Rosalía Vázquez Madrigal
Expediente 477/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 30 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 03/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rosalía Vázquez Madrigal
- Director del Hospital General de Zamora, Michoacán y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de enero de dos mil veintitrés. Informa trámites. Visto el oficio de cuenta que suscribe ********************apoderado de la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Michoacán, por sí y en cuanto superior de la diversa responsable Director del Hospital General de Zamora, Michoacán, mediante el cual informa que la quejosa ha venido recibiendo las sesiones de hemodiálisis de forma gratuita con cargo a sus representadas con normalidad en la clínica particular en la que ha venido recibiendo el servicio con anterioridad, los días y horas señalados en autos. Asimismo, informa que las autoridades signaron contrato con la persona moral IGSA MEDICAL S.A. DE C.V., a fin de que con el presupuesto del presente ejercicio fiscal se brinde atención a personas que así lo requieran y se realicen las gestiones para que en el presupuesto siguiente se garantice el tratamiento que se requiera. Con lo anterior se tiene informando a las autoridades responsables, los trámites realizados a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. CORREOS CUMPLE REQUERIMIENTO Agréguese a los autos el oficio y anexo, remitidos por la Jefa de Administración del Centro Histórico del Servicio Postal Mexicano Correos de México, con residencia en esta ciudad, por medio del cual cumple el requerimiento formulado en autos, para lo cual informa que el oficio 21578, dirigido a la autoridad responsable Director del Hospital General de Zamora, Michoacán, fue entregado el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Por tanto, a partir de la fecha de recibido a que se refiere, se tiene por notificada a la autoridad responsable correspondiente de la sentencia dictada en los presentes autos. En consecuencia, se deja insubsistente el apercibimiento legal formulado en autos para la autoridad oficiante. CUENTA CON AUTOS Por otra parte, visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha de engrose de siete de noviembre de dos mil veintidós, en que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Rosalía Vázquez Madrigal. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informen sobre el cumplimiento que den al fallo protector y remitan copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor; y, si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consistente: "I. El Secretario de Salud en el Estado y/o el Director General del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán; en el ámbito de su esfera competencial deberá dictar acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer los medios necesarios para que a la quejosa se le proporcione, en forma definitiva y mientras lo requiera, el tratamiento médico para su padecimiento, los medicamentos y la atención que necesita al efecto, en forma subrogada; II. Respecto al Director del Hospital General de Zamora, Michoacán: proporcione los medicamentos que a juicio del o los especialistas correspondientes, sean útiles y adecuados para la correcta atención médica de la quejosa Rosalía Vázquez Madrigal de acuerdo a los padecimientos que presenta. III. De forma destacada, se otorguen las sesiones de hemodiálisis que requiera hasta en tanto se revalore y determine su disminución o incremento; de manera gratuita; o, de no ser posible, preste de manera subrogada el servicio. IV. Las responsables verifiquen en lo posible, si es conducente brindar el servicio de las hemodiálisis en el lugar más cercano al domicilio de la quejosa; y, de no ser factible verifique la posibilidad de dar el servicio de traslado o cubrir los gastos que se generen; o, en su defecto, se preste el servicio de ambulancia para sus traslados. Finalmente, cabe destacar que la demostración del cumplimiento del presente fallo se tendrá satisfecho con la emisión del acuerdo señalado en el numeral I; y, la del inicio de la prestación de los servicios e insumos señalados en el II y III." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, doce de diciembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obran los acuses de recibo del oficio 21578, dirigido a la autoridad responsable Director del Hospital General de Zamora, Michoacán, por medio del cual se le envió la sentencia emitida el siete de noviembre de dos mil veintidós. Ahora bien, de una revisión de la factura de correspondencia entregada a la Administración de Correos de México, con sede en esta ciudad, se advierte que la pieza postal del oficio citado, fue entregado el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. REQUERIMIENTO Atento a lo anterior, requiérase a la Administradora Local de Correos de México, con residencia en esta ciudad, para que en el término de