ROSA RÍOS o ROSA RÍOS SANTIAGO

Expediente 571/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
571/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • ROSA RÍOS o ROSA RÍOS SANTIAGO
  • ROSA RÍOS o ROSA RÍOS SANTIAGO y Otros.
  • Luciano Cruz Pérez (alta QR)
  • Luciano Cruz Pérez (alta QR) y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para los efectos legales consiguientes, por el cual, el subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, oficina de representación en el Estado de Oaxaca, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU): 1) Informa el domicilio oficial de su representada, el cual señala para recibir acuerdos y notificaciones en este asunto. 2) Revoca a la persona y el correo electrónico que refiere para intervenir en este juicio, por la razón que expone. 3) Autoriza delegados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo. Por tanto, este juzgador se hace conocedor del nuevo domicilio que señala y acuerda favorablemente respecto a los puntos referidos en los incisos 2) y 3). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó y en acuerdo inicial se concedió la suspensión de plano; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, el proveído donde se concedió la suspensión de plano y esta determinación. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 18 del Acuerdo General multicitado, en concordancia con el capítulo siete, punto "7.6" del manual citado en párrafos que anteceden, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de esta determinación y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los siguientes noventas días, se procederá a depurar el expediente, conservando las constancias correspondientes. Una vez terminado el proceso de depuración, este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; al cumplir diez años de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, la Dirección General de Archivo y Documentación podrá ejecutar la destrucción material de aquél, previa autorización de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    "...S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 571/2019, promovido por ** o **, por propio derecho, en contra de actos de la Secretaría de la Reforma Agraria y otras autoridades. I. ANTECEDENTES 1. ** o **, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el uno de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, la señora **, le vendió verbalmente una fracción de siembra, prometiéndole que al año siguiente regresaría al pueblo para formalizar ante el comisariado ejidal la cesión de derechos correspondientes. 2. Dicha fracción de terreno se ubica en la calle ** de la Agencia de Santa Martha **, Ejutla de Crespo, Oaxaca, con las medidas siguientes, al norte ** metros y colinda con **; al sur mide **metros y colinda con **; al oriente mide ** metros y colinda con camino conocido como **; y, al poniente mide ** metros y colinda con **. 3. Desde ese entonces la nombrada ** o **, aduce que ha estado en posesión de esa fracción de terreno. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 4. ** o **, por propio derecho, mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, turnado el mismo día al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, promovió juicio de amparo en contra actos de la Secretaría de la Reforma Agraria y otras autoridades. 5. En proveído de diez de junio de dos mil diecinueve, dicho juzgado radicó la demanda con el número 511/2019 de su índice; y, previno a la peticionaria del amparo, para que especificara qué concretos actos reclamaba de las autoridades responsables. 6. En auto de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, el titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, recibió el escrito aclaratorio de la quejosa; sin embargo, previo a acordar su contenido, declinó competencia por conocimiento previo a este órgano jurisdiccional. 7. En proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, este órgano de control constitucional aceptó la competencia declinada; se registró la demanda de amparo con el progresivo 571/2019; se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se otorgó la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo el dieciséis de octubre de dos mil veinte, al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA 8. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque los actos reclamados se atribuyen a autoridades, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 9. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 10. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 11. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 12. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, da pauta a establecer que la parte inconforme reclama los actos siguientes: Autoridades responsables ordenadoras i. Delegado de la Procuraduría Agraria ii. Secretaría de la Reforma Agraria iii. Registro Agrario Nacional iv. Comisariado de Bienes Ejidales de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, Oaxaca Autoridad responsable ejecutora v. Comandante en Jefe de la Policía Municipal de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, Oaxaca Actos reclamados. a) La negativa a reconocer sus derechos como poseedora y/o aspirante a ejidataria. b) La orden de desocupación del predio que aduce poseer; y, su ejecución material. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL INCISO A) 13. La totalidad de las autoridades responsables ordenadoras, negaron el acto que se les atribuye marcado en el inciso a), consistente en la negativa a reconocer sus derechos como poseedora y/o aspirante a ejidataria, ya que manifestaron que no se encuentran facultadas para ello, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa con prueba idónea para ello. 14. Se concuerda con lo antes expuesto, ya que la Ley Agraria es muy específica en señalar quien es el órgano facultado para la asignación de tierras ejidales y ante inconformidad alguna, la autoridad ante quien se debe impugnar. Así como el trámite que debe realizar un aspirante a ejidatario, quien haya poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un período de cinco años, si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, con el objetivo de adquirir sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. 15. Para justificar lo expuesto, se debe tener en cuenta lo que dicha ley establece respecto a los órganos de los ejidos y comunidades, referidos en los numerales 12, 21, 22, 32 y 35 de la Ley Agraria . 16. Así se tiene, que son ejidatarios o, comuneros, los hombres y mujeres titulares de derechos, ya sea ejidales o comunales; que los órganos de los ejidos y comunidades son: la asamblea, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia; que el órgano supremo es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios o comuneros. 17. Que el comisariado ejidal o comunal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa, ya sea del ejido o de la comunidad; que dicho comisariado estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, con sus respectivos suplentes y, el Consejo de Vigilancia, por un Presidente y dos Secretarios, con sus respectivos suplentes. 18. De todo lo anterior, se advierte que la Ley contempla a la asamblea como el órgano supremo del núcleo de población y al comisariado ejidal o comunal, como el órgano de representación y ejecutor de las resoluciones de la asamblea (artículos 22 y 32). 19. Ahora, los diversos numerales 56 a 62 de la referida ley, disponen en lo que interesa que la asamblea de cada ejido, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios, la cual deberá partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue: I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitará las tierras de uso común del ejido; II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos; y III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo. 20. En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido y proveerá a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El Registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los certificados parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional. 