Rosalía Orozco Mendoza
Expediente 90/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rosalía Orozco Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de cuatro de agosto de año próximo pasado, en la que se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por la parte tercero interesada, atento a su contenido, dígasele que deberá de estarse a lo acordado mediante proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, en el que se ordenó reenviar el juez responsable el oficio relativo a la sentencia dictada en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha no obra constancia alguna que evidencie que la autoridad responsable Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Ario De Rosales, Michoacán, se encuentre debidamente notificada de la sentencia dictada por este juzgado, en consecuencia y en obvio de mayores dilaciones, se ordena reenviar el oficio por el cual le fue remitido el contenido de la sentencia dictada en autos. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponde el escrito de cuenta signado Carlos Pérez Negrón Alejandre, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que de una revisión de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, no se advierte que tenga reconocido carácter alguno dentro del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-90/2020, promovido por Rosalía Orozco Mendoza, contra actos de la Juez Menor Mixto de Ario de Rosales, Michoacán; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el veintiocho de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y remitido en esa misma fecha por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Rosalía Orozco Mendoza promovió demanda de garantías contra actos de la Juez Menor Mixto de Ario de Rosales, Michoacán. La promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de veintinueve de enero de dos mil veinte, este juzgado admitió a trámite la demanda de garantías, registrándola bajo el número VIII-90/2020; se requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en: La resolución interlocutoria de seis de enero de dos mil veinte, relativa al incidente de ampliación de liquidación promovido en el juicio ejecutivo mercantil 74/2018, en la que se declaró procedente el incidente de actualización de planilla de liquidación presentada por la parte actora, aquí tercero interesada. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por la Juez Menor Mixto de Ario de Rosales, Michoacán, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de seis de enero de dos mil veinte, relativa al incidente de ampliación de liquidación promovido en el juicio ejecutivo mercantil 74/2018, a cuyo efecto exhibió las constancias relativas. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. Previo al análisis del acto que la parte quejosa señala como violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es necesario destacar que en la especie rige el principio de estricto derecho, conforme al cual este órgano de control constitucional deberá circunscribirse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violación expresados en la demanda, sin que exista la posibilidad de realizar libremente el examen del acto reclamado, pues tal estudio deberá limitarse únicamente a establecer si los citados conceptos de violación son o no fundados. Lo expuesto implica que no se está en aptitud de determinar si el acto reclamado es contrario a la Constitución General de la República, con base a un razonamiento no expresado en la demanda. SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Son infundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, por las razones que a continuación se precisarán. De las constancias que obran en autos, a las que previamente se concedió valor probatorio pleno, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Ante el Juzgado Menor de Zinapécuaro, Michoacán, se substanció el juicio ejecutivo mercantil número 74/2018, promovido por Ángel Chávez Mendoza, frente a la quejosa Rosalía Orozco Mendoza. Una vez seguido el juicio por sus trámites legales, el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se declaró procedente la acción intentada, se condenó a Rosalía Orozco Mendoza al pago de la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, así como al pago de los intereses moratorios a razón del 2% mensual, tasa que se redujo oficiosamente desde el veintiuno de junio de dos mil dieciocho; asimismo, se absolvió a la demandada del pago de costas procesales y se ordenó rematar el bien inmueble embargado a Rosalía Orozco Mendoza. Por escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, la parte actora presentó planilla de liquidación precisando como suerte principal la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.) y por concepto de intereses moratorios a razón del 2%, la cantidad de $19,200.00 (diecinueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.), cuya suma asciende al total de $99,200.00 (noventa y nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.). En auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por promoviedo el citado incidente de liquidación y se ordenó dar vista a la contraria para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. En mérito de ello, por escrito de dos de julio de dos mil diecinueve, la demandada aquí quejosa desahogó la vista ordenada en autos, con la que se ordenó dar vista a la actora. Siendo que mediante ocurso presentado el nueve de julio de dos mil diecinueve, la parte demandada realizó diversas manifestaciones y solicitó se dictara la resolución interlocutoria correspondiente, por lo que en auto de once de julio de esa anualidad, se pusieron los autos a la vista para el dictado de la resolución respectiva. Lo que así aconteció el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, aprobándose la planilla en sus términos. Por lo que, previa solicitud de la actora, el cinco de agosto se requirió a la demandada, para que dentro del término de tres días cumpliera voluntariamente con la sentencia interlocutoria, bajo apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa. Mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, la aquí quejosa Rosalía Orozco Mendoza, exhibió dos billetes de depósito, el primero por la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.) y el segundo por $24,000.00 (veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.), previo cálculo reclamado por la parte actora en la planilla