Rosa Ofelia Alvarado Torres

Expediente 475/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 30 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
475/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
17/08/2022

Partes del expediente

  • Rosa Ofelia Alvarado Torres
  • Quinta Sala Civil del Tribunal Superio de Justicia de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria encargada de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: http://ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, ...do; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por otro lado, tomando en consideración que el juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese la razón de imposibilidad para enterar personalmente a la parte tercera interesada ..., la sentencia engrosada el veintisiete de junio de dos mil veintidós; en consecuencia, notifíquesele por medio de lista dicha determinación, ésta y las subsecuentes, aún las de carácter personal. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTISISTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS, SEÑALA: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 475/2021, promovido por ..., por conducto de su apoderada, contra actos de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades reseñadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Previo desahogo de prevención, el cinco de julio de dos mil veintiuno, el suscrito admitió la acción de amparo, dio intervención a la representante social adscrita; requirió informe justificado; señaló a los terceros interesados y ordenó su llamamiento. La autoridad responsable rindió su informe justificado, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló pedimento legal; los terceros interesados fueron emplazados; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza civil, seguido ante un tribunal común con sede en el ámbito territorial donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado es el auto de diez de junio de dos mil veintiuno emitido en el toca ... índice de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde, en lo que interesa, no dio trámite al recurso de queja interpuesta contra el proveído de dos del mismo mes y año, mediante el cual denegó la apelación intentada para combatir la sentencia de diecinueve de mayo de tal anualidad que declaró infundadas las excepciones de incompetencia por materia y territorio planteadas por la aquí quejosa. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado, la Sala responsable aceptó el acto reclamado, lo cual se corrobora con la copia certificada de las actuaciones remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para entrar al estudio del asunto, es conveniente señalar las actuaciones que precedieron al acto reclamado: 1. El veintidós de febrero de dos mil diecisiete, ... por propio derecho y en representación de sus menores hijos, demandó en la vía ordinaria civil el cumplimiento de diversas prestaciones, contra ... -aquí quejosa- y otros, radicándose dicho procedimiento ante el Juez Vigésimo Tercero de lo Civil de esta Ciudad, con el número de expediente ..., quien lo admitió el veintiocho siguiente. 2. El veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, la impetrante dio contestación a la demanda instada en su contra y opuso, entre otras excepciones, las de incompetencia por materia y territorio. 3. El seis de marzo de dos mil diecinueve, se proveyó sobre dicha contestación y se ordenó remitir un testimonio del expediente a la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a fin de que resolviera las incompetencias ahí planteadas. 4. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, la responsable resolvió el toca 619/2017/04 y declaró infundadas las excepciones de incompetencia por materia y territorio hechas valer por ... . 5. Tal quejosa interpuso recurso de apelación contra esa determinación, sin embargo, por auto de dos de junio del mismo año, la Sala acordó lo siguiente: "A sus autos del toca 619/17/4, el escrito de la codemandada ...., por conducto de su apoderada ..., personalidad que tiene reconocida en este toca a foja 2, como o (sic) solicita se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Así mismo se tiene por autorizadas a las personas que menciona, para los fines que precisa. Por otro lado, dígase a la promovente que no ha lugar a tener por interpuesto el recurso de apelación en contra de la Sentencia emitida por esta Sala el diecinueve de mayo de este año, que resolvió las excepciones de incompetencia por materia y territorio planteadas, en virtud de no ser el medio de defensa idóneo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese." 6. Inconforme con tal proveído, la impetrante presentó recurso de queja, lo cual proveyó la responsable el diez de junio de dos mil veintiuno, en los siguientes términos: "A sus autos del toca ..., el escrito de la codemandada EMPRESAS ..., por conducto de su mandatario judicial ... personalidad que tiene reconocida en este toca a foja 2, como lo solicita se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizadas a las personas que menciona, para los fines que precisa. Dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad la queja que pretende en contra de (sic) auto emitido por esta Sala el dos de junio de este año. Dejando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma correspondiente. Notifíquese." Esta determinación constituye el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, conforme al último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia y la jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, toda vez que ninguna de las partes hizo valer causa de improcedencia alguna, ni este Juzgador advierte de oficio su actualización en términos del numeral invocado, procede entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. SEXTO. Conceptos de violación. La peticionaria sostienen que la resolución reclamada vulnera los artículos 14 y 16 Constitucionales porque: La responsable violó las formalidades esenciales del procedimiento, al no admitir el recurso de queja previsto en los artículos 723, 725, 726 y 727 Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, contra el auto que negó admitir la apelación intentada, no obstante que tal medio era el idóneo para combatir esa determinación; lo cual vulnera el numeral 55 de dicha legislación, así como los derechos humanos de debido proceso y seguridad jurídica. El acto reclamado carece de fundamentación y motivación, porque no se señaló ningún precepto legal ni se expresó un argumento mínimo que acreditara su razonamiento. En apoyo a lo anterior, citó los criterios jurisprudenciales de rubro "PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL SUS ALCANCES", "DERECHOS AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO", "DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN", "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN", "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN", "INADECUADAS FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ALCANCE Y EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR", y "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN NO EXISTE CUANDO EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA" El motivo de disenso b) es infundado, en tanto que el diverso a) es inoperante. En efecto, entre los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; lo anterior integra el derecho humano de seguridad jurídica, que tiene la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 constitucional, párrafo primero, en lo relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad. En torno al principio de seguridad jurídica, la Constitución establece los derechos de audiencia, fundamentación y motivación, esto es, formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir un acto de autoridad; por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad. En tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Para respetar el derecho constitucional de fundamentación y motivación, necesariamente la autoridad responsable debe determinar los preceptos legales que servirán de sustento a la actuación que emita; además de exponer las razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para llegar a tal conclusión. Ahora bien, el artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México estable en forma clara, expresa y sin vaguedades ni ambigüedades, que puede pedirse la reposición de los decretos y autos emitidos por el tribunal de apelación; por lo que, no existe duda en cuanto a la procedencia de ese recurso contra todos los autos y decretos que se dictan por los tribunales en el trámite de la segunda instancia. En el caso, mediante proveído de diez de junio de dos mil veintiuno, la Sala responsable no dio trámite al recurso de queja interpuesto por la impetrante contra su auto de dos del mismo mes y año, donde denegó la apelación intentada para combatir la resolución que declaró infundadas las excepciones de incompetencia opuestas por dicha parte. Atento a ello, debe decirse que si la ley es clara al determinar la procedencia del recurso de reposición contra todo tipo de acuerdos y decretos dictados durante la tramitación de la segunda instancia, es inconcuso que dicha regla opera también para el acuerdo en que se deniega o desecha de plano una apelación. En ese orden de ideas, válidamente se puede concluir que en contra del acuerdo de dos de junio de dos mil veintiuno, que emitió el magistrado de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, era procedente el recurso de reposición a que se refiere el artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, dado que dicho precepto dispone en forma genérica la procedencia de ese medio de impugnación en contra de todos los decretos y autos dictados por la autoridad de segundo grado, sin excluir propiamente aquellos que resuelvan sobre la no admisión del de apelación. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia identificada con el número 1a./J. 76/2013 (10a.), que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Civil, Libro XXIV del septiembre de 2013, Tomo I, página 918, que a la letra dice: "REPOSICIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DE TRÁMITE DICTADAS EN SEGUNDA INSTANCIA EN JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA EN ESA VÍA HAYA SIDO EMITIDA DE MANERA UNITARIA O COLEGIADA (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO DE COMERCIO). De la interpretación gramatical de los artículos 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 1,334 del Código de Comercio, se desprende que el recurso de reposición procede contra todos los autos y contra todos los decretos que se dictan por los tribunales en el trámite de la segunda instancia, sin importar si son dictados de forma unitaria o colegiada, pues limitar la procedencia del recurso de reposición sólo a las resoluciones que emita uno de los magistrados integrantes de la Sala, resulta contrario a la obligación derivada de los artículos 14 y 17 constitucionales pues, en ese supuesto, el juzgador estaría restringiendo, sin sustento legal alguno, una procedencia genérica establecida por el legislador. Sin que el numeral 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tenga el alcance de cambiar la naturaleza jurídica del citado recurso horizontal". Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 85/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, Tomo XXVI de julio de 2007, página 159, que resulta aplicable por analogía sustancial en la procedencia del recurso de reposición contra el acuerdo en que el tribunal de alzada deniega un recurso de apelación, y que a la letra dice: "REPOSICIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE DECLARA DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 14/2002). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decide interrumpir la tesis jurisprudencial 1a./J. 14/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 357, de rubro: "REPOSICIÓN. ES IMPROCEDENTE ESTE RECURSO CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR DESIERTO EL DIVERSO DE APELACIÓN Y, POR TANTO EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).", toda vez que de la interpretación literal del artículo 662 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, de similar contenido al artículo 668 del Código adjetivo civil del Estado de Oaxaca, se advierte que el recurso de reposición procede contra cualquier decreto o auto dictado por el tribunal superior, aun de los que serían apelables si se tratara de primera instancia; por lo que si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales sin establecer excepciones basadas en la clase o efectos de los combatidos, aquélla no puede interpretarse en contrario. En congruencia con lo anterior, se concluye que contra el auto que tiene por desierto el recurso de apelación procede el de reposición previsto en el mencionado artículo 662, ya que la legislación procesal en cita no establece expresamente la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual puedan combatirse, ni mucho menos que tal resolución no sea recurrible, sino que el citado numeral dispone en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y decretos dictados en segunda instancia, sin excluir expresamente a la determinación que declara desierta la apelación, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo". Expuesto lo anterior, el concepto de violación b), donde se aduce un agravio por falta de cita expresa de disposiciones y razonamientos, es infundado, pues al margen de que contrario a lo señala la quejosa, la responsable sí motivó correctamente el acto reclamado -al determinar que la promovente debía hacer valer su medio de impugnación en la vía y forma correspondiente, dejándole a salvo sus derechos- y sin bien no invocó preceptos legales, debe precisarse que dicha omisión, por sí misma, no genera detrimento en la esfera de derechos del justiciable. Y es así, dado que en materia civil, el derecho a la legalidad, en su fase de fundamentación, se satisface con el hecho de que la resolución encuentre su fundamento en la ley, aunque no se invoquen expresamente los artículos que la sustenten, como en el caso acertadamente determinó la Sala al no dar trámite al recurso de queja intentado por la promovente, por no ser el idóneo para combatir un auto de denegada apelación, y dejar a salvo sus derechos para interponer el correcto, siendo éste el de reposición conforme al numeral 686 de la legislación procesal en comento. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.5o.C. J/18, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Octava Época, con registro 220978; visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Diciembre de 1991, en Materia(s): Civil, Página: 136, que establece: "SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL. GARANTIA DE FUNDAMENTACIÓN, SE SATISFACE AUN CUANDO SE OMITA LA CITA DE PRECEPTOS LEGALES. La sentencia se encuentra debidamente fundada y motivada, aun cuando el tribunal de segundo grado no haya citado todos los preceptos legales que le sirvieron de apoyo, pues esta omisión no obsta para que se estime cumplida la garantía de debida fundamentación legal, dado que en asuntos del orden civil, dicha garantía se satisface con el hecho de que la resolución encuentre su fundamento en la ley, aunque no se invoquen expresamente los preceptos que la sustenten. Lo anterior tiene su explicación porque en materia civil, las leyes gozan de unidad en sus ordenamientos, de sistematización en su materia, y de una mayor permanencia en sus instituciones, que permite a los afectados defenderse apropiadamente, aunque el acto respectivo no contenga la cita de los preceptos aplicables, a diferencia de los actos emitidos por las autoridades administrativas, en los cuales tiene aplicación más estricta la garantía de fundamentación legal, debido a que en esta materia son múltiples y variadas las disposiciones que se afirman, las