Rosalba Soto Cruz

Expediente 796/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
796/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/09/2021

Partes del expediente

  • Rosalba Soto Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto el escrito de Luis Davis González Moreno, apoderado de la parte quejosa, como lo solicita hágase de su conocimiento que el juzgado que por razón de turno correspondió conocer de la demanda que instó fue al similar Sexto de Distrito, con residencia en Uruapan, quien la registró con el número 518/2021 de su índice.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS MARTÍN ORTIZ CALDERÓN Y EMMANUEL ABRAHAM ORTIZ CALDERÓN Y A LOS PERITOS GERARDO DURÁN ARIAS Y JUAN MANUEL GUTIÉRREZ GARNICA, EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO: En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se recibe ejecutoria. Agréguese el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad, con el cual remite un legajo de copias certificadas y testimonio de la sesión de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de queja 80/2021, en la cual se determinó desechar por improcedente el recurso de queja interpuesto por los terceros interesados Emannuel Abraham y Martín de apellidos Ortiz Calderón, por conducto de su apoderado, contra el auto de dieciocho de enero del año en curso, en el cual se requirió a los peritos Gerardo Durán Pintor, Juan Manuel Gutiérrez Garnica y Ana Teresa Becerra Ponce, si tenían algún inconveniente en que las firmas y muestras caligráficas del quejoso, fueran tomadas ante el Consulado Mexicano en los Estados Unidos de América; háganse las anotaciones respectivas, agréguese la resolución de mérito, acúsese recibo correspondiente. 2. Reanudación de procedimiento. Toda vez que por auto de veintisiete de enero pasado, se suspendió el procedimiento, con motivo del recurso citado en el párrafo precedente; por tanto, al haber sido resuelto tal medio de impugnación, se reanuda el procedimiento y, para tal fin, se señalan las CATORCE HORAS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la para la diligencia de toma de muestras caligráficas del quejoso Javier Carreón Soria. 3. Presentación del quejoso. Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que comparezca ante esta potestad federal en la hora y día señalado con antelación a otorgar las muestras de escritura o caligrafía; con el apercibimiento que, en caso de acudir en la fecha y hora indicadas en el párrafo anterior, se tendrá por presuntamente acreditado lo que la parte oferente de la prueba pretende demostrar con el desahogo de la prueba pericial. Al respecto, cobra aplicación la tesis CCVI/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PRUEBAS EN EL JUICIO. DIFERENCIA ENTRE OBLIGACIÓN PROCESAL Y CARGA PROCESAL. La prueba es el medio del que se sirven las partes para demostrar al juez la verdad de sus afirmaciones y llevarlo al convencimiento sobre la certeza de los hechos aducidos, ya que no basta su dicho. Ahora, si bien es cierto que, por regla general, las partes no están obligadas a aportar pruebas al juicio, también lo es que resulta en su propio interés recabar y aportar las necesarias para acreditar los hechos aducidos, por ello la carga de la prueba supone un imperativo del interés propio; sin embargo, dicha regla admite algunas excepciones, por ejemplo, cuando la prueba necesaria para acreditar las afirmaciones de una de las partes está en poder de su contraria, se actualiza uno de los supuestos de la "obligación procesal", en donde ya no se actúa en interés propio, sino ajeno y, por tanto, la exhibición de la prueba al juicio deja de ser una "carga procesal" para convertirse en una obligación que la parte requerida está constreñida a cumplir, bajo el apercibimiento de una sanción. Lo anterior se explica si se considera que la finalidad perseguida por el procedimiento judicial es cumplir el derecho fundamental de acceso a la justicia de todas las partes involucradas, lo cual no puede quedar a la voluntad de una sola de ellas". Para cumplir con lo anterior genérese el código QR, y hágase entrega a la parte quejosa por conducto del autorizado en este juicio a fin de que la parte quejosa se encuentre en posibilidades de comparecer a estampar las firmas respectivas, comisiones al actuario para tal efecto. 3.1. Comunicación a las partes. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, se ordena hacer del conocimiento Ana Teresa Becerra Ponce, perito oficial designada por este juzgado como experta en documentos cuestionados, el presente proveído a fin de que esté en condiciones de indicar si existe alguna requerimiento especial para la toma de muestras de escritura y caligrafía del peticionario de amparo; por tanto, se ordena girar atento oficio al Coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, Delegación Michoacán, con residencia en Morelia a fin de que haga del conocimiento de la especialista en comento el presente proveído.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1. Se recibe demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Luis David González Moreno, apoderado jurídico de Rosalba Soto Cruz, representación que acredita con el poder general para pleitos y cobranzas que adjunta al ocurso que se provee, y se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo. 1.1 Registro de demanda. Fórmese el expediente correspondiente y regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado con el número II-6-796/2021. 