presentada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que solicitó se le hiciera entrega del documentos base de la acción con la leyenda cancelado; asimismo, se requiriera a la parte actora la expedición y entrega de las facturas que avalen los pagos realizados mediante los billetes de depósito, para lo cual proporcionó sus datos fiscales. A dicho escrito recayó el auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en el que la juez responsable determinó que no había lugar a proveer de conformidad toda vez que de autos se advertía que no se había emitido resolución en la fecha señalada, además de que los billetes de depósito estaban dirigidos a otra autoridad y tampoco se encontraba inmerso el nombre del beneficiario, además de que carecían del sello de la institución que validara los mismos, por lo que se dejaron a su disposición los certificados de depósito respectivos para que realizara el trámite correspondiente ante dicha institución; asimismo, se hizo de su conocimiento que el Poder Judicial del Estado cuenta con un Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia, sistema por medio del cual podía realizar su depósito. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, la parte actora presentó actualización de planilla de liquidación por la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, intereses moratorios a razón del 2%, haciendo un total de $107,200.00 (ciento siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.), planilla con la que se ordenó dar vista a la demandada, aquí quejosa, en auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Por ocurso presentado el dos de diciembre de dos mil diecinueve, la demandada solicitó el desechamiento de la actualización respectiva, aduciendo que ya se había realizado el pago de lo condenado mediante la exhibición de los billetes de depósito, por lo que solicitó se tuvieran a la vista los mismos y que los pusiera a disposición de la parte actora, además de requerirle la entrega de las facturas para efectos fiscales, manifestaciones con las que se ordenó dar vista a la parte actora en auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve. En auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó poner los autos a la vista para el dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Posteriormente, mediante escrito presentado el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, la aquí quejosa solicitó al juez que a efecto de dictar sentencia interlocutoria tuviera a la vista los billetes de depósito exhibidos y que se le diera vista al Ministerio Público a fin de corroborar la veracidad y validez de dichas cédulas bancarias; asimismo, insistió en la revisión de los billetes respectivos a fin de corroborar los datos que contenían los mismos, insistiendo en que no era factible condenar a la quejosa ya que con la exhibición de los billetes había realizado el pago tanto de la suerte principal como de los intereses, por lo que nuevamente solicitó la entrega del documento base de la acción y que se requiriera a la parte actora la emisión de las facturas de pago correspondientes, a cuyo efecto proporcionó nuevamente sus datos fiscales. En mérito de ello, la juez tuvo por hechas tales manifestaciones, ordenó agregar a sus autos el escrito de cuenta para hacer relación del mismo en la interlocutoria respectiva. Por último, el seis de enero de dos mil veinte, se dictó resolución interlocutoria en la que en torno a las manifestaciones de la quejosa, señaló: ". Por último, en torno a las manifestaciones vertidas por la demandada, en fecha 18 dieciocho de diciembre del año 2019, se le hace de su conocimiento que ya no es el momento procesal oportuno para formular dicha petición, toda vez que este lo fue cuando por auto de veintiséis de noviembre de la anualidad próxima anterior se ordenó mediante notificación personal correrle traslado con la actualización de planilla que fue presentada por el actor, para que en el término de 3 tres días compareciera a manifestar lo que a su interés conviniera, a lo que de autos se advierte la demandada dio contestación oportunamente, con fecha 2 de diciembre de la misma anualidad y se estudiaron las manifestaciones vertidas por la aquí incidentada sin que le resultaran favorables las aseveraciones realizadas, toda vez que lo que pretende aportar como prueba no está dirigido a esta autoridad, carece de autenticidad y no fue realizado por los medios idóneos que para que ese propósito tiene el Poder Judicial de Michoacán, siendo este el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Michoacán, resultando así infundadas las manifestaciones que intentó Rosalía Orozco Mendoza. ." Acto seguido, aprobó la actualización de la planilla de liquidación. Siendo la resolución interlocutoria de seis de enero de dos mil veinte, la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional, pues así lo precisó la quejosa en su escrito aclaratorio de demanda. Como se adelantó, los conceptos de violación expresados por la quejosa resultan infundados en una parte e inoperantes en otra, por los motivos que a continuación se reseñan. En ellos quien se agravia señala: Que estaba demostrado el cumplimiento del pago de lo condenado con la exhibición de los billetes de depósito, ya que el actor no se inconformó con la misma y que en su momento la juez responsable debió dar vista al Ministerio Público para cerciorarse de la validez de los billetes, que por tanto no era dable condenar al pago de la planilla en razón de que ya se había liquidado el adeudo con las cédulas bancarias respectivas. Que la autoridad responsable fue omisa en requerir las facturas a la actora respecto de las cantidades consignadas en los billetes de depósito. El primero de los conceptos de violación resulta infundado, ya que de autos se advierte que pese a la exhibición de los billetes de depósito, la juez responsable no los tuvo por exhibidos para el fin pretendido, esto es, como pago de lo condenado, toda vez que en auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, la juez responsable determinó que no había lugar a proveer de conformidad ya que los billetes de depósito estaban dirigidos al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, y no así al Juzgado Menor Mixto de dicho Distrito Judicial; asimismo, que en dichos documentos cobrables no se asentó el nombre del beneficiario y además carecían del sello de la institución que validara los mismos, por lo que se dejaron