Rosalia Perez Guerrero
Expediente 331/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rosalia Perez Guerrero
- Tribunal Unitario Agrario del Decimo Octavo Distrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
- Principal
AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintiuno de abril del dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar la diligencia que antecede, a través de la cual los quejosos ratifican el contenido y firma del escrito aclaratorio; provéase conforme a derecho. Desechamiento. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113 de la actual Ley de Amparo, la jueza de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las consideraciones que a continuación se mencionan. Desechamiento por cuanto a la quejosa María Blanca Pérez Guerrero. Atendiendo lo anterior y el estado procesal de los autos, se advierte que el veintitrés de marzo del año en curso, se reservó proveer respecto a la falta de firma autógrafa en la demanda inicial de demanda de la quejosa María Blanca Pérez Guerrero, hasta en tanto el resto de los quejosos desahogaran la prevención; toda vez que ya aconteció, se provee lo conducente. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63 fracción XXIII, con relación a los diversos 5 fracción I y 6 de la Ley de Amparo, y 107 fracción I Constitucional, atendiendo a las siguientes consideraciones: "Artículo 5o.- Son partes en el juicio de amparo: I.- El agraviado o agraviados; (.) Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." Por su parte, el dispositivo 107 fracción I Constitucional, prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Ahora bien, tomando en consideración que el escrito inicial de demanda fue presentado sin firma autógrafa de la quejosa María Blanca Pérez Guerrero, en el buzón judicial, tal y como se advierte de las presentes constancias; por tanto, con ello se evidencia que carece de firma autógrafa de la supuesta promovente de la demanda de amparo; entonces, si la voluntad de las partes se manifiesta a través de la firma, es evidente que se desconoce si fue voluntad de la indicada quejosa interponer el presente juicio. Ello conforme a la jurisprudencia de rubro "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." Sin soslayar que el artículo 3 de la Ley de Amparo, establece los lineamientos para la presentación de las promociones en el juicio de amparo, incluidas las demandas, las cuales podrán ser de manera escrita, oral y electrónica; en el primer supuesto, el ocurso formulado por escrito y el cual se presenta de forma física ante el órgano jurisdiccional, debe contener la firma autógrafa del promovente; en la última hipótesis, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En el caso, como se indicó no se advierte que la parte promovente María Blanca Pérez Guerrero, hubiere firmado de manera autógrafa ni electrónica la demanda; es decir, no se desprende que hubiere colocado en este el signo expreso e inequívoco de su voluntad, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada. Al respecto, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107 fracción I Constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte el artículo 6° de la Ley de Amparo, previene en lo conducente, que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante y solo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal. Sin embargo, como quedó expuesto, la parte promovente María Blanca Pérez Guerrero, fue omisa en manifestar su voluntad a efecto de promover el presente juicio de amparo, en virtud de que no suscribió autógrafa ni electrónicamente el escrito relativo, atento a lo cual lo procedente es desechar la demanda constitucional; en virtud que de otra manera, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, a nombre de la interesada, presentara oportunamente escritos para que posteriormente, en cualquier momento, sea subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo, entonces, no es procedente ni siquiera prevenir a la persona señalada como promovente para que estampe su firma, por no entrañar uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 108 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 114, sino que se trata de un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia conduce a desechar por improcedente la demanda, ante la falta de expresión de la voluntad de quien aparece como promovente. Además, no se actualiza el supuesto de excepción a que se refiere el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, pues se combate una actuación procesal en el juicio agrario de origen. Por lo demás, tampoco se desprende que la parte promovente se encuentra en condiciones de incomunicación que le impidan allegar la demanda de manera escrita con firma autógrafa. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con las diversas 5 fracciones I y 6 de la Ley de Amparo, de ahí que deba desecharse la demanda de amparo por cuanto a María Blanca Pérez Guerrero, en términos del numeral 113 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones en ella plasmadas, la jurisprudencia con registro digital 2019715, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Así como la tesis con registro digital 218141, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA". Desechamiento de la demanda de amparo. Ahora bien, por cuanto al resto de los quejosos se provee lo siguiente: Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama la audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, concerniente al juicio agrario 181/2020, del índice del Tribunal Unitario Agrario Número 18. Posteriormente del escrito aclaratorio, los quejosos reiteraron que el acto combatido se trata únicamente de la audiencia indicada, la cual está contemplada en el artículo 185 de la Ley Agraria; es decir, se trata de la audiencia inicial del juicio agrario de origen. Asimismo, los impetrantes indicaron que comparecieron a la audiencia reclamada en virtud de que previamente se les había notificado una ampliación de demanda y al acudir al juicio al desahogo de dicha diligencia tuvieron conocimiento de la existencia del escrito inicial de demanda, el cual no les había sido notificado; no obstante, la responsable continuó con la audiencia a sabiendas de la omisión explicada. En ese orden de ideas, el acto reclamado en la presente contienda constitucional únicamente consiste en la audiencia la audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, concerniente al juicio agrario 181/2020, no así la falta de emplazamiento. Para abundar en la argumentación en torno al acto combatido, es decir, la audiencia a que se ha hecho referencia y no el emplazamiento al juicio agrario, se invocan las actuaciones del juicio de amparo indirecto 1242/2021-I del control de este órgano jurisdiccional, promovido por Salomón Portugal Pérez, Keiry Portugal Perez y Eliseo Portugal Sedano, quienes expresamente solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Número 18, reclamando la falta emplazamiento al juicio agrario 181/2020; desechado por auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, por los motivos allí expuestos. Lo anterior, constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional. Apoya lo anterior, en lo conducente la Jurisprudencia número 2a./J. 103/2007, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". Dicho lo anterior, en la especie, respecto al acto combatido que se traduce únicamente en el desahogo de la audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, de oficio se advierte la actualización de la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo en vigor, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] " Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo en la fracción V de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación como aquellos "(...) que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (...)"; lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), cuyo rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO." En consecuencia, tenemos que el desahogo de la audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, concerniente al juicio agrario 181/2020, prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, no constituye un acto de imposible reparación, al no lesionar de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos, sino sólo una afectación no definitiva a sus derechos adjetivos o procesales. Esto, en razón de que las transgresiones que pudiera ocurrir con motivo del acto reclamado, son susceptibles de ser subsanadas al emitirse la resolución definitiva en el juicio agrario, la cual pudiera ser dictada en sentido favorable a los intereses de la parte quejosa. Es por esta razón, que el desahogo de la audiencia combatida no trasciende a la esfera jurídica de la quejosa por esa actuación y, por ende, no causa lesión a bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas, pues es emitida dentro del juicio de mérito, el cual no se encuentra concluido aún; por lo que el único efecto es la continuación de la secuela procesal contemplada en el juicio agrario de acuerdo a los contemplado en el artículo 185 de la Ley Agraria, es decir, la exposición oralmente de las pretensiones por su orden, el actor su demanda y el demandado su contestación y ofrecerán las pruebas que estimen conducentes a su defensa y presentarán a los testigos y peritos que pretendan sean oídos. A mayor abundamiento, ciertamente la audiencia reclamada es de índole estrictamente procesal y sin afectación directa, inmediata y material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que únicamente pudieran constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, que incluso no necesariamente tendrían una consecuencia negativa en la resolución definitiva que se dicte, en razón de que podría resolverse a favor de los intereses de la parte quejosa; en este último caso, los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen. Luego, en su caso, hasta el dictado de la sentencia definitiva del juicio, cuando pudiera producirse una afectación a los intereses jurídicos de la parte quejosa y en ese supuesto estará en aptitud de combatir dicha decisión del juzgador natural; hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que las pretendidas violaciones procesales llegaran a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de momento, el único efecto de la audiencia combatida consiste en que se continúe la tramitación del juicio natural; cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. De