Rosalba Mahuiztl Hernandez
Expediente 2057/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2057/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/01/2022
Partes del expediente
- Rosalba Mahuiztl Hernandez
- Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Causa estado por no presentada. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de trece de enero de dos mil veintidós por el que se determinó tener por no presentada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó tener por no presentada la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General citado, que establece: *** Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. *** Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de enero de dos mil veintidós. Causa estado auto que declara cumplida. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa promoviera recurso de inconformidad en contra del auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se acuerda lo siguiente: Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional. (.)." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. En esas circunstancias, transcurrido el término establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena dar cumplimiento al presente acuerdo y a los demás lineamientos que establezca el citado acuerdo general. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. No existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubiquen en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; por tanto, no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Prevención. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 2057/2021-III; de la que se advierten los siguientes datos: En principio, debe destacarse que el artículo 108 de la ley de la materia prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra el establecido en la fracción I, que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; (.)." Por su parte, el artículo 11 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta." Primer requerimiento. Establecido lo anterior, del proemio de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa precisó lo siguiente: "ROSALBA MAHUIZTL HERNÁNDEZ, promoviendo por mi propio derecho, y en mi carácter de albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de." Por su parte, en el apartado correspondiente a la parte quejosa, manifestó lo siguiente: "I.- Nombre y domiclio del quejoso. Rosalba Mauiztl Hernández, con domicilio en calle 14 oriente, número 13, en la poblicación de San Juan Tlautla, Municipio de San Pedro Cholula, Puebla." Finalmente, del apartado relativo a los actos reclamados, se advierte que la parte quejosa precisó: ".3. Así mismo las consecuencias legales que en perjuicio de la sucesión intestamentaria que represento, ocasiona la ejecución de la Resolución de Herederos, derivado del Tiraje de escritura pública del inmueble denominado 'vazquiztenco'." En ese sentido, la parte quejosa adjuntó copia (aparentemente certificada) del proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1122/2021 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, del que se desprende que denunció el procedimiento familiar hereditario de sucesión intestamentaria a bienes de Hermenegildo Mahuis Hernández, también conocido como Roberto Mahuiztl Hernández. Expuesto lo anterior, no existe certeza en torno al carácter con el cual comparece al presente juicio de amparo la promovente, esto es, por propio derecho o en representación de la sucesión intestamentaria a bienes de Hermenegildo Mahuis Hernández, y/o Roberto Mahuiztl Hernández; por lo tanto, resulta procedente prevenirla para que aclare el carácter con el que comparece al presente juicio de amparo. Segundo requerimiento. En ese contexto, como se ha hecho patente, la parte quejosa se ostenta, presuntamente, con el carácter de albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de Hermenegildo Mahuis Hernández, también conocido como Roberto Mahuiztl Hernández y a fin de acreditar esa circunstancia, exhibe copia aparentemente certificada, del proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1122/2021 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Sin embargo, dicho documento resulta insuficiente para tener por reconocida la personalidad con que aparentemente pretende comparecer, esto es, como albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de Hermenegildo Mahuis Hernández, también conocido como Roberto Mahuiztl Hernández. Lo anterior es así, por dos razones. El primer motivo obedece a que las copias presuntamente certificadas que adjuntó a su demanda no precisan, en la certificación correspondiente, el número de fojas por las cuáles se encuentran compuestas, sino que dicho espacio se encuentra en blanco, por lo cual no se tiene certeza de que la totalidad de las mismas correspondan al expediente del que fueron tomadas. En ese sentido, se instruye al Secretario la colocación de cinta adhesiva a fin de salvaguardar dicha circunstancia y que no pueda ser manipulado con posterioridad. En segundo lugar, debe tenerse presente los artículos 771, fracción II, 772 y 792 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, disponen: "Artículo 771. Cumplidos los requisitos de la denuncia y exhibidos los documentos de justificación, el Juez: (.) II. Ratificará el nombramiento de albacea testamentario o en su caso, designará albacea provisional; (.)