a disposición de la demandada, aquí quejosa, los certificados de depósito respectivos para que realizara el trámite correspondiente ante dicha institución; no sin antes hacer de su conocimiento que el Poder Judicial del Estado tiene un Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia, sistema por medio del cual debía realizar su depósito, de ahí que nunca se tuvo por consignado el pago a través de la exhibición de dichas cédulas bancarias. Siendo así que dicha determinación se encuentra firme, ello en atención a que el auto dictado por la juez responsable el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en el que expuso las razones por las cuales no había lugar a tenerla cumpliendo de manera voluntaria con la condena, en su momento fue consentido por la aquí quejosa en razón de que no la impugnó a través de algún medio de defensa ya que la misma pudo ser analizada vía amparo por tratarse de una determinación autónoma dictada en la etapa de ejecución de sentencia. Ello atendiendo a que la parte demandada, aquí quejosa, allegó los billetes de depósito al sumario una vez resuelto el incidente de liquidación y previo a la presentación de la planilla de actualización, esto es, de manera intermedia entre el incidente y su actualización, ello en cumplimiento al requerimiento que se le formuló para que cumpliera con la interlocutoria de manera voluntaria, de tal forma que, como ya se dijo, la determinación mediante la cual la juez responsable no proveyó de conformidad las peticiones de la quejosa en relación con la exhibición de las cédulas bancarias, goza de autonomía y por tanto, era susceptible de ser analizada vía amparo indirecto, ya que no existiría otro momento en el que fuera factible el estudio de dicho acto. Por tanto, tampoco era necesario que el actor se inconformara con la exhibición de los billetes, ya que incluso los mismos no estaban consignados a su nombre, ni se advertía que fueran para garantizar el monto de la condena en el juicio ejecutivo mercantil 74/2018, del índice del Juzgado Menor Mixto de Ario de Rosales, Michoacán, pues si bien en dichos documentos se hacía referencia al número de expediente, al hacer mención a la condena se precisó una fecha que en no corresponde ni a la sentencia, ni a la interlocutoria dictada en autos, por lo que no era factible determinar que dichos documentos estuvieran constituidos de manera correcta para con ellos acreditar la consignación del pago, ya que incluso la cantidad que se asentó como pago de intereses moratorios tampoco correspondía a lo determinado en la planilla de liquidación. Asimismo, tampoco era necesario que se diera vista al Ministerio Público para que el juez se cerciorara de la validez de dichas cédulas bancarias, pues si bien es cierto que la juez responsable señaló que las mismas carecían del sello de la institución, ese no es el único motivo por el cual determinó que no había lugar a tener por exhibidos los billetes de depósito. De igual forma, no era necesario que se requiriera a la actora para que otorgara las facturas, ya que en principio no se tuvo por consignado el pago y además no corresponde dicha autoridad realizar ese tipo de requerimientos, ya que carece de facultades de fiscalización, aunado a que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable en el auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, gozan de firmeza al no haber sido controvertidas por la quejosa en el momento procesal oportuno, por lo que permanecen incólumes. Por lo que se insiste, al no tener por consignado el pago, no estaba demostrado el cumplimiento del mismo mediante la exhibición de dichos documentos, de ahí que sí era procedente tanto la presentación de la actualización de la planilla de liquidación, como la condena determinada en la resolución reclamada de seis de enero de dos mil veinte, sin que la autoridad tuviera que valorar o tener a la vista dichos documentos como prueba de pago, ya que en ningún momento se constituyeron de esa forma atento a lo ya reseñado en la presente sentencia. Por último, es de destacarse que la propia autoridad, partiendo de lo ya sentenciado, aprobó las cantidades reclamadas precisando las operaciones aritméticas que al efecto realizó a fin de cuantificar los montos reclamados, para lo cual señaló el monto de la suerte principal precisada en sentencia, los porcentajes correspondientes a los intereses que habrían de cuantificarse, los meses y días transcurridos, determinando así lo correspondiente a los intereses. Siendo así que, incluso de la propia lectura del acto reclamado, se advierte que la autoridad responsable fundó y motivó su determinación en base a que se remitió a lo ya sentenciado y a lo dispuesto por los artículos 1083, 1330, 1348 y 1414 del Código de Comercio, máxime si se tiene en consideración que el juzgador cuenta con la facultad que le fue legalmente otorgada para regular la planilla de liquidación que en su caso se presente, además de precisar las operaciones aritméticas bajo las cuales cuantificó los intereses. Argumentos que, como ya se dijo, encontraron sustento en los citados preceptos legales, además de que se tomaron en consideración las circunstancias particulares del caso, además de que el actuar de la autoridad se limitó a los principios de invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada. De tal forma que este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable fundó y motivó su actuar con las razones precisadas, cumpliendo con ello los requisitos que de acuerdo al artículo 16 Constitucional debe contener todo acto de autoridad, pues al efecto la juez responsable expresó las razones y los motivos de hecho que tuvo en consideración para resolver en la forma en que lo hizo, de ahí que resulta infundado el concepto de violación formulado por la promovente del amparo. Luego, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar la protección constitucional instada por Rosalía Orozco Mendoza, en contra del acto que reclamó de la Juez Menor Mixto de Ario de Rosales, Michoacán, el cual se dejó ampliamente identificado en el cuerpo de esta sentencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo los artículos 74 y 76, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rosalía Orozco Mendoza, en contra del acto que reclamó de la Juez Menor Mixto de Ario de Rosales, Michoacán, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
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