21. Se señala que para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción III antes señalada, la asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia: I. Posesionarios reconocidos por la asamblea; II. Ejidatarios y avecindados del núcleo de población cuya dedicación y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversión las tierras de que se trate; III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más; y IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea. 22. Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución de la propia asamblea, a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de población ejidal. 23. La asignación de parcelas por la asamblea, se hará siempre con base en la superficie identificada en el plano general del ejido y, cuando hubiere sujetos con derechos iguales conforme al orden de prelación establecido en el artículo anterior, la hará por sorteo. 24. A la asamblea en que se lleve a cabo el sorteo deberá asistir un fedatario o un representante de la Procuraduría Agraria que certifique el acta correspondiente. 25. No obstante lo anterior, el precepto 61 de dicha legislación prevé que la asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por lo individuos que se sientan perjudicados por la asignación y que constituyan un veinte por ciento o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio cuando a juicio del Procurador se presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves o que pueda perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses. 26. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello pueda implicar la invalidación de la asignación de las demás tierras. 27. Se refiere que la asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva. 28. Ahora, por lo que refiere al tema de los aspirantes a ejidatarios, la Ley Agraria en su numeral 48 , dispone que quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un período de cinco años, si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. 29. Refiere que el poseedor podrá acudir ante el tribunal agrario para que, previa audiencia de los interesados, del comisariado ejidal y de los colindantes, en la vía de jurisdicción voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resolución sobre la adquisición de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate, lo que se comunicará al Registro Agrario Nacional, para que éste expida de inmediato el certificado correspondiente. 30. De lo antes expuesto, se concluye lo siguiente: a) Son ejidatarios o, comuneros, los hombres y mujeres titulares de derechos, ya sea ejidales o comunales; que los órganos de los ejidos y comunidades son: la asamblea, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia; b) El órgano supremo es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios o comuneros; c) La asamblea de cada ejido, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. No obstante ello, la asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por lo individuos que se sientan perjudicados por la asignación; y, d) Las personas que hayan poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante ciertos períodos, adquirirán sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela y podrán acudir ante el tribunal agrario para que, previa audiencia de los interesados, del comisariado ejidal y de los colindantes, en la vía de jurisdicción voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resolución sobre la adquisición de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate, lo que se comunicará al Registro Agrario Nacional, para que éste expida de inmediato el certificado correspondiente. 31. Por tanto, como bien se adelantó, se concuerda con lo expuesto por las autoridades responsables al indicar que son inexistentes los actos reclamados, ya que no están dentro de sus facultades el emitirlos. 32. Esto es así, ya que sin reconocer que exista alguna afectación a su esfera de derechos respecto a la parcela que aduce poseer, como bien se evidenció en párrafos precedentes, la Ley Agraria señala las directrices para impugnar la asignación de parcelas por parte del máximo órgano de representación del ejido, esto es la Asamblea de Ejidatarios. 33. Así como plantear ante la autoridad competente, en su calidad de aspirante a ejidatario, en proceso de cognición, se emita una resolución que declare que de ser una poseedora de una fracción de terreno, se ha convertido en ejidatario. 34. En ambos supuestos, la autoridad competente para ello es el Tribunal Agrario y no así la presente instancia Constitucional. 35. Es oportuno citar por razones ilustrativas la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado de este Décimo Tercer Circuito, consultable a página 250, Tomo XIII, Febrero de 1994, materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACCION AGRARIA DE ASPIRANTE A EJIDATARIO Y NO DE RESTITUCION. DISTINCION. Si la parte actora deduce, como acción principal, el reconocimiento por sentencia del Tribunal Unitario Agrario, en términos del artículo 48 y para efectos del 16, fracción III, ambos de la Ley Agraria, de su calidad de ejidatario de una parcela perteneciente a un ejido, por haberla poseído bajo las condiciones y durante el tiempo que marca el primero de los preceptos aludidos, y, como acción secundaria, la restitución de aquélla, es notorio que acude a la jurisdicción agraria como aspirante, y no como ejidatario, porque acude a ella para que, en proceso de cognición, emita resolución que declare que de poseedora se ha convertido en ejidatario." 36. No pasa inadvertido para quien aquí resuelve las pruebas aportadas por la parte quejosa para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, dichos medios de convicción son los siguientes: a) Copia certificada de diversas constancias que integran el juicio de amparo 786/2006 del índice de este juzgado. b) Acuse de recibo de la demanda que originó el citado juicio de amparo 786/2006 del índice propio. c) Original de constancia de origen y vecindad emitida por el Presidente Municipal Constitucional de Ejutla de Crespo, Oaxaca. d) Original de constancia de origen y vecindad emitida por el Agente Municipal de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo Oaxaca. e) Prueba de inspección judicial desahogada en el predio materia de la Litis. f) Testimoniales con cargo a Luciano Cruz Pérez y Catalina Revilla García. 37. En efecto, si bien las documentales señaladas en los inciso a), b), c) y d) al ser documentos públicos adquieren eficacia probatoria plena, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su numeral 2°, la cual acredita únicamente lo ahí expuesto. Es decir, que la aquí quejosa ya había comparecido a sede constitucional a reclamar idénticos actos que son materia de estudio en el presente juicio de amparo; empero, el veintiocho de noviembre de dos mil ocho, se sobreseyó dicho juicio de amparo 786/2006 ante la inexistencia de los actos reclamados. 38. De igual forma que la quejosa es originaria del Municipio de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo Oaxaca, cuenta con la edad de 42 años de edad y es hija de los señores Arturo Ríos Méndez y Felicitas Santiago Arrellanes. 39. Tocante a las pruebas marcadas en el inciso e) y f), consistente en la de inspección judicial y testimonial desahogas en el presente juicio, no son idóneas para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables. 