Rosalba Allende Martínez

Expediente 785/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
785/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/11/2021

Partes del expediente

  • Rosalba Allende Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite el testimonio de la sentencia emitida el veintisiete de octubre pasado, de la que se advierte que el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Rosalba Allende Martínez, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Acúsese recibo. Archívese este cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguense los oficios del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en la misma materia del Primer Circuito, por medio de los cuales el primero informa que insiste en la competencia declinada y el segundo que admite el conflicto planteado. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, el suscrito formula las siguientes manifestaciones: La naturaleza de la acción constitucional es de carácter meramente administrativa porque la información relacionada en la demanda no demuestra vinculación de alguna autoridad formal y materialmente civil al juicio de amparo, sino la intervención de una entidad de carácter administrativo a la cual se les atribuyen vicios propios. En efecto, la quejosa manifestó que al realizar su trámite ante la responsable, le requirió diversa documentación, de lo que se evidencia que el reclamo atañe meramente a la actuación de la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ello con independencia de que el comprobante solicitado por la impetrante, este relacionado con el cumplimiento de una sentencia dictada en el juicio de alimentos 2044/2014 del Juzgado Décimo Tercero Familiar de la Ciudad de México, donde se decretó la pensión que ampara el comprobante solicitado por la promovente. En esa lógica, los conceptos de violación apuntan a que la violación a los derechos constitucionales se hacen depender de la omisión de entregar el contra recibo de pago por la autoridad de carácter administrativo, sin que de las constancias remitidas, se advierta la intención de la quejosa de señalar como responsable a alguna de carácter civil. Máxime que para fijar la competencia del acto reclamado, se recurre a la naturaleza del órgano o responsable, esto es, si proviene de una entidad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de administrativa. Así, al reclamarse la intervención de la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por vicios propios es que se actualiza, precisamente el supuesto que da competencia a la autoridad administrativa para conocer del juicio de amparo, promovido contra la omisión de entregar el contra recibo de pago, donde participa una entidad de dicha naturaleza. Consecuentemente, el suscrito considera que la competencia para conocer sobre la constitucionalidad del acto reclamado debe recaer en un Juez de Distrito en Materia de Administrativa, pues éste debe decidir sobre la legalidad o subsistencia del reclamo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta, del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que contiene la demanda de amparo que promueve ..., por propio derecho y en representación de su menor hijo con iniciales ..., contra actos del Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los preceptos 16 y 17 constitucionales; al efecto se acuerda: C O N S I D E R A N D O: Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA por el juzgado oficiante, en atención a lo siguiente. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su Título Cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito, desprendiéndose un conjunto de reglas para la distribución de las competencias con base en los elementos fundamentales siguientes: 1. La materia misma o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiere a actos o leyes federales o locales sobre una especialidad o un bien jurídico tutelado determinado, que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. 2. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una judicial que tiene una materia asignada o si no, lo que conduce a que pueda tener la calidad administrativa. 3. Si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. El artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé: "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la interpretación gramatical del precepto legal transcrito, se advierte, entre otras disposiciones, que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán de los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; de igual forma, conocerá de los actos de tribunales administrativos ejecutados en juicio o fuera de él o después de concluido. En el particular, el Juez declinante consideró que para fijar la competencia, debía prescindirse de la calidad de la responsable emisora y atenderse fundamentalmente a la naturaleza material del acto reclamado. Así, concluyó que la omisión del Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de entregar el contra recibo a la quejosa, encuentra vinculación con el juicio 2044/2014 del Juzgado Decimotercero Familiar de la Ciudad de México, en virtud de que en éste, fue donde se decretó la pensión alimenticia que ampara el comprobante solicitado por la impetrante; por lo que, es una obligación de naturaleza civil derivada de un procedimiento de la misma índole. De ahí que señaló que, el acto reclamado está íntimamente relacionado con el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de alimentos y la demanda de amparo corresponde a un Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en términos del "artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación". Empero, este Juzgador disiente de sus consideraciones y estima que la naturaleza de la acción constitucional es de carácter administrativa, porque la información relacionada en el expediente no demuestra, una vinculación de alguna autoridad formal y materialmente civil al juicio de amparo, sino la intervención de una autoridad de carácter administrativo a la cual se les atribuyen vicios propios, pues incluso la quejosa destacó que al realizar su trámite ante la responsable, ésta le requirió diversa documentación, de lo que se evidencia que el reclamo atañe meramente a la actuación de la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sin que el hecho de que el concepto de pago se haya generado en un procedimiento de naturaleza familiar. Por tanto, el reclamo atañe a un acto de naturaleza administrativa, respecto del cual se atribuyen vicios propios a la autoridad responsable; por lo cual debe estimarse que los actos reclamados son de naturaleza administrativa, con independencia de su aparente origen. En esa lógica, los conceptos de violación apuntan a que la violación a los derechos constitucionales se hacen depender de la omisión de entregar el contra recibo de pago por la autoridad de carácter administrativo, sin que de las constancias remitidas, se advierta la intención de la quejosa de señalar como responsable a alguna de carácter civil. En esos términos, la intervención de la autoridad judicial de naturaleza civil, no se encuentra incluida en la demanda, ni existió requerimiento del Juzgador hacia la quejosa para ampliar su ocurso constitucional para el señalamiento de dicha autoridad, por lo que carece de elementos suficientes, que vinculen formal y materialmente a una autoridad de tal naturaleza. Así, al reclamarse la intervención de una autoridad administrativa por vicios propios es que se actualiza, precisamente el supuesto que da competencia a la autoridad administrativa para conocer del juicio de amparo, promovido contra la omisión de entregar el contra recibo de pago, donde participa autoridad administrativa. Sirve de apoyo, la tesis 1a./J. 89/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 22 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, registro 179990, que establece: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de Distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia." Por lo anterior, de aceptarse la competencia de un acto atribuido a una autoridad de naturaleza administrativa, reservado para los Jueces de Distrito en esa Materia, conforme al numeral 57 del ordenamiento indicado, se estaría quebrantando el sistema de competencias que prevé la norma orgánica del Poder Judicial de la Federación. En las relatadas condiciones, es inconcuso que la competencia para conocer sobre la constitucionalidad del acto reclamado debe recaer en un Juez de Distrito en Materia de Administrativa, pues éste debe decidir sobre la legalidad o subsistencia de la actuación combatida a la autoridad de su misma naturaleza. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, no acepta la competencia legal para conocer del presente juicio constitucional, por lo que fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias y remítase el presente juicio de amparo indirecto al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que provea lo que en derecho corresponda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y por autorizadas para tal efecto a las personas que menciona. Respecto de quien lo hace en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, gozará de las facultades amplias que prevé si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente se tendrá por autorizada para oír y recibir notificaciones. Como lo solicita, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con el nombre de usuario que proporciona, teniéndose únicamente como medio de consulta del expediente por la vía electrónica. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito no acepta la competencia legal para conocer del presente juicio de amparo indirecto promovido por ..., por propio derecho y en representación de su menor hijo con iniciales ..., contra actos del Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. SEGUNDO. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias y devuélvase al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el juicio de amparo indirecto 995/2021 de su índice. NOTIFÍQUESE.

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