TRES DÍAS informe a este Órgano Judicial el destino que le dio al sobre que contiene el oficio 21578, dirigido a la autoridad antes señalada, por lo que se ordena enviar la guía de piezas postales que contiene los oficio de mérito, misma que fue entregada el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 237, fracción I y 238, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo I-477/2022, promovido por Rosalía Vázquez Madrigal, por propio derecho, contra actos del Director del Hospital General de Zamora, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado sede Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y turnado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional1, Rosalía Vázquez Madrigal, por propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director del Hospital General de Zamora, Michoacán, y otra autoridad; ocurso en el que la quejosa narró los antecedentes del caso, precisó los preceptos constitucionales que estimó vulnerados y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO.- Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós2 se admitió a trámite la demanda; se ordenó la formación del expediente; se solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción; se proveyó en relación con la suspensión de plano solicitada por la quejosa y se fijó fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo, previos sus diferimientos, en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: 1 Fojas 1 y 2. 2 Fojas 13-19. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque los actos reclamados tienen naturaleza administrativa y tienen ejecución material dentro del territorio sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo cual es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías, escrito aclaratorio y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que los actos reclamados por el promovente del amparo a las autoridades responsables, consisten en: Del Director del Hospital General de Zamora, Michoacán, y la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán de Ocampo, reclama lo siguiente: a) La omisión de otorgarle atención médica integral y de practicar las sesiones de hemodiálisis que requiere para el tratamiento de su enfermedad renal crónica, hipertensión y diabetes. b) La omisión de proveer o proporcionar los medicamentos e insumos necesarios para el control de las enfermedades que padece. c) La omisión de subrogar, canalizar o remitirlo a una clínica u hospital particular para que le sean practicadas, sin costo, las sesiones de hemodiálisis que requiere para el tratamiento de su enfermedad renal; lo anterior ante la falta de equipo en el Hospital General de Zamora, Michoacán y la incapacidad económica de la quejosa para trasladarse a Morelia, Michoacán. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Respecto los actos reclamados marcados con los incisos a), b) y c) en el considerando segundo de la presente resolución, el apoderado de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y, por ende, representante legal del Director del Hospital General de Zamora, Michoacán, dependiente de los Servicios de Salud de Michoacán y de la Secretaría de Salud de Michoacán, así como el propio Director del Hospital General de Zamora, Michoacán, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados, sin embargo del contenido de los mismos se desvirtúa dicha negativa. Ahora, si bien lo anterior pudiera tener como consecuencia la presunción de certeza de los actos que se le reclaman en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la ley de Amparo, ello resulta suficiente para determinar su existencia. Máxime que en los informes rendidos por las autoridades responsables en cumplimiento a la suspensión de plano, realizaron diversas manifestaciones en el sentido de que la quejosa se encontraba recibiendo atención médica y asimismo se le habían practicado exámenes médicos. En tanto que previo a la presentación de la demanda de amparo, no existe constancia que acredite que la quejosa estuviera ya recibiendo atención médica por los padecimientos que refiere. Tanto es así que las responsables, al rendir su informe, adujeron que no se encontró expediente clínico alguno de la quejosa registrado. Asimismo, el Director del Hospital General de Zamora, Michoacán remitió copia del expediente clínico de la quejosa; a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado."3 También cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país que dice: 3 Registro 2014261. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materia(s): Común. Tesis: II.2o.P.25 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, página 1933. Tipo: Aislada "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".4 CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza de los actos reclamados, se analizará la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la porción normativa transcrita se advierte que no es necesario que alguna de las partes invoque la actualización de causales de improcedencia para que se agote su estudio; precisamente porque su análisis es de orden público. Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia que establece lo siguiente: Época: Octava Época Registro: 222780 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de 1991 Materia(s): Común Tesis: II.1o. J/5 Página: 95 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". 4 No. Registro: 394,182, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Tesis: 226, Página: 153 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que estas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Así, debido a que este órgano jurisdiccional no advierte de manera oficiosa que se actualice alguna causa de improcedencia en el presente juicio de amparo, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada, dando respuesta a los conceptos de violación. QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación en cuanto a que debe garantizarse a la quejosa su derecho a la salud resultan fundados, atento a las siguientes consideraciones. El derecho humano a la salud está contemplado en el artículo 4º de la Constitución Federal que textualmente señala: "Artículo 4°. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución..." La fundamentación Internacional acerca del Derecho a la Salud, en la que el Estado Mexicano es parte, se encuentra en algunos de los ordenamientos siguientes: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: "Artículo 12. 1.- Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". Declaración Universal de Derechos Humanos: "Articulo 25. 1.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre: "Artículo XL Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad". A mayor abundamiento sobre la regulación internacional cabe señalar que la Constitución de la Organización Mundial de la Salud ha precisado que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente de ausencia de afecciones o de enfermedades; asimismo, el goce del máximo grado de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. La salud involucra entonces actividades de prevención, promoción y protección e implica un enfoque integral en donde se incluyen los entornos físico y social y los demás factores relacionados con la existencia. Ahora bien, en la especie conviene tener en cuenta lo resuelto en la ejecutoria relativa al amparo en revisión 173/2008, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que al tenor de lo dispuesto en el artículo 4º Constitucional, determinó que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Indicó que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Que el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. Igualmente, que el contenido de esta norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado la Suprema Corte, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa: a). Del párrafo 1º del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios); b). Del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho); c). Del artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" (toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social); y d). De lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales. En congruencia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la ejecutoria de amparo en comento, determinó que la protección del derecho a la salud depende de la forma como son reguladas las condiciones de acceso a los servicios médicos y la regulación de todas aquellas peculiaridades que incidan en la calidad de ésta. Asimismo, que la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar porque la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. Concluyó señalando que, el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. No se debe pasar por alto que el derecho a la salud previsto en el artículo 4º de la Constitución Federal tiene una doble vertiente: una individual y otra social. Respecto al primero, la protección a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. Atinente al segundo, consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2019358 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 8/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 486 Tipo: Jurisprudencia DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." Ahora bien, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la omisión de proporcionarle la atención médica que requiere para vivir, ya que padece de insuficiencia renal crónica, hipertensión y diabetes, la cual se le ha negado por parte de las autoridades responsables, bajo el argumento de que en el Hospital General de Zamora, Michoacán, no cuenta con el equipo necesario para realizar el tratamiento de hemodiálisis, aunado a que la quejosa no tiene los recursos económicos para acudir a la Ciudad de Morelia, Michoacán, para que le practiquen las sesiones de hemodiálisis que requiere virtud a su padecimiento. Al narrar