ahí la improcedencia del juicio de amparo indirecto en esta etapa, lo cual no significa que la parte inconforme quede sin defensa, pues tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano. Máxime, al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del amparo directo que en su caso se promueva, en la hipótesis que la sentencia definitiva no resulte favorable a los intereses de la parte quejosa. Por tanto, al margen de lo correcto o incorrecto de la resolución combatida en la presente vía, aquella no reviste el carácter a que se refiere el ordinal 107 fracción V de la ley de la materia, por ello, dicho acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia IV.2o.C.J/2, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Máxime que en el artículo 172, fracción XI, de la Ley de Amparo, se prevé expresamente que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley. En las relatadas condiciones, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Rosalía Pérez Guerrero, Salomón Portugal Pérez, Keiry Portugal Pérez, Eliseo Portugal Pérez, Eliseo Portugal Sedano, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar la diligencia que antecede, a través de la cual los quejosos ratifican el contenido y firma del escrito aclaratorio; provéase conforme a derecho. Desechamiento. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113 de la actual Ley de Amparo, la jueza de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las consideraciones que a continuación se mencionan. Desechamiento por cuanto a la quejosa María Blanca Pérez Guerrero. Atendiendo lo anterior y el estado procesal de los autos, se advierte que el veintitrés de marzo del año en curso, se reservó proveer respecto a la falta de firma autógrafa en la demanda inicial de demanda de la quejosa María Blanca Pérez Guerrero, hasta en tanto el resto de los quejosos desahogaran la prevención; toda vez que ya aconteció, se provee lo conducente. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63 fracción XXIII, con relación a los diversos 5 fracción I y 6 de la Ley de Amparo, y 107 fracción I Constitucional, atendiendo a las siguientes consideraciones: "Artículo 5o.- Son partes en el juicio de amparo: I.- El agraviado o agraviados; (.) Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." Por su parte, el dispositivo 107 fracción I Constitucional, prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Ahora bien, tomando en consideración que el escrito inicial de demanda fue presentado sin firma autógrafa de la quejosa María Blanca Pérez Guerrero, en el buzón judicial, tal y como se advierte de las presentes constancias; por tanto, con ello se evidencia que carece de firma autógrafa de la supuesta promovente de la demanda de amparo; entonces, si la voluntad de las partes se manifiesta a través de la firma, es evidente que se desconoce si fue voluntad de la indicada quejosa interponer el presente juicio. Ello conforme a la jurisprudencia de rubro "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." Sin soslayar que el artículo 3 de la Ley de Amparo, establece los lineamientos para la presentación de las promociones en el juicio de amparo, incluidas las demandas, las cuales podrán ser de manera escrita, oral y electrónica; en el primer supuesto, el ocurso formulado por escrito y el cual se presenta de forma física ante el órgano jurisdiccional, debe contener la firma autógrafa del promovente; en la última hipótesis, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En el caso, como se indicó no se advierte que la parte promovente María Blanca Pérez Guerrero, hubiere firmado de manera autógrafa ni electrónica la demanda; es decir, no se desprende que hubiere colocado en este el signo expreso e inequívoco de su voluntad, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada. Al respecto, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107 fracción I Constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte el artículo 6° de la Ley de Amparo, previene en lo conducente, que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante y solo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal. Sin embargo, como quedó expuesto, la parte promovente María Blanca Pérez Guerrero, fue omisa en manifestar su voluntad a efecto de promover el presente juicio de amparo, en virtud de que no suscribió autógrafa ni electrónicamente el escrito relativo, atento a lo cual lo procedente es desechar la demanda constitucional; en virtud que de otra manera, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, a nombre de la interesada, presentara oportunamente escritos para que posteriormente, en cualquier momento, sea subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo, entonces, no es procedente ni siquiera prevenir a la persona señalada como promovente para que estampe su firma, por no entrañar uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 108 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 114, sino que se trata de un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia conduce a desechar por improcedente la demanda, ante la falta de expresión de la voluntad de quien aparece como promovente. Además, no se actualiza el supuesto de excepción a que se refiere el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, pues se combate una actuación procesal en el juicio agrario de origen. Por lo demás, tampoco se desprende que la parte promovente se encuentra en condiciones de incomunicación que le impidan allegar la demanda de manera escrita con firma autógrafa. