Rosa Velia Medina Ortiz

Expediente 1454/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1454/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
22/01/2019

Partes del expediente

  • Rosa Velia Medina Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PROMOVENTE. Vista la certificación del secretario de este juzgado, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el proveído de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; hágase del conocimiento de las partes, que este expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, vista la certificación que antecede, se advierte que un documento original exhibido por la promovente en su escrito de demanda; en tal virtud, con fundamento en el punto decimoprimero del acuerdo conjunto señalado en líneas anteriores, requiérase a la promovente para que dentro del término de noventa días, contados a partir de aquel en que quede legalmente notificada del presente proveído, recoja el documento a que se ha hecho mención, apercibida de que en caso de no recogerlo, el mismo será depurado con el expediente original.

  2. Principal

    Se notifica a la promovente. Vista la certificación que antecede, y considerando que la promovente del presente juicio, no dio cumplimiento a lo ordenado por auto de veintinueve de noviembre del presente año, mediante el cual se mandó aclarar la demanda de amparo; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la citada demanda. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese personalmente a la promovente.

  3. Principal

    Agréguese sin mayor proveído, el oficio del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 14 CPS Durango, con residencia en Gómez Palacio, Durango; lo anterior, toda vez que el uno de octubre de dos mil dieciocho, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo y se archivó como asunto totalmente concluido el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a sus antecedentes la razón del fedatario de la adscripción, mediante la cual informa que no le fue posible notificar el proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho a la parte quejosa, por los motivos que expone. En tales condiciones, y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista a la quejosa... el proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho, así como las subsecuentes notificaciones que le resulten en el presente expediente, aun las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en donde puedan practicársele. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Se publica el proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho: Agréguese a sus antecedentes el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada dentro del toca administrativo 1123/2017, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila, ambas con residencia en Saltillo; así como los autos originales del presente juicio; acúsese recibo, agréguense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo y hágase del conocimiento de las partes que al substanciar dicho recurso, la superioridad resolvió: "PRIMERO. Queda firme por falta de impugnación el sobreseimiento que decretó la a quo en el considerando tercero de la sentencia impugnada. SEGUNDO. En materia de revisión se confirma la sentencia que se revisa. TERCERO. En los términos y para los efectos precisados en el considerando séptimo de la sentencia recurrida, la Justicia de la unión ampara y protege a la quejosa Rosa María Martínez García, contra los actos, debidamente precisados éstas y aquellos, en el resultando primero del presente fallo". En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días contados a partir del momento en que haya quedado legalmente hecha la notificación del presente proveído; con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualizado el diez de enero de este año. Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J./58/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN. LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURREN EN RESPONSABILIDAD POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO. Para que en los incidentes de inejecución se actualice la sanción establecida en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario agotar previamente el procedimiento previsto en la Ley de Amparo; de manera que si al examinar de oficio el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se verifica que se requirió al superior jerárquico de las autoridades responsables a fin de conminarlo, al igual que a éstas, a dar cumplimiento a la sentencia de garantías, pero no han llevado a cabo todas las diligencias necesarias dentro del ámbito de sus facultades legales para hacerlo, es evidente que han incurrido en contumacia, retrasando el debido cumplimiento, por lo que debe estarse a lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, el cual dispone que las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo. En ese sentido, el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin enterarlo de que uno de sus subordinados ha incumplido con una sentencia de amparo y se concrete únicamente a enviarle una comunicación en la que le solicite obedezca el fallo federal, sino que el requerimiento de que se trata debe involucrar a tal grado al superior, que si la sentencia no se cumple, procede separarlo de su cargo y consignar los hechos directamente ante el juez de distrito que corresponda, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 105 y 107 de la Ley de Amparo. De ahí que un requerimiento de esa naturaleza, tiene por efecto que el superior jerárquico quede vinculado con las responsables a fin de hacer uso de todos los medios legales a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda hacer e imponer, para conseguir el cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del juez federal". Por otro lado, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hágase del conocimiento a la autoridad responsable que las obligaciones que le fueron impuestas en el fallo protector son las siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica de la contribuyente, en lo presente y en lo futuro, los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza y haga extensiva dicha protección en relación con el acto de aplicación, consistente en el pago de derechos por servicios registrales y de las contribuciones del fomento a la educación y seguridad pública e impuesto adicional, realizados por la peticionaria del amparo, según los recibos marcados con los números de referencia 758393011, 758393206 y 758393320, de quince de mayo de dos mil diecisiete, que anexó a su demanda, por sustentarse en un ordenamiento que se ha declarado inconstitucional. 2. Devuelva a la quejosa, las cantidades que erogó por los conceptos de compraventa y apertura de crédito, así como los montos excedentes que se actualicen derivados de esta concesión, de los rubros de fomento a la educación y de la seguridad e impuesto adicional, de los recibos digitales de pago con números de referencia 758393011, 758393206 y 758393320, de quince de mayo de dos mil diecisiete, salvo la deducción de la cantidad mínima a pagar establecida en el numeral 79-B de la ley hacendaria en comento, para cada uno de esos servicios". Ahora bien, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, pues el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, atento a los efectos de la ejecutoria; por lo que no deberá requerirse para que informen sobre el cumplimiento de la misma a las autoridades que participaron en el proceso legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, contenida en la página 414, tomo VI, octubre de 1997, Novena época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Notifíquese personalmente a la quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables, agente del Ministerio Público de la adscripción y Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad.

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