40. Tocante a la prueba de inspección judicial que se desahogó en el inmueble ubicado en calle Emiliano Zapata en la Agencia Municipal de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, Oaxaca (el cual aduce la parte aquí quejosa ejerce una posesión), se advierte que se desahogó en sus términos bajo los puntos propuestos por la oferente de la prueba y lo advertido por el fedatario judicial encargado de ejecutarla, a saber: i) Certificará si se pudo acceder al predio sin ningún impedimento hecho por persona alguna. - "Que si se pudo acceder al predio sin ningún impedimento hecho por persona alguna". ii) Certificará si dentro de ese predio existe cocina, habitación para dormir, baño, herramientas para trabajar el campo, ganado ya sea ovino, aves de corral, etc. - "Que dentro del predio NO existe cocina, NI habitación para dormir, NI herramientas para trabajar el campo, NI ganado ovino, dado que el mismo se encuentra sembrado de mil y diversas plantas, apreciándose únicamente la presencia de aves de corral. De igual manera se certifica que SI existe una letrina (baño) y un cuarto completamente vacío con medidas de dos metros de cada lado (el cual no se puede terminar si es de uso para cocina, dado que el mismo está sin muebles)" iii) Certificará si el predio se encuentra cercado por sus cuatro lados. - "Que el predio SI se encuentra cercado por sus cuatros lados con malla ciclónica." 41. Como puede apreciarse los puntos propuestos van encaminados a evidenciar las condiciones sobre cómo se encuentra el inmueble que aduce poseer; empero, en nada beneficia a la parte quejosa al desvirtuar la negativa propuesta por las responsables, al aducir que le negaron el reconocerle sus derechos como poseedora y/o aspirante a ejidataria. 42. Los cuales se insiste en términos de la Ley Agraria, es otro ente el facultado para ello y ante cualquier inconformidad la autoridad competente para ello es el Tribunal Agrario y no así la presente instancia Constitucional. 43. Situación similar acontece con la prueba testimonial con cargo a los atestes Luciano Cruz Pérez y Catalina Revilla García, que contestaron al interrogatorio que obra a foja 80 de cuaderno de amparo. 44. Dichos cuestionamientos fueron encaminados a saber si conocían a la aquí peticionaria de amparo; a su decir donde reside actualmente; cuanto tiempo tienen de conocerla; y, si además de la quejosa diversa persona ha vivido en ese predio. Empero se insiste, los dichos de los referidos atestes en nada beneficia para desvirtuar la negativa propuesta por las responsables, ya que se reitera lo expuesto en la presente resolución y conforme a le Ley Agraria, las autoridades señaladas como responsables no se encuentra dentro de su facultades negar el reconocimiento de sus derechos como poseedora y/o aspirante a ejidataria. 45. En ese orden de ideas, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.]. IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." 46. Dicha porción normativa establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. 47. Cabe señalar, que la parte quejosa tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo, está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. 48. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." 49. En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos que atribuye a las responsables, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. VI. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO EN EL INCISO B) 50. El Comisariado Ejidal de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, Oaxaca (en su actual integración), al rendir su informe de ley, negó la existencia del acto que se le atribuye, consistente en la orden de desocupación del predio que dice poseer la parte quejosa. 51. No obstante ello, al advertir que la quejosa aportó como prueba de su parte el oficio sin número signado por la anterior integración del Comisariado Ejidal de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, Oaxaca, en el que le notificaba a la ahora quejosa que no podía usar el predio que aduce poseer y en caso que la invadiera se haría acreedora de una multa. Por tal motivo, en auto de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, este juzgado federal requirió al citado comisariado rectificara su informe; es decir, si esa notificación subsiste o ante la nueva integración del ente ejidal, había quedado sin efecto. 52. Es por ello, que por escrito recibido el dos de agosto de dos mil diecinueve, se le tuvo informando que dicho comunicado dirigido a la aquí quejosa se dejó sin efecto. VII. PROCEDENCIA 53. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1°.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". 54. En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. 55. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." 56. En ese tenor, de oficio, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1o., fracción I, 5o., fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" [...] "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." [...] "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [...] III.- La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" [...] 57. De la demanda de amparo se advierte que la quejosa Rosa Ríos o Rosa Ríos Santiago, reclama la orden de desocupación y/o desposesión del predio ubicado en el municipio de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, Oaxaca, atribuida al Comisariado de Bienes Ejidales de dicha municipalidad. 58. De ahí se colige que los actos atribuidos a dichas responsables no son actos de autoridad que sean susceptibles de analizarse a través de este medio de control constitucional, que sólo procede contra actos de autoridad y no de particulares que no tengan la calidad de autoridad responsable. Lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los citados preceptos de la Ley de Amparo. 59. De la interpretación sintáctica, armonizada y sistemática de los numerales anteriormente transcritos, se deduce que, para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquella con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. 60. En la especie, se reclaman actos que no provienen de autoridad para efectos del juicio de amparo y que tampoco pueden considerarse actos de que se conducen como autoridad o equivalentes a los de autoridad, toda vez que los actos reclamados, no derivan de funciones que estén determinadas por una norma general, por lo que, a quien se señala como autoridades responsables no le pueden revestir tal carácter, como se verá a continuación. 61. El artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla lo relativo a qué se entiende como autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." 62. Del anterior precepto, así como de los diversos 1º, fracción I. y 5o., fracción II de la Ley de Amparo, es dable inferir que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 63. Asimismo, se desprende que los particulares tendrán el carácter de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. 64. En esas consideraciones, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), cuyas funciones estén determinadas por una norma general, a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación que se hayan aducido en su contra. 65. Esto es, que el particular ejerza facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que, por tanto, se traducirían en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, puesto que sus funciones se encuentran determinadas por una norma general. 66. Conviene tener presente que, sobre la figura de "autoridad para efectos del juicio de amparo" el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/92, en sesión de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, la cual sigue surtiendo aplicación al no contradecir lo establecido en la Ley de Amparo vigente, sostuvo, en conclusión, la tesis aislada P. XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, correspondiente a febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 199459, que dispone: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." 