Rosalia Bretón Mora Castruita
Expediente 360/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/08/2017
Partes del expediente
- Rosalia Bretón Mora Castruita
- Director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de ocho de agosto de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo, ha fenecido, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda promovida por Alberto Arceo Aguilera, en su carácter de apoderado de Rosalía Breton Mora Castruita, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, si existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos. Toda vez que en autos constan documentos originales exhibidos con la demanda de amparo, por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibido que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa Alberto Arceo Aguilera, en su carácter de apoderado de Rosalía Breton Mora Castruita, el auto de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el Juicio de Amparo 360/2017-VII-B, en cumplimiento al diverso proveído de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, dictado dentro del presente juicio de amparo, con fundamento en los artículo 26, 27 y 29, todos de la Ley de la materia, que dice: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de ocho de agosto de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo, ha fenecido, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda promovida por Alberto Arceo Aguilera, en su carácter de apoderado de Rosalía Breton Mora Castruita, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, si existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos. Toda vez que en autos constan documentos originales exhibidos con la demanda de amparo, por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibido que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito de cuenta signado por el licenciado José Antonio Orozco Orozco, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención decretada en proveído de veinticinco de julio del actual; sin embargo; no ha lugar a tenerse por desahogado el requerimiento formulado, en atención a lo siguiente. En primer lugar, debe precisarse que en el referido auto, se previno a la parte quejosa para los siguientes términos: bajo protesta de decir verdad, por escrito y con el número de copias para cada una de las partes, precise si lo que reclama es el acuerdo de veintidós de junio de dos mil diecisiete, por el cual se dio inicio al procedimiento administrativo JI/DE/2656/2017 en su contra. Lo anterior en virtud de que no señaló en concreto cual es el acto que le causa perjuicio y que reclama a cada autoridad responsable, pues sólo refiere que le fue notificado dicho procedimiento por Notificador del XXII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, para comparecer al mismo y que le pretenden despojar de su bien inmueble. De igual forma, deberá exhibir siete copias completas del testimonio notarial ochenta mil setecientos treinta y nueve, con que acredita su personalidad, para correr traslado a cada una de las partes, ya que si bien es cierto exhibió siete copias de éste, una vez cotejadas con la copia certificada que anexo a la demanda de amparo, se advierte que se encuentran incompletas, en virtud de que la vuelta de las fojas uno y dos del mismo, no fueron fotocopiadas". Sin embargo, al advertirse que prevalecen omisiones de redacción en la demanda con respecto a la naturaleza jurídica del acto reclamado e identificación clara y precisa de éste, así como las copias que anexó respecto del testimonio notarial ochenta mil setecientos treinta y nueve, una vez cotejadas con la copia certificada que anexó a la demanda de amparo, se advierte que no son íntegras. En tal virtud, hágase saber al promovente que con respecto a la omisión y obscuridad en su demanda, por la que se le previno, el conocimiento de hechos o circunstancias relativas al acto reclamado, así como la protesta legal requerida, corresponden únicamente a la parte quejosa, y por ende, es solo a Alberto Arceo Aguilera, como apoderado de Rosalí Breton Mora Castruita, a quien corresponde desahogar el requerimiento efectuado en tal sentido, no así el autorizado para recibir notificaciones, que aún gozando de las amplias facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, no tiene conferida la atribución de solventar un requerimiento que es de carácter personalísimo y que solo compete a quien promovió la demanda, pues entre otras cosas, no se podría fincar al promovente la responsabilidad penal a que alude el numeral 211 de la legislación en consulta, además que es quien se duele de un acto que tilda de inconstitucional, por sí, o por conducto de su representante legal (como en el caso), a quien le constan los antecedentes del acto reclamado. En cuanto a las copias que presenta pretendiendo solventar el requerimiento de las necesarias respecto a la personalidad con que promueve, para correr con ellas traslado a las partes, se le precisa que no se consideran íntegras, fieles y exactas de las copias certificadas que aportó, al constar su contenido por una sola hoja y no advertirse la certificación que el Notario Público efectuó en la última foja posterior a los legajos de esa escritura pública, por lo que se le reitera que en tales términos deberá aportar dichas copias. Luego, este órgano federal no se encuentra en aptitud de decidir sobre la admisión de la demanda promovida y hasta que la prevención de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, sea cumplida en sus términos, con su escrito aclaratorio en original y siete copias (al que debe anexar las copias de acreditamiento de su personalidad en la forma antes precisada), se acordará lo que en derecho proceda; en el entendido, que sigue transcurriendo el término de cinco días concedido para dar cumplimiento a lo requerido de los cuales le restan dos días y que de no hacerlo así, se hará efectivo el apercibimiento contenido en el auto de veinticinco de julio de la presente anualidad, y de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Tiene aplicación, por el criterio que contiene la Jurisprudencia, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIV, julio de dos mil seis, página 348, que dice: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Por otra parte, al advertirse de autos que en el escrito inicial de demanda el apoderado de la quejosa, solicitó la devolución de documentos que exhibió en el mismo, infórmesele que únicamente se autoriza la devolución de la escritura pública referente a la personalidad con que promueve, pero no ha lugar