Rosa Velia Escobedo Martínez
Expediente 789/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Rosa Velia Escobedo Martínez
Actuaciones
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; quince de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta se aprecia que a la fecha le transcurrió a la parte promovente el plazo de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintiséis de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, en los términos del numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; tres de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obran los acuses de recibo de los oficios 808/2022, 804/2022, 806/2022 y 807/2022, dirigidos a las autoridades responsables con residencia en Saltillo, Coahuila, mediante los cuales se notificó el auto de siete de enero actual, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión en el presente juicio de amparo. Requerimiento. En obvio de dilaciones, requiérase al Administrador Local de Correos, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, informe el trato dado a las piezas postales que contienen los oficios mencionados; para tal efecto remítasele copia de la factura de depósito respectiva. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida de actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Se reexpiden oficios. Con independencia de lo anterior y, en obvio de mayores dilaciones en el procedimiento, reexpídanse los oficios mencionados a fin de notificar a las autoridades responsables el auto en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión en el presente juicio de amparo. Escrito. Por otra parte, se recibe el escrito que remite la autorizada de la parte quejosa y, en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en esta fecha. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa Mediante escrito de demanda recibido en este Juzgado de Distrito el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, Hilda Araceli Meraz Frausto, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto que a continuación se transcriben: "III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como Autoridad Responsable Ordenadora dentro del presente Juicio: TESORESO MUNICIPAL PERTENECIENTE AL R. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO con domicilio ampliamente conocido en AVENIDA FRANCISCO I. MADERO NUMERO 400, DE LA COLONIA CENTRO, DE LA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO. Señalo como Autoridad Responsable Ejecutora dentro del presente Juicio: NOTARIO PUBLICO NUMERO 04 DE LA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO con domicilio para ser localizado en el ubicado en CALLE JUAREZ NUMERO 242 PONIENTE, DE LA COLONIA CENTRO, DE LA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO. C. ENCARGADO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO con domicilio ampliamente conocido en CALLE ALHELI NUMERO 126, DE LA COLONIA BRITINGHAM, DE LA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO. IV.- LA NORMA GENERAL ACTO U OMISION DE QUE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: La notificación inicial por estrados realizada en mi contra dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución con número de Expediente 6926/DITM/2012 ordenada por el Tesorero Municipal del Republicano Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, y por consecuencia lógica jurídica todo lo actuado con posterioridad dentro del mencionado expediente, incluido entre otros actos la audiencia de adjudicación de remate y adjudicación del bien inmueble ubicado en CIRCUITO MALAGA NUMERO 132, DEL FRACCIONAMIENTO TORREMOLINOS, DE LA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DE TERRENO 07-B, DE 1A MANZANA 03, CON UNA SUPERFICIE EN CONSTRUCCION DE 54.80 METROS CUADRADOS, TOTAL DE 60 METROS CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE EN 5.00 METROS Y COLINDA CON TERRENO DE TERCEROS; AL SUR EN 5.00 METROS Y COLINDA CON CIRCUITO MALAGA; AL ESTE EN 12.00 METROS Y COLINDA CON LOTE 08-A, Y; AL OESTE EN 12.00 METROS Y COLINDA CON LOTE 07-A, bien inmueble que se encontrara inscrito en propiedad de la suscrita HILDA ARACELI MERAZ FRAUSTO bajo la PARTIDA NUMERO 2021, DEL LEGAJO ESCRITURAS PUBLICAS CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2007". SEGUNDO. Trámite del incidente. Por auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se previno a la parte quejosa en los términos ahí precisados. Mediante proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada en virtud de que no desahogó la parte quejosa la prevención. En auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa por interponiendo recurso de queja en contra de la determinación por la que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria del recurso de queja y en acatamiento a la misma se admitió a trámite el juicio de amparo con el número 1351/2021-IIB, se ordenó tramitar el incidente de suspensión y se proveyó respecto a la suspensión provisional de los actos reclamados; asimismo, se requirió a las autoridades responsables su informe previo y se señalaron las nueve horas con quince minutos de esta fecha para que tenga verificativo la audiencia incidental la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General Número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este incidente. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este asunto, pues solamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el incidente, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte impetrante exponga en relación con el acto reclamado respectivo. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de localización y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del incidente que nos ocupa, revelan que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: i. El desalojo del bien inmueble ubicado en calle Circuito Málaga número 132, del fraccionamiento Torremolinos de la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Luego, al no advertirse algún otro acto atacado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de la suspensión. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, toda vez que al rendir sus respectivos informes previos, aceptaron el mismo; lo cual, sin duda es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar por analogía la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Suspensión. Apariencia del buen derecho y peligro en la demora. Para la concesión de la suspensión definitiva, debe de atenderse a las hipótesis que los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, prevé y de manera simultánea, al estudio de la procedencia de la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora que se alega. Es aplicable al caso, por identidad de razón, dado que no se contrapone con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, la tesis jurisprudencial 204/2009, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXX, diciembre de 2009, página 315, registro electrónico 165694, que expresa: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". En esas condiciones, de los preceptos legales y la jurisprudencia prevén los requisitos siguientes: a) Que la solicite el agraviado b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El primer supuesto queda satisfecho, en cuanto a que la medida suspensional fue solicitada por la agraviada en el escrito de garantías. En efecto, la exigencia constitucional, previo al resolver sobre la medida cautelar debe corroborarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esta medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del cual debe partir el análisis de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, acredite el interés suspensional sobre el derecho que se discute, se ubica dentro de la esfera jurídica del quejoso, pues de lo contrario, de no constar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. Interés suspensional. En ese sentido, el otro requisito de procedencia a cargo de los solicitantes, es el interés suspensional, el cual está acreditado con la calidad de parte actora, por ser quien resiente los perjuicios del acto autoritario, al ser parte en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 217-228, sexta parte, página 352, la cual es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SE SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Es verdad que a cargo del promovente del amparo pesa la obligación de probar en el incidente de suspensión su interés jurídico para obtener la medida cautelar de que se trata, empero en dicho incidente no se requiere la plena demostración del referido interés, bastando la prueba indiciaria, deducida de lo asentado por el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado". Por otra parte, el segundo requisito para el otorgamiento de la suspensión definitiva prevista en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, se encuentra satisfecho, pues no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social, considerando éstos como conceptos indeterminados de imposible definición, cuyo contenido solo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, además de no ubicarse en algún supuesto del artículo 129 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia I.3o.A. J/16, página 383, Novena Época, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad". Lo anterior, toda vez que el interés público que existe en que se lleven adelante las sentencias que han causado ejecutoria, solamente puede concebirse cuando los quejosos han sido escuchados en la contienda respectiva, por ser indispensable su intervención para la constitucionalidad del fallo correspondiente, mas no cuando los peticionarios de amparo reclaman la ilegalidad en el emplazamiento, lo cual los equipara a un tercero extraño al juicio natural. Suspensión procedente. En consecuencia, al encontrarse reunidos los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva que solicita para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente se encuentran, es decir, para el efecto de que, sin paralizar el juicio del que emanan los actos reclamados, las autoridades responsables se abstengan de emitir título traslativo de dominio en favor de un tercero, así como para que la quejosa no sea desalojada del bien inmueble ubicado en Circuito Málaga número 132, del fraccionamiento Torremolinos de la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Duración de la medida. Lo anterior, hasta en tanto reciban las autoridades responsables la notificación de la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva en el presente incidente de suspensión. Garantía. La medida suspensional así concedida causa sus efectos de inmediato, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no otorga dentro de los cinco días al en que se le notifique esta resolución y a satisfacción de este juzgado, la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), a entera satisfacción de este Juzgado de Distrito, en cualquiera de las formas establecidas por la Ley. En ese sentido, hágase del conocimiento a la quejosa, que en caso de que exhiba la garantía en billete depósito expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, deberá de contener los siguientes datos: a). Nombre del Depositante: (el nombre del quejoso persona física o moral), el nombre de quien haga el depósito en nombre del quejoso. b). Importe: Debe de precisarse en letra y número por el monto fijado en el auto de la suspensión provisional o resolución definitiva del incidente de suspensión. c). Concepto: Debe de precisar que es para garantizar la suspensión provisional o la definitiva, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo, que corresponda (deberá precisar el número). d). Autoridad: Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Asimismo, debe decirse que si el solicitante del amparo opta por exhibir garantía mediante billete de depósito, en él deberá incluir la leyenda siguiente: "Se autoriza al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control del presente billete de depósito". Lo anterior acorde al artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince. En caso de que se opte por exhibir póliza de fianza, la Institución correspondiente deberá expedirla a favor de este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, conforme los artículos 282 párrafo primero de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y 142 del Reglamento de la Ley de la Tesorería de la Federación; de igual forma, tendrá que expresarse que su vigencia es por tiempo indeterminado, en términos de lo que se establece en los artículos 174 y 175 de aquella ley; y, tendrá que asentarse que la Afianzadora se sujeta, para el caso de que se haga efectiva, al trámite que prevé el numeral 95 invocado y su Reglamento. Cantidad que se fija con la facultad discrecional que concede el artículo 132, de la Ley de Amparo, a efecto de que deban garantizarse los posibles perjuicios que se pudieran ocasionar con la suspensión concedida por el lapso de tres meses, que es el tiempo que aproximadamente transcurrirá para resolver el juicio en lo principal. En la inteligencia de que, conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, la parte quejosa no otorga la garantía fijada; no obstante lo anterior, mientras no se ejecuten los actos reclamados, la parte quejosa podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. De igual forma, la suspensión concedida en este proveído, no surte efectos tratándose de actos posteriores a su concesión, o si los actos reclamados proceden de autoridades distintas de las señaladas como responsables. Resulta aplicable la Jurisprudencia número 43/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 17/2000, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y que lleva por rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA". Apercibimiento. La suspensión concedida deberá ser acatada por las autoridades responsables, y se les apercibe de que en caso de no hacerlo así, se procederá en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. QUINTO. Diferimiento. Por otra parte, no es posible celebrar la audiencia incidental respecto de la autoridad Notario Público Número 4, con sede en Gómez Palacio, Durango, en virtud de que en esta fecha se da vista a la parte quejosa con la inexistencia de la referida autoridad, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy únicamente por lo que se refiere a la autoridad precisada con antelación, fijando en su lugar las nueve horas con cinco minutos del tres de junio de dos mil veintidós, para que tenga su verificativo. Por lo expuesto y fundado se llega a lo siguiente: RESUELVE PRIMERO. Se concede la suspensión definitiva a la quejosa Raquel Martínez Macías, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta determinación. SEGUNDO. En términos del considerando último de esta resolución, se difiere la audiencia incidental.
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