Rosalia Sanchez Cervantes
Expediente 1229/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1229/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rosalia Sanchez Cervantes
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve *** por propio derecho, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Violencia Familiar y Delitos Sexuales de la Región "C", de la Fiscalía General de Justicia del Estado; Jefe de mandamientos Judiciales; Jefe o Comandante de la Agencia de Investigación Criminal del Estado; y Director de Seguridad Pública municipal, todos de esta ciudad; los que estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 1229/2019-I.1. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos que reclama al Agente del Ministerio Público 1 de Juicio Oral Penal de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres; Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado; Jefe de Célula Especializada en Mandamientos Judiciales de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado (denominaciones correctas de las tres primeras autoridades señaladas por la promovente del amparo); y, Director de Seguridad Pública, todos con sede en esta ciudad. Pídase a las autoridades responsables su informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio por el que se les solicita; remítaseles al efecto, copia simple de la demanda de amparo. En la inteligencia que la responsable deberá tomar en consideración el artículo 25 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra dice: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por tanto, si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Con apoyo en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado vía fax al número 461 615 5793, vía telegráfica; o bien, a través de correo electrónico a la dirección 5jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Documentales que deberán remitir con las formalidades necesarias de un documento público, es decir, deben estar debidamente certificadas, contando con número de folio, rúbrica y entre-sello. Ello de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme lo establece su numeral 2°, o en su caso, deberán manifestar el impedimento legal y/o material que tengan para ello. Lo anterior, a fin de que este tribunal federal esté en aptitud de darles el valor probatorio correspondiente en el momento procesal oportuno. Por lo que informa, se cita la tesis aislada XX.53 K visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, Noviembre de 1995, Materia Común, página 527; del tenor literal siguiente: DOCUMENTO PUBLICO, ES IMPRESCINDIBLE QUE ESTE CON FIRMA AUTOGRAFA DEL FUNCIONARIO PUBLICO EN EJERCICIO PARA QUE SEA AUTENTICO EL. En un documento público es imprescindible el uso de la firma autógrafa para que ésta sea atribuible con certeza a su signatario, en los términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es decir, el documento en comento, debe ser expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, cuya autenticidad se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de los sellos, firmas y otros signos exteriores, que en su caso prevengan las leyes. Por tanto, carecen de autenticidad los documentos autorizados con una firma o rúbrica con facsímil del funcionario público en ejercicio. Asimismo, la autoridad responsable expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; debiendo, en su caso, acompañar el expediente respectivo o bien copia certificada, legible, íntegra y ordenada de las constancias necesarias para apoyar el informe que emita. También, deberá informar a este Juzgado de las resoluciones que se dicten en el juicio de origen, así como de los recursos, o en su caso de distintos juicios de amparo que al efecto se interpongan. Requiérase a las partes para que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de la Federación y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo; lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del citado precepto legal, para el caso de que este órgano jurisdiccional advierta de oficio alguna causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme a lo dispuesto por el artículo 237 fracción I, de la invocada Ley. Se señalan las nueve horas con treinta minutos del veinte de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo por así permitirlo las labores del Juzgado y para favorecer la pronta y expedita impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Por otra parte, tomando en consideración que el promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad que ignora si existe o no tercero interesado; una vez que las autoridades responsables por las que se admitió la demanda promovida rindan su informe justificado y remitan las constancias correspondientes, de estimarse necesario, se acordará lo que en derecho proceda respecto de su existencia y su llamado a este juicio de amparo con el indicado carácter. Por otro lado, toda vez que de la lectura integral de la demanda de cuenta se desprende que el acto reclamado consiste en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial de Rosalilia Sánchez Cervantes, que se atribuye al Agente del Ministerio Público 1 de Juicio Oral Penal de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres; Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado; Jefe de Célula Especializada en Mandamientos Judiciales de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado; y, Director de Seguridad Pública, todos con sede en esta ciudad, acto prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo; de conformidad con el diverso numeral 126 de este último ordenamiento legal SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que Rosalilia Sánchez Cervantes, no sea detenida con motivo de la orden de privación de la libertad fuera de procedimiento que se reclama en esta vía constitucional. La medida cautelar en cita no surtirá efectos en favor de la quejosa sí se le sorprende en flagrante delito; o bien, se actualiza la hipótesis de caso urgente; o se trata de cumplimentar una orden de comparecencia, presentación, aprehensión o reaprehensión dictada por autoridad judicial. Es aplicable al caso, por lo que informa, la tesis de Jurisprudencia de rubro y texto que dice: Época: Décima Época Registro: 2013066 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 18 de noviembre de 2016 10:29 h Materia(s): (Común) Tesis: 1a./J. 58/2016 (10a.) ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta. Contradicción de tesis 154/2016. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 7 de septiembre de 2016. Sin que sea necesario fijar garantía alguna para que surta efectos la presente medida cautelar, dada la forma en que fue decretada la suspensión del acto reclamado. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de este último ordenamiento legal, a su costa expídase al promovente, en un tanto, copia certificada de este auto, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Dado que resulta un hecho notorio para este órgano de control constitucional, que generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este Juzgado Federal, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes, obstaculizando el manejo físico y estudio de los mismos, por tanto, a fin de evitar el exceso que se menciona, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y/o terceras interesadas, que únicamente acusen recibo cuando les sea solicitado en forma expresa (ya sea de manera escrita y/o vía telefónica). Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Téngase como autorizados de su parte a los licenciados ***, en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, por sí señalarlo expresamente la quejosa; y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ***. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Se precisa que las tesis que se invocan en este proveído son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se opone a los postulados establecidos en la mencionada ley, el cual establece: SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley.
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