cuales además por su propia naturaleza, se encuentran en constante renovación y, por ello, deben invocarse expresamente." También se invoca el criterio jurisprudencial 1222, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Primera Sección - Civil Subsección 2 - Adjetivo. Materia(s): Civil, página: 1363, que dispone: "SENTENCIAS CIVILES. LA OMISIÓN DE CITAR EL FUNDAMENTO LEGAL EN QUE SE SUSTENTEN, NO PRIVA DE DEFENSA AL QUEJOSO. El agraviado no queda sin defensa, por la sola circunstancia de que el órgano jurisdiccional omita señalar expresamente la fuente del derecho de la que emanan las determinaciones dictadas dentro de un procedimiento, en virtud de que en esta materia, la fundamentación puede ser tácita, es decir, no es necesario que se invoque el fundamento legal en que se sustentan con la condición de que éstas se ajusten a la ley, a la jurisprudencia o a los principios generales de derecho, porque en estos procedimientos se tiene la certeza de cuales de los señalados son los aplicables al caso concreto, pues las leyes y su interpretación gozan de unidad en sus ordenamientos, de sistematización en su materia y de una mayor permanencia en sus instituciones que permiten a los afectados defenderse apropiadamente." Por lo que hace al concepto de violación a), como se adelantó, es inoperante. En términos generales, los conceptos de violación devienen inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento formulado; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN." Uno de esos impedimentos se presenta cuando lo argumentado parte de una premisa falsa, pues siendo así, su conclusión necesariamente lo será, y a ningún fin práctico conduce su análisis; así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), de la Décima Época, en Materia Común, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." En ese sentido, se afirma que lo argumentado por el peticionario deviene inoperante, porque parte de la premisa falsa, que es el hecho de que contra el auto donde la Sala responsable le negó tramitar su apelación procedía el recurso de queja previsto en los artículos 723, 725, 726 y 727 Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. Al margen de que en términos del numeral 686 de tal legislación, procede recurso de reposición contra de todos los decretos y autos dictados por la autoridad de segundo grado, sin excluir propiamente aquellos que denieguen una apelación. Sin que pase inadvertida la cita de diversos criterios en apoyo a los conceptos de violación, pues al margen de su contenido, siguen la misma suerte de los argumentos que apoyan, los cuales están sustentados en una premisa falsa. Ante lo infundado e inoperante de los motivos de disenso respecto de la resolución judicial reclamada, lo procedente es negar el amparo y protección solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra el acto de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisado en el considerando segundo, por las razones señaladas en el diverso sexto. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, hasta hoy veintisiete de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

  4. Principal

    CITATORIO: se notifica por medio de lista al tercero interesado... el contenido de la sentencia autorizada de 27 de junio de 2022, que en lo conducente dice: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 475/2021, promovido por ..., por conducto de su apoderada, contra actos de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades reseñadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Previo desahogo de prevención, el cinco de julio de dos mil veintiuno, el suscrito admitió la acción de amparo, dio intervención a la representante social adscrita; requirió informe justificado; señaló a los terceros interesados y ordenó su llamamiento. La autoridad responsable rindió su informe justificado, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló pedimento legal; los terceros interesados fueron emplazados; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza civil, seguido ante un tribunal común con sede en el ámbito territorial donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado es el auto de diez de junio de dos mil veintiuno emitido en el toca ... índice de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde, en lo que interesa, no dio trámite al recurso de queja interpuesta contra el proveído de dos del mismo mes y año, mediante el cual denegó la apelación intentada para combatir la sentencia de diecinueve de mayo de tal anualidad que declaró infundadas las excepciones de incompetencia por materia y territorio planteadas por la aquí quejosa. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado, la Sala responsable aceptó el acto reclamado, lo cual se corrobora con la copia certificada de las actuaciones remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para entrar al estudio del asunto, es conveniente señalar las actuaciones que precedieron al acto reclamado: 1. El veintidós de febrero de dos mil diecisiete, ... por propio derecho y en representación de sus menores hijos, demandó en la vía ordinaria civil el cumplimiento de diversas prestaciones, contra ... -aquí quejosa- y otros, radicándose dicho procedimiento ante el Juez Vigésimo Tercero de lo Civil de esta Ciudad, con el número de expediente ..., quien lo admitió el veintiocho siguiente. 