Rosalba Ramírez Caballero

Expediente 1159/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1159/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
15/02/2022

Partes del expediente

  • Rosalba Ramírez Caballero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de febrero de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Tanto de la certificación de cuenta como del estado procesal, se desprende que no fue impugnado en legal término la sentencia de veintiséis de enero de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que causó ejecutoria. 1.1. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cualse instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. Valoración de expedientes. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. La anterior valoración y orden de archivo hágase constar en el expediente, para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    veintiséis de enero de dos mil veintidós ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con diecinueve minutos del veintiséis de enero de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, juez cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo, en el juicio de amparo 1159/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, la secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, la secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al juez con la demanda de amparo e informe justificado; el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el juez declara abierto el período probatorio y la secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por las partes; sobre el particular el juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitida y desahogada conforme a su naturaleza, la prueba ofertada y se cierra esta fase al no haber prueba pendiente por desahogar. Finalmente, el juez abre el período de alegatos y la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; a lo que el juez acuerda: ténganse por perdido el derecho de las partes a formularlos, se decreta el cierre de esta etapa y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver, el juicio de amparo indirecto 1159/2021, promovido por Rosalba Ramírez Caballero, por alegada violación de los artículos 1°, 8°, 13, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, y actuaria de su adscripción; al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO. Lo anterior, al tenor de las siguientes, CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama de las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones: La omisión de cerrar la etapa de instrucción, elaborar el proyecto de laudo, emitir el laudo y notificarlo a las partes en el juicio laboral 4C-769/2019, que tramitó frente a Distribuidora de Huevo La Morena, Sociedad Anónima de Capital Variable y otros. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; virtud a que se reclaman omisiones carentes de ejecución material cuya demanda de amparo se presentó en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, en donde este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Acto cuya existencia no quedó acreditada. La Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, y actuaria de su adscripción, al rendir su informe justificado negaron la certeza del acto que se les reclamó. Ahora bien, de las copias certificadas del expediente laboral 4C-769/2019, que las responsables anexaron en apoyo a su informe, se advierte el mismo escrito que la quejosa adjuntó a su demanda de amparo, que recibió la junta responsable el uno de septiembre de dos mil veintiuno, donde solicita que al no haber pruebas pendientes por desahogar, se conceda término común para formular alegatos y transcurrido dicho plazo se declare cerrada la instrucción, emitiendo el proyecto de laudo y laudo que corresponda. No obstante, también obra proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se acordó la petición de la aquí quejosa en el sentido de que no había lugar a acordar favorable lo solicitado en virtud de que quedaban pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral 4C-769/2019. Documentos que merecen valor probatorio pleno, al ser expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en virtud de que el juicio laboral se tramita acorde a lo establecido en los artículos 885, 886 y 887, de la Ley Federal del Trabajo, que prevén que una vez desahogada la totalidad de las pruebas y formulados los alegatos, previa certificación que realice el secretario de que no hay medios de convicción pendientes, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad o no, bajo apercibimiento que de no hacerlo y hubiere pruebas pendientes, se les tendrá desistidos de las mismas. Así pues, que hecho lo anterior, de forma oficiosa el auxiliar declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo correspondiente del cual se entregará copia a cada integrante de la junta y dentro de los cinco días hábiles siguientes, podrán solicitar se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad, las que se desahogarán dentro de los ocho días posteriores. Finalmente, que hecho lo anterior, el presidente de la junta citará a sus miembros para la discusión y votación, que debe efectuarse dentro de los diez días siguientes. Ahora bien, de lo anterior, se tiene que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno), el expediente ordinario laboral, no se encontraba en la etapa procesal legal que permitiera cerrar la etapa de instrucción, elaborar el proyecto de laudo, emitir el laudo y realizar la respectiva notificación a las partes. Pues para ello, era necesario que previamente, se desahogaran la totalidad de pruebas, se concediera término para alegar y el secretario certificara que no había medios de convicción pendientes, con lo cual se hubiera dado vista a las partes por el término de tres días para que expresaran su conformidad o no, bajo apercibimiento que de no hacerlo y hubiere pruebas pendientes, se les tendrá desistidos de las mismas y finalmente de forma oficiosa el auxiliar declarara cerrada la instrucción. Entonces, es inconcuso que a la fecha de presentación del libelo inicial, la junta y actuario responsables no se encontraban en posibilidad de atender las omisiones que la parte quejosa les reclama, pues previo a la emisión y notificación del laudo, como se puso de manifiesto, se debe seguir una secuela procesal establecida en la ley aplicable, pues lo contrario implicaría violar diversas garantías como lo son las de legalidad y debido proceso. Sirve de sustento por analogía, la jurisprudencia 2ª/J 99/2018 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". En consecuencia, al operar la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. A la postre, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues al actualizarse dicha causa de improcedencia y decretarse el sobreseimiento del juicio, impide estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rosalba Ramírez Caballero, contra las omisiones reclamadas a las autoridades que quedaron precisados en el considerando primero, por los motivos expuestos en el diverso tercero.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán y actuaria de su adscripción, rindiendo informe justificado; con lo cual se ordena dar vista a las partes. Con fundamento en el numeral 119 de la ley invocada, se tiene a las responsables ofreciendo como pruebas las documentales que exhibe el titular de la junta responsable. 1.2. Diferimiento anticipado. Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintiocho minutos del doce de enero de dos mil veintidós, y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VENTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Visto el estado procesal, así como la certificación secretarial que antecede, de donde se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días (en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo) que se otorgó a las autoridades responsables, a fin de que rindan el informe justificado que les corresponde, sin que a la fecha lo hayan hecho. 1.1. Difiere audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose las nueve horas con veintiocho minutos del doce de enero de dos mil veintidós, para su verificativo.

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