Rosalia Bautista Chew

Expediente 1223/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1223/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
04/10/2019

Partes del expediente

  • Rosalia Bautista Chew

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de octubre de dos mil diecinueve. La certificación precedente, evidencia que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, por el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Por otra parte, del estado procesal de este asunto se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: Este asunto es destruible, punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Por otro lado, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Soriano Domínguez, apoderado general para pleitos y cobranzas de la quejosa Rosalía Bautista Chew (personalidad que acredita con el anexo certificado que exhibe y que se ordena glosar a los autos); contra actos del Juez Primero de lo Civil con residencia en El Oro de Hidalgo, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 1223/2019-II. Se ordena formar anexo. Con los tres legajos de copias simples allegadas, fórmese anexo por separado, relativo al juicio de amparo en que se actúa e identifíquese con la carátula correspondiente. Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en primer orden debe precisarse que del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que el acto reclamado en el presente asunto es la sentencia interlocutoria de catorce de agosto de dos mil diecinueve, por medio de la cual Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro de Hidalgo, Estado de México, determinó revocar el auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, teniendo por apersonada a Ma. Susana Chew Arroyo, también conocida como María Susana Chew Arroyo y/o Susana Chew Arroyo, a través de su apoderado legal, reconociendo la personalidad del compareciente, así como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones, en los autos del juicio sucesorio testamentario 987/2018 a bienes de Celia Chew Salas (fojas 224 a 225 vuelta del legajo atinente al juicio de origen). Asimismo, es oportuno traer al contexto que de las documentales allegadas por la propia quejosa, principalmente del legajo relativo a actuaciones del juicio sucesorio de origen, en relación con lo narrado bajo protesta de decir verdad, también se observa que en él citado sucesorio, aún no se ha efectuado la declaración de validez de testamento, pues se está recabando la información necesaria para llevar a cabo la Junta de Herederos respectiva. Aunado a lo anterior, también se aprecia que la quejosa Rosalía Bautista Chew, ya fue llamada a dicho sumario como posible heredera o legataria (foja 93, ídem); y, que mediante acuerdo de cuatro de julio del año en curso (foja 178, ídem), se tuvieron por hechas las manifestaciones de Juan Reyes Lazcano, quien en su carácter de apoderado legal de Ma. Susana Chew Arroyo [persona distinta de los posibles herederos y legatarios], presentó una promoción en el sentido que su poderdante demandó en dos instancias judiciales a la mencionada sucesión, a las cuales se apersonó Renato Marín Bautista (nieto de la autora de la sucesión y denunciante del juicio sucesorio testamentario de origen), ostentándose como albacea, sin haber aceptado el cargo, por lo que peticionó la designación de un interventor pues le era necesaria la intervención de un representante de la citada sucesión, a fin que compareciera al juicio promovido por su mandante en contra de ésta (fojas 152 a 156). Petición respecto de la cual, el Juez responsable determinó que no era posible acordar de conformidad lo solicitado debido a que Ma. Susana Chew Arroyo en dicho ocurso indistintamente se ostentaba bajo el nombre de María Susana Chew Arroyo y/o Ma. Susana Chew Arroyo, sin que estuviese acreditado que se tratara de la misma persona, no obstante, tuvo como domicilio y autorizados, los indicados en el mencionado escrito (fojas 178 y 179 del legajo de copias del juicio de origen). Inconforme con dicha determinación, Juan Reyes Lazcano, apoderado de Ma. Susana Chew Arroyo, quien indistintamente se ostentaba bajo el nombre de María Susana Chew Arroyo y/o Ma. Susana Chew Arroyo, interpuso recurso de revocación, el cual, fue resuelto el catorce de agosto de dos mil diecinueve, en la parte que interesa, en el sentido siguiente: "A sus antecedentes el escrito de cuenta presentado por el LIC. JUAN REYES LAZCANO en su carácter de Apoderado legal de MA. SUSANA CHEW ARROYO, TAMBIÉN CONOCIDA COMO MARÍA SUSANA CHEW ARROYO Y/O SUSANA CHEW ARROYO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7.764, 7.766, 7.768, 7.769 fracción I, 7.770, 7.772, del Código Civil del Estado de México, con relación a los artículos 1.77, 1.78, y 1.79 del Código Procesal Civil vigente en la entidad, al tenor del Poder Notarial exhibido, se tiene por reconocida la personalidad del compareciente y que se ha señalado con antelación. En ese contexto, atento a lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.135, 1.139 y 4.37 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, se tiene por apersonada a MA. SUSANA CHEW ARROYO, TAMBIÉN CONOCIDA COMO MARÍA SUSANA CHEW ARROYO Y/O SUSANA CHEW ARROYO, representada por su Apoderado Legal LIC. JUAN REYES LAZCANO, teniéndose por designado el domicilio particular que menciona para oír y recibir notificaciones sito en: INMUEBLE MARCADO CON EL NÚMERO 10 ESQUINA CON CALLE CINCO DE MAYO, COLONIA CENTRO, C.P. 50600, EN EL ORO, ESTADO DE MÉXICO, así como por autorizados a los profesionistas que menciona para los efectos que se aluden en el de cuenta.". Determinación que constituye el acto reclamado dentro del presente juicio de amparo, instado por la quejosa. Precisado lo anterior, pero sobre todo destacando el estatus del juicio testamentario de origen, las partes que en él intervienen y el contenido de la determinación impugnada; a juicio del suscrito denotan en forma manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo y, por tanto, procede desechar de plano con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Lo anterior es así porque del análisis integral del escrito de demanda, en relación con lo narrado bajo protesta de decir verdad y las documentales allegadas por la propia impetrante, se aprecia que el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que dicha determinación que no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto porque constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualizan en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, pues la resolución de catorce de agosto de dos mil diecinueve, por medio de la cual el Juez responsable determinó revocar el auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, teniendo por apersonada a Ma. Susana Chew Arroyo, también conocida como María Susana Chew Arroyo y/o Susana Chew Arroyo, a través de su apoderado legal, reconociendo la personalidad del compareciente, así como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones, en los autos del juicio sucesorio testamentario 987/2018 a bienes de Celia Chew Salas, no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, toda vez que las posibles consecuencias del acto reclamado, en su caso, ocasionaran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá el resultado del procedimiento testamentario que se tramita ante el Juez responsable. Máxime que la persona a la cual se le reconoció personalidad, en principio no se advierte que tenga el carácter de posible heredera o legataria, sino que su interés derivó del trámite de diversos expedientes, pero además aun cuando así fuese, en el juicio de origen todavía no se efectúa la declaración de validez de testamento y ni siquiera se ha convocado a la Junta de Herederos. Etapa que de ser favorable a los intereses de la quejosa, desparecía la lesión que afirma le causa la determinación reclamada, sin dejar huella en su esfera jurídica, por ello, se afirma que no lesiona sus derechos sustantivos y menos aún en forma irreparable. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Francisco Javier Soriano Domínguez, apoderado general para pleitos y cobranzas de la quejosa Rosalía Bautista Chew, contra actos del Juez Primero de lo Civil con residencia en El Oro de Hidalgo, Estado de México, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Domicilio. En términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones a la parte quejosa por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluso las de carácter personal, por así solicitarlo expresamente. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta a la Secretaria adscrita a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Finalmente, si bien la notificación del presente auto debe efectuarse en forma personal a la parte quejosa, no menos cierto es que en su escrito inicial de demanda señaló las listas; en consecuencia, notifíquesele el presente auto, por ese medio informativo. Notifíquese.

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