67. De lo expuesto se concluye que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, como se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad o, en su caso, de un particular cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal cuyas funciones estén determinadas en ella, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, misma que tienen como característica la imperatividad, la unilateralidad, la coercitividad y que pueden disponer de la fuerza pública. 68. Resulta conveniente destacar que en la jurisprudencia por reiteración de tesis 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de siete de septiembre de dos mil once, se determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. 69. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 161133, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." 70. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. 71. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. 72. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. 73. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. 74. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable, es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. 75. Empero, en mérito de las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, a saber, la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular y que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado; en correlación con los actos que reclama la quejosa, es inconcuso que a las autoridades que conforman el Comisariado Ejidal de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, Oaxaca, no le reviste el carácter de responsable, para los efectos del presente juicio de amparo; habida cuenta que se está en presencia de actos entre particulares, pues el comisariado realiza la ejecución de los actos respecto del ejido y hacia su interior, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción; máxime que, no se está en la hipótesis de la fracción II, párrafo segundo, del numeral 5, de la Ley de Amparo, por virtud de que los entes ejidales no realizan actos equivalentes a los de la autoridad, sino como se dijo, se equiparan a actos entre particulares y de existir inconformidad de parte legítima, debe dirimirse el conflicto respectivo ante autoridad competente. 76. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.A.45 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, visible a página 1697, Tomo XVIII, Agosto de 2003, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, registro 183607, cuyo rubro y texto indican: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. De conformidad con lo señalado en los artículos 21, fracción I, 22, párrafo primero, 23 y 27 de la Ley Agraria vigente, la asamblea general de ejidatarios es la máxima autoridad ejidal y tiene conferidas diversas facultades, en cuyo ejercicio puede crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho; sin embargo, para los efectos del juicio constitucional no ostenta el carácter de autoridad, pues sus acuerdos son obligatorios únicamente para los ejidatarios, no ejecutables contra su voluntad, de manera que se trata de cuestiones entre particulares, sin imperio ni coerción. En la iniciativa de la Ley Agraria que propuso el presidente de la República a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se concibe a la asamblea general de ejidatarios como el órgano supremo del ejido, con facultades para decidir sobre cuestiones importantes para el núcleo de población (como las que enumera el artículo 23 de la Ley Agraria), empero, desde la iniciativa en mención se estimó que la asamblea de ejidatarios no es una autoridad agraria, en consecuencia, tampoco puede serlo para los efectos del juicio de garantías, porque carece de imperio y coercitividad para ejecutar sus propios acuerdos o llevar a cabo el cumplimiento de sus determinaciones." 77. Así como, la diversa Jurisprudencia XXVII.3o. J/18 (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2184, Décima Época, registro 2008595, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo." 78. Así también, la tesis VI.3º.A.27 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1099, Tomo XIII, mayo de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 189776, cuyo rubro y texto indican: "COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. El comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: "... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ..."; es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria aclara enfáticamente que el comisariado ejidal no es una autoridad agraria. Por otro lado, y de manera destacada, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 48/97, publicada en la página cuatrocientos sesenta y tres del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo siguiente: "... si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución ..."; o sea que de acuerdo con el criterio de la Corte para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y ejecución de los acuerdos de asamblea." 79. Y, la tesis Aislada, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 841, Tomo XII, diciembre de 1993, Materia Administrativa, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 214009, que a la letra señala: "COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El hecho de que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, tengan facultades para desposeer a los ejidatarios de sus parcelas, no por esta circunstancia debe atribuírseles el carácter de autoridades responsables y por ende sus actos sean susceptibles de combatir a través del juicio de amparo, toda vez que la investidura otorgada a tales órganos por la anterior y actual legislación agraria, debe entenderse en el sentido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "de órgano de dirección y vigilancia del ejido", pues aun y cuando éste sea una persona moral creada por voluntad estatal y que las decisiones de sus autoridades internas presenten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, no participa de la naturaleza jurídica del Estado, de consiguiente, sus actos no son de autoridad para los efectos del amparo." 80. En las relatadas condiciones, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, Fracción I y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, la acción de amparo intentada por la quejosa, en contra del Comisariado Ejidal de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, Oaxaca, es notoriamente improcedente; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. 81. Dicho sobreseimiento se hace extensivo al acto de ejecución que atribuye al Comandante en Jefe de la Policía Municipal de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, Oaxaca, toda vez que no se combate por vicios propios. 82. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia 231, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, Apéndice de 1995, tomo VI, Séptima Época, que es del tenor siguiente: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. VIII. DECISIÓN 83. Consecuentemente, al ser inexistente unos de los actos reclamados y actualizarse la causa de improcedencia en estudio por un diverso acto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. 84. El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de la determinación reclamada, respecto de la cual se ha decretado el sobreseimiento. 85. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." 86. Finalmente, resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por el representante social adscrito, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. 87. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. 88. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. 89. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." 90. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ** o **, por propio derecho, en contra de actos de la Secretaría de la Reforma Agraria y otras autoridades, por las razones expuestas en los considerandos V y VII. Notifíquese personalmente."

