Rosa Martha Quiroz Valdes

Expediente 230/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
230/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • Rosa Martha Quiroz Valdes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 4864/2023, de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, recibido vía electrónica en este Juzgado, mediante el uso de la FIREL; del que se advierte que en autos del toca ********************, dicha Superioridad admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la quejosa ********************, en contra de la sentencia dictada el catorce de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por la quejosa Rosa Martha Quiroz Valdez, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada el catorce de abril de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. En consecuencia, se ordena dar acceso al expediente electrónico del presente asunto a la mencionada Superioridad, a fin de que se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado y cúmplase.

  3. Principal

    ANTECEDENTES PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Secretario, así como del Director Jurídico y encargada del depósito vehicular denominado "corralón uno", todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de dieciséis de febrero del año en curso, se admitió la demanda, misma que quedó registrada con el número 230/2023-III-A; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde y se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la Jueza responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: Del Secretario y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública: a) La negativa de devolver el vehículo marca ********************, tipo ********************, modelo ********************, color negro, con número de serie ********************, con placas de circulación ********************, del Estado de ********************. Del encargado del depósito vehicular denominado "corralón uno-Canek", de la Secretaría de Seguridad Pública: b) El cobro de las cuotas de estadía en el corralón, a partir del treinta de enero de dos mil veintitrés. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Secretario, Director Jurídico y encargada del depósito vehicular "corralón uno", todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, pues así se advierte del informe justificado que rindieron por conducto del Director Jurídico; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las partes o se advierten de oficio por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, que se localiza en la página 262, Parte VIII, Quinta Época del Apéndice de 1985, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. El precepto legal en cita dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;..." Por su parte, el numeral 5° fracción I, de dicho ordenamiento legal, menciona: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Asimismo, el artículo 107 fracción I, Constitucional, establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos" . Así como la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 107 fracción I, constitucional, 5º de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61 fracción XII, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Lo anterior es así, pues generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así pues, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio fundamental (instancia de parte agraviada) se encuentra la prevista en la fracción XII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, el acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona no afecta los intereses jurídicos del quejoso, es decir, no lesiona la esfera de derechos de quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 590, del Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que también se comparte, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." En este orden de ideas, se afirma que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que la aquí quejosa no aportó medio de convicción idóneo para acreditar fehacientemente el derecho de propiedad sobre el vehículo cuya negativa a devolvérselo reclama, no obstante que así lo afirmó en su demanda de amparo. Lo anterior es así, pues si bien es verdad que obra en autos el original de la factura del vehículo marca ********************, tipo ********************, modelo ********************, color negro, con número de serie ********************, con placas de circulación ********************, del Estado de ********************, expedida por la persona moral ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de ********************, en cuyo reverso constan diversas firmas que pudieran considerarse como endosos, siendo el último a favor de la aquí quejosa. Sin embargo, el mismo carece de valor probatorio, en razón de que carece de fecha cierta, pues no consta el día que le fue transferida la supuesta propiedad del vehículo de mérito. En efecto, la institución de la fecha cierta consiste en dotar de seguridad a las personas de determinada relación jurídica, a fin de garantizar que los documentos privados que se presenten en oposición de sus pretensiones, no hayan sido realizados con posterioridad al inicio del procedimiento correspondiente y fechados con una anterior, evitando así la posibilidad que se realice un fraude en su contra. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que un documento tendrá fecha cierta cuando se reúnen cualquiera de las siguientes características: a) Desde el momento de la inscripción del documento en el Registro Público. b) Desde el momento en que el documento privado se entregue a un funcionario en razón de su oficio. c) Desde la muerte de cualquiera de los firmantes del contrato correspondiente. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 180, del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 913162, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes." De manera que si la factura presentada por la aquí quejosa, para acreditar su interés jurídico, no contiene la fecha en la que adquirió el vehículo que refiere es de su propiedad, ello imposibilita determinar si el reclamo que se hace, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición de dicho bien. Motivo por el cual resulta insuficiente para acreditar los extremos antes apuntados, aún adminiculándolas con las diversas documentales exhibidas consistentes en la copia simple de la credencial para votar de la aquí quejosa y el escrito de treinta de enero del año en curso, que dirigió al Secretario de Seguridad Pública del Estado, donde solicitó la devolución del aludido vehículo, ya que por su propia naturaleza, no constituyen indicios del que se pueda inferir su derecho de propiedad. Sirve de apoyo a lo anterior, las consideraciones que informa la jurisprudencia P./J. 7/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 9, del Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 190371, que precisa: "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Por tanto, al no acreditarse la propiedad que aduce tener la quejosa respecto del bien mueble referido, carece de interés jurídico para promover la instancia constitucional. En ese contexto, tomando en consideración que el interés jurídico debe constar fehacientemente probado y no inferirse con base en presunciones, se llega a la conclusión de que en la especie no se acredita el referido extremo. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del al Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En las condiciones apuntadas, al haberse acreditado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que legalmente procede es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la invocada ley de la materia. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la causa de improcedencia que se actualizó. Resultan aplicables al caso, la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclama del Secretario, así como del Director Jurídico y encargada del depósito vehicular denominado "corralón uno", todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. PVista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese el oficio signado por el Director Jurídico, por sí y en representación del Titular y encargada del depósito vehicular denominado "corralón uno", todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, que remite en cumplimiento al requerimiento efectuado por proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Al efecto, este órgano jurisdiccional tiene por informado lo anterior y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, toda vez que a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comenzará a transcurrir el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se da del oficio de mérito, por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.

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