." "Artículo 772. Son aplicables al albacea provisional las disposiciones siguientes: I. Cuando sea procedente conforme a la Ley, recibirá los bienes a que se refiere el inventario; II. Tendrá el carácter de simple depositario; III. Podrá, con autorización judicial, desempeñar funciones administrativas y pagar deudas mortuorias, impuestos y alimentos; IV. Podrá promover las medidas precautorias tendientes al respeto de la posesión provisional de los bienes; V. Podrá promover se suspenda provisionalmente la ejecución de una obra nueva o solicitar se adopten las medidas urgentes de seguridad en una obra peligrosa; VI. Defenderá judicialmente los bienes de la sucesión, sin tener facultades de disposición y por consiguiente no podrá allanarse a las demandas que se intenten contra la sucesión, y VII. Cesará en su cargo luego que se nombre albacea definitivo y entregará a éste los bienes de la sucesión, los que no podrá retener por ninguna causa. "Artículo 792. Los albaceas en los juicios sucesorios, sin perjuicios de las demás obligaciones que consignan las leyes, según el caso, son ejecutores de la última voluntad del autor de la herencia; órganos representativos de la sucesión para actuar en nombre y por cuenta de ésta en la custodia y administración de los bienes, la defensa de los mismos y responsables de la partición y adjudicación definitiva de éstos." De las porciones normativas transcritas, en lo que aquí interesa, se desprende que cuando se presente la denuncia de una sucesión intestamentaria con motivo del fallecimiento de una persona y se cumpla con todos los requisitos legales, el Juez del conocimiento debe nombrar un albacea -provisional-, al cual le corresponderá la representación de la sucesión para actuar en nombre de ésta, a fin de custodiar y administrar los bienes del difunto y defenderlos, por lo que será responsable de la partición y adjudicación definitiva de ellos. Por tanto, corresponderá a la albacea la defensa judicial de la sucesión, pero sin contar con facultades de disposición, por lo que no podrá allanarse a las demandas en las que esté involucrada la sucesión. Ahora, no se soslaya que en el referido proveído de veintisiete de agosto, el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, presuntamente haya expresado lo siguiente: "QUINTO. En términos de lo dispuesto por el artículo 771, fracción II y 780 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se designa como Albacea Provisional a Rosalba Mahuiztl Hernández, quien en señal de aceptación y protesta del cargo firma el escrito de demanda, a quien se le discierne el mismo con la suma de facultades y obligaciones que la ley impone a los de su especie, pudiéndose expedir tantas cuantas copias certificadas solicitare de su nombramiento, para acreditar su personalidad." Sin embargo, lo expresado por el referido juzgador no puede llevar a estaimar que en ese acuerdo se tuvo a la promovente aceptando y protestando el cargo de albacea, pues es hasta que la promovente, en diligencia formal ante la autoridad judicial, aceptó y protestó el cargo de albacea provisional, cuando se le dotó de legitimación para promover el presente juicio de amparo, a fin de reclamar el emplazamiento que se le hizo al difunto al juicio natural, pues en ese instante adquirió la responsabilidad de defensa judicial de la sucesión. En ese entendido, el artículo 771, fracción II, de la ley adjetiva civil del estado, dispone que una vez que se presenta la denuncia de la sucesión y se cumple con todos los requisitos legales que debe contener, el Juez del conocimiento, entre otras cosas, designará al albacea provisional; sin embargo, el simple nombramiento no la sujeta a ejercer sus facultades, pues según el diverso numeral 794 de la citada legislación, es necesario que la persona que se nombre acepte y proteste el cargo, ya que es hasta ese momento en que se le sujeta a ejercer los derechos y cumplir con la obligaciones que la ley le impone, pudiendo incluso ser responsable de los daños y perjuicios que por dolo o negligencia se puedan causar los herederos, tal como lo revela la transcripción del precepto legal en cita, que dice: "Artículo 794. La aceptación y protesta del cargo de albacea en una sucesión, le sujeta a ejercer los derechos y cumplir fielmente con las obligaciones que para los de su especie, imponen el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla y la voluntad del testador, por lo mismo, son responsables de los daños y perjuicios que por dolo o negligencia causen a los herederos." Entonces, para poder ejercer el cargo de albacea no basta que se designe a una persona con esa calidad, sino que al ser una figura jurídica que se ejerce voluntariamente pero que conlleva a adquirir ciertos derechos y obligaciones, pudiendo incluso incurrir en responsabilidades, es necesario que la persona designada exprese o exteriorice su voluntad de aceptar y protestar el cargo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 74/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 670, tomo I, libro 24, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ALBACEA. LA LEGITIMACIÓN PARA EJERCER LOS DEBERES Y LAS RESPONSABILIDADES PROPIOS DEL CARGO, ASÍ COMO LA FACULTAD PARA OTORGAR PODERES, ESTÁN CONDICIONADAS A LA PREVIA ACEPTACIÓN EXPRESA DE QUIEN FUE DESIGNADO COMO TAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN, MORELOS Y JALISCO). La designación del albacea tiene su fuente en la autonomía de la voluntad del testador, en la de los herederos o en una decisión judicial; sin embargo, de conformidad con los artículos 1592 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, 3037 del Código Civil del Estado de Jalisco y 786 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, el albaceazgo