2. El veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, la impetrante dio contestación a la demanda instada en su contra y opuso, entre otras excepciones, las de incompetencia por materia y territorio. 3. El seis de marzo de dos mil diecinueve, se proveyó sobre dicha contestación y se ordenó remitir un testimonio del expediente a la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a fin de que resolviera las incompetencias ahí planteadas. 4. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, la responsable resolvió el toca 619/2017/04 y declaró infundadas las excepciones de incompetencia por materia y territorio hechas valer por ... . 5. Tal quejosa interpuso recurso de apelación contra esa determinación, sin embargo, por auto de dos de junio del mismo año, la Sala acordó lo siguiente: "A sus autos del toca 619/17/4, el escrito de la codemandada ...., por conducto de su apoderada ..., personalidad que tiene reconocida en este toca a foja 2, como o (sic) solicita se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Así mismo se tiene por autorizadas a las personas que menciona, para los fines que precisa. Por otro lado, dígase a la promovente que no ha lugar a tener por interpuesto el recurso de apelación en contra de la Sentencia emitida por esta Sala el diecinueve de mayo de este año, que resolvió las excepciones de incompetencia por materia y territorio planteadas, en virtud de no ser el medio de defensa idóneo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese." 6. Inconforme con tal proveído, la impetrante presentó recurso de queja, lo cual proveyó la responsable el diez de junio de dos mil veintiuno, en los siguientes términos: "A sus autos del toca ..., el escrito de la codemandada EMPRESAS ..., por conducto de su mandatario judicial ... personalidad que tiene reconocida en este toca a foja 2, como lo solicita se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizadas a las personas que menciona, para los fines que precisa. Dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad la queja que pretende en contra de (sic) auto emitido por esta Sala el dos de junio de este año. Dejando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma correspondiente. Notifíquese." Esta determinación constituye el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, conforme al último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia y la jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, toda vez que ninguna de las partes hizo valer causa de improcedencia alguna, ni este Juzgador advierte de oficio su actualización en términos del numeral invocado, procede entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. SEXTO. Conceptos de violación. La peticionaria sostienen que la resolución reclamada vulnera los artículos 14 y 16 Constitucionales porque: La responsable violó las formalidades esenciales del procedimiento, al no admitir el recurso de queja previsto en los artículos 723, 725, 726 y 727 Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, contra el auto que negó admitir la apelación intentada, no obstante que tal medio era el idóneo para combatir esa determinación; lo cual vulnera el numeral 55 de dicha legislación, así como los derechos humanos de debido proceso y seguridad jurídica. El acto reclamado carece de fundamentación y motivación, porque no se señaló ningún precepto legal ni se expresó un argumento mínimo que acreditara su razonamiento. En apoyo a lo anterior, citó los criterios jurisprudenciales de rubro "PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL SUS ALCANCES", "DERECHOS AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO", "DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN", "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN", "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN", "INADECUADAS FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ALCANCE Y EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR", y "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN NO EXISTE CUANDO EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA" El motivo de disenso b) es infundado, en tanto que el diverso a) es inoperante. En efecto, entre los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; lo anterior integra el derecho humano de seguridad jurídica, que tiene la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 constitucional, párrafo primero, en lo relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad. En torno al principio de seguridad jurídica, la Constitución establece los derechos de audiencia, fundamentación y motivación, esto es, formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir un acto de autoridad; por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad. En tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Para respetar el derecho constitucional de fundamentación y motivación, necesariamente la autoridad responsable debe determinar los preceptos legales que servirán de sustento a la actuación que emita; además de exponer las razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para llegar a tal conclusión. Ahora bien, el artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México estable en forma clara, expresa y sin vaguedades ni ambigüedades, que puede pedirse la reposición