Rosalina Esther Mata Segoviano

Expediente 906/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
906/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
04/10/2017

Partes del expediente

  • Rosalina Esther Mata Segoviano

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO. Vista la certificación que antecede asentada por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO DE EXPEDIENTE. Por lo anterior, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE: Por otra parte, toda vez que el presente juicio se desechó la demanda de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda promovida por ***, contra actos que reclama a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, por violación a las garantías consagradas en los artículos 1,3,4,13, 16, 25, 26, 27, 28, 31 fracción IV, 81 fracción I, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 906/2017-III.2, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia que el expediente electrónico estará a disposición de las partes tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, así como lo dispuesto por el diverso Acuerdo 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez analizada la demanda promovida, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que la misma resulta improcedente, por lo que procede desecharla. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, señala la parte quejosa como actos reclamados, lo siguiente: Se reclama la mecánica que se aplicó para la retención del Impuesto Sobre la Renta; señalando de manera conjunta como actos reclamados el artículo 93 fracciones IV y V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor a partir del 1° de enero de 2014. Así mismo, reclamo la inconstitucionalidad del artículo 155 de la misma ley del Impuesto sobre la Renta. En específico, de cada autoridad responsable reclamo los siguientes actos: De la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, del H. Congreso de la Unión: La discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se expide a Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el diario oficial de la Federación el 11 de abril de 2013, concretamente el artículo 93, fracciones IV y V y 155 de dicha ley. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la Promulgación de la Ley Identificada en el apartado anterior. Del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, se reclama la aplicación de los artículos 93 fracciones IV y V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 165 de su reglamento. Luego entonces, del análisis pormenorizado de la demanda de amparo y sus anexos, se desprende que la promovente tuvo conocimiento del acto reclamado el dos de mayo de dos mil diecisiete, por lo que es a partir de esta fecha en que la quejosa pudo tildar de inconstitucional los actos reclamados. Así las cosas, partiendo de este supuesto que es la fecha en que este Tribunal tiene por acreditado que la promovente se hizo sabedora de los actos que reclama; dicha demanda de Amparo resulta extemporánea, atento a que el término de quince días para promoverla inicio a computarse el tres de mayo de dos mil diecisiete y concluyó el veinticuatro del mismo mes y año (excluyendo los días 5, 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de mayo de dos mil diecisiete por ser inhábiles), ya que presentó su demanda de garantías ante la Oficialía de Partes de este Jugado Federal hasta el día de hoy veinte de septiembre del presente año. De lo anterior expuesto, se advierte que en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal antes citado; toda vez que la demanda de amparo fue presentada, en forma extemporánea a los quince días a que se refiere el segundo de los preceptos legales invocados y con ello consentida, conforme al primero de los mencionados artículos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Semanario Judicial de la Federación, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XIII-Enero, Octava Época, consultable a página 201, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, cuyo tenor literal es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA. CASOS EN QUE SE PUEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO AUN CUANDO NO ESTA COMPROBADA LA NOTIFICACIÓN FORMAL DEL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO. Para sobreseer en el juicio de amparo con base en la causal prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no es necesario exigir que esté probada la notificación formal del acto reclamado al quejoso, sino que basta la prueba plena de que éste tuvo conocimiento de su existencia para que, a partir del día siguiente a la fecha de tal conocimiento, se inicie el cómputo de los quince días a que se refiere el artículo 21 del ordenamiento legal en cita, conforme a esa propia disposición. Lo anterior, es así toda vez que el artículo 61, fracción XIV, así como los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, textualmente dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Esto es, del contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se obtiene que, entre otras hipótesis, el término de quince días para promover el juicio de amparo, empezará a computarse a partir al día siguiente al en que el promovente se haga sabedor del acto reclamado; y del diverso numeral 61 fracción XIV, se desprende que, para el caso de no promoverse el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el indicado artículo 17, se tendrán por consentidos tácitamente los actos reclamados. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en razón de que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, y por ende, la promovente consintió los actos reclamados, siendo así que se considera que tácitamente es una consecuencia lógica y jurídica, puesto que el término para la promoción de la demanda de amparo como se indicó ya, inició a correr el tres de mayo de dos mil diecisiete y concluyó el veinticuatro del mismo mes y año (excluyendo los días 5, 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de mayo de dos mil diecisiete por ser inhábiles). Por todo ello, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que NO SE PROMOVIÓ el Juicio de Amparo dentro del término de quince días que al efecto señala el segundo de los preceptos legales invocados, SE DESECHA la demanda de amparo promovida por ***. Es aplicable la Tesis consultable en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, Materia Común, instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de epígrafe y contenido siguiente: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la promovente los estrados de este Juzgado Federal, y como autorizados en los TÉRMINOS RESTRINGIDOS previstos en el artículo 12, segundo párrafo de la Ley de Amparo, a ***, por no contar con cédula debidamente registrada en la base de datos instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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