Rosa Vega Gonzalez
Expediente 304/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 304/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/04/2017
Partes del expediente
- Rosa Vega Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de abril de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió la determinación dictada el catorce de marzo pasado, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes; háganse y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal del presente asunto se aprecia que por oficio de diez de marzo del presente año la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, remitió, entre otras, un legajo de copias certificadas del expediente 1138/2013, actuaciones de las que se aprecia que el veinticuatro de febrero del año en cita, en cumplimiento al laudo emitido dentro del juicio de origen fijó día y hora para que tuviera verificativo la reinstalación de Rosa Vega González. Asimismo, de una lectura integral de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el sumario, se advierte que la quejosa Rosa Vega González, se duele de la omisión de la autoridad responsable, ejecutar el laudo de seis de diciembre de dos mil dieciséis, emitido dentro del juicio laboral 1138/2013. Ahora, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. De igual manera el artículo 61, fracción en la fracción XXI de la Ley de Amparo; que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Como ya se destacó, del informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca y de las constancias que en copias certificadas fueron remitidas como anexo a dicho informe (expediente 1138/2013), revelan que el veinticuatro de febrero de la presente anualidad la Titular antes mencionada, en cumplimiento a lo ordenado en el laudo emitido -el seis de diciembre de dos mil dieciséis- por el tribunal que preside señaló las trece horas del doce de mayo de dos mil diecisiete, para que tuviera verificativo la reinstalación de Rosa Vega González, en los mismos términos, condiciones y horario laboral en que lo venía desempeñando como secretaria, en la escuela Secundaria Oficial Número 0001 "Miguel Hidalgo", sito en Santos Degollado Poniente, número 320, Colonia Américas, Toluca, Estado de México, y en cumplimiento al laudo emitido el seis de diciembre de dos mil dieciséis dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la demandada; determinación que fue notificada a ésta mediante boletín laboral de uno de marzo de dos mil diecisiete. Consecuentemente, a dicha documental se le otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, así como en términos de la jurisprudencia publicada con el número 226, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 394182 de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior, evidencia la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por cesación de efectos, lo cual provoca que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a las responsables, dado que por una actuación llevada a cabo posteriormente a la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable informó de la determinación de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. Por tanto, se acredita que han cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, implica una desaparición total de sus consecuencias, restituyendo a la quejosa en el pleno goce de sus garantías como si se hubiera concedido el amparo. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 1998, materia común, Novena Época, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con diez minutos del seis de abril de dos mil diecisiete. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Notifíquese y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emilio Carmona Díaz que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. (AVISO QUEJOSO). Se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa, en consecuencia se le notifica por medio de lista el auto de catorce de marzo de dos mil diecisiete, el cual es del tenor siguiente: "Toluca, Estado de México; catorce de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal del presente asunto se aprecia que por oficio de diez de marzo del presente año la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, remitió, entre otras, un legajo de copias certificadas del expediente 1138/2013, actuaciones de las que se aprecia que el veinticuatro de febrero del año en cita, en cumplimiento al laudo emitido dentro del juicio de origen fijó día y hora para que tuviera verificativo la reinstalación de Rosa Vega González. Asimismo, de una lectura integral de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el sumario, se advierte que la quejosa Rosa Vega González, se duele de la omisión de la autoridad responsable, ejecutar el laudo de seis de diciembre de dos mil dieciséis, emitido dentro del juicio laboral 1138/2013. Ahora, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. De igual manera el artículo 61, fracción en la fracción XXI de la Ley de Amparo; que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Como ya se destacó, del informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca y de las constancias que en copias certificadas fueron remitidas como anexo a dicho informe (expediente 1138/2013), revelan que el veinticuatro de febrero de la presente anualidad la Titular antes mencionada, en cumplimiento a lo ordenado en el laudo emitido -el seis de diciembre de dos mil dieciséis- por el tribunal que preside señaló las trece horas del doce de mayo de dos mil diecisiete, para que tuviera verificativo la reinstalación de Rosa Vega González, en los mismos términos, condiciones y horario laboral en que lo venía desempeñando como secretaria, en la escuela Secundaria Oficial Número 0001 "Miguel Hidalgo", sito en Santos Degollado Poniente, número 320, Colonia Américas, Toluca, Estado de México, y en cumplimiento al laudo emitido el seis de diciembre de dos mil dieciséis dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la demandada; determinación que fue notificada a ésta mediante boletín laboral de uno de marzo de dos mil diecisiete. Consecuentemente, a dicha documental se le otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, así como en términos de la jurisprudencia publicada con el número 226, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 394182 de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior, evidencia la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por cesación de efectos, lo cual provoca que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a las responsables, dado que por una actuación llevada a cabo posteriormente a la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable informó de la determinación de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. Por tanto, se acredita que han cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, implica una desaparición total de sus consecuencias, restituyendo a la quejosa en el pleno goce de sus garantías como si se hubiera concedido el amparo. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 1998, materia común, Novena Época, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con diez minutos del seis de abril de dos mil diecisiete. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Notifíquese y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emilio Carmona Díaz que autoriza, firma y da fe."
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de marzo de dos mil diecisiete. Desahogo de prevención. Téngase por recibido el ocurso de cuenta del cual se obtiene que Hilda Alba Hernández apoderada legal de la quejosa, da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiuno de febrero del presente año (fojas 9 y 10). En tal virtud, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito e insubsistente el apercibimiento decretado. Admisión. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Rosa Vega González, por conducto de su apoderada Hilda Alba Hernández contra el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de México; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Intervención del Ministerio Público. Notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición en este Juzgado de Distrito, copia simple de la demanda y auto admisorio. No se ordena apertura del incidente. Sin que haya lugar a tramitar por duplicado y por separado el incidente de suspensión respectivo, pues la parte quejosa no solicitó la medida cautelar. Requerimiento de informe justificado. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase el informe justificado a las responsables, quien deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación. Señalamiento de audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Legislación aplicable, se fijan las diez horas con diez minutos del seis de abril de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Requerimiento de constancias. De acuerdo a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, apercíbase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Causales de improcedencia. Como lo previene los artículos 61, 62 y 64 del Ordenamiento legal invocado, requiéraseles para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado; apercibidas que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Emplazamiento de terceros interesados. De conformidad con la fracción III, del artículo 5, de la Ley de Amparo, a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, le recae el carácter de tercero interesado. Por tal motivo, en conformidad con los artículos 5 y 26, fracción Il, inciso b), de la Ley de Amparo, con copia de la demanda y escrito aclaratorio emplácese por medio de oficio a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México en el domicilio donde tiene su residencia oficial y hágasele saber la instauración de este juicio de amparo, su derecho para apersonarse y la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Apercibimiento en caso de inexistencia de autoridades. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsable, con la denominación que indica en su demanda, no exista, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se le tendrá como inexistente y por ende no se le dirigirá comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notificación de las autoridades. Finalmente, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables y tercero interesado, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Pruebas. Finalmente, respecto de los medios de convicción ofrecidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, con fundamento en los artículos 119 de la Ley de Amparo, ténganse por anunciadas sin perjuicio de acordar sobre su admisión o desechamiento en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario David Andrés Mata Ríos que autoriza, firma y da fe.
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