Rosalia Arizmendi Franco

Expediente 992/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 97 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
992/2022
Año
2022
Actuaciones
97
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Rosalia Arizmendi Franco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 97.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Litis constitucional. De las constancias que obran en autos se advierten los datos siguientes: Parte quejosa.********************, por propio derecho. Parte tercera interesada.********************. Autoridades responsables y actos reclamados. Del Director de Ingeniería y Geomática de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla. La emisión del estudio técnico ********************de seis de septiembre de dos mil dieciocho y la opinión técnica de siete de septiembre de dos mil dieciocho, por las que se determinó técnicamente procedente: La reasignación de nueve concesiones a favor de la ********************; y, La fusión de catorce concesiones de la ******************** a la ********************. De la Secretaría de Movilidad y Transporte y Directora de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad y Transporte, ambas del Estado de Puebla. La determinación jurídico-administrativa ********************de diez de octubre de dieciocho, que tuvo por efecto declarar procedente: La reasignación de nueve concesiones a favor de la ********************; La fusión de catorce concesiones de la ******************** a la ********************; y Ordenar al Jefe del Departamento de Concesiones y Permisos de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Estado de Puebla expedir la documentación relativa a la fusión de catorce concesiones de la ******************** a la ********************. Del Jefe del Departamento de Concesiones y Permisos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla. Cumplir con la determinación jurídico-administrativa ********************de diez de octubre de dos mil dieciocho para expedir los títulos y tarjetones de concesión, tarjetas y placas de circulación del servicio de transporte público relacionados con la incorporación o fusión de catorce concesiones de la ******************** a la ********************. Sobreseimiento fuera de audiencia. Sentado lo anterior, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Con el propósito de corroborar tal aserto, resulta conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que, tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En la especie, este juzgado federal advierte -de oficio- que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, debido a que la demanda de derechos fundamentales fue presentada extemporáneamente. De ese modo, para dar sustento a tal aserto, es necesario traer a colación el contenido de la porción normativa aludida, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. (.)" Del precepto reproducido se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, esto es, cuando aquellas normas o actos son reclamados fuera de los plazos establecidos en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 17, 18 y 19 de la ley de la materia disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." Como se advierte del primer numeral transcrito, el plazo para la promoción de la demanda de amparo será de quince días; en el entendido de que existen casos de excepción a esa regla general, por ejemplo, cuando se reclama una norma general en su carácter de autoaplicativa -por su sola entrada en vigor-, en cuyo caso el plazo será de treinta días. Por otro lado, del segundo precepto transcrito se aprecia la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedora del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite a la parte quejosa promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedora del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención de la persona legisladora fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia 115/2010 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segundas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Por su parte, el último numeral transcrito establece cuáles son los días que se consideran hábiles para la promoción y substanciación del juicio de amparo. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, es claro que el juicio inconstitucional deviene improcedente, dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, ya que tal conducta procesal revela la conformidad de la parte quejosa con ellos. Caso concreto. Ahora, como se indicó en párrafos precedentes, la parte quejosa controvierte -entre otras cuestiones- la emisión del estudio técnico ********************de seis de septiembre de dos mil dieciocho, la opinión técnica de siete de septiembre de dos mil dieciocho, y la determinación jurídico-administrativa ********************de diez de octubre de dieciocho. En ese orden, para este Juzgado Federal, es un hecho notorio la consulta a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] del juicio