Rosa Vega Gonzalez

Expediente 1908/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1908/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
01/02/2018

Partes del expediente

  • Rosa Vega Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    I. Toluca, Estado de México; primero de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que la quejosa Rosa Vega González, a quien se considera podría perjudicar la sentencia dictada el doce de enero de dos mil dieciocho, mediante la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; no fue recurrida dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado. Por tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción II, párrafos primero y segundo del Acuerdo de referencia), pues se sobreseyó en el presente asunto. Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia), asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    I.- Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1908/2017-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado el cuatro siguiente a este órgano jurisdiccional, Hilda Alba Hernández; solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: III. AUTORIDADES RESPONSABLES "TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE." IV. ACTOS RECLAMADOS. "De la responsable se reclama la omisión de la ejecución del laudo de fecha 6 de diciembre del 2016, en el juicio laboral del cual emana el acto reclamado, el cual fue acreedor la hoy quejosa, y de donde se desprende que la responsable no da cumplimiento a lo establecido en los artículos 250, 251, 255 y demás relativos y aplicables a la LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, así como los artículos 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947,948,949,950,951, 953,954,955,956,957,958,959,960 961,962,963,964,965, 966 y demás relativos y aplicables a la Ley Federal del Trabajo en aplicación supletoria, en atención a que ha hecho caso omiso de acordar la promoción promovida por la quejosa en fecha 31 de octubre del 2017, ante la oficialía de partes de dicha responsable, en consecuencia no ha señalado día y hora para el requerimiento de pago y/o embargo, no le ha dictado medidas de apremio al SECRETARIO DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN TURNO, solicitado en dicha promoción, EN ATENCION A QUE POR SEGUNDA OCASIÓN HA EXISTIDO UNA OPOSICIÓN POR PARTE DE DICHA INSTITUCIÓN, de efectuar el cumplimiento del laudo que nos ocupa el cual fue dictado por la responsable en fecha 6 de diciembre del 2017." SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló como derechos humanos violados, el contenido en de los artículos 8, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del amparo. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito, se registró con el juicio de amparo indirecto 1908/2017-I; se admitió a trámite; asimismo, se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se señaló hora y día para la audiencia constitucional; la cual, previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 51, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado es una omisión atribuida a una autoridad con residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito (Toluca, Estado de México). SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, tal como lo prevé el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo; realizando para tal efecto, un análisis conjunto de la demanda de garantías que atienda a lo que materialmente se pretende, tal y como lo ha dispuesto nuestro máximo Tribunal de la República. Es aplicable en este sentido, la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004 consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se deduce que el quejoso reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar la promoción promovida por la quejosa el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en el expediente laboral 1138/2013. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, al rendir su informe justificado, precisó que el acto que se le atribuía era parcialmente cierto, pues mediante diverso auto había acordado lo conducente al acto reclamado (foja 17). No obstante, la omisión reclamada se tiene por existente, ya que a la fecha de presentación de la demanda aún no se advierte que se hubiera proveído y notificado lo relativo a la ejecución del laudo. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas del expediente laboral 1138/2013; constancias a las cuales se les concede valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de las que se aprecia que a la fecha de presentación de la demanda, existía la omisión atribuida a la responsable. CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, en conformidad con lo dispuesto artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone la actualización del sobreseimiento si durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contendidas en el artículo 61 del cuerpo legal mencionado. Este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque dicha causa de improcedencia establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (. . .)" La cesación de efectos del acto reclamado, de manera abstracta, consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, realizada de forma general por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Por ende, la razón justificatoria de la improcedencia de mérito, no es la paralización simple del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, el cual tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, Tomo IX, Materia Común, número de registro 193758, cuyos texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Si la autoridad responsable deja sin efectos el acto reclamado, de forma principal, al revocarlo, anularlo o declararlo sin materia, aunque puede ser también por cualquier determinación semejante. b) Al interponerse recurso ordinario contra el acto reclamado, pues la resolución nueva, substituye al acto impugnado en el juicio constitucional. Por su aplicación al caso se cita, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, publicada