acordar de conformidad la devolución de las restantes documentales que aportó como pruebas, ya que de acuerdo a lo establecido por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley la materia y el diverso 122 de la ley de Amparo, dichas constancias pueden ser objetadas en cuanto a su autenticidad por alguna de las partes en el presente juicio hasta la celebración de la audiencia constitucional, de ahí que no resulte procedente su petición. En consecuencia, con fundamento en los artículos 278 y 279, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena expedir copia certificada de esos documentos, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa Alberto Arceo Aguilera, en su carácter de apoderado de Rosalía Breton Mora Castruita, el auto de tres de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el Juicio de Amparo 360/2017-VII-B, en cumplimiento al auto de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, dictado dentro del presente juicio de amparo, con fundamento en los artículo 26, 27 y 29, todos de la Ley de la materia, que dice: Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito de cuenta signado por el licenciado José Antonio Orozco Orozco, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención decretada en proveído de veinticinco de julio del actual; sin embargo; no ha lugar a tenerse por desahogado el requerimiento formulado, en atención a lo siguiente. En primer lugar, debe precisarse que en el referido auto, se previno a la parte quejosa para los siguientes términos: bajo protesta de decir verdad, por escrito y con el número de copias para cada una de las partes, precise si lo que reclama es el acuerdo de veintidós de junio de dos mil diecisiete, por el cual se dio inicio al procedimiento administrativo JI/DE/2656/2017 en su contra. Lo anterior en virtud de que no señaló en concreto cual es el acto que le causa perjuicio y que reclama a cada autoridad responsable, pues sólo refiere que le fue notificado dicho procedimiento por Notificador del XXII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, para comparecer al mismo y que le pretenden despojar de su bien inmueble. De igual forma, deberá exhibir siete copias completas del testimonio notarial ochenta mil setecientos treinta y nueve, con que acredita su personalidad, para correr traslado a cada una de las partes, ya que si bien es cierto exhibió siete copias de éste, una vez cotejadas con la copia certificada que anexo a la demanda de amparo, se advierte que se encuentran incompletas, en virtud de que la vuelta de las fojas uno y dos del mismo, no fueron fotocopiadas". Sin embargo, al advertirse que prevalecen omisiones de redacción en la demanda con respecto a la naturaleza jurídica del acto reclamado e identificación clara y precisa de éste, así como las copias que anexó respecto del testimonio notarial ochenta mil setecientos treinta y nueve, una vez cotejadas con la copia certificada que anexó a la demanda de amparo, se advierte que no son íntegras. En tal virtud, hágase saber al promovente que con respecto a la omisión y obscuridad en su demanda, por la que se le previno, el conocimiento de hechos o circunstancias relativas al acto reclamado, así como la protesta legal requerida, corresponden únicamente a la parte quejosa, y por ende, es solo a Alberto Arceo Aguilera, como apoderado de Rosalí Breton Mora Castruita, a quien corresponde desahogar el requerimiento efectuado en tal sentido, no así el autorizado para recibir notificaciones, que aún gozando de las amplias facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, no tiene conferida la atribución de solventar un requerimiento que es de carácter personalísimo y que solo compete a quien promovió la demanda, pues entre otras cosas, no se podría fincar al promovente la responsabilidad penal a que alude el numeral 211 de la legislación en consulta, además que es quien se duele de un acto que tilda de inconstitucional, por sí, o por conducto de su representante legal (como en el caso), a quien le constan los antecedentes del acto reclamado. En cuanto a las copias que presenta pretendiendo solventar el requerimiento de las necesarias respecto a la personalidad con que promueve, para correr con ellas traslado a las partes, se le precisa que no se consideran íntegras, fieles y exactas de las copias certificadas que aportó, al constar su contenido por una sola hoja y no advertirse la certificación que el Notario Público efectuó en la última foja posterior a los legajos de esa escritura pública, por lo que se le reitera que en tales términos deberá aportar dichas copias. Luego, este órgano federal no se encuentra en aptitud de decidir sobre la admisión de la demanda promovida y hasta que la prevención de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, sea cumplida en sus términos, con su escrito aclaratorio en original y siete copias (al que debe anexar las copias de acreditamiento de su personalidad en la forma antes precisada), se acordará lo que en derecho proceda; en el entendido, que sigue transcurriendo el término de cinco días concedido para dar cumplimiento a lo requerido de los cuales le restan dos días y que de no hacerlo así, se hará efectivo el apercibimiento contenido en el auto de veinticinco de julio de la presente anualidad, y de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Tiene aplicación, por el criterio que contiene la Jurisprudencia, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIV, julio de dos mil seis, página 348, que dice: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Por otra parte, al advertirse de autos que en el escrito inicial de demanda el apoderado de la quejosa, solicitó la devolución de documentos que exhibió en el mismo, infórmesele que únicamente se autoriza la devolución de la escritura pública referente a la personalidad con que promueve, pero no ha lugar acordar de conformidad la devolución de las restantes documentales que aportó como pruebas, ya que de acuerdo a lo establecido por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley la materia y el diverso 122 de la ley de Amparo, dichas constancias pueden ser objetadas en cuanto a su autenticidad por alguna de las partes en el presente juicio hasta la celebración de la audiencia constitucional, de ahí que no resulte procedente su petición. En consecuencia, con fundamento en los artículos 278 y 279, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena expedir copia certificada de esos documentos, para los efectos legales correspondientes.
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