Rosa Martha Fuentes López
Expediente 282/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 282/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosa Martha Fuentes López
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguense sin mayor proveído los escritos presentados vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por quien dice ser la quejosa Rosa Martha Fuentes López; ya que conforme a la certificación secretarial que antecede se recibieron sin la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") de dicha quejosa sino de su autorizado José Alfredo Benítez Toledo. Lo anterior es así, no obstante aparezca en el calce de ambos escritos escaneada la supuesta firma autógrafa de la multicitada quejosa, ya que al presentarse electrónicamente debieron ser firmados dichos ocursos con la referida Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, ya que todo escrito presentado ante un procedimiento judicial debe ser firmado por su autor o autores, constituyendo esto un requisito formal esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante para ejercer cualquier derecho, máxime que la misma es indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad del propio ocurso, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si un ocurso no se suscribe, o bien, si éste no se suscribiese con firma autógrafa (en este caso electrónica), debe entenderse que propiamente no existe la voluntad del suscriptor, es decir, no hay instancia de parte. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa Rosa Martha Fuentes López, pretende promover en este juicio; sin embargo, los citados escritos se encuentran firmados electrónicamente por su autorizado José Alfredo Benítez Toledo, de lo que se sigue que no se encuentra incorporada válidamente la expresión de la voluntad de la promovente, por tanto, se tienen por no presentados. Sin que se haga necesario requerir a la quejosa ratifique los mismos, puesto que de su contenido se advierte que su finalidad es que se dé cumplimiento a una sentencia ejecutoriada, y en el presente juicio se desechó la demanda de amparo, lo cual causo estado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, ordenándose a su archivo definitivo. Notifíquese vía electrónica a la promovente.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa ***, hubiese interpuesto recurso de queja contra del acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del precepto 2, se declara que ha causado estado. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso A), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado; además, no existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso A), del citado acuerdo, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, contados a partir de que se emite este auto, procédase a su destrucción, debiendo enviarse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) promovida por ***, se advierte conforme a la certificación secretarial que antecede que carece de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") de la referida promovente ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 282/2021-IV-B. DESECHAMIENTO Previo a acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito inicial a fin de determinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o. J/290 de la octava época, registro 210751, materia común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página sesenta y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (agosto de 1994), que establece: Tomo VII, Mayo de 1998 "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Resulta oportuno analizar la demanda de amparo, la que, por los motivos que más adelante se precisarán y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 6, de la misma legislación, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.)." "ARTÍCULO 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." A efecto de evidenciar lo anterior, resulta conveniente traer a colación los artículos 3 de la Ley de Amparo; el 3, 5, 6 y 10 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el 10, 16, 17, 42 y 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órgano jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que disponen lo siguiente: LEY DE AMPARO. "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2013: "Artículo 3. Se establece la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. (.)" "Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Para tal fin también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al Sistema Electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados correspondientes, sin que las fallas en el sistema del órgano emisor del certificado respectivo puedan encuadrar en las referidas en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Los acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales deberán ingresarse al Sistema Electrónico mediante el uso de la FIREL y deberán estar firmados electrónicamente por el servidor público que corresponda en términos de la normativa aplicable." "Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo. (.)" "Artículo 10. Los certificados digitales expedidos por las Unidades de Certificación, son el equivalente electrónico tanto de un documento de identidad como de una firma autógrafa que permite la identificación del usuario o del autor del documento en los sistemas electrónicos del Poder Judicial de la Federación y además son intransferibles, irrepetibles, personales y únicos, además de que su uso es responsabilidad exclusiva de la persona que los solicita y se le otorgan." ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL: "Artículo 10. Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, con independencia de que en los Capítulos finales del presente Acuerdo se precisan algunos alcances para cada materia, de acuerdo con la legislación adjetiva que la rige. En todos los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal. Artículo 42. El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para ello, se deberá ingresar el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionar la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Además, se optará por adjuntar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, utilizar el formato predeterminado o llenar el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, tras lo cual se capturará un código de seguridad y se enviará el escrito de demanda. En cualquier opción, se podrán enviar los archivos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." Ahora bien, del escrito de demanda de amparo se advierte que no contiene Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") de la promovente, como lo disponen los artículos 3 de la Ley de Amparo, 3, 5, 6 y 10 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el 10, 16, 17, 42 y 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órgano jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en virtud de que se presentó en el Portal de Servicios del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, como del escrito de demanda de amparo que se presenta se advierte que no contiene firma electrónica de la impetrante, por ende, no existe instancia de parte agraviada, pues no se aprecia la voluntad para instar el juicio constitucional al no expresar mediante dicha firma su voluntad con la que lleve inmerso que se hace responsable de su contenido, en términos del artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, toda vez que conforme a lo establecido en los numerales 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6 de la Ley de