1.2 Incompetencia por razón de territorio. En el caso, este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, atento a los siguientes razonamientos: El artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior trascripción se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Del estudio de la presente demanda de amparo se obtiene que la parte quejosa medularmente hace consistir el acto reclamado en: "ACTO RECLAMADO: La negativa de registro e inscripción del acta de divorcio derivada de una resolución ejecutoriada emitida por el Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Tijuana, Baja California bajo el número de expediente 1854/2020". De los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, se advierte que: El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, la quejosa presentó demanda de divorcio ante el Juzgado Primero Familiar del distrito judicial de Tijuana, Baja California en contra de José Antonio Méndez Torres. Derivado de la demanda instada, el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró la disolución del vínculo matrimonial que unía a la quejosa con el aludido Méndez Torres; resolución que por auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada. Con motivo de lo anterior, se giró exhorto al Juez Mixto Civil de Sahuayo, Michoacán, a efecto de que se giraran oficios al Oficial del Registro Civil del Municipio de Sahuayo, Michoacán. Con fecha veintidós de junio del año en curso, en cumplimiento del exhorto girado al Juzgado Mixto Civil de Primera Instancia de Sahuayo, Michoacán, se emitió el oficio dirigido a la Oficial del Registro Civil de esa ciudad a efectos de levantar el acta de divorcio correspondiente. El diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, la quejosa realizó la gestión del trámite administrativo ante la Oficialía del Registro Civil, en donde fue informada que no había la posibilidad de realizar el registro del divorcio porque era requisito que exhibiera el acta de nacimiento de las partes divorciadas. Lo anterior narrado pone en evidencia que el acto reclamado tiene ejecución material en la población de Sahuayo, Michoacán, pues la quejosa directa reclama la negativa por parte del Director del Registro Civil de la aludida población a inscribir la sentencia de divorcio, lo que implica desde luego que la quejosa permanezca en un estado civil que no le corresponde, de ahí que se trata de un acto que tendrá una repercusión material apreciable objetivamente, dentro del territorio en donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito del Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. En esa virtud, se aprecia que el acto que se reclama vía amparo indirecto, produce efectos positivos, pues produce efectos positivos que son de mantener en un estado civil que no le corresponde en virtud de la sentencia emitida en su favor, de ahí que el órgano de gobierno tiene ante sí un hacer por delante, derivado de un acto mismo, y que en el caso concreto, se hace consistir en que el Oficial del Registro Civil del Municipio de Sahuayo, Michoacán realice las anotaciones correspondientes al divorcio. En tal virtud, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, establece: "XI. DÉCIMO PRIMER CIRCUITO: "Los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Acuitzio, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Aporo, Ario, Carácuaro, Coeneo, Contepec, Copándaro, Cuitzeo, Charo, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Jiménez, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Madero, Maravatío, Morelia, Morelos, Nocupétaro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Panindícuaro, Pátzcuaro, Penjamillo, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tarímbaro, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlalpujahua, Tlazazalca, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro y Zitácuaro". "Los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro". Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues atendiendo a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción trate de ejecutarse el acto reclamado; en esa virtud, debe convenirse que atendiendo a que el acto impugnado tiene ejecución en Sahuayo, Michoacán, ya que es ahí en donde se ejecutará materialmente el acto que reclama la solicitante del amparo y como ese municipio está comprendido dentro del territorio donde ejercen jurisdicción los juzgados de distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en la ciudad señalada en último término. Es aplicable sobre el particular la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo 199-204, cuarta parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Así como, la tesis número I.1, A. 44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". 1.3 Se ordena remitir demanda a Uruapan, Michoacán. Consecuentemente, este juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, la que deberá remitirse al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en Uruapan, para los efectos legales correspondientes, con la atenta solicitud del acuse de recibo. 1.4 Anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda para los efectos legales procedentes. 1.5 Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, el correo electrónico proporcionado integral_lex@outlook.com. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 2.3. Datos de contacto de las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Correo electrónico 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Morelia, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y publicarse en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que en la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado al siguiente medio de contacto: correo electrónico del juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: correo electrónico del juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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