de amparo 1477/2019 del propio índice, en el que******************** se apersonó mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Ahora, como se advierte de tal procedimiento, la aquí quejosa tuvo conocimiento del contenido del estudio técnico, de la opinión técnica y de la determinación jurídico-administrativa referidas, cuando menos, desde el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, fecha en que se notificó por lista la sentencia de veintisiete de diciembre de tal anualidad, en la que se precisó, en lo que interesa: "70. Ahora, para determinar de dónde derivó la afectación que hace que la autoridad responsable tuviera la obligación de otorgar al quejoso garantía de audiencia, conviene traer a colación la parte conducente de la opinión técnica del siete de septiembre de dos mil dieciocho, así como de la determinación ********************/2018, ambas dictadas dentro del procedimiento administrativo de origen. OPINIÓN TÉCNICA DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO "(.) DIAGNÓSTICO La Secretaría de Infraestructura, movilidad y Transporte del Estado de Puebla, a través de la Coordinación General Técnica de Movilidad y Transporte y con base en LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y REASIGNACIÓN DE CONCESIONES Y PERMISOS PARA EL ESTADO DE PUEBLA, cuyo objetivo es optimizar el servicio de transporte público de ruta fija, analizó técnicamente la viabilidad de la solicitud de reconocimiento y actualización del total del itinerario y concesiones que actualmente trabajan en las ********************, para la prestación de este tipo de servicios, según información enviada mediante memorandos número ********************, de fecha 14 de agosto de 2018." (.) Cabe hacer mención que no se considera dar vista a ninguna ruta establecida, ya que con la presente opinión técnica de viabilidad, no se está modificando la ruta, ni autorizando nuevas ampliaciones de itinerarios, sino actualizando conforme a lo descrito con antelación, por lo que la propuesta de reconocimiento de itinerario no contraviene lo establecido en el Artículo 60 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla. (.) De lo anterior y debido a las características operativas de las ********************y con la finalidad de optimizar su recorrido, se efectúa la presente estudio (sic) técnico considerando la frecuencia de paso que actualmente presenta, que es de 5 (cinco) minutos en horario pico, así como el tiempo de recorrido, la longitud de la misma y el tiempo de estadía en las bases (20 minutos), con lo cual se determina que esta ruta deberá distribuirse operativamente para prestar el servicio con un ramal para satisfacer al 100% la demanda de la zona, como se muestra en la tabla siguiente: (.) En resumen, se tiene lo siguiente, derivado del análisis técnico y operativo de la ruta, se determina que para cubrir la demanda en la misma, son necesarias un total de 67 (sesenta y siete) unidades y al existir 58 (cincuenta y ocho) en la fusión propuesta para las ******************** de acuerdo a la base de datos del Registro Estatal Vehicular de Concesiones y Permisos proporcionado por la Dirección de Administración de Concesiones y Permisos, actualizado al 01 agosto de 2018 en dichas rutas, se puede observar que hacen falta 9 (nueve) unidades más para cubrir la demanda de servicio. Por otro lado, existe estudio técnico número ********************/2018, de fecha 06 de septiembre de 2018, a través del cual se determinó VIABLE la incorporación de 14 (catorce) concesiones que están registradas en la ******************** y las cuales operativamente se encuentran brindando el servicio en conjunto con las ********************. Las concesiones que se incorporan a la fusión propuesta para las ******************** Y ********************, ******************** son las concesiones número: ******************** y ********************, para cubrir las necesidades de parque vehicular, según información enviada mediante memorandos número ********************, de fecha 14 de agosto de 2018. A continuación, se describe el número de concesiones que conformarán la ruta en estudio: Núm Concesión Clave de Ruta Titular 39 ******************** ******************** ******************** (.) Finalmente, según información enviada mediante memorandos número ********************, de fecha 14 de agosto de 2018, se observa que se propone un nuevo nombre para la Ruta la cual se denominará como ********************, para lo cual, desde el punto de vista técnico y operativo, no existe inconveniente alguno pues la condiciones operativas de la ruta no varían, sólo se considera como una manera más fácil de identificar a dicha ruta. (.) V. CONCLUSIÓNES De acuerdo al expediente enviado por la Coordinación General Técnica de Movilidad y Transporte, así como en correlación con los datos y documentos presentados, se determinó la viabilidad del reconocimiento y actualización del itinerario y el total de concesiones que actualmente trabajan en la fusión propuesta para las RUTAS 41, AMALUCAN- MEDICINA-LA NORIA, 17, BOSQUES-GALAXIA-PASEO BRAVO-COLONIA SANTIAGO Y ********************, ********************, que se propone en virtud del diagnóstico previo y datos de operación remitidos, al considerarse las variables que intervienen y que por su relevancia son imprescindibles para establecer lo conducente, derivado de la opinión técnica realizada para garantizar la prestación del servicio de una manera eficaz, se tiene a bien determinar lo siguiente: (.) SÉPTIMO.