Rosalia Gloria Ipólita Torres Flores

Expediente 1766/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1766/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
05/12/2016

Partes del expediente

  • Rosalia Gloria Ipólita Torres Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvase a la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, Estado de México, los anexos que remitió al juicio en que se actúa, solicitando el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS. Por recibido el oficio de cuenta mediante el cual el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, remite el juicio de amparo directo 869/2016 y sus anexos, lo anterior, en virtud que por auto de diecisiete de noviembre del año en curso, el superior jerárquico se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. Acúsese el recibo de estilo a la superioridad respecto de las siguientes constancias: Expediente 869/2016 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Toca de apelación 553/2016. Expediente 283/2016. Un sobre cerrado del expediente 283/2016. ACEPTA COMPETENCIA. En términos del artículo 45 de la Ley de Amparo, se asume el conocimiento del asunto. DESECHAMIENTO Del estudio integral del escrito de demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa se duele substancialmente de: 1.La sentencia de trece de octubre de dos mil dieciséis, emitida en el toca de apelación 553/2016, del índice estadístico de la Sala responsable, mediante la cual confirma la diversa resolución de uno de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en los autos del expediente 283/2016, de la estadística del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, en la cual se resolvió declarar improcedente la excepción procesal de cosa juzgada, interpuesta por Rosalía Gloria Ipólita Torres Flores. Ahora, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en atención a que se surte la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 170, fracción I y 172, fracción XII, de la ley de la materia. En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama. Lo anterior es así, porque dicho acto tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una imposible reparación, en virtud de que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado que tutela la Constitución General de la República por medio de los derechos humanos o algún tratado internacional del que México es parte. Por lo que en estos casos no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, o inclusive a través del amparo directo que se intentase dada la propia naturaleza del acto; circunstancia que no ocurre en el caso a estudio. Ello, ya que tratándose de la determinación que se combate en el presente cuaderno; en su caso, esa posible violación debe reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga contra la sentencia definitiva correspondiente, si es contraria a los intereses del hoy impetrante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, 170, fracción I y 172 fracción XII, de la ley de la materia, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que advierta haya incurrido la autoridad y que hayan sido motivo de la determinación que considera violatoria de sus garantías. Esto refleja que ya no puede considerarse como actos de imposible reparación los acontecidos dentro de juicio, bajo la perspectiva que se tenía en la anterior legislación de la materia, en donde no existía restricción en cuanto a lo que debía entenderse como actos dentro de juicio de imposible reparación. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la resolución que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Por tanto, no queda comprendido en esa connotación (imposible reparación) la resolución aquí combatida por la ahora parte quejosa, ya que a través de dicha decisión se producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales podrían ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que el dictado del acuerdo reclamado, no implica en forma alguna que el fallo deba ser contrario a los intereses de la afectada. Por tanto, ese tipo de decisión no es susceptible de ser sujeta a análisis constitucional mediante la vía indirecta, sino hacerla valer hasta el amparo directo para el caso de que sea adversa la sentencia y en el supuesto de que sea favorable a la parte aquí quejosa, lo puede plantear en el amparo adhesivo conforme al numeral 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 182 de la ley de la materia. De tal manera que si la resolución reclamada, no produce afectación material de derechos sustantivos, no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, entendiéndose por estos únicamente aquellos que afecten materialmente algún derecho sustantivo, no procesal como acontece; por tanto, esa circunstancia hace que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia y lo procedente es desechar la demanda de amparo. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Décima Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 2015, Materia: Común, Tesis: I.8o.C.10 K, página: 2150, cuyo rubro dice: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA EXCEPCIÓN RELATIVA" DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el numeral 27, fracción I, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa, las listas que se fijen en los estrados, en virtud de así haberlo solicitado. Asimismo, se tienen por autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Jaime Arzate Romero, que da fe.

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