  4. Principal

    "...S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 571/2019, promovido por ** o **, por propio derecho, en contra de actos de la Secretaría de la Reforma Agraria y otras autoridades. I. ANTECEDENTES 1. ** o **, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el uno de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, la señora **, le vendió verbalmente una fracción de siembra, prometiéndole que al año siguiente regresaría al pueblo para formalizar ante el comisariado ejidal la cesión de derechos correspondientes. 2. Dicha fracción de terreno se ubica en la calle ** de la Agencia de Santa Martha **, Ejutla de Crespo, Oaxaca, con las medidas siguientes, al norte ** metros y colinda con **; al sur mide **metros y colinda con **; al oriente mide ** metros y colinda con camino conocido como **; y, al poniente mide ** metros y colinda con **. 3. Desde ese entonces la nombrada ** o **, aduce que ha estado en posesión de esa fracción de terreno. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 4. ** o **, por propio derecho, mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, turnado el mismo día al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, promovió juicio de amparo en contra actos de la Secretaría de la Reforma Agraria y otras autoridades. 5. En proveído de diez de junio de dos mil diecinueve, dicho juzgado radicó la demanda con el número 511/2019 de su índice; y, previno a la peticionaria del amparo, para que especificara qué concretos actos reclamaba de las autoridades responsables. 6. En auto de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, el titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, recibió el escrito aclaratorio de la quejosa; sin embargo, previo a acordar su contenido, declinó competencia por conocimiento previo a este órgano jurisdiccional. 7. En proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, este órgano de control constitucional aceptó la competencia declinada; se registró la demanda de amparo con el progresivo 571/2019; se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se otorgó la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo el dieciséis de octubre de dos mil veinte, al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA 8. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque los actos reclamados se atribuyen a autoridades, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 9. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 10. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 11. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 12. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, da pauta a establecer que la parte inconforme reclama los actos siguientes: Autoridades responsables ordenadoras i. Delegado de la Procuraduría Agraria ii. Secretaría de la Reforma Agraria iii. Registro Agrario Nacional iv. Comisariado de Bienes Ejidales de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, Oaxaca Autoridad responsable ejecutora v. Comandante en Jefe de la Policía Municipal de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, Oaxaca Actos reclamados. a) La negativa a reconocer sus derechos como poseedora y/o aspirante a ejidataria. b) La orden de desocupación del predio que aduce poseer; y, su ejecución material. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL INCISO A) 13. La totalidad de las autoridades responsables ordenadoras, negaron el acto que se les atribuye marcado en el inciso a), consistente en la negativa a reconocer sus derechos como poseedora y/o aspirante a ejidataria, ya que manifestaron que no se encuentran facultadas para ello, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa con prueba idónea para ello. 14. Se concuerda con lo antes expuesto, ya que la Ley Agraria es muy específica en señalar quien es el órgano facultado para la asignación de tierras ejidales y ante inconformidad alguna, la autoridad ante quien se debe impugnar. Así como el trámite que debe realizar un aspirante a ejidatario, quien haya poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un período de cinco años, si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, con el objetivo de adquirir sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. 15. Para justificar lo expuesto, se debe tener en cuenta lo que dicha ley establece respecto a los órganos de los ejidos y comunidades, referidos en los numerales 12, 21, 22, 32 y 35 de la Ley Agraria . 16. Así se tiene, que son ejidatarios o, comuneros, los hombres y mujeres titulares de derechos, ya sea ejidales o comunales; que los órganos de los ejidos y comunidades son: la asamblea, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia; que el órgano supremo es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios o comuneros. 17. Que el comisariado ejidal o comunal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa, ya sea del ejido o de la comunidad; que dicho comisariado estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, con sus respectivos suplentes y, el Consejo de Vigilancia, por un Presidente y dos Secretarios, con sus respectivos suplentes. 18. De todo lo anterior, se advierte que la Ley contempla a la asamblea como el órgano supremo del núcleo de población y al comisariado ejidal o comunal, como el órgano de representación y ejecutor de las resoluciones de la asamblea (artículos 22 y 32). 19. Ahora, los diversos numerales 56 a 62 de la referida ley, disponen en lo que interesa que la asamblea de cada ejido, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios, la cual deberá partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue: I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitará las tierras de uso común del ejido; II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos; y III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo. 20. En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido y proveerá a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El Registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los certificados parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional. 21. Se señala que para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción III antes señalada, la asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia: I. Posesionarios reconocidos por la asamblea; II. Ejidatarios y avecindados del núcleo de población cuya dedicación y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversión las tierras de que se trate; III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más; y IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea. 22. Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución de la propia asamblea, a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de población ejidal. 23. La asignación de parcelas por la asamblea, se hará siempre con base en la superficie identificada en el plano general del ejido y, cuando hubiere sujetos con derechos iguales conforme al orden de prelación establecido en el artículo anterior, la hará por sorteo. 24. A la asamblea en que se lleve a cabo el sorteo deberá asistir un fedatario o un representante de la Procuraduría Agraria que certifique el acta correspondiente. 