Amparo, sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, omisión o la ley que se reclame, esto es, por quien el acto de autoridad le ocasione un agravio personal y directo, lo cual le otorga legitimación para incoar la instancia constitucional. Sin que se esté en alguno de los supuestos del artículo 42 del acuerdo mencionado en segundo término. Aunado a que los actos que reclama (el cumplimiento de la sentencia de cinco de diciembre de dos mil nueve y de la interlocutoria de queja por omisión al cumplimiento de veinte de noviembre de dos mil veinte relativas al juicio contencioso administrativo federal 2454/19-P4-2) no se encuentran en alguna de las hipótesis previstas por el citado numeral 15 de la Ley reglamentaria, ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, supuestos que son los únicos en los que en términos del precepto 3, último párrafo de la Ley de Amparo, no se requiere Firma Electrónica. Máxime, que en el caso ****, no acudió a esta instancia en calidad de representante legal de la promovente ***, quien promovió por propio derecho, como fue manifestado en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, tampoco como mandatario de la directa quejosa ni como su defensor en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, y que en el caso, los actos que se reclaman no se encuentran en alguna de las hipótesis previstas por el citado numeral 15 de esa ley, supuestos que son los únicos en los que la norma autoriza a cualquier persona a promover en favor de un tercero, por lo que no está facultado para firmar la demanda por la vía electrónica a favor o en representación de la impetrante. En ese orden de ideas, es importante destacar, que los sistemas tecnológicos implementados por el Consejo de la Judicatura Federal, en el caso, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Sin embargo, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, que carezca de firma electrónica del quejoso (FIREL o FIEL), no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 108 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al impetrante para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Sin que sea obstáculo a lo anterior que la aludida demanda aparezca firmada autógrafamente, puesto que al presentarse en línea ésta, resulta un requisito sine qua non que lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica (FIREL o FIEL). Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79, del Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019715, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." A mayor abundamiento, se tiene que al resolver la contradicción de tesis 47/2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que, acorde con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, resulta ser una "opción" para el promovente el presentar su escrito de demanda en forma impresa o electrónicamente (como facilidad procesal), pero si decide hacerlo electrónicamente, es un requisito indispensable que lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica (FIREL) o bien la de quien legalmente lo represente. Por lo que en caso de que la quejosa y/o quien legalmente la represente, no cuenten con dicha firma electrónica debidamente registrada en el sistema de registro correspondiente, ello no obstaculiza irreparablemente su acceso a la justicia, pues aún existe la posibilidad de presentar la demanda por escrito y en el mismo ocurso solicitar el acceso a los servicios tecnológicos autorizando para ello, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionales del derecho que cuenten con firma electrónica registrada en el sistema para que puedan continuar por esa vía con la tramitación del juicio de amparo y sus recursos, cuya solicitud puede válidamente revocarla en el momento que así lo decida. Norma a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018943, que establece: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Partiendo de lo anterior, se tiene que del estudio integral de la demanda no se advierte que ***, se encuentre imposibilitada para firmar autógrafamente la demanda o en una situación tal que indefectiblemente haga necesario que una tercera persona actúe en su nombre; aunado a que el presentarla físicamente ante el órgano jurisdiccional no implica necesariamente que la propia quejosa deba desplazarse ante las instalaciones, sino que ya debidamente firmada puede ser presentada por un tercero; además de que el privilegiar el trabajo a distancia no implica soslayar los requisitos legales para promover la instancia constitucional. Conviene precisar, que al considerar procedente desechar de plano la demanda de amparo, por actualizarse una causal de improcedencia manifiesta y notoria, no se le restringe a la impetrante del amparo un efectivo acceso a la justicia tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal, ni el diverso numeral 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues de su interpretación se advierte que garantizan el derecho fundamental a favor de los gobernados relativo al acceso efectivo a la justicia, que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas. En ese sentido, el acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan requisitos de procedencia y plazos para ejercer un derecho, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De ahí que, si la quejosa no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, como en el caso, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues ésta debe cumplir con los requisitos de procedencia que prevé la citada ley. Además, con la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implica la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el Juez deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en la Ley de Amparo para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 699, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2004823, de rubro siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO." De igual forma, adquiere aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 487, del tomo I, Libro 3, correspondiente a febrero de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2005717, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de esa legislación. Es conveniente mencionar que algunos de los criterios jurisprudenciales que se han invocado a lo largo de este proveído, no se oponen a la ley reglamentaria vigente, por lo que se aplicaron con sustento en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizado a ***en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que conforme a la certificación secretarial de cuenta, de una consulta en la página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte al usuario "atoledo" está registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en sus numerales del 34 a 39, se autoriza la consulta del expediente electrónico a dicho usuario; asimismo en términos del 26, fracción IV de esa legislación, en relación con el diverso 55 del Acuerdo General citado, realícense las notificaciones de manera electrónica de todas las resoluciones derivadas del presente asunto. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior. Es aplicable en lo substancial a lo anterior, la tesis I.1o.P.34 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2017924 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Página: 2364 de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción y del Juzgado exhortado puedan efectuar tales diligencias. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese; vía electrónica a la parte promovente.
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