Rosalia Bautista Chew
Expediente 847/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 847/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/07/2019
Partes del expediente
- Rosalia Bautista Chew
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el acuerdo que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
RADICACIÓN Vista la demanda promovida por Francisco Javier Soriano Domínguez en su carácter de apoderado legal de Rosalía Bautista Chew -personalidad que acredita con copia certificada del poder otorgado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve-, regístrese bajo el número 847/2019 I-A. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el caso, el quejoso reclama lo siguiente: El proveído en el cual inadmite las diligencias de información posesoria solicitadas por la quejosa, mismo que le fue notificado el cinco de junio de dos mil diecinueve, emitido en el expediente 498/2019, del índice del Juzgado Primero Civil con residencia en El Oro de Hidalgo, Estado de México. Realizado dicho análisis de la demanda se advierte que se actualiza de la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". Así las cosas, la cesación de efectos del acto reclamado de manera abstracta consiste en la desafectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón justificatoria de la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: 1. Cuando la propia responsable deja sin efectos el acto reclamado y emite uno nuevo que lo substituye procesalmente. 2. Al interponer recurso ordinario contra el acto reclamado, al cual recae nueva resolución, que de igual manera lo substituye. Es aplicable la jurisprudencia publicada con la clave VI.2o. J/339, en la página 70, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 1994, Tomo LXXXIII, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Precisado lo anterior, el acto reclamado en estudio encuadra en el supuesto señalado en el numeral dos, pues de acuerdo a lo manifestado por el quejoso en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, en el apartado de antecedentes, precisó que contra el auto en el cual inadmite las diligencias de información posesoria solicitadas por la quejosa, mismo que le fue notificado el cinco de junio de dos mil diecinueve, emitido en el expediente 498/2019, del índice del Juzgado Primero Civil con residencia en El Oro de Hidalgo, Estado de México (que constituye el acto reclamado en esta instancia), interpuso recurso de apelación, al cual no se le dio trámite por no contar con firma de abogado patrono, proveído que fue notificado a la parte quejosa el doce de junio del año en curso. Manifestación que debe considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Por tanto, es evidente que el proveído en el cual inadmite las diligencias de información posesoria solicitadas por la quejosa, mismo que le fue notificado el cinco de junio de dos mil diecinueve, emitido en el expediente 498/2019, del índice del Juzgado Primero Civil con residencia en El Oro de Hidalgo, Estado de México, cesó en sus efectos; esto es, dejó de tener fuerza vinculativa entre lo determinado por la autoridad responsable y la posible afectación de que se duele el quejoso, pues sus efectos quedaron destruidos en forma total e incondicional, al haber sido sustituida procesalmente por una nueva determinación, mediante la cual el Juez de origen no dio trámite al recurso de apelación interpuesto contra tal auto; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sustenta el sentido de esta determinación, en tanto que no se opone a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 77/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." Lo anterior, porque el ejercicio de los medios ordinarios de defensa incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación combatida; siendo así, que la misma adquiere firmeza, una vez que se decide el medio de impugnación, en este caso, por el propio juez del conocimiento. Apoya a lo anterior, la tesis I.3o.C.769 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que precisa: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXI de la Ley de Amparo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Soriano Domínguez en su carácter de apoderado legal de Rosalía Bautista Chew, por notoriamente improcedente. DOMICILIO No ha lugar a acordar de conformidad el domicilio señalado por el quejoso para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia de este juzgado, en virtud que del escrito de demanda se advierte la designación de autorizados; por tanto, conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale diverso dentro de la residencia de este órgano de control constitucional (municipio de Toluca) o en su defecto dentro de la zona conurbada de este Juzgado (Metepec, Estado de México). AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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