los antecedentes del hecho en su escrito de demanda, la quejosa manifestó que hace aproximadamente hace más de un año le fue diagnosticada enfermedad renal crónica, que amerita tratamiento de hemodiálisis dos veces por semana; padecimiento que se suma a otros problemas de salud, como lo son hipertensión y diabetes. Por lo anterior, realizaba el tratamiento de hemodiálisis en una clínica privada denominada "Centro de Hemodiálisis Zamorano" en Zamora, Michoacán, toda vez que en el Hospital General de Zamora, Michoacán, se le había negado la atención médica dado que dicho nosocomio no tiene el equipo material y humano para realizar el tratamiento de hemodiálisis. Luego, debido a la gravedad de su enfermedad, dice, ha dejado de trabajar, por lo que ya no ha podido tener el recurso económico para seguir costeando su tratamiento de manera privada, por lo que acudió Hospital General de Zamora, Michoacán y se le negó el tratamiento por no contar con el equipo necesario para el tratamiento de hemodiálisis. Derivado de lo anterior, su salud se ha deteriorado aún más. A su demanda de amparo allegó copia del dictamen médico de la clínica privada "Centro de Hemodiálisis Zamorano" y cartas de no derecho habiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y de una afiliación ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Asimismo de las documentales allegadas por el Director del Hospital General de Zamora, Michoacán, se advierte que obra el expediente clínico de la quejosa, del que se desprenden las consultas externas que se le han realizado a la quejosa en el Hospital General de Zamora, Michoacán, así como el resumen clínico en el que se precisan los diversos padecimientos que la quejosa presenta (hipertensión arterial, diabetes y enfermedad renal crónica estadío V) y los medicamentos que requiere para cada uno de éstos (calcio, calcitriol, fumarato ferroso, atorvastatina, metoprolol media, alopurinol, insulina, omeprazol y prazocin); asimismo, se indica que requiere un tratamiento de terapia substitutiva, esto es hemodiálisis, de dos veces por semana (fojas 7, 86, 88- 95, 181, 182, 185-193, 209-216). Sin embargo, como dicho hospital no tiene el equipo necesario para el tratamiento de hemodiálisis, de ahí que se le hizo la referencia a la Ciudad de Morelia, Michoacán, a efecto de que a la quejosa se le diera la atención necesaria respecto al tratamiento de hemodiálisis. En cumplimiento a la suspensión de plano concedida a la quejosa, en auto de catorce de junio de dos mil veintidós, tuvo al Director del Hospital General de Zamora, Michoacán, informando que se realizó de manera exitosa la referencia al nuevo Hospital Civil de Morelia "Dr Miguel Silva", ubicado en esta ciudad, logrando agendarle una cita médica a la quejosa a las ocho horas del diecisiete de junio del año en curso, a la cual la quejosa no asistió pues hizo del conocimiento que no contaba con los recursos económicos para poder trasladarse a esta ciudad a efecto de recibir su tratamiento. Derivado de lo anterior, en auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, este juzgado reiteró los efectos de la suspensión de plano a las autoridades responsables y se precisaron los efectos de esa medida, siendo los siguientes: "(.) a) La canalización a una clínica del sector salud o subrogada de la quejosa, cercana al domicilio de ésta, las cuales podrían ser las que se señalaron en párrafos precedentes o una diversa; e informen sobre las gestiones que han de realizar; o, en su caso, b) Determinen el envío de una ambulancia o unidad médica para trasladar y/o atender las necesidades de la quejosa, en su domicilio o trasladarla a donde se requiera. En la inteligencia de que recae en las responsables la carga de evidenciar la existencia de los obstáculos materiales para cumplir lo anterior (.)". En consecuencia, por auto de treinta de junio del año actual, se tuvo al apoderado de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, dando cumplimiento a la resolución interlocutoria del incidente de violación a la suspensión de plano, informando que las responsables proporcionarían el tratamiento de hemodiálisis de manera subrogada en el Centro de Hemodiálisis Zamora, ubicado en Av. Benito Juárez Oriente, número 788, Colonia Ejidal Sur, en Zamora, Michoacán, por lo cual la peticionaria del amparo acudió a la citada clínica para que inicie y/o continúe su tratamiento. De manera que en auto de siete de julio del año en curso, se tuvo a la quejosa informando que acudió a dicha clínica privada y que recibiría sus sesiones dialíticas los días lunes y jueves de cada semana. Luego mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, se tuvo a Rafaela Morales Copado, autorizada de la quejosa, informando que el trece de octubre del año en curso, el Dr. Vladimir Adolfo Murillo Rodríguez, titular de la clínica le manifestó a la quejosa que la Secretaria de Salud del Estado de Michoacán tiene con ellos un adeudo de más