Rosa Velia Reyes Quezada
Expediente 736/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosa Velia Reyes Quezada
- Integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vistas las certificaciones de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana el presente incidente, con esta fecha se declaró firme el auto que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo definitivo; asimismo, que por auto de seis de julio de dos mil veintiuno, se negó la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el doce de julio de esa anualidad, se negó la definitiva solicitada. I. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. II. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en este asunto se negó la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que el original de este incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. III. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. IV. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del acuerdo de veintiuno de abril del año en curso, en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido sin que la parte quejosa hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara consentido el proveído en donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. I. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. III. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General. IV. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente; por lo que deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia dictada en autos, el acuerdo en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y este proveído. V. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo que las autoridades responsables dieron, sin que realizara manifestación alguna al respecto. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector. I. Efectos de la concesión del amparo. El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia respectiva en la que se concedió la protección constitucional a la justiciable respecto de los actos reclamados a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, y a las autoridades adscritas a la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para los siguientes efectos: "XI. DECISIÓN [.] Para ello, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, deberá: De manera inmediata continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3362/18-15-01-5, para ello deberá proveer y gestionar lo correspondiente para hacer efectivas las multas impuestas a la autoridad obligada en el juicio de origen, así como todos los subsecuentes que resulten necesarios, a fin de vencer la contumacia de los encargados de la Delegación Estatal Oaxaca y Subdelegación de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de llevar a cabo el total cumplimiento del fallo de que se trata. Para efecto de constreñir a las autoridades señaladas como responsables en este sumario, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que acaten las determinaciones adoptadas por la sala tendentes a obtener el cumplimiento de las sentencia de nulidad, podrá dictar las medidas más eficaces e inmediatas, entre ellas multas al superior jerárquico, dar vista al Órgano de Control Interno y cualquier otra que resulte necesaria e idónea para tal fin, de conformidad con sus facultades y atribuciones. Por su parte, las autoridades adscritas a la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberán realizar las gestiones conducentes para calcular, programar y realizar el pago de las prestaciones a favor de la quejosa en los términos indicados en la sentencia de nulidad antes referida. Cabe destacar que tratándose de los alcances por los que se otorga la protección constitucional, éstos deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento de génesis, sin que pueda abarcar el análisis constitucional de actos procesales posteriores; asimismo, que los anteriores son extensivos a todas las autoridades señaladas como responsables." (Lo resaltado es propio) La sentencia de mérito causó ejecutoria mediante auto de veintidós de septiembre siguiente, y por tanto se requirió el cumplimiento respectivo a las autoridades responsables. II. Actos que las autoridades responsables debían llevar a cabo para cumplir el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables debían realizar lo siguiente: a) La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, deberá continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3362/18-15-01-5, haciendo valer los medios de apremió a su alcance hasta logar su total cumplimiento. b) Las autoridades adscritas a la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberán realizar las gestiones conducentes para calcular, programar y realizar el pago de las prestaciones a favor de la quejosa en los términos indicados en la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3362/18-15-01-5. III. Acciones que la autoridad responsable realizó para acatar la ejecutoria de amparo. Mediante autos de uno de octubre, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, treinta y uno de enero, catorce y veintidós de febrero y uno de abril de dos mil veintidós, se tuvo a las autoridades responsables informando las gestiones que se encontraba realizando en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y al efecto remitiendo las constancias respectivas. Posteriormente, el cinco de abril de este año, se tuvo a la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, informado que había dado cumplimiento a la ejecutoria, anexando para acreditar su dicho copias certificadas del auto de uno de abril pasado, dictado en autos del juicio de nulidad 3362/18-15-01-5, así como diversas constancias provenientes de las autoridades adscritas a la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Instrumentos que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su ordinal 2°. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Estudio del cumplimiento del fallo protector. Del análisis del informe de cumplimiento de la ejecutoria de amparo y de las constancias que la autoridad responsable Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, exhibió se advierte que por auto de uno de abril de este año, determinó tener por cumplida la sentencia dicta en el juicio de nulidad 3362/18-15-01-5, de su índice y para el caso ordenó el archivo del referido asunto como concluido. Ello en virtud que mediante misiva SP/DPSHT/JN/379/2022, de dos de febrero de dos mil veintidós, suscrito por el encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informó a la Sala responsable el pago correspondiente a las diferencias a favor de la quejosa Rosa Velia Reyes Quezada, consistentes en la cantidad de $505, 136.15 (quinientos cinco mil ciento treinta y seis pesos con quince centavos), realizada mediante transferencia bancaria SPEI, con clave de rastreo HSBC113924, donde se advierte el nombre de la quejosa como beneficiaria de la citada transacción; asimismo, el instituto mencionado comunicó a la parte quejosa el referido pago mediante el diverso oficio SP/DPSHT/JN/2093/2021, de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Con las actuaciones descritas las autoridades responsables acataron el fallo protector, en virtud que la premisa en la que consistía el cumplimiento de la ejecutoria era dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3362/18-15-01-5, misma que como se describió la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tuvo por satisfecha. En consecuencia con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio constitucional. En el presente proveído se declara cumplido el fallo protector en términos de lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo que las autoridades responsables dieron, sin que realizara manifestación alguna al respecto. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector. I. Efectos de la concesión del amparo. El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia respectiva en la que se concedió la protección constitucional a la justiciable respecto de los actos reclamados a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, y a las autoridades adscritas a la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para los siguientes efectos: "XI. DECISIÓN [.] Para ello, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, deberá: De manera inmediata continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3362/18-15-01-5, para ello deberá proveer y gestionar lo correspondiente para hacer efectivas las multas impuestas a la autoridad obligada en el juicio de origen, así como todos los subsecuentes que resulten necesarios, a fin de vencer la contumacia de los encargados de la Delegación Estatal Oaxaca y Subdelegación de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de llevar a cabo el total cumplimiento del fallo de que se trata. Para efecto de constreñir a las autoridades señaladas como responsables en este sumario, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que acaten las determinaciones adoptadas por la sala tendentes a obtener el cumplimiento de las sentencia de nulidad, podrá dictar las medidas más eficaces e inmediatas, entre ellas multas al superior jerárquico, dar vista al Órgano de Control Interno y cualquier otra que resulte necesaria e idónea para tal fin, de conformidad con sus facultades y atribuciones. Por su parte, las autoridades adscritas a la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberán realizar las gestiones conducentes para calcular, programar y realizar el pago de las prestaciones a favor de la quejosa en los términos indicados en la sentencia de nulidad antes referida. Cabe destacar que tratándose de los alcances por los que se otorga la protección constitucional, éstos deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento de génesis, sin que pueda abarcar el análisis constitucional de actos procesales posteriores; asimismo, que los anteriores son extensivos a todas las autoridades señaladas como responsables." (Lo resaltado es propio) La sentencia de mérito causó ejecutoria mediante auto de veintidós de septiembre siguiente, y por tanto se requirió el cumplimiento respectivo a las autoridades responsables. II. Actos que las autoridades responsables debían llevar a cabo para cumplir el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables debían realizar lo siguiente: a) La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, deberá continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3362/18-15-01-5, haciendo valer los medios de apremió a su alcance hasta logar su total cumplimiento. b) Las autoridades adscritas a la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberán realizar las gestiones conducentes para calcular, programar y realizar el pago de las prestaciones a favor de la quejosa en los términos indicados en la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3362/18-15-01-5. III. Acciones que la autoridad responsable realizó para acatar la ejecutoria de amparo. Mediante autos de uno de octubre, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, treinta y uno de enero, catorce y veintidós de febrero y uno de abril de dos mil veintidós, se tuvo a las autoridades responsables informando las gestiones que se encontraba realizando en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y al efecto remitiendo las constancias respectivas. Posteriormente, el cinco de abril de este año, se tuvo a la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, informado que había dado cumplimiento a la ejecutoria, anexando para acreditar su dicho copias certificadas del auto de uno de abril pasado, dictado en autos del juicio de nulidad 3362/18-15-01-5, así como diversas constancias provenientes de las autoridades adscritas a la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Instrumentos que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su ordinal 2°. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Estudio del cumplimiento del fallo protector. Del análisis del informe de cumplimiento de la ejecutoria de amparo y de las constancias que la autoridad responsable Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, exhibió se advierte que por auto de uno de abril de este año, determinó tener por cumplida la sentencia dicta en el juicio de nulidad 3362/18-15-01-5, de su índice y para el caso ordenó el archivo del referido asunto como concluido. Ello en virtud que mediante misiva SP/DPSHT/JN/379/2022, de dos de febrero de dos mil veintidós, suscrito por el encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informó a la Sala responsable el pago correspondiente a las diferencias a favor de la quejosa Rosa Velia Reyes Quezada, consistentes en la cantidad de $505, 136.15 (quinientos cinco mil ciento treinta y seis pesos con quince centavos), realizada mediante transferencia bancaria SPEI, con clave de rastreo HSBC113924, donde se advierte el nombre de la quejosa como beneficiaria de la citada transacción; asimismo, el instituto mencionado comunicó a la parte quejosa el referido pago mediante el diverso oficio SP/DPSHT/JN/2093/2021, de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Con las actuaciones descritas las autoridades responsables acataron el fallo protector, en virtud que la premisa en la que consistía el cumplimiento de la ejecutoria era dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3362/18-15-01-5, misma que como se describió la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tuvo por satisfecha. En consecuencia con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio constitucional. En el presente proveído se declara cumplido el fallo protector en términos de lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
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