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con las diversas 5 fracciones I y 6 de la Ley de Amparo, de ahí que deba desecharse la demanda de amparo por cuanto a María Blanca Pérez Guerrero, en términos del numeral 113 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones en ella plasmadas, la jurisprudencia con registro digital 2019715, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Así como la tesis con registro digital 218141, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA". Desechamiento de la demanda de amparo. Ahora bien, por cuanto al resto de los quejosos se provee lo siguiente: Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama la audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, concerniente al juicio agrario 181/2020, del índice del Tribunal Unitario Agrario Número 18. Posteriormente del escrito aclaratorio, los quejosos reiteraron que el acto combatido se trata únicamente de la audiencia indicada, la cual está contemplada en el artículo 185 de la Ley Agraria; es decir, se trata de la audiencia inicial del juicio agrario de origen. Asimismo, los impetrantes indicaron que comparecieron a la audiencia reclamada en virtud de que previamente se les había notificado una ampliación de demanda y al acudir al juicio al desahogo de dicha diligencia tuvieron conocimiento de la existencia del escrito inicial de demanda, el cual no les había sido notificado; no obstante, la responsable continuó con la audiencia a sabiendas de la omisión explicada. En ese orden de ideas, el acto reclamado en la presente contienda constitucional únicamente consiste en la audiencia la audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, concerniente al juicio agrario 181/2020, no así la falta de emplazamiento. Para abundar en la argumentación en torno al acto combatido, es decir, la audiencia a que se ha hecho referencia y no el emplazamiento al juicio agrario, se invocan las actuaciones del juicio de amparo indirecto 1242/2021-I del control de este órgano jurisdiccional, promovido por Salomón Portugal Pérez, Keiry Portugal Perez y Eliseo Portugal Sedano, quienes expresamente solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Número 18, reclamando la falta emplazamiento al juicio agrario 181/2020; desechado por auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, por los motivos allí expuestos. Lo anterior, constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional. Apoya lo anterior, en lo conducente la Jurisprudencia número 2a./J. 103/2007, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". Dicho lo anterior, en la especie, respecto al acto combatido que se traduce únicamente en el desahogo de la audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, de oficio se advierte la actualización de la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo en vigor, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] " Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo en la fracción V de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación como aquellos "(...) que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (...)"; lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), cuyo rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO." En consecuencia, tenemos que el desahogo de la audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, concerniente al juicio agrario 181/2020, prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, no constituye un acto de imposible reparación, al no lesionar de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos, sino sólo una afectación no definitiva a sus derechos adjetivos o procesales. Esto, en razón de que las transgresiones que pudiera ocurrir con motivo del acto reclamado, son susceptibles de ser subsanadas al emitirse la resolución definitiva en el juicio agrario, la cual pudiera ser dictada en sentido favorable a los intereses de la parte quejosa. Es por esta razón, que el desahogo de la audiencia combatida no trasciende a la esfera jurídica de la quejosa por esa actuación y, por ende, no causa lesión a bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas, pues es emitida dentro del juicio de mérito, el cual no se encuentra concluido aún; por lo que el único efecto es la continuación de la secuela procesal contemplada en el juicio agrario de acuerdo a los contemplado en el artículo 185 de la Ley Agraria, es decir, la exposición oralmente de las pretensiones por su orden, el actor su demanda y el demandado su contestación y ofrecerán las pruebas que estimen conducentes a su defensa y presentarán a los testigos y peritos que pretendan sean oídos. A mayor abundamiento, ciertamente la audiencia reclamada es de índole estrictamente procesal y sin afectación directa, inmediata y material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que únicamente pudieran constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, que incluso no