de cuatrocientas sesiones, por lo que se ve obligado a suspender el servicio de forma subrogada hasta que dicha autoridad cubra los adeudos pendientes, debido a esto sería la última sesión de forma subrogada a la quejosa. Por lo anterior, este juzgado le requirió a las autoridades responsables dieran cumplimiento con la suspensión otorgada en autos, por lo que en acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, el apoderado de las autoridades responsables informó que se restableció el servicio subrogado a la quejosa, lo que así confirmó la autorizada de la impetrante mediante ocurso presentado ante la oficialía de partes de este juzgado el veinticuatro de ese mismo mes y año. Aunado a lo anterior en esta data, se tuvo al apoderado de las responsables informando que existe un acuerdo con la Clínica de Hemodiálisis Zamorano, para que la quejosa reciba su tratamiento de hemodiálisis gratuito y que la Secretaría de Salud de Michoacán, realice el pago de manera periódica. Tales circunstancias, en lo que interesa son: a) La historia clínica. b) Notas de consultas externas de la quejosa en el Hospital General de Zamora, Michoacán. c) Los resúmenes clínicos que obran en autos. Documentos todos ellos con pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de procedimientos Civiles. Sin embargo, en la especie no bastan las acciones realizadas por la responsable para constituir el derecho de la quejosa, quien debe ser atendida acorde a lo indicado en el resumen clínico, a través del suministro de medicamentos que requiera para cada uno de sus padecimientos, así como las sesiones de hemodiálisis que necesite, con la periodicidad indicada, lo que en la especie no se encuentra acreditado. De ahí que subsiste la obligación estatal de brindarle la atención médica que requiere, a fin de preservar su salud individual. Máxime que fue con motivo del cumplimiento de la suspensión decretada de plano, que las responsables comenzaron a prestar el servicio de salud (atención médica, medicamentos y tratamientos requeridos), a la quejosa, con motivo de los padecimientos que presenta). Así, la omisión de la autoridad viola de manera directa el acceso al derecho a la salud del promovente y a la posibilidad de que éste obtenga el tratamiento adecuado a los padecimientos que sufre. En relación con el tema relativo al derecho a la salud integral, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión 251/2016, resolvió en lo medular que: "...en principio en la Constitución y en los tratados internacionales no existen obstáculos o impedimentos para que el legislador, ejerciendo su libertad con figurativa, determine que los Institutos Nacionales de Salud no serán competentes para suministrar medicamentos y que, por el contrario, habrá otra autoridad facultada para realizarlo. Sin embargo, en la distribución competencial que establezca el legislador, es necesario que se observe que el derecho de las personas a acceder a los medicamentos que necesitan no se vea excesivamente obstaculizado, y que, sin importar qué autoridad los otorgue, se garantice que la persona recibirá el tratamiento completo. De lo contrario, no se estaría garantizando el derecho a la prestación de los servicios de salud de manera integral. En este sentido y relacionado con el caso concreto, no puede aceptarse que una institución de salud admita a un paciente, le preste la atención inicial y no se asegure de que recibirá el tratamiento completo. Máxime si la necesidad de medicamentos deriva de un diagnóstico que ella misma determinó a través de los servicios que presta. Es decir, el que el Instituto haya incumplido con su deber de garantizar atención integral no deriva directamente de no haberle suministrado los medicamentos necesarios, sino de que, en adición, su actuar fue insuficiente para lograr la atención completa del paciente. Así, debe quedar claro que en cualquier caso, cuando una autoridad del sector salud no se estime competente para proporcionar medicamentos o cualquier otro servicio básico a una persona que ya admitió como paciente, es su obligación referirlo correctamente a la autoridad competente para suministrárselos. ." No pasa inadvertido que, de hecho, la autoridad sostiene que de conformidad con el segundo párrafo de la fracción 1 del artículo 54 así como del 55 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud,5 "le es dado referir pacientes a otros niveles de atención", y que considera que esto es lo que hizo "[...] al informarle al Quejoso que [consideraba] conveniente que se afilie al Sistema de Protección Social en Salud del Distrito Federal", que a su juicio, es la autoridad competente para proporcionarlos. De esos preceptos se advierte, en primer lugar, que el Instituto Nacional de Psiquiatría debe prestar servicios de atención médica, relativos a padecimientos de alta complejidad diagnóstica y tratamiento, así como de urgencias. Además, que una vez que sea diagnosticado, resuelto o controlado