- Que el presente documento constituye únicamente una opinión técnica de viabilidad, por lo que no constituye una autorización, solo un instrumento de carácter interno. Para lo cual deberán cumplir con los siguientes lineamientos: RAMAL 1. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN-BARRIO DE ANALCO-CONCEPCIÓN LA CRUZ. RAMAL 2. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN-HUMBOLDT NORTE-CONCEPCIÓN LA CRUZ RAMAL 3. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN-BARRIO DE ANALCO-LAS ÁNIMAS. RAMAL 4. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN-SAN FRANCISCO-LAS ÁNIMAS. 2. Clave de la ruta: 53********************2007 (********************). NOTA 1: La clave de ruta ********************y ******************** de las concesiones que conformarán la ruta RUTA ********************se cancelarán. NOTA 2. Se deberá cambiar la denominación de la ruta en la base de datos de la Dirección de Administración de Concesiones y Permisos la cual deberá corresponder al recorrido de la misma. (.)" DETERMINACIÓN ********************/2018: "(.) IV. Con base en la solicitud presentada por el representante de ruta y para mayor precisión se enlistan los números de concesión que conformarán la ruta de mérito, mismas que serán identificadas bajo la nomenclatura de ruta ********************: (.) Núm Concesión Titular 39 ******************** ******************** (.) PRIMERO. Se determina como PROCEDENTE la reasignación de 09 (nueve) Concesiones a los CC. ********************con 01 (una) concesión para cada uno de ellos y ********************con 02 (dos) concesiones así como la incorporación que trae aparejado el reordenamiento de 14 (catorce) concesiones por esta Dirección, en apego a la ejecución del Programa de Supervisión Técnica Vehicular, y la Reasignación y Reordenamiento de Concesiones del Servicio Público de Transporte y permisos del Servicio Mercantil en vehículos de Alquiler o Taxi en el Estado, así como en lo dispuesto en el Acuerdo de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte Publicado en fecha 10 de noviembre de 2017, lo establecido en el contenido del memorándum ********************, de fecha 14 de agosto de 2018, de la Coordinación General Técnica y de Transportes, así como en el contenido del memorándum ********************de fecha 10 de septiembre de 2018, el Estudio Técnico ********************/2018 de fecha 06 de septiembre de 2018 y la Opinión Técnica de fecha 07 de septiembre de 2018 emitidos por la Dirección de Ingeniería y Planeación del Transporte, en concordancia con las atribuciones conferidas a esta Unidad Administrativa por la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, su Reglamento, el Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte y demás disposiciones referidas con anterioridad y de la materia. SEGUNDO. Se determina como PROCEDENTE el Reconocimiento de Itinerario y actualización de itinerario con cuatro ramales a saber: Ramal 1.- Bosques De San Sebastián- Bario De Analco-Concepción La Cruz, Ramal 2.- Bosques De San Sebastián- Humboldt Norte- Concepción La Cruz, Ramal 3.- Bosques De San Sebastián-Barrio De Analco-Las Ánimas y Ramal 4. Bosques De San Sebastián- San Francisco- Las Ánimas y la incorporación que trae aparejado el reordenamiento de 14 (catorce) concesiones así como la reasignación de 9 (nueve) concesiones con la asignación de Clave de Ruta 53********************2007 para la ********************, Bosques De San Sebastián-Barrio De Analco- Concepción La Cruz por esta Dirección, en apego a la ejecución del Programa de Supervisión Técnica Vehicular, y la Reasignación y Reordenamiento de Concesiones del Servicio Público de Transporte y permisos del Servicio Mercantil en vehículos de Alquiler o Taxi en el Estado, así como en lo dispuesto en el Acuerdo de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte Publicado en fecha 10 de noviembre de 2017, lo establecido en el contenido del memorándum ********************, de fecha 14 de agosto de 2018, de la Coordinación General Técnica y de Transportes, así como en el contenido del memorándum ********************de fecha 10 de septiembre de 2018, el Estudio Técnico ********************/2018 de fecha 06 de septiembre de 2018 y la Opinión Técnica de fecha 07 de septiembre de 2018 emitidos por la Dirección de Ingeniería y Planeación del Transporte, en concordancia con las atribuciones conferidas a esta Unidad Administrativa por la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, su Reglamento, el Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte y demás disposiciones referidas con anterioridad y de la materia." De las anteriores transcripciones se desprende en esencia que se determinó que la ruta ********************, con número de clave ********************, a la que pertenecía el quejoso, se fusionara con las diversas rutas ********************y********************. Asimismo, se determinó que la nueva ruta derivada de la unión de las antes señaladas, sería denominada ********************, Bosques de San Sebastián, Barrio de Analco, Concepción La Cruz, y que además resultaba procedente resignarle nueve concesiones, así como incorporarle catorce más. De lo anterior se desprende que la ruta a la que pertenecía el quejoso sufrió una modificación tanto en su denominación, como en su propia integración, situación que por sí sola, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 60 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, obligaba a la autoridad a dar vista con la opinión técnica que se emitió para tal efecto." A partir de la transcripción anterior, es claro que la parte quejosa conoció el contenido y alcances del estudio técnico ********************de seis de septiembre de dos mil dieciocho, la opinión técnica de siete de septiembre de dos mil dieciocho, y la determinación jurídico-administrativa ********************de diez de octubre de dieciocho cuando menos, el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, fecha en que se publicó por lista la sentencia definitiva en el juicio de amparo aludido. Tiene aplicación, interpretada a contrario sensu, la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2021 (11a.) emitida por el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional del País, al resolver la contradicción de tesis 86/2020, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito y el Pleno en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, consultable en la página 152, tomo I, diciembre de 2021, Undécima Época, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. AL ANALIZAR SI SE ACTUALIZA POR CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO Y EFECTUAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN LA QUE SE RECLAMA LA FALTA O EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO A UN JUICIO ORDINARIO, NO PUEDE TOMARSE EN CONSIDERACIÓN EL LLAMAMIENTO REALIZADO AL QUEJOSO A UN JUICIO DE AMPARO PREVIO, COMO TERCERO INTERESADO, EN EL QUE LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA SE REALIZÓ CON UNA PERSONA DISTINTA POR CITATORIO Y POR LISTA, Y SE LE CORRIÓ TRASLADO CON CONSTANCIAS DE LAS QUE SE DESPRENDEN LA EXISTENCIA DEL JUICIO ORDINARIO, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ANTE EL QUE SE SIGUE Y LAS PARTES CONTENDIENTES. Hechos: Los órganos contendientes analizaron si el llamamiento realizado al quejoso, en un juicio de amparo previo, en el que fungió como tercero interesado, efectuado por lista, porque la notificación no pudo entenderse personalmente con él, sino por citatorio, con otra persona, a quien se le corrió traslado con constancias de las que se desprendía la existencia del juicio ordinario, el órgano jurisdiccional ante el que se sigue y las partes contendientes, podía servir de base para computar el plazo referente a la promoción de la demanda de amparo en la que se reclamó el emplazamiento en un juicio ordinario y, de ahí, determinar si se actualizaba o no la causal de improcedencia por consentimiento tácito, por la presentación inoportuna de esa demanda. Criterio jurídico: Para efectos de analizar si se actualiza la causal de improcedencia por consentimiento tácito del acto reclamado prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, no puede tenerse como conocimiento directo, exacto y completo del acto relativo al emplazamiento a un juicio ordinario reclamado en amparo, la diligencia de notificación, con base en lo previsto en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, verificada en un juicio de amparo anterior en el que el quejoso fue llamado como tercero interesado, que se llevó a cabo con una persona diversa, mediante la entrega de un citatorio previo, en el que se corrió traslado con la demanda de amparo y demás anexos de los que se desprenda información sobre el aludido juicio ordinario, la autoridad ante quien se sustanciaba y las partes que formaban parte del mismo y que, finalmente, se realizó por lista. Justificación: En atención al principio pro persona, con la finalidad de ampliar el ámbito de tutela de los derechos fundamentales, principalmente los de audiencia y de tutela judicial efectiva, en el caso que se reclame en amparo la falta de emplazamiento, debe entenderse que el llamamiento a un juicio de amparo previo, como tercero interesado, así realizado, no da certeza de que, por una parte, el quejoso hubiese tenido conocimiento directo del acto reclamado, toda vez que la diligencia no se entendió con éste, sino con una persona distinta, quien recibió el citatorio. Aunado a que el solo hecho de que en ese llamamiento se