de los decretos y autos emitidos por el tribunal de apelación; por lo que, no existe duda en cuanto a la procedencia de ese recurso contra todos los autos y decretos que se dictan por los tribunales en el trámite de la segunda instancia. En el caso, mediante proveído de diez de junio de dos mil veintiuno, la Sala responsable no dio trámite al recurso de queja interpuesto por la impetrante contra su auto de dos del mismo mes y año, donde denegó la apelación intentada para combatir la resolución que declaró infundadas las excepciones de incompetencia opuestas por dicha parte. Atento a ello, debe decirse que si la ley es clara al determinar la procedencia del recurso de reposición contra todo tipo de acuerdos y decretos dictados durante la tramitación de la segunda instancia, es inconcuso que dicha regla opera también para el acuerdo en que se deniega o desecha de plano una apelación. En ese orden de ideas, válidamente se puede concluir que en contra del acuerdo de dos de junio de dos mil veintiuno, que emitió el magistrado de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, era procedente el recurso de reposición a que se refiere el artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, dado que dicho precepto dispone en forma genérica la procedencia de ese medio de impugnación en contra de todos los decretos y autos dictados por la autoridad de segundo grado, sin excluir propiamente aquellos que resuelvan sobre la no admisión del de apelación. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia identificada con el número 1a./J. 76/2013 (10a.), que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Civil, Libro XXIV del septiembre de 2013, Tomo I, página 918, que a la letra dice: "REPOSICIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DE TRÁMITE DICTADAS EN SEGUNDA INSTANCIA EN JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA EN ESA VÍA HAYA SIDO EMITIDA DE MANERA UNITARIA O COLEGIADA (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO DE COMERCIO). De la interpretación gramatical de los artículos 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 1,334 del Código de Comercio, se desprende que el recurso de reposición procede contra todos los autos y contra todos los decretos que se dictan por los tribunales en el trámite de la segunda instancia, sin importar si son dictados de forma unitaria o colegiada, pues limitar la procedencia del recurso de reposición sólo a las resoluciones que emita uno de los magistrados integrantes de la Sala, resulta contrario a la obligación derivada de los artículos 14 y 17 constitucionales pues, en ese supuesto, el juzgador estaría restringiendo, sin sustento legal alguno, una procedencia genérica establecida por el legislador. Sin que el numeral 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tenga el alcance de cambiar la naturaleza jurídica del citado recurso horizontal". Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 85/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, Tomo XXVI de julio de 2007, página 159, que resulta aplicable por analogía sustancial en la procedencia del recurso de reposición contra el acuerdo en que el tribunal de alzada deniega un recurso de apelación, y que a la letra dice: "REPOSICIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE DECLARA DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 14/2002). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decide interrumpir la tesis jurisprudencial 1a./J. 14/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 357, de rubro: "REPOSICIÓN. ES IMPROCEDENTE ESTE RECURSO CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR DESIERTO EL DIVERSO DE APELACIÓN Y, POR TANTO EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).", toda vez que de la interpretación literal del artículo 662 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, de similar contenido al artículo 668 del Código adjetivo civil del Estado de Oaxaca, se advierte que el recurso de reposición procede contra cualquier decreto o auto dictado por el tribunal superior, aun de los que serían apelables si se tratara de primera instancia; por lo que si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales sin establecer excepciones basadas en la clase o efectos de los combatidos, aquélla no puede interpretarse en contrario. En congruencia con lo anterior, se concluye que contra el auto que tiene por desierto el recurso de apelación procede el de reposición previsto en el mencionado artículo 662, ya que la legislación procesal en cita no establece expresamente la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual puedan combatirse, ni mucho menos que tal resolución no sea recurrible, sino que el citado numeral dispone en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y decretos dictados en segunda instancia, sin excluir expresamente a la determinación que declara desierta la apelación, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo". Expuesto lo anterior, el concepto de violación b), donde se aduce un agravio por falta de cita expresa de disposiciones y razonamientos, es infundado, pues al margen de que contrario a lo señala la quejosa, la responsable sí motivó correctamente el acto reclamado -al determinar que la promovente debía hacer valer su medio de impugnación en la vía y forma correspondiente, dejándole a salvo sus derechos- y sin bien no invocó preceptos legales, debe precisarse que dicha omisión, por sí misma, no genera detrimento en la esfera de derechos del justiciable. Y es así, dado que en materia civil, el derecho a la legalidad, en su fase de fundamentación, se satisface con el hecho de que la resolución encuentre su fundamento en la ley, aunque no se invoquen expresamente los artículos que la sustenten, como en el caso acertadamente determinó la Sala al no dar trámite al recurso de queja intentado por la promovente, por no ser el idóneo para combatir un auto de denegada apelación, y dejar a salvo sus derechos para interponer el correcto, siendo éste el de reposición conforme al numeral 686 de la legislación procesal en comento. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.5o.C. J/18, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Octava Época, con registro 220978; visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Diciembre de 1991, en Materia(s): Civil, Página: 136, que establece: "SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL. GARANTIA DE FUNDAMENTACIÓN, SE SATISFACE AUN CUANDO SE OMITA LA CITA DE PRECEPTOS LEGALES. La sentencia se encuentra debidamente fundada y motivada, aun cuando el tribunal de segundo grado no haya citado todos los preceptos legales que le sirvieron de apoyo, pues esta omisión no obsta para que se estime cumplida la garantía de debida fundamentación legal, dado que en asuntos del orden civil, dicha garantía se satisface con el hecho de que la resolución encuentre su fundamento en la ley, aunque no se invoquen expresamente los preceptos que la sustenten. Lo anterior tiene su explicación porque en materia civil, las leyes gozan de unidad en sus ordenamientos, de sistematización en su materia, y de una mayor permanencia en sus instituciones, que permite a los afectados defenderse apropiadamente, aunque el acto respectivo no contenga la cita de los preceptos aplicables, a diferencia de los actos emitidos por las autoridades administrativas, en los cuales tiene aplicación más estricta la garantía de fundamentación legal, debido a que en esta materia son múltiples y variadas las disposiciones que se afirman, las cuales además por su propia naturaleza, se encuentran en constante renovación y, por ello, deben invocarse expresamente." También se invoca el criterio jurisprudencial 1222, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Primera Sección - Civil Subsección 2 - Adjetivo. Materia(s): Civil, página: 1363, que dispone: "SENTENCIAS CIVILES. LA OMISIÓN DE CITAR EL FUNDAMENTO LEGAL EN QUE SE SUSTENTEN, NO PRIVA DE DEFENSA AL QUEJOSO. El agraviado no queda sin defensa, por la sola circunstancia de que el órgano jurisdiccional omita señalar expresamente la fuente del derecho de la que emanan las determinaciones dictadas dentro de un procedimiento, en virtud de que en esta materia, la fundamentación puede ser tácita, es decir, no es necesario que se invoque el fundamento legal en que se sustentan con la condición de que éstas se ajusten a la ley, a la jurisprudencia o a los principios generales de derecho, porque en estos procedimientos se tiene la certeza de cuales de los señalados son los aplicables al caso concreto, pues las leyes y su interpretación gozan de unidad en sus ordenamientos, de sistematización en su materia y de una mayor permanencia en sus instituciones que permiten a los afectados defenderse apropiadamente." Por lo que hace al concepto de violación a), como se adelantó, es inoperante. En términos generales, los conceptos de violación devienen inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento formulado; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN." Uno de esos impedimentos se presenta cuando lo argumentado parte de una premisa falsa, pues siendo así, su conclusión necesariamente lo será, y a ningún fin práctico conduce su análisis; así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), de la Décima Época, en Materia Común, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." En ese sentido, se afirma que lo argumentado por el peticionario deviene inoperante, porque parte de la premisa falsa, que es el hecho de que contra el auto donde la Sala responsable le negó tramitar su apelación procedía el recurso de queja previsto en los artículos 723, 725, 726 y 727 Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. Al margen de que en términos del numeral 686 de tal legislación, procede recurso de reposición contra de todos los decretos y autos dictados por la autoridad de segundo grado, sin excluir propiamente aquellos que denieguen una apelación. Sin que pase inadvertida la cita de diversos criterios en apoyo a los conceptos de violación, pues al margen de su contenido, siguen la misma suerte de los argumentos que apoyan, los cuales están sustentados en una premisa falsa. Ante lo infundado e inoperante de los motivos de disenso respecto de la resolución judicial reclamada, lo procedente es negar el amparo y protección solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra el acto de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisado en el considerando segundo, por las razones señaladas en el diverso sexto. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA"

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