el problema de tercer nivel, se podrá referir a los pacientes a otros niveles de atención, de conformidad con el sistema de referencia y contrarreferencia. Es importante notar que el lenguaje del precepto apunta a una potestad para referir, es decir, nada evita que sea el propio Instituto el que siga atendiendo al paciente. Asimismo, dichos artículos señalan que los Institutos podrán contar con los servicios de: (i) 5 Artículo 54 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Los Institutos Nacionales de Salud prestarán los servicios de atención médica, conforme a lo siguiente: I. Atenderán padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, así como urgencias. Una vez diagnosticado, resuelto o controlado el problema de tercer nivel que dio origen a la atención podrán referir a los pacientes a los otros niveles de atención, de conformidad con el sistema de referencia y contrarreferencia; [...]. Artículo 55 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Para la prestación de los servicios de atención médica a su cargo, los Institutos podrán contar con los servicios de preconsulta, consulta externa, ambulatorios, urgencias y hospitalización. Dichos servicios funcionarán de conformidad con lo dispuesto en los manuales de procedimientos. preconsulta; (II) consulta externa; (iii) ambulatorios; (iv) urgencias, y (y) hospitalización, y que dichos servicios funcionaran como se disponga en manuales de procedimientos que para el efecto se establezcan." De lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia, se advierte que los prestadores de servicios de atención integral hospitalaria deben contar -entre otros elementos-, con recursos humanos, materiales y económicos para la atención médica en casos de comorbilidad, así como realizar la referencia oportuna al nivel de atención requerido dentro o fuera de la unidad de atención integral hospitalaria. Es decir, que la legislación y las normas administrativas que rigen el sistema de referencia, no implican simplemente recomendarles a qué institución acudir para iniciar un nuevo procedimiento y, en su caso, ser atendidos. Por el contrario, los institutos están obligados a seguir el procedimiento administrativo correspondiente, para otorgar el servicio integral de salud. En efecto, como ya lo indicó la Segunda Sala de la Corte en la ejecutoria que resolvió el recurso de revisión a que se ha hecho referencia con antelación, las instituciones de salud deben garantizar el derecho a la salud integral y para el caso de que ésta estime no ser competente para proporcionar los medicamentos o cualquier otro servicio básico a una persona que ya admitió como paciente, es su obligación referirlo correctamente a la autoridad competente para suministrárselos a fin de que el derecho a la salud quede debidamente garantizado. De ahí que la presente resolución no solamente tiene como efecto reconocer el derecho a la salud, sino para que se le garantice, o sea que continúe prestando la atención médica que corresponda y, en su caso, sea remitido a las autoridades de salud competentes más cercanas a su domicilio, en lo posible, para que se le proporcionen a la quejosa todos los tratamientos que requiera para enfrentar los padecimientos que presenta; o, en su caso, dicho servicio se preste de forma subrogada, en el supuesto de que las autoridades competentes no tengan capacidad para prestarlo. Se considera aplicable al caso el siguiente criterio: "Registro digital: 2022890 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. XIII/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, página 1225 Tipo: Aislada DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA ASISTENCIA MÉDICA Y EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES USUARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE INTEGRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DEBEN GARANTIZARSE DE FORMA OPORTUNA, PERMANENTE Y CONSTANTE. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos, es decir, en aquellos casos en los que la adherencia deficiente al tratamiento sea determinante para la progresión de la enfermedad. Justificación: Ello, pues la lucha contra las enfermedades, en términos amplios, representa la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino también al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Esto como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el entendido de que la atención que en su caso se brinde a la parte quejosa, deberá enfocar sus esfuerzos médicos en procurar un tratamiento adecuado que busque la reversibilidad de su situación o, en su defecto, el control de su sintomatología, de tal forma que el tratamiento se garantice de forma oportuna, permanente y constante, cumpliendo estándares de tecnología y especialización médica. Al respecto se invoca el criterio siguiente: "Registro digital: 2022888 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. XIV/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, página 1222 Tipo: Aislada DERECHO HUMANO A LA SALUD. CRITERIOS QUE DEBEN VALORARSE PARA SU EFECTIVA GARANTÍA (OBJETIVO, SUBJETIVO, TEMPORAL E INSTITUCIONAL). Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades responsables de prestar asistencia médica y tratamiento a los pacientes usuarios de alguna institución que integre el Sistema Nacional de Salud, deben garantizar el derecho humano a la salud mediante la valoración de los criterios siguientes: 1) subjetivo, de acuerdo con el cual el Estado deberá actuar con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico del paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser diagnosticado con una enfermedad crónico y/o degenerativa, procurar la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; 2) objetivo, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento sea adecuado, de modo que si el paciente requiere algún medicamento, éste contenga las sales originales o genéricas que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad; 3) temporal, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento del paciente se garantice de forma oportuna, permanente y constante; y, 4) institucional, de acuerdo con el cual el Estado debe garantizar que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. Justificación: Los criterios aludidos deben evaluarse en la medida en que se trata de la garantía del derecho humano a la salud; derecho económico, social y cultural, cuyo cumplimiento es progresivo, y cuya efectividad depende de los medios de los que disponga el Estado para su satisfacción, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por tanto, lo que procede es conceder el amparo solicitado por la quejosa respecto de los actos y autoridades precisadas al inicio del presente considerando, para los efectos que se precisarán en el siguiente. No se soslaya que tanto el Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción,6 como el autorizado del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo,7 rindieron los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones, no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, a más de que lo aquí resuelto converge con lo solicitado; por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO".8 SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo se concede el Amparo y Protección de la Justicia Federal para el efecto de que: I. El Secretario de Salud en el Estado y/o el Director General del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán; en el ámbito de su esfera competencial deberá dictar acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer los medios necesarios para que a la quejosa se le proporcione, en forma definitiva y mientras lo 6 Fojas 222-223. 7 Fojas 176 a 178 8 Época: Octava Época, Registro: 205449. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 80, Agosto de 1994. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 27/94. Página: 14 requiera, el tratamiento médico para su padecimiento, los medicamentos y la atención que necesita al efecto, en forma subrogada; II. Respecto al Director del Hospital General de Zamora, Michoacán: proporcione los medicamentos que a juicio del o los especialistas correspondientes, sean útiles y adecuados para la correcta atención médica de la quejosa Rosalía Vázquez Madrigal de acuerdo a los padecimientos que presenta. III. De forma destacada, se otorguen las sesiones de hemodiálisis que requiera hasta en tanto se revalore y determine su disminución o incremento; de manera gratuita; o, de no ser posible, preste de manera subrogada el servicio. IV. Las responsables verifiquen en lo posible, si es conducente brindar el servicio de las hemodiálisis en el lugar más cercano al domicilio de la quejosa; y, de no ser factible verifique la posibilidad de dar el servicio de traslado o cubrir los gastos que se generen; o, en su defecto, se preste el servicio de ambulancia para sus traslados. Finalmente, cabe destacar que la demostración del cumplimiento del presente fallo se tendrá satisfecho con la emisión del acuerdo señalado en el numeral I; y, la del inicio de la prestación de los servicios e insumos señalados en el II y III. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, y los alegatos formulados por la parte quejosa resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituyen sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio9: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Rosalía Vázquez Madrigal, en términos y para los efectos precisados en el considerando sexto del presente fallo. 9 La tesis de la Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Octubre de 1995, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 576. SEDUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. CUARTO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy siete de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Doy fe.
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