Rosa Rivas Barragán|
Expediente 590/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 590/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 02/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosa Rivas Barragán|
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dos de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de fecha doce de febrero del año en curso (foja 88 a 90), por el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido; glósese a este expediente el original del incidente de suspensión. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde, se negó la suspensión definitiva; y no se tramitó incidente de violación a la suspensión provisional. Se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, doce de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, advirtiéndose que son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, Presidente Municipal y su Cabildo integrado por el Síndico Procurador Sindico Hacendario, Regidora de Hacienda, Regidora de Recreación y Deporte, Regidor de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Regidor de Obras Publica y Servicios Municipales, Regidor de Educación y Cultura, regidor de Desarrollo Rural y Desarrollo Social, Regidor de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Actuario Municipal llevador del Oficio No. 1163/SH/2015, todas con residencia en Matías Romero, Oaxaca; dado que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (fojas 33-85). Ahora, advirtiéndose de las documentales certificadas que las aludidas autoridades adjuntaron a su informe, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio de garantías, se advierte que la quejosa Rosa Rivas Barragán, por propio derecho, reclamó la orden de clausura contenida en el oficio número 1163/SH/2015 y su ejecución. En el caso, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que contra la orden de clausura contenida en el oficio 1163/HS/2015, de fecha veinte de noviembre de dos mil quince, no se agotó previamente a la interposición del juicio de garantías, el recurso administrativo de revocación previsto en el artículo 150, en relación con el 152 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, los cuales establecen: "ARTÍCULO 150.- Los actos, acuerdos y resoluciones de carácter no fiscal que emitan las autoridades municipales, podrán ser impugnados mediante la interposición por escrito del recurso administrativo de revocación, conforme a las siguientes disposiciones: [.]." "ARTÍCULO 152.- La interposición del recurso administrativo de revocación suspenderá la ejecución del acto, acuerdo o resolución impugnados. En tales circunstancias, al no haber agotado la parte quejosa el recurso ordinario procedente en contra de la determinación, contenida en el oficio UPUPL/189/2015, de veintiséis de febrero de dos mil quince, que en este juicio constitucional se impugna, a saber, el de revocación, es inconcuso que el juicio de garantías resulta improcedente, al no observarse los lineamientos establecidos en el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que hace procedente el juicio constitucional, únicamente respectos de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación por recurso ordinario alguno, máxime que la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, prevé en su numeral 152, que la interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada, sin que en dicha ley se exijan mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, pues por el sólo hecho de interponer dicho recurso, suspende la ejecución de la resolución impugnada; además, en dicho precepto legal, se establece que ningún juicio podrá intentarse sin hacer uso primero de los recursos contemplados en la ley municipal. Por ello, al no haber agotado la impetrante del amparo el recurso ordinario procedente en contra de la determinación atacada es inconcuso que el juicio de garantías resulta improcedente, en consecuencia, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es como sigue: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". No es óbice para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que en el párrafo segundo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, establezca que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, en virtud de que la resolución impugnada cumple con tal requisito, pues de su lectura, se observa que no carece de una absoluta fundamentación y motivación que hubiese impedido a la parte quejosa el conocimiento de los motivos y fundamentos para impugnarla mediante el recurso ordinario. Ilustra lo antes expuesto la tesis sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 375 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, abril de 1994, que dice: "FUNDAMENTACIÓN, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Así como también, es aplicable al caso, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 257 del Semanario Judicial de la federación, Octava Época, Tomo XI, junio de 1993, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE. CUANDO NO SE PUEDE RECLAMAR DIRECTAMENTE EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional. Tal circunstancia, hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese; por lista de acuerdos a la parte quejosa. IIB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diez de febrero de dos mil dieciséis Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por el Presidente Municipal y su Cabildo integrado por; Síndico Procurador Sindico Hacendario, Regidora de Hacienda, Regidora de Recreación y Deporte, Regidor de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Regidor de Obras Publica y Servicios Municipales, Regidor de Educación y Cultura, regidor de Desarrollo Rural y Desarrollo Social, Regidor de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Actuario Municipal llevador del Oficio No. 1163/SH/2015, todas con residencia en Matías Romero, Oaxaca, con el cual dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia respectiva. Notifíquese. IIB
- Incidental
R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ROSA RIVAS BARRAGÁN, en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Por otra parte, vista la certificación secretarial realizada en la audiencia incidental, con fundamento en el capítulo Segundo, punto cuarto, Capítulo Quinto, puntos vigésimo fracción III, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurrido más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la presente resolución, procédase únicamente a la destrucción del duplicado de este incidente, previa certificación de que en este último no existen documentales originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del citado acuerdo. Notifíquese. IIB
Quedan 12 actuaciones en este expediente
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