constituye un cargo voluntario, es decir, que puede aceptarse o no, en tanto que nadie puede ser obligado a asumir y cumplir con los deberes y las responsabilidades que implica, simplemente por haber sido designado como tal, por causas ajenas a su voluntad. En ese tenor, la aceptación del cargo de albacea constituye un acto jurídico unilateral que da origen a deberes y derechos a cargo y en favor de quien se hace; de ahí que es a partir de la aceptación expresa en el cargo de quien ha sido designado como tal que queda obligado a cumplir con los deberes propios del cargo, y sólo entonces está facultado para conferir poderes, para que otras personas actúen bajo sus órdenes en lo que se refiere a todas las cuestiones relacionadas con el albaceazgo; sin que se establezcan fórmulas sacramentales para el discernimiento, ni se precise de una declaración judicial formal en ese sentido." Por lo anteriormente expuesto, resulta necesario prevenir a la parte quejosa para que exhiba copia debidamente certificada del proveído mediante el cual se le designó con el carácter de albacea provisional y de la diligencia en que aceptó y protestó el referido cargo de forma previa a la promoción del presente juicio de amparo. Síntesis de requerimientos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracción I, y 114, fracción II de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído realice lo siguiente: Aclare con qué carácter promueve el presente juicio de control constitucional, es decir, si lo hace por propio derecho o en representación de la sucesión intestamentaria a bienes de Hermenegildo Mahuis Hernández, también conocido como Roberto Mahuiztl Hernández. Una vez hecho lo anterior, en caso de promover en representación de la sucesión intestamentaria a bienes de Hermenegildo Mahuis Hernández, también conocido como Roberto Mahuiztl Hernández, deberá acreditar con documento idóneo la personalidad que refiere ostentar, es decir, copia debidamente certificada del acuerdo a través del cual se le designó con ese carácter y de la diligencia en que aceptó y protestó dicho cargo de forma previa a la promoción del presente juicio de amparo. Sirven de fundamento a lo anterior, en lo conducente, las siguientes tesis jurisprudenciales: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." Lo que deberá hacer bajo protesta de decir verdad, es decir, de manera personal, dado que es un requisito formal que debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I, del artículo 108 de la ley de la materia, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual los autorizados por la parte quejosa, no pueden desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda. Lo anterior, en virtud de que precisar el carácter con el que promueve el presente juicio de amparo, es una cuestión que atañe o debe provenir directamente de la voluntad del interesado, ya que incide o modifica la configuración de la litis constitucional, y en esa medida es una atribución personalísima del agraviado. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con los requerimientos antes precisados se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Copias del escrito aclaratorio. Asimismo, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio y de sus anexos, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Requerimiento de constancias. A fin de mejor proveer, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en que se transcribe este acuerdo, remita copia certificada de todo lo actuado en los juicios sucesorios intestamentarios 254/2010 y 1122/2021 de su índice, cuidando que las mismas se encuentren debidamente legibles, rubricadas, foliadas y entreselladas, así como en orden progresivo, para estar en aptitud de proveer lo conducente a la procedencia del presente juicio de amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir las constancias requeridas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o en su caso, al correo electrónico 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx, lo anterior, a fin de evitar el traslado del personal y privilegiar el trabajo a distancia, acorde con las medidas establecidas por el Consejo de la Judicatura, en el Acuerdo General 21/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Domicilio. Por otro lado, en virtud de que la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados en este Juzgado de Distrito, y como tal figura no está prevista en la ley de la materia en vigor, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Orienta esta determinación la tesis XXII.1º.22K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, visible a página 1067, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Autorizados. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pedro Armando Garduño Morales, el cual tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Comunicación no oficial. Por otro lado, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo, se toma conocimiento de la dirección de correo electrónico que proporciona la parte quejosa en su escrito de demanda. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 28 del referido Acuerdo General, y tomando en cuenta que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que la mayor parte de personal de los órganos jurisdiccionales trabaje remotamente y, por ende, que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, manifiesten si es su deseo continuar con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese por lista a la parte promovente.
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