan". Así también, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, materia común, página 739, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro 211,794, que es del tenor siguiente: "PRUEBA PERICIAL. VALORACIÓN. De acuerdo con el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o., la valoración de la prueba pericial queda al prudente arbitrio del juzgador, quien tomando en cuenta las demás constancias y las razones técnicas expresadas por los peritos, debe inclinarse por aquel o aquellos peritajes que le merezcan mayor convicción". Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica. Las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba. En efecto, el Juez es quien toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Es de invocarse al respecto la jurisprudencia I.4o.C. J/22, de la Novena Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizada en la página 2095 del Tomo XXIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Agosto de 2006, registro 174,352, cuyos rubro y texto son: "SANA CRÍTICA. SU CONCEPTO. Debe entenderse como el adecuado entendimiento que implica la unión de la lógica y la experiencia, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento a través de procesos sensibles e intelectuales que lleven a la correcta apreciación de los hechos". Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya. Bajo ese marco teórico, la prueba pericial tiene por objeto que personas calificadas, con conocimientos especiales en alguna ciencia o arte, ilustren al juzgador sobre cuestiones técnicas que escapan al conocimiento del común de las personas, por lo que es claro que a los peritos, en tanto coadyuvantes del Juez, les corresponde únicamente exponer los elementos de juicio necesarios, mediante aseveraciones debidamente razonadas y sustentadas en circunstancias objetivas que esclarezcan el hecho controvertido para el suscrito. Es decir, la eficacia demostrativa de aquella prueba depende de que cumpla con la finalidad señalada, esto es, esclarecer en forma razonablemente e inobjetable el hecho controvertido, y la valoración relativa debe hacerla el que ahora juzga, haciendo uso de su prudente arbitrio, por lo que si éste no encuentra que la opinión del perito cumple con la mencionada finalidad, estará en aptitud de negarle eficacia probatoria al dictamen si se considera que no fue emitido conforme a los lineamientos establecidos para la prueba pericial. En consecuencia, un peritaje debe dar luz al juez sobre las cuestiones que ignora y que forman parte de la controversia. Pero dar luz no significa, en este contexto, hacer aseveraciones abstractas y generales, enunciar principios y formular enunciados, más o menos vagos, sino que significa ilustrar el criterio del suscrito, implica explicar en forma detallada, a su alcance, el contenido y significado de aquellos enunciados y principios, y hacer una aplicación concreta, detallada e individual de los mismos a los hechos controvertidos del caso, para que el que ahora resuelve, con ese aprendizaje, pueda por sí mismo, hasta donde es razonable posible, efectuar los razonamientos técnicos o revisarlos, para que esté en posibilidad de determinar si el peritaje merece o no valía probatoria. En este caso, el punto a dictaminar consistió en si la firma que obra en el escrito inicial de demanda y la que obra en el escrito a través del cual se subsanó la prevención, fue puesta del puño y letra de la quejosa ROSALINDA FLORES SALGADO. En ese orden de ideas, del dictamen rendido por la perita oficial Rebeca Murillo Muñoz, adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales del Estado de Morelos de la Procuraduría General de la República, se advierte que concluyó que las firmas que aparecen en la demanda de amparo y en el escrito a través del cual se subsanó la prevención, presentado el veintisiete de junio de dos mil dieciocho no provienen por su ejecución de ROSALINDA FLORES SALGADO. En su dictamen, la experta utilizó como métodos de estudio para la realización de su opinión, el analítico, el descriptivo y el comparativo, empleándolos de la siguiente manera: I. Análisis integral de las características de orden general y conjunto de gestos gráficos que particularizan e identifican a las firmas base del cotejo. II. Confronta y valoración de los resultados obtenidos; III. Emisión de la conclusión; y IV Anexo fotográfico. Explicando las consideraciones técnicas y científicas que sustentan su conclusión, lo cual, es suficiente para llevar al ánimo del juzgador a adoptarlos, ya que determinan, que en relación con las firmas impugnadas y la indubitable, que fueron puestas del puño y letra por ROSALINDA FLORES SALGADO, se desprenden notables y contundentes discrepancias gráficas, con lo cual auxilia al suscrito juzgador para llegar a la consecución de la verdad. En esa tesitura y en razón de lo expuesto, es válido determinar, atendiendo a las reglas de la lógica y la sana crítica y con las facultades conferidas por el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, concederle valor probatorio pleno al dictamen rendido la perito oficial Rebeca Murillo Muñoz, adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales del Estado del Morelos de la Procuraduría General de la República, por otorgar convicción plena, exclusivamente para los efectos del presente juicio de amparo. En vista de lo anterior, es factible concluir que la firma que aparece en la demanda de amparo y en el escrito de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, a través del cual se subsanó la prevención, no fueron puestas del puño y letra de ROSALINDA FLORES SALGADO, por lo que se declara fundado el incidente de falsedad promovido por el tercero interesado MANUEL VALENTINO LÓPEZ. TERCERO.- Toda vez que se ha resuelto el incidente de falsedad, se procede con el estudio acerca de la existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado, consistente en la resolución emitida el seis de junio de dos mil dieciocho en el toca civil 440/2018, pues así lo manifestó la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado (foja 73), lo que se encuentra corroborado con la copia certificada del referido toca civil (anexo I), de la que se advierte la existencia de la mencionada resolución; documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, son ciertos los actos de ejecución que se reclaman al Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuario adscrito a dicho Juzgado toda vez que así lo manifestaron al rendir el informe justificado (fojas 56 y 169). CUARTO. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. En la especie, este órgano de control constitucional, después de haber analizado la objeción de documento planteado por el tercero interesado considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6° de la ley de la materia, preceptos legales que literalmente disponen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;" "Artículo 6°.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De dichas disposiciones legales se desprende uno de los principios fundamentales del juicio de amparo denominado "de instancia de parte agraviada" consistente en que por regla general el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto que se reclame. Además, en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no saben firmar, mediante la huella digital y la firma de otra persona a su ruego, pues de otra manera no habría forma de saber si es realmente la voluntad de la persona a cuyo nombre se encabeza el escrito, la de hacer valer las pretensiones que en él se deducen. En el caso, de las constancias que conforman el presente juicio, se advierte que el escrito de demanda recibido el veintidós de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes de esta Juzgado de Distrito el cual fue promovido directamente por ROSALINDA FLORES SALGADO por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Diego y Sofía de apellidos Valentino Flores, contra la resolución emitida el seis de junio de dos mil dieciocho, en el toca civil 440/2017, por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y su ejecución que atribuye al Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuaria adscrita a dicho Juzgado. Asimismo se aprecia que mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se subsanó la prevención que se realizó por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho. De igual forma, se advierte que el tercero interesado MANUEL VALENTINO LÓPEZ objetó de falsa la firma de ROSALINDA FLORES SALGADO que aparece estampada en la demanda de amparo y el mencionado escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, por lo que una vez desahogado el incidente de falsedad se determinó que la firma que se le atribuye a ROSALINDA FLORES SALGADO, no fue puesta de su puño y letra. Sin que la quejosa hubiese aportado elementos de prueba a fin de desvirtuar lo concluido en el dictamen pericial de grafoscopía. En tal contexto, si el tercero interesado objetó la autenticidad de la firma que calza la demanda de amparo y la del escrito a través del cual subsanó la prevención, y tal objeción resultó fundada, en los términos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, resulta evidente que en el caso no se actualiza uno de los principios rectores del juicio de amparo, consistente en la existencia de instancia de parte agraviada en términos de los artículos 107, fracción I, Constitucional y 6° de la Ley de Amparo, puesto que quedó acreditada la ilegitimidad de la firma mencionada, es decir, la demanda de amparo no fue firmada por el gobernado a quien se dice perjudica el acto de autoridad ni corresponde a la firma de la madre como representante legal de los menores y dado que la firma de la demanda constituye la manifestación de voluntad del impetrante, esto conlleva a considerar que tal manifestación volitiva no se gestó y, por tanto, en realidad quien se señala como promovente no lo es. Cobra especial aplicación la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, correspondiente a la Décima Época, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, tomo 3, julio de 2012, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO RELATIVO UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO ES IMPROCEDENTE. Si bien la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo al anterior el hecho de que durante la tramitación del juicio de garantías se sustancie la objeción de falsedad de la firma que calza el ocurso inicial de amparo, y éste resulte fundado, porque en ese supuesto no puede tenerse como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional; por tanto, sobreviene la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o., ambos de la Ley de Amparo." También es aplicable al caso la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, febrero de 1999, página 493, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE SI SE ACREDITA QUE LA FIRMA QUE LA CALZA, NO CORRESPONDE A LA DEL PROMOVENTE. Si con la prueba pericial debidamente valorada por el Juez del amparo, en términos de los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se demuestra que la firma que aparece en la demanda de garantías no es la del promovente, resulta evidente, que el quejoso no exteriorizó su voluntad; por tanto no existe iniciativa de parte agraviada, lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 4o. y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, determina la improcedencia del juicio." No se soslaya la designación del representante especial en términos del artículo 8 de la Ley de Amparo, a favor de los menores, pues aunque con tal carácter está permitido incluso intervenir en el juicio en tutela de los derechos de éstos, tal designación se gestó como se dijo a virtud de la pretensión inicial de amparo que como se estableció carece de la voluntad de la que se dijo promovente, por lo que se realizó a razón de una pretensión inexistente y, por ello, no puede estimarse como externada la voluntad de los menores para promover amparo. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, Constitucional, y 6° de la ley de la materia, de ahí que proceda sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el diverso precepto 63, fracción V, de esta última. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO.- SE DECLARA FUNDADO EL INCIDENTE DE OBJECIÓN DE FALSEDAD DE FIRMA promovido por el tercero interesado MANUEL VALENTINO LÓPEZ. SEGUNDO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO PROMOVIDO POR ROSALINDA FLORES SALGADO por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Diego y Sofía de apellidos Valentino Flores, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe hasta hoy siete de enero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la copia simple de conocimiento del oficio 5699/2018 dirigido a la perita Rebeca Murillo Muñoz, por el cual el Coordinador de Servicios Periciales le informó el término que se le concedió a efecto de que ratifique el dictamen; lo que se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Sergio Arturo Godínez Vega, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5083/2018 de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante el Secretario Cliserio Vargas Suárez que autoriza y da fe.

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