necesariamente tendrían una consecuencia negativa en la resolución definitiva que se dicte, en razón de que podría resolverse a favor de los intereses de la parte quejosa; en este último caso, los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen. Luego, en su caso, hasta el dictado de la sentencia definitiva del juicio, cuando pudiera producirse una afectación a los intereses jurídicos de la parte quejosa y en ese supuesto estará en aptitud de combatir dicha decisión del juzgador natural; hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que las pretendidas violaciones procesales llegaran a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de momento, el único efecto de la audiencia combatida consiste en que se continúe la tramitación del juicio natural; cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. De ahí la improcedencia del juicio de amparo indirecto en esta etapa, lo cual no significa que la parte inconforme quede sin defensa, pues tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano. Máxime, al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del amparo directo que en su caso se promueva, en la hipótesis que la sentencia definitiva no resulte favorable a los intereses de la parte quejosa. Por tanto, al margen de lo correcto o incorrecto de la resolución combatida en la presente vía, aquella no reviste el carácter a que se refiere el ordinal 107 fracción V de la ley de la materia, por ello, dicho acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia IV.2o.C.J/2, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Máxime que en el artículo 172, fracción XI, de la Ley de Amparo, se prevé expresamente que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley. En las relatadas condiciones, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Rosalía Pérez Guerrero, Salomón Portugal Pérez, Keiry Portugal Pérez, Eliseo Portugal Pérez, Eliseo Portugal Sedano, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca Morelos, seis de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito a nombre de Rosalía Pérez Guerrero, Salomón Portugal Pérez, Keiry Portugal Pérez, Eliseo Portugal Pérez, Eliseo Portugal Sedano y María Blanca Pérez Guerrero, mediante el cual pretenden subsanar el requerimiento formulado en veintitrés de marzo de dos mil veintidós; agréguese a los autos para que obre como corresponda sin proveer respecto a su contenido, toda vez que las firmas que calza el escrito de cuenta son notoriamente distintas a las que aparecen en el escrito inicial de demanda de amparo; lo cual se evidencia en el siguiente cuadro comparativo: Firmas asentadas en escrito con folio 5029 Firmas asentadas en escrito con folio 6175 En consecuencia, requiérase a Rosalía Pérez Guerrero, Salomón Portugal Pérez, Keiry Portugal Pérez, Eliseo Portugal Pérez y Eliseo Portugal Sedano, para que dentro del término de tres días, que le serán contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, comparezcan ante este Tribunal Federal en hora hábil debidamente identificados, con la finalidad de que ante la presencia judicial manifiesten sí reconocen o no las firmas que calzan el escrito de cuenta, y en su caso, si ratifican su contenido; en el entendido que de no hacerlo así, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta; se hace del conocimiento a la parte promovente de los delitos en que incurre quien declara con falsedad ante la autoridad judicial. En el entendido de que dicha ratificación se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus COVID-19, esto es, mediante cita previa, la cual deberá agendar directamente el interesado, en la fecha y hora generada en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal del Servicios en Línea, micrositios "Servicios jurisdiccionales"; además, una vez que obtenga ésta deberán hacerla saber con la anticipación oportuna a este órgano jurisdiccional a fin de que pueda realizarse la preparación necesaria, tomando en consideración el limitado personal en términos del citado acuerdo. Además, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, se faculta al fedatario de la adscripción para el caso de que la notificación del presente proveído la entienda de manera directa con los promoventes de amparo puedan realizar la ratificación del escrito de cuenta. Asimismo, se autoriza la utilización de medios electrónicos y tecnológicos, a través de plataformas que permitan la realización de video llamada, a fin de llevar a cabo el desahogo de la ratificación señalada en líneas que anteceden, lo anterior en términos de lo establecido en el Acuerdos General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual podrá comunicarse al número telefónico 777 388 7240, con la finalidad de coordinar el día y hora hábil para llevar a cabo la diligencia correspondiente. Orienta el criterio anterior la tesis cuyo rubro es "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA "QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE "RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y "DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE "CORRESPONDA.". Se habilita actuarios en horas y días inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
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