le corra traslado con la demanda de amparo y anexos de los que se desprendan los datos del juicio ordinario (del que se hace derivar el reclamo del emplazamiento), el órgano jurisdiccional que conoció del mismo y las partes contendientes, tampoco evidencia que el conocimiento del acto sea exacto y completo, en virtud de que de tales elementos no pueden advertirse los motivos, los fundamentos y las circunstancias específicas que dieron lugar a la realización de la diligencia de emplazamiento reclamada, que permitirían que el quejoso, al promover su demanda de amparo, esté en aptitud de hacer valer sus defensas de manera óptima. Lo que no implica, en modo alguno, desconocer la validez de las diversas formas de notificación que se prevén en la Ley de Amparo dado que, lo que se dilucida, son sólo los alcances de las aludidas diligencias de notificación, por citatorio previo, para efectos del conocimiento pleno del juicio ordinario (del que se aduzca falta de emplazamiento) mas de ningún modo se cuestiona la validez de ese tipo de notificaciones, para los efectos propios que fueron implementadas, es decir, los de la sustanciación del juicio de amparo." De igual forma, sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 8/2018 (10a.), sustentada por el Pleno del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 368/2016, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 10, tomo I, abril de 2018, Décima Época, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador." Así, resulta inexacta la fecha que la parte quejosa refirió en su demanda de amparo, en lo concerniente al conocimiento de la determinación jurídico-administrativa ********************de diez de octubre de dieciocho, esto es, el veinte de mayo de dos mil veintidós. Ello es así pues, como se precisó, la justiciable conoció de dicha determinación, cuando menos, el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, fecha en que se publicó por lista la sentencia dictada en el citado juicio de amparo 1477/2019 de la propia estadística. Bajo ese contexto, tomando como parámetro esa fecha [treinta de diciembre de dos mil diecinueve], es indudable que al momento de presentarse la demanda que dio origen al presente juicio de amparo [treinta de mayo de dos mil veintidós], había transcurrido en exceso el plazo de quince días a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo, para instaurar la acción constitucional. Atento a lo anterior, es factible considerar que, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, debido a que la demanda de derechos fundamentales fue presentada extemporáneamente. En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las once horas con cuarenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés. Por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Diferimiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, aún no transcurre el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, concedido a la tercera interesada Beatriz Chávez Valencia para que desahogue la vista con los informes justificados que obran en autos. En tal sentido, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a dicha parte. ... Finalmente, se señalan las once horas con cuarenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.

  3. Principal

    --- TERCERA POR LISTAS--- San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Efectivo apercibimiento de lista. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte tercera interesada ********************, fue omisa en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este juzgado de distrito o en la zona conurbada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés y téngase como tal la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 27 fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en la residencia de este juzgado de distrito o en la zona conurbada. Notifíquese.

  4. Principal

    --- TERCEROS SAN*** Y ALF*** POR LISTAS--- San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Sin mayor pronunciamiento. Agréguese a los autos el oficio Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio del cual desahoga el requerimiento efectuado en acuerdo de dieciséis de octubre pasado. Sin que proceda realizar mayor pronunciamiento, toda vez que el treinta y uno de octubre del año en curso se recibió dicho comunicado y se proveyó lo conducente. Efectivo apercibimiento de lista. Ahora, vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la parte tercera interesada ********************y ********************, fue omisa en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este juzgado de distrito o en la zona conurbada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en comparecencia de once de octubre de dos mil veintitrés y téngase como tal la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 27 fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en la residencia de este juzgado de distrito o en la zona conurbada. Notifíquese.

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