Rosalandy Ayuso Navarrete

Expediente 1729/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 43 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1729/2022
Año
2022
Actuaciones
43
Última actuación
22/12/2022

Partes del expediente

  • Rosalandy Ayuso Navarrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto el uno de diciembre de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la resolución de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por la autoridad señalada como responsable. Y en relación a las citadas autoridades señaladas como responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente los actos que de ella se hayan reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto por lo que corresponde a ésta, toda vez que el fallo en el que se negó la protección constitucional, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso por analogía, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Po otra parte, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Por último, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, , hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán; catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vistos estos autos incidentales, se ordena agregar los sobres devueltos que contienen los oficios 43602, 43605 y 43607, dirigidos al Fiscal General del Estado de Quintana Roo, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo y Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en Quintana Roo, respectivamente. Al respecto, no es el caso hacer mayor pronunciamiento, ya que mediante interlocutoria de cuatro de noviembre en curso, se resolvió la suspensión definitiva en el presente incidente respecto de dichas autoridades, por lo que se deberá estar a lo ahí determinado. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    NOT ELECT En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con quince minutos del uno de diciembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del licenciado Diego Jezreel Nieto Bianchi, Secretario con quien actúa y da fe, procede a celebrar la misma. Acto seguido, el Secretario procede a dar cuenta al Juez con las constancias que integran el presente sumario y con los informes justificados de las responsables, los cuales obran agregados con vista a las partes. A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede y por rendidos los informes de las responsables en comento. Abierto el período de pruebas, el Secretario certifica: que las partes no rindieron prueba alguna, por lo que se cierra esta etapa procesal. Consecuentemente, abierta la fase de alegatos, el Secretario da cuenta del alegato ministerial 566/2022 (promoción 18670, foja 65) de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y certifica: que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: se tiene por formulado el alegato ministerial de la representante social de la federación, por hecha la certificación secretarial que antecede y por cerrado dicho período. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución: Visto para resolver el juicio de amparo 1729/2022-IX-B, promovido por Rosalandy Ayuso Navarrete; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el dieciocho de julio de este año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el diecinueve de julio siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció Rosalandy Ayuso Navarrete, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con residencia en Cancún, Quintana Roo y otras autoridades SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinte de julio de la anualidad, se admitió a trámite la demanda bajo el número 1729/2022-IX-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitaron a las autoridades responsables sus informes justificados; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES: PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 56 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Fijación de lo actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la orden de presentación, comparecencia, aprehensión y/o detención, dictada en su contra, así como su ejecución. TERCERA. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las siguientes responsables:} a) Con sede en esta ciudad: Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio (promoción 16993, fojas 41 y 42), Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado (promoción 16856, foja 37), Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado (promoción 16852, foja 35), Fiscal General del Estado (promoción 17027, fojas 48 y 49), Delegado de la Fiscalía General de la República (promoción 16855, foja 36), Secretario de Seguridad Pública del Estado (promoción 16866, foja 38), Director de la Policía Estatal de Investigación (promoción 17009, foja 47), Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial -denominación correcta- (promoción 17163, foja 53), b) Con sede en Quintana Roo: Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio (promoción 18492, foja 61), Juzgado Penal Oral en la Ciudad de Cancún (promoción 19453, fojas 77 a 79), Fiscal General del Estado (promoción 22720, fojas 102 y 103), Delegado de la Fiscalía General de la República (promoción 19825, foja 86), Secretario de Seguridad Pública del Estado (promoción 23797, fojas 119 y 120), Director General de la Policía de Investigación (promoción 19451, fojas 75 y 76), Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial -denominación correcta- (promoción 23265, foja 107) y Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales (promoción 25411, foja 128). Esto, ya que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dichas negativas con prueba en contrario. En consecuencia, al haber quedada acreditada la inexistencia del acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTA. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión. SEXTA. Integración física. Se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir de esta fecha, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rosalandy Ayuso Navarrete, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por el motivo indicado en la consideración tercera de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. En cumplimiento a lo establecido en la última consideración, no ha lugar a agregar copia autorizada de la presente resolución al expediente físico. Notifíquese y regístrese.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán; veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vistos estos autos incidentales y la cuenta que antecede, se agrega el informe previo rendido en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal. Sin que sea el caso realiza mayor pronunciamiento al respecto toda vez que el cuatro de noviembre pasado, se resolvió la suspensión definitiva respecto a dicha autoridad. Notifíquese y cúmplase.

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