Rosalia Bautista Chew
Expediente 1078/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1078/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/11/2021
Partes del expediente
- Rosalia Bautista Chew
Actuaciones
- Principal
... Del estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la parte quejosa no recurrió el auto de veintiséis de octubre del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. ...Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; se provee lo siguiente: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Rosalía Bautista Chew, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo, regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 1078/2021-III. Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ...En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgador al realizar un análisis integral de la demanda, se puede advertir, que el acto reclamado en el presente asunto es: La resolución emitida por la Primera Sala Civil de Toluca Estado de México en el toca 444/2021, por la que confirmó el auto de seis de agosto de la anualidad en curso, en el que el Juez Primero Civil de lo Civil, con residencia en el Oro de Hidalgo, Estado de México calificó como improcedente la excepción de falta de personalidad o de capacidad del actor interpuesta por la ahora quejosa en el juicio de origen, procedimiento en el que se figura como parte demanda en el juicio de origen. Ahora bien, de la precisión del acto reclamado hecha con antelación, procede desechar de plano con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así pues del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que dicha determinación que no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto porque constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional que disponen: ... De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable, la jurisprudencia VI. 1o.A. J/10, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2014, materia común, con número de registro 2006339, criterio que se encuentra aún vigente, que a la letra dice: ... Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, toda vez que la resolución emitida por la Primera Sala Civil de Toluca Estado de México en el toca 444/2021, por la que confirmó el auto de seis de agosto de la anualidad en curso, en el que el Juez Primero Civil de lo Civil, con residencia en el Oro de Hidalgo, Estado de México calificó como improcedente la excepción de falta de personalidad o de capacidad del actor interpuesta por la ahora quejosa en el juicio de origen, no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, en su caso, ocasionarían una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá al resultado del fallo, y que la sentencia que se emita puede ser favorable a la quejosa. Lo anterior, habida cuenta que de lo narrado en la demanda, se tiene que la parte quejosa fue demanda, por la vía civil la terminación de comodato, seguida la secuela procesal y una vez emplazada a juicio, la parte quejosa hizo valer la excepción de falta de personalidad respecto de la parte actora, la cual el juez natural declaró improcedente; inconforme la quejosa con tal determinación, interpuso el medio de impugnación de mérito, por lo que el Tribunal de Alzada confirmó el auto recurrido; bajo el contexto dado, se tiene que tal cuestión no es de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, lo anterior es así pues tal resolución produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y que son de índole puramente procesal. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, con registro digital 2006589, cuyo rubro y texto disponen: ... Además, dichas violaciones son impugnables mediante el amparo directo, pues en caso de que la sentencia no le sea favorable, podrá hacer valer tal situación como una violación procesal en amparo directo en términos del artículo 171 y 172, fracción XII de la Ley de Amparo, que establecen: .... Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Rosalía Bautista Chew, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México y otra autoridad, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Consulta de expediente electrónico. Ahora bien, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que se encontró registro del usuario "TRIGUI11O", con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza el usuario que refiere la promovente para la consulta del presente expediente; asimismo, con fundamento en el artículo 30, fracción II de la Ley de la materia, practíquense las notificaciones, aún las de carácter personal vía electrónica. Lo anterior, con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19); aunado a que existe la manifestación expresa de la quejosa de ser notificada por esta vía. Por cuanto hace al domicilio que refiere en su escrito de demanda, no ha lugar a acordar de conformidad, ello en razón a que el mismo se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, aunado a que el promovente proporciona usuario electrónico, del cual ya se realizó pronunciamiento en líneas anteriores. ... Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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