Rosalía Bretón Mora Castruita

Expediente 435/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
435/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
06/02/2018

Partes del expediente

  • Rosalía Bretón Mora Castruita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por José Antonio Orozco y Orozco, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de los documentos que indica, previo cotejo y certificación de las copias que se dejen en autos. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en autos, considerando que las partes legitimadas para hacerlo no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, el escrito signado por José Antonio Orozco y Orozco, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual hace manifestaciones en relación a la resolución administrativa dictada por la referida autoridad responsable Director de Administración Urbana, Ecológica y Medio Ambiente del XXII Ayuntamiento de Ensenada, en el expediente administrativo de origen, del cual emana el acto reclamado; asimismo, considera necesario que se de vista a la representación social, respecto de denotaciones de mala fe por parte de la multicitada autoridad responsable, al rendir su informe. Por lo anterior, dígase a la parte promovente, que de ser el caso, de dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, con hechos constitutivos de delito por parte de la autoridad responsable Director de Administración Urbana, Ecológica y Medio Ambiente del XXII Ayuntamiento de Ensenada; dicho extremo será relacionado al momento de resolverse la sentencia respectiva. Resulta ilustrativo a lo anterior, la siguiente tesis aislada cuyos rubro, texto y datos de localización, son los siguientes: "REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. POSIBILIDAD DE ESTABLECER MEDIDAS DE SATISFACCIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE AMPARO. Existen algunas medidas que pueden reinterpretarse para darle cabida a las medidas no pecuniarias de reparación en el marco de la Ley de Amparo, lo cual contribuye a consolidar la concepción del juicio de amparo como un auténtico mecanismo de protección de los derechos humanos, aunque sin dejar de lado la necesidad de considerarlo en conjunto con medios regulados con ese fin. En este sentido, las sentencias estimatorias de amparo constituyen en sí mismas una medida de satisfacción, pues al declarar la existencia de una violación a derechos humanos, las sentencias operan como una declaratoria oficial que contribuye a restaurar la dignidad de las personas. Así, más allá de las medidas de restitución contenidas en ellas, las sentencias de amparo tienen un valor fundamental como parte del proceso reparador de las consecuencias de un hecho victimizante, a tal punto que, en la gran mayoría de los casos, las medidas restitutorias, junto con la declaratoria en cuestión, son suficientes para reparar integralmente las violaciones a derechos humanos. Por otro lado, en casos en que la violación a derechos humanos pueda ser constitutiva de algún delito, la vista que están obligados a dar los jueces de amparo a las autoridades competentes para que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables, también debe verse como una medida de satisfacción. En efecto, esta Primera Sala considera que cuando, en el marco de un juicio de amparo, los jueces y tribunales adviertan la posible actualización de hechos constitutivos de delitos, existe una obligación de dar vista oficiosamente a las autoridades competentes de dicha situación, de forma que éstas se encuentren en condiciones de iniciar las investigaciones correspondientes para aclarar la verdad de los hechos y, en su caso, castigar a los responsables. Finalmente, esta Primera Sala considera que cuando se acuda al incidente de cumplimiento sustituto y se opte por realizar un "convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional", las partes pueden pactar reparaciones que no sean compensaciones económicas, como medidas de satisfacción, y los jueces de amparo pueden autorizarlas, siempre y cuando las autoridades responsables puedan obligarse a ello de acuerdo con el marco jurídico que establezca sus atribuciones y las citadas medidas de satisfacción no contravengan principios de orden público. PRIMERA SALA." (Época: Décima Época, Registro: 2014346, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 26 de mayo de 2017 10:31 h, Materia(s): (Común), Tesis: 1a. LIV/2017 (10a.)

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de seis de octubre de dos mil diecisiete, en el que se desechó la ampliación de la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la ampliación de la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto.

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