25. No obstante lo anterior, el precepto 61 de dicha legislación prevé que la asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por lo individuos que se sientan perjudicados por la asignación y que constituyan un veinte por ciento o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio cuando a juicio del Procurador se presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves o que pueda perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses. 26. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello pueda implicar la invalidación de la asignación de las demás tierras. 27. Se refiere que la asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva. 28. Ahora, por lo que refiere al tema de los aspirantes a ejidatarios, la Ley Agraria en su numeral 48 , dispone que quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un período de cinco años, si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. 29. Refiere que el poseedor podrá acudir ante el tribunal agrario para que, previa audiencia de los interesados, del comisariado ejidal y de los colindantes, en la vía de jurisdicción voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resolución sobre la adquisición de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate, lo que se comunicará al Registro Agrario Nacional, para que éste expida de inmediato el certificado correspondiente. 30. De lo antes expuesto, se concluye lo siguiente: a) Son ejidatarios o, comuneros, los hombres y mujeres titulares de derechos, ya sea ejidales o comunales; que los órganos de los ejidos y comunidades son: la asamblea, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia; b) El órgano supremo es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios o comuneros; c) La asamblea de cada ejido, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. No obstante ello, la asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por lo individuos que se sientan perjudicados por la asignación; y, d) Las personas que hayan poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante ciertos períodos, adquirirán sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela y podrán acudir ante el tribunal agrario para que, previa audiencia de los interesados, del comisariado ejidal y de los colindantes, en la vía de jurisdicción voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resolución sobre la adquisición de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate, lo que se comunicará al Registro Agrario Nacional, para que éste expida de inmediato el certificado correspondiente. 31. Por tanto, como bien se adelantó, se concuerda con lo expuesto por las autoridades responsables al indicar que son inexistentes los actos reclamados, ya que no están dentro de sus facultades el emitirlos. 32. Esto es así, ya que sin reconocer que exista alguna afectación a su esfera de derechos respecto a la parcela que aduce poseer, como bien se evidenció en párrafos precedentes, la Ley Agraria señala las directrices para impugnar la asignación de parcelas por parte del máximo órgano de representación del ejido, esto es la Asamblea de Ejidatarios. 33. Así como plantear ante la autoridad competente, en su calidad de aspirante a ejidatario, en proceso de cognición, se emita una resolución que declare que de ser una poseedora de una fracción de terreno, se ha convertido en ejidatario. 34. En ambos supuestos, la autoridad competente para ello es el Tribunal Agrario y no así la presente instancia Constitucional. 35. Es oportuno citar por razones ilustrativas la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado de este Décimo Tercer Circuito, consultable a página 250, Tomo XIII, Febrero de 1994, materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACCION AGRARIA DE ASPIRANTE A EJIDATARIO Y NO DE RESTITUCION. DISTINCION. Si la parte actora deduce, como acción principal, el reconocimiento por sentencia del Tribunal Unitario Agrario, en términos del artículo 48 y para efectos del 16, fracción III, ambos de la Ley Agraria, de su calidad de ejidatario de una parcela perteneciente a un ejido, por haberla poseído bajo las condiciones y durante el tiempo que marca el primero de los preceptos aludidos, y, como acción secundaria, la restitución de aquélla, es notorio que acude a la jurisdicción agraria como aspirante, y no como ejidatario, porque acude a ella para que, en proceso de cognición, emita resolución que declare que de poseedora se ha convertido en ejidatario." 36. No pasa inadvertido para quien aquí resuelve las pruebas aportadas por la parte quejosa para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, dichos medios de convicción son los siguientes: a) Copia certificada de diversas constancias que integran el juicio de amparo 786/2006 del índice de este juzgado. b) Acuse de recibo de la demanda que originó el citado juicio de amparo 786/2006 del índice propio. c) Original de constancia de origen y vecindad emitida por el Presidente Municipal Constitucional de Ejutla de Crespo, Oaxaca. d) Original de constancia de origen y vecindad emitida por el Agente Municipal de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo Oaxaca. e) Prueba de inspección judicial desahogada en el predio materia de la Litis. f) Testimoniales con cargo a Luciano Cruz Pérez y Catalina Revilla García. 37. En efecto, si bien las documentales señaladas en los inciso a), b), c) y d) al ser documentos públicos adquieren eficacia probatoria plena, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su numeral 2°, la cual acredita únicamente lo ahí expuesto. Es decir, que la aquí quejosa ya había comparecido a sede constitucional a reclamar idénticos actos que son materia de estudio en el presente juicio de amparo; empero, el veintiocho de noviembre de dos mil ocho, se sobreseyó dicho juicio de amparo 786/2006 ante la inexistencia de los actos reclamados. 38. De igual forma que la quejosa es originaria del Municipio de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo Oaxaca, cuenta con la edad de 42 años de edad y es hija de los señores Arturo Ríos Méndez y Felicitas Santiago Arrellanes. 39. Tocante a las pruebas marcadas en el inciso e) y f), consistente en la de inspección judicial y testimonial desahogas en el presente juicio, no son idóneas para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables. 40. Tocante a la prueba de inspección judicial que se desahogó en el inmueble ubicado en calle Emiliano Zapata en la Agencia Municipal de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, Oaxaca (el cual aduce la parte aquí quejosa ejerce una posesión), se advierte que se desahogó en sus términos bajo los puntos propuestos por la oferente de la prueba y lo advertido por el fedatario judicial encargado de ejecutarla, a saber: i) Certificará si se pudo acceder al predio sin ningún impedimento hecho por persona alguna. - "Que si se pudo acceder al predio sin ningún impedimento hecho por persona alguna". ii) Certificará si dentro de ese predio existe cocina, habitación para dormir, baño, herramientas para trabajar el campo, ganado ya sea ovino, aves de corral, etc. - "Que dentro del predio NO existe cocina, NI habitación para dormir, NI herramientas para trabajar el campo, NI ganado ovino, dado que el mismo se encuentra sembrado de mil y diversas plantas, apreciándose únicamente la presencia de aves de corral. De igual manera se certifica que SI existe una letrina (baño) y un cuarto completamente vacío con medidas de dos metros de cada lado (el cual no se puede terminar si es de uso para cocina, dado que el mismo está sin muebles)" iii) Certificará si el predio se encuentra cercado por sus cuatro lados. - "Que el predio SI se encuentra cercado por sus cuatros lados con malla ciclónica." 