en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 1998, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 196820, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Precisado lo anterior, el acto reclamado materia del presente considerando encuadra en el supuesto señalado en el inciso a), pues el acto reclamado en el presente asunto es: la omisión de proveer lo atinente al escrito de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en el que la quejosa solicitó que la autoridad responsable proveyera respecto al requerimiento de pago y embargo en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO y/o ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NÚMERO 0001 MIGUEL HIDALGO, y la autoridad señalada como responsable, mediante auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, acordó lo conducente a la promoción de mérito, en el que señaló las trece horas del día dos de febrero de dos mil dieciocho para llevar a cabo dicha diligencia, por la cantidad de $383,782.26 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS) (foja 19), y que fue notificado mediante boletín judicial el diecinueve de diciembre del año anterior. Así las cosas, lo detallado tiene relevancia singular, al considerar de forma primordial lo establecido en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues para el caso de haberse concedido la protección constitucional, los efectos serían, que la autoridad responsable acordara lo atinente al escrito de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete; por lo que es inconcuso que la omisión reclamada ha cesado, pues las violaciones que en determinado momento pudieron cometerse contra sus derechos fundamentales, fueron reparadas de forma por las propias responsables, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior sirve de apoyo, la tesis P.CL/97, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 197367, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esas condiciones, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo instado por Hilda Alba Hernández, contra la omisión atribuida al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 119, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Hilda Alba Hernández contra los actos y autoridades precisadas en el segundo considerando, y por las razones expuestas en el cuarto considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    I. Toluca, Estado de México; veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, rinde informe justificado y remite constancias con la cual acredita su dicho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe y constancias de mérito, para que manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Sobre el particular se invoca la tesis publicada en la página 1081, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, número de registro 189948, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    I. Toluca, Estado de México; catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Hilada Alba Hernández, apoderada legal de Rosa Vega González, personalidad que acredita con carta poder anexada, contra actos de la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1908/2017-I. Precisión del acto reclamado. Ahora bien, en términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que se entenderá únicamente como acto reclamado el siguiente: La omisión de la autoridad responsable de acordar la promoción promovida por la quejosa el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en el expediente laboral 1138/2013. Admisión. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. Intervención del Ministerio Público. Notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición en este Juzgado de Distrito, copia simple de la demanda y auto admisorio. No se ordena apertura del incidente. Sin que haya lugar a tramitar por duplicado y por separado el incidente de suspensión respectivo, pues la parte quejosa no solicitó la concesión de la medida cautelar. Requerimiento de informe justificado. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase el informe justificado a la responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación. Señalamiento de audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Legislación aplicable, se fijan las diez horas con cuarenta minutos del doce de enero de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Requerimiento de constancias. De acuerdo a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, apercíbase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Causales de improcedencia. Como lo previene los artículos 61, 62 y 64 del Ordenamiento legal invocado, requiéraseles para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Emplazamiento tercero. Es pertinente indicar que en términos del artículo 5°, fracción lll, inciso b) de la Ley de Amparo, les reviste el carácter de tercero interesado a la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México. Por tal motivo, en conformidad con los artículos 5 y 26, fracción Il, inciso b), de la Ley de Amparo, emplácese por medio de oficio a la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México en el domicilio donde tienen su residencia oficial y hágaseles saber la instauración de este juicio de amparo, su derecho para apersonarse y la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notificación de las autoridades. Finalmente, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables y tercero interesado, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Autorizados. Se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el escrito inicial de demanda, atendiendo a la naturaleza del juicio del que emana el acto reclamado. Pruebas. Finalmente, respecto de los medios de convicción ofrecidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, con fundamento en los artículos 119 de la Ley de Amparo, ténganse por anunciadas sin perjuicio de acordar sobre su admisión o desechamiento en la audiencia constitucional. Habilitación de horas y días inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.

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