41. Como puede apreciarse los puntos propuestos van encaminados a evidenciar las condiciones sobre cómo se encuentra el inmueble que aduce poseer; empero, en nada beneficia a la parte quejosa al desvirtuar la negativa propuesta por las responsables, al aducir que le negaron el reconocerle sus derechos como poseedora y/o aspirante a ejidataria. 42. Los cuales se insiste en términos de la Ley Agraria, es otro ente el facultado para ello y ante cualquier inconformidad la autoridad competente para ello es el Tribunal Agrario y no así la presente instancia Constitucional. 43. Situación similar acontece con la prueba testimonial con cargo a los atestes Luciano Cruz Pérez y Catalina Revilla García, que contestaron al interrogatorio que obra a foja 80 de cuaderno de amparo. 44. Dichos cuestionamientos fueron encaminados a saber si conocían a la aquí peticionaria de amparo; a su decir donde reside actualmente; cuanto tiempo tienen de conocerla; y, si además de la quejosa diversa persona ha vivido en ese predio. Empero se insiste, los dichos de los referidos atestes en nada beneficia para desvirtuar la negativa propuesta por las responsables, ya que se reitera lo expuesto en la presente resolución y conforme a le Ley Agraria, las autoridades señaladas como responsables no se encuentra dentro de su facultades negar el reconocimiento de sus derechos como poseedora y/o aspirante a ejidataria. 45. En ese orden de ideas, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.]. IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." 46. Dicha porción normativa establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. 47. Cabe señalar, que la parte quejosa tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo, está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. 48. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." 49. En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos que atribuye a las responsables, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. VI. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO EN EL INCISO B) 50. El Comisariado Ejidal de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, Oaxaca (en su actual integración), al rendir su informe de ley, negó la existencia del acto que se le atribuye, consistente en la orden de desocupación del predio que dice poseer la parte quejosa. 51. No obstante ello, al advertir que la quejosa aportó como prueba de su parte el oficio sin número signado por la anterior integración del Comisariado Ejidal de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, Oaxaca, en el que le notificaba a la ahora quejosa que no podía usar el predio que aduce poseer y en caso que la invadiera se haría acreedora de una multa. Por tal motivo, en auto de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, este juzgado federal requirió al citado comisariado rectificara su informe; es decir, si esa notificación subsiste o ante la nueva integración del ente ejidal, había quedado sin efecto. 52. Es por ello, que por escrito recibido el dos de agosto de dos mil diecinueve, se le tuvo informando que dicho comunicado dirigido a la aquí quejosa se dejó sin efecto. VII. PROCEDENCIA 53. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1°.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". 54. En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. 55. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." 56. En ese tenor, de oficio, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1o., fracción I, 5o., fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" [...] "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." [...] "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [...] III.- La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" [...] 57. De la demanda de amparo se advierte que la quejosa Rosa Ríos o Rosa Ríos Santiago, reclama la orden de desocupación y/o desposesión del predio ubicado en el municipio de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, Oaxaca, atribuida al Comisariado de Bienes Ejidales de dicha municipalidad. 58. De ahí se colige que los actos atribuidos a dichas responsables no son actos de autoridad que sean susceptibles de analizarse a través de este medio de control constitucional, que sólo procede contra actos de autoridad y no de particulares que no tengan la calidad de autoridad responsable. Lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los citados preceptos de la Ley de Amparo. 59. De la interpretación sintáctica, armonizada y sistemática de los numerales anteriormente transcritos, se deduce que, para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquella con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. 60. En la especie, se reclaman actos que no provienen de autoridad para efectos del juicio de amparo y que tampoco pueden considerarse actos de que se conducen como autoridad o equivalentes a los de autoridad, toda vez que los actos reclamados, no derivan de funciones que estén determinadas por una norma general, por lo que, a quien se señala como autoridades responsables no le pueden revestir tal carácter, como se verá a continuación. 61. El artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla lo relativo a qué se entiende como autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." 62. Del anterior precepto, así como de los diversos 1º, fracción I. y 5o., fracción II de la Ley de Amparo, es dable inferir que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 63. Asimismo, se desprende que los particulares tendrán el carácter de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. 64. En esas consideraciones, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), cuyas funciones estén determinadas por una norma general, a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación que se hayan aducido en su contra. 65. Esto es, que el particular ejerza facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que, por tanto, se traducirían en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, puesto que sus funciones se encuentran determinadas por una norma general. 66. Conviene tener presente que, sobre la figura de "autoridad para efectos del juicio de amparo" el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/92, en sesión de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, la cual sigue surtiendo aplicación al no contradecir lo establecido en la Ley de Amparo vigente, sostuvo, en conclusión, la tesis aislada P. XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, correspondiente a febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 199459, que dispone: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." 67. De lo expuesto se concluye que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, como se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad o, en su caso, de un particular cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal cuyas funciones estén determinadas en ella, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, misma que tienen como característica la imperatividad, la unilateralidad, la coercitividad y que pueden disponer de la fuerza pública. 68. Resulta conveniente destacar que en la jurisprudencia por reiteración de tesis 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de siete de septiembre de dos mil once, se determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. 69. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 161133, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." 70. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. 71. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. 72. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. 73. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. 74. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable, es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. 75. Empero, en mérito de las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, a saber, la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular y que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado; en correlación con los actos que reclama la quejosa, es inconcuso que a las autoridades que conforman el Comisariado Ejidal de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, Oaxaca, no le reviste el carácter de responsable, para los efectos del presente juicio de amparo; habida cuenta que se está en presencia de actos entre particulares, pues el comisariado realiza la ejecución de los actos respecto del ejido y hacia su interior, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción; máxime que, no se está en la hipótesis de la fracción II, párrafo segundo, del numeral 5, de la Ley de Amparo, por virtud de que los entes ejidales no realizan actos equivalentes a los de la autoridad, sino como se dijo, se equiparan a actos entre particulares y de existir inconformidad de parte legítima, debe dirimirse el conflicto respectivo ante autoridad competente. 76. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.A.45 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, visible a página 1697, Tomo XVIII, Agosto de 2003, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, registro 183607, cuyo rubro y texto indican: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. De conformidad con lo señalado en los artículos 21, fracción I, 22, párrafo primero, 23 y 27 de la Ley Agraria vigente, la asamblea general de ejidatarios es la máxima autoridad ejidal y tiene conferidas diversas facultades, en cuyo ejercicio puede crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho; sin embargo, para los efectos del juicio constitucional no ostenta el carácter de autoridad, pues sus acuerdos son obligatorios únicamente para los ejidatarios, no ejecutables contra su voluntad, de manera que se trata de cuestiones entre particulares, sin imperio ni coerción. En la iniciativa de la Ley Agraria que propuso el presidente de la República a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se concibe a la asamblea general de ejidatarios como el órgano supremo del ejido, con facultades para decidir sobre cuestiones importantes para el núcleo de población (como las que enumera el artículo 23 de la Ley Agraria), empero, desde la iniciativa en mención se estimó que la asamblea de ejidatarios no es una autoridad agraria, en consecuencia, tampoco puede serlo para los efectos del juicio de garantías, porque carece de imperio y coercitividad para ejecutar sus propios acuerdos o llevar a cabo el cumplimiento de sus determinaciones." 77. Así como, la diversa Jurisprudencia XXVII.3o. J/18 (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2184, Décima Época, registro 2008595, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo." 78. Así también, la tesis VI.3º.A.27 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1099, Tomo XIII, mayo de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 189776, cuyo rubro y texto indican: "COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. El comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: "... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ..."; es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria aclara enfáticamente que el comisariado ejidal no es una autoridad agraria. Por otro lado, y de manera destacada, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 48/97, publicada en la página cuatrocientos sesenta y tres del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo siguiente: "... si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución ..."; o sea que de acuerdo con el criterio de la Corte para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y ejecución de los acuerdos de asamblea." 79. Y, la tesis Aislada, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 841, Tomo XII, diciembre de 1993, Materia Administrativa, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 214009, que a la letra señala: "COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El hecho de que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, tengan facultades para desposeer a los ejidatarios de sus parcelas, no por esta circunstancia debe atribuírseles el carácter de autoridades responsables y por ende sus actos sean susceptibles de combatir a través del juicio de amparo, toda vez que la investidura otorgada a tales órganos por la anterior y actual legislación agraria, debe entenderse en el sentido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "de órgano de dirección y vigilancia del ejido", pues aun y cuando éste sea una persona moral creada por voluntad estatal y que las decisiones de sus autoridades internas presenten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, no participa de la naturaleza jurídica del Estado, de consiguiente, sus actos no son de autoridad para los efectos del amparo." 80. En las relatadas condiciones, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, Fracción I y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, la acción de amparo intentada por la quejosa, en contra del Comisariado Ejidal de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, Oaxaca, es notoriamente improcedente; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. 81. Dicho sobreseimiento se hace extensivo al acto de ejecución que atribuye al Comandante en Jefe de la Policía Municipal de Santa Martha Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, Oaxaca, toda vez que no se combate por vicios propios. 82. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia 231, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, Apéndice de 1995, tomo VI, Séptima Época, que es del tenor siguiente: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. VIII. DECISIÓN 83. Consecuentemente, al ser inexistente unos de los actos reclamados y actualizarse la causa de improcedencia en estudio por un diverso acto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. 84. El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de la determinación reclamada, respecto de la cual se ha decretado el sobreseimiento. 85. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." 86. Finalmente, resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por el representante social adscrito, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. 87. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. 88. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. 89. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." 90. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ** o **, por propio derecho, en contra de actos de la Secretaría de la Reforma Agraria y otras autoridades, por las razones expuestas en los considerandos V y VII. Notifíquese personalmente." SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano