Rosa Ramirez Ramírez

Expediente 731/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
731/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • Rosa Ramirez Ramírez
  • Ma. Guadalupe Ortíz Ramírez
  • MA. GUADALUPE ORTÍZ RAMÍREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Por recibido el oficio que firma el jefe de la Unidad de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede Salvatierra; en atención a su contenido, infórmesele que mediante ejecutoria de amparo de trece de agosto pasado, se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa -víctimas directas en el toca penal 65/2020-O del índice de la autoridad responsable Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato-; luego, por auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Si bien, lo anterior no se ordenó hacerlo del conocimiento de ese Juzgado de Oralidad; ello, es así al no ser parte en el presente juicio de amparo. Destaca que la misiva de cuenta fue recibida en el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 281 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Es orientadora al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2016852, dela Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo III, página 2178, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL".

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito que suscribe el quejoso **, por el cual solicita copias certificadas de diversas constancias que obran en el juicio de amparo en que se actúa. Al respecto dígasele que quedan los autos a disposición del agraviado y de las personas que autorizó para tal efecto en el escrito de cuenta, para que reproduzcan a través de los medios digitales de su elección las constancias que solicita, previa razón que se levante en autos. En el entendido de que, para la consulta física de expedientes, la parte quejosa o en su caso sus autorizados, deberán realizar una cita a través de la página correspondiente, ello en términos del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, pues debido a la pandemia generada por el virus COVID-19, el edificio donde este órgano jurisdiccional se encuentra ubicado no se cuenta actualmente con servicio de fotocopiadora, aunado a que este juzgado no cuenta con los recursos materiales para proporcionar las copias solicitadas por la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de trece de agosto de dos mil veintiuno que negó el amparo y protección de la justicia federal, no fue recurrida dentro del término legal establecido para ello; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) respectivamente, de la disposición administrativa en cita, tanto el original del incidente de suspensión relativo, como el presente expediente son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el expediente principal se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, mientras que en el incidente de suspensión se concedieron las medidas cautelares provisional y definitiva, de lo que deberá conservarse la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto y el presente proveído, así como las determinaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar en el incidente de suspensión respectivo, en su caso, de su violación o incumplimiento. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, al resultar innecesario retener las pruebas documentales que la magistrada de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, consistentes en un disco versátil digital (D.V.D) así como copias certificadas del toca **************; se ordena la devolución de esas documentales.

  4. Principal

    Vistos********************los********************autos,********************para********************resolver****Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 731/2020-V; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecis is de diciembre de dos mil veinte (foja 1), ante la Oficina de Correspondencia Com n de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnado en al siguiente d as a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado, ******** solicitaron el amparo y protecci n de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad que a continuaci n se transcriben: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISI N QUE SE RECLAMA.- La resoluci n dictada en el toca penal n mero ********, de fecha 18 dieciocho de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual se CONFIRMA, LA INADMISI N DE LOS MEDIOS DE PRUEBA referente a: 1.- La testimonial a cargo del Licenciado ********, Agente del Ministerio P blico; 2.- Las copias fotost ticas de la carpeta de investigaci n n mero *****; 3.- La testimonial del ingeniero ********, perito oficial en materia de inform tica forense; 4.- El informe pericial n mero de caso ******, con n mero de oficio ******; 5.- Un reporte de formato que se almacen en la unidad USB que se menciona en el informe pericial n mero de caso ******; 6.- Una hoja de trabajo **** inspecci n f sica, el indicio recibido y el indicio generado que se menciona en el informe pericial n mero de caso *****; 7.- Una hoja de trabajo ******, la fijaci n fotogr fica y *****, aislamiento de se ales y extracci n de informaci n que se menciona en el informe pericial con n mero de caso 173-19-CLII-LIF, con n mero de oficio 127/L.I.F./2019; 8.- La prohibici n para que el analista de informaci n ******** O, en la audiencia de debate hable sobre la totalidad del contenido de la memoria USB, marca Kingston; 9.- Y la exclusi n de esa memoria USB, marca Kingston, tales medios de convicci n iban enfocados a acreditar el cuadro f ctico por parte de la fiscal a y lo atinente a la Reparaci n del Da o, y que fue asumida por el juez de control de la Tercera Regi n del Estado, con sede y base en la Salvatierra (sic), Guanajauto, en fecha 01 de septiembre del a o 2020, durante el desahogo de la Audiencia Intermedia o de Preparaci n a Juicio Oral, dentro de la causa penal *****". "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Lo es la D cima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, a cargo del Maestro ******, Magistrado Supernumerario de la sala penal en cita". Acto que la parte quejosa consider violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los art culos 14, 16, 17, 20, apartado C fracci n II, de la Constituci n Pol tica de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expres los conceptos de violaci n que consider pertinentes. SEGUNDO. Tr mite del juicio. Por acuerdo de dieciocho de diciembre siguiente (fojas 23 a 26), este juzgado admiti la demanda, la cual qued registrada con el n mero 731/2020-V; solicit el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervenci n que corresponde a la agente del Ministerio P blico de la Federaci n adscrita; y se al fecha y hora para la celebraci n de la audiencia constitucional. Asimismo, tuvo como terceros interesados al agente del ministerio p blico que intervino en el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado en el toca ***** as como a ******, ***** y ***** -quienes fueron emplazados a este sumario-; finalmente, se se al fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los art culos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Org nica del Poder Judicial de la Federaci n y con el Acuerdo General n mero 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinaci n del n mero y l mites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la Rep blica Mexicana; y al n mero, jurisdicci n territorial y especializaci n por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es as , pues el acto reclamado tiene origen en una causa penal que se instruye en un Juzgado de Oralidad en Materia Penal, con sede en Salvatierra, Guanajuato, en donde este juzgado ejerce jurisdicci n territorial. SEGUNDO. Fijaci n de la litis. Por cuesti n de m todo, se procede a la fijaci n del acto reclamado, como est preceptuado en el art culo 74, fracci n I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolver , conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n1, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACI N CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado es: i) La resoluci n de dieciocho de noviembre de dos mil veinte dictada en el toca ******** de la D cima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que confirm la determinaci n asumida en la audiencia intermedia de uno de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal ******** que se instruye a ******* -como instigador-, ******** y ******, ambos de apellidos ****** -como coautores- por el delito de homicidio calificado, por la cual se excluyeron diversos medios de prueba ofertadas por la representaci n social y por el asesor jur dico de las v ctimas. El anterior acto le es reclamado a la autoridad responsable: 1. Magistrada de la D cima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable (foja 66), al rendir su informe justificado, acept la existencia del acto reclamado. En consecuencia, debe tenerse por cierto tal acto, pues la manifestaci n de la autoridad responsable constituye confesi n expresa y espont nea con pleno valor probatorio en t rminos de los art culos 95 y 200 del C digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci n supletoria a la Ley de Amparo por disposici n expresa del art culo 2 , p rrafo segundo, de este ltimo ordenamiento. Cobra aplicaci n en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en l confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse ste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Adem s, la certeza de los actos reclamados se robustece con las documentales que la autoridad responsable acompa a su informe de ley, consistentes en copias certificadas de las constancias del toca *******; y un disco vers til digital (DVD) en el que se incluye la audiencia donde el juez de primer grado emiti la determinaci n impugnada mediante apelaci n. Probanzas a las que se otorga valor probatorio pleno, en t rminos de lo establecido por los art culos 129 y 202 del C digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci n supletoria a la ley de la materia, por disposici n expresa de su numeral 2 , dado que son reproducci n de constancias sobre diligencias encomendadas por disposici n de la ley a autoridades judiciales en materia penal, y por tratarse de un disco ptico en formato de videograbaci n (DVD), consideradas como una prueba documental p blica, lato sensu. Lo anterior se sustenta en la tesis 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n2, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORM TICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERS TIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JUR DICA DE PRUEBA DOCUMENTAL P BLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el art culo 20, p rrafo primero, de la Constituci n Pol tica de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci n el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los rganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electr nico", como dispositivo de almacenamiento de dicha informaci n en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jur dica procesal es la de una prueba instrumental p blica de actuaciones al tratarse de la simple fijaci n o registro, por medios digitales o electr nicos, de los actos o diligencias propios de la tramitaci n de una causa penal de corte acusatorio, m xime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deber n acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal se alada como responsable, en t rminos del art culo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbaci n de una audiencia oral y p blica contenida en un disco vers til digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el car cter de una prueba documental p blica lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducci n de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jur dica a las partes en relaci n con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbaci n, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la informaci n contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes m s relevantes del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Ante el Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Regi n del estado de Guanajuato, con sede en Salvatierra, se instruye la causa penal ******, en contra de ***** -como instigador-, ******** y ****** -ambos como coautores-, por su probable participaci n en el hecho que la ley define como delito de homicidio calificado en agravio de quien en vida respondi al nombre de ******. 2. El uno de septiembre de dos mil veinte, tuvo verificativo, en la mencionada causa penal, la audiencia intermedia en la que el juez del conocimiento primario determin la exclusi n de algunos medios de prueba ofrecidos por la fiscal a. Unas probanzas fueron excluidas por impertinentes; y otras, por el tard o descubrimiento probatorio en que incurri la fiscal a. 3. Tanto la fiscal a como el asesor jur dico de las v ctimas -aqu quejosas-, propusieron recurso de apelaci n en contra de la determinaci n indicada en el punto que precede. Por cuesti n de turno, conoci de ese medio de impugnaci n la D cima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, en el toca ******, en donde por resoluci n de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, confirm la decisi n impugnada. Esta es la resoluci n reclamada en forma destacada en este asunto constitucional. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violaci n son en una parte infundados y en otras inoperantes. En el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor de la parte quejosa, en t rminos del art culo 79, fracci n III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de las v ctimas indirectas -por conducto de su asesor jur dico-. Sin embargo, en la especie no se advierte violaci n en contra de los derechos de la parte quejosa, pues este resolutor considera que la determinaci n asumida por el magistrado responsable se encuentra ajustada a Derecho. As , de conformidad con lo dispuesto en el art culo 79, pen ltimo p rrafo, de la Ley de Amparo3, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n ha se alado que: a) Carece de sentido y fin pr ctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisi n absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultar a ineficaz e irrealizable el desarrollo de la funci n jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredi ; c) Que si el juzgador no advierte raz n o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere til para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiar la determinaci n reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por la parte quejosa, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendr a un resultado favorable, dado que, como se precis , no se advierte que la resoluci n reclamada viole alg n derecho humano de la parte peticionaria del amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresi n del estudio en suplencia de la queja de manera oficiosa sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violaci n, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician a la parte agraviada, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el art culo 17 constitucional y aplicable tambi n en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtenci n de una resoluci n en la que, mediante la aplicaci n de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no raz n. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivaci n, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentaci n del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendr a un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideraci n que no se advierte violaci n a derechos humanos de la parte quejosa, en la determinaci n reclamada, nicamente se resolver si le asiste o no raz n a partir de los conceptos de violaci n que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.)4, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. S LO DEBE EXPRESARSE SU APLICACI N EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el art culo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violaci n o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicaci n, sino s lo en aquellos casos donde el juzgador la considere til para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivaci n de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho an lisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." I. Del an lisis integral al escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa expresa, en esencia y en atenci n a la causa de pedir, que la resoluci n reclamada violenta en su perjuicio lo dispuesto por los numerales 14, 16 y 20 de la Constituci n Pol tica de los Estados Unidos Mexicanos. En un segmento del " NICO" concepto de violaci n, refiere que con la reforma al art culo 20 constitucional, en dos mil ocho, se reconoci a la v ctima u ofendido del delito como parte del proceso penal; que tambi n se reconoci el derecho a coadyuvar con el Ministerio P blico, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigaci n como en el proceso; a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los t rminos que prevea la ley. Asimismo, que se equipar en el mismo plano procesal tanto a una persona que se le atribuye la comisi n de un hecho que le ley define como delito, como a la parte ofendida o v ctima de este; es decir, es decir que ambas partes gozan de un equilibro procesal. Que desde la perspectiva del principio de la equidad procesal, la autoridad responsable soslay que ambas partes deben contar con iguales derechos procesales, en espec fico, sobre el plazo otorgado para el ofrecimiento de medios de convicci n. Es cierto, como lo estableci la alzada -acota la parte quejosa-, que la Ley del Proceso Penal del estado de Guanajuato, establece que las v ctimas y ofendidos tienen como plazo para ofrecer pruebas por su cuenta hasta diez d as antes de la audiencia intermedia; asimismo, es veraz que el asesor jur dico lo hizo el mismo d a de la audiencia intermedia. Sin embargo -indica la parte quejosa-, el inculpado o defensor pueden ofrecer probanzas, seg n el art culo 334 de la invocada ley, un d a antes o incluso de manea oral el d a de la audiencia; es decir, cuenta con mayor plazo el inculpado que la v ctima, con lo cual es claro una ventaja procesal y, por ende, un desequilibrio procesal entre las partes. En este sentido, argumenta la parte quejosa, el juzgador debi atender a lo dispuesto por el numeral 12, fracci n III, de la Ley General de V ctimas, por tanto, debi inaplicar el precepto 332 de la Ley del Proceso Penal para el estado de Guanajuato, en atenci n al principio pro persona. Que por no atender a la Ley General de V ctimas, y haber aplicado el numeral 332 de la mencionada ley procesal penal se impidi a la parte quejosa ofrecer y desahogar los medios de prueba excluidos referente a la testimonial del agente del Ministerio P blico *****, y las copias autenticadas de la carpeta de investigaci n *****. El anterior planteamiento es infundado. Es as porque lo argumentado se basa en dos premisas inexactas; la primera, en que en el acto reclamado se aplic , seg n lo afirma la quejosa, la Ley del Proceso Penal para el estado de Guanajuato; empero, adverso a su postura, se fund en disposiciones del C digo Nacional de Procedimientos Penales. La segunda premisa incorrecta consiste en que los medios prueba referentes a la testimonial del agente del Ministerio P blico *****, y las copias autenticadas de la carpeta de investigaci n ****** no fueron excluidos por determinaci n del juez de control -confirmada en el acto reclamado-, por extempor neos, como se afirma en el concepto de disenso en trato, sino por impertinentes. En efecto, en la resoluci n reclamada, la sala penal responsable estableci en el " nico" antecedente, lo siguiente: "(.) nico. En el fallo de la primera instancia apelado se decret la exclusi n de determinados medios de prueba ofrecidos exclusivamente por la Fiscal a, al considerar el Juez A quo, por una parte, que se hab a actualizado el supuesto contenido en el art culo 346, fracci n primera, inciso b) del C digo Nacional de Procedimientos Penales; y, por otra, lo dispuesto en el ordinal antes citado, fracci n IV, en relaci n con el diverso 337 de ese mismo ordenamiento legal. (.)"; (fojas 81 tomo I de pruebas). Asimismo, en el cap tulo de consideraciones de la resoluci n reclamada, se estableci : "(.) Segunda. De acuerdo con el contenido de los art culos 458 y 461 del C digo Nacional de Procedimientos Penales, el recurso deber sustentarse en la afectaci n que causa el acto impugnado y en los motivos que la ocasionaron, adem s la apelaci n se regir por el principio de estricto derecho, de manera que esta Alzada s lo podr pronunciarse sobre los argumentos y solicitudes formuladas por el impugnante, en este caso, la Fiscal a y el asesor jur dico, por lo que queda prohibido ampliar la decisi n a cuestiones no planteadas por stos o m s all de los l mites del recurso. Tercera. El Juez de Primer Grado, como se ha mencionado, determin excluir diversos medios de prueba ofertados por la Fiscal a por dos diversas razones. La primera de ellas fue porque consider impertinentes los medios de prueba consistentes en el testimonio del Licenciado ***** y las copias autenticadas de la carpeta de investigaci n n mero *******. La segunda porque estim que la Fiscal a contravino disposiciones relativas al descubrimiento probatorio, respecto de los medios de prueba siguientes: (.)"; (fojas 81 y vuelta tomo I de pruebas). Lo transcrito, revela que en el acto reclamado se estableci que la ley procesal rectora para esa determinaci n lo es el C digo Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, la lectura integral de esa determinaci n permite colegir que el an lisis jur dico sobre los agravios y la resoluci n de primer grado impugnada mediante el recurso de apelaci n, fue con base y fundamento en el mencionado c digo nacional, no as a la Ley del Proceso Penal para el estado de Guanajuato. De igual modo, se patentiza que la resoluci n de alzada analiz los agravios relativos a la exclusi n de las pruebas consistentes en el testimonio de ***** y las copias autenticadas de la carpeta de investigaci n n mero ******, con base en que estas fueron desechadas por impertinentes, no as por extempor neas. Luego, si la parte quejosa argumenta que la resoluci n reclamada le para perjuicio en sus derechos fundamentales porque se debi prescindir de la aplicaci n precepto 332 de la Ley del Proceso Penal para el estado de Guanajuato, dado que, desde su parecer, debido a ello se declararon extempor neas las probanzas indicadas en el p rrafo que precede, es inconcuso que su alegato es infundado, pues ni se aplic esa prescripci n legal, ni se determin confirmar la decisi n apelada por extempor neas las aludidas probanzas. II. Por otra parte, en diverso segmento del " NICO" concepto de violaci n, expresa que en la resoluci n reclamada se incurri en una inexacta interpretaci n del numeral 346, fracci n I, inciso b), del C digo Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual se conculcan derechos fundamentales en perjuicio de la parte agraviada. Se ala que en el aludido precepto legal 346 se habla de medios de prueba directos e indirectos. Seguidamente menciona lo que la doctrina jur dica ha establecido qu debe entenderse por unos y otros. De igual forma, menciona que la teor a del caso, planteada por la fiscal a estriba en que **** y ****, ambos *****, dispararon armas de fuego en contra del pasivo *****, ocasion ndole la muerte, seg n los hechos ocurridos en el interior de la central camionera de Salvatierra, Guanajuato, lugar en el que los peritos forenses concluyeron en sus dict menes el hallazgo de indicios bal sticos, entre otros, casquillos con la leyenda " guila .40 S&w", y balas deformadas; que los casquillos percutidos ah encontrados fueron disparados por un arma de fuego marca Glock calibre . Que la fiscal a ofreci como medios de prueba la testimonial a cargo del agente del Ministerio P blico ******* y las copias autenticadas de la carpeta de investigaci n n mero ****, en donde consta la detenci n de **** y ****** ambos *****, por hechos - distintos y posteriores a los investigados en la causa penal subyacente-, que la ley define como delito de posesi n simple de metanfetamina y posesi n de arma de fuego. Que el arma de fuego asegurada en esos hechos, es de similares caracter sticas al arma con la que privaron de la vida al pasivo ******. Asimismo, que los medios de prueba relativos a la testimonial a cargo del agente del Ministerio P blico ****** y las copias autenticadas de la carpeta de investigaci n n mero********, fueron ofrecidos en tiempo y forma; que son medios de prueba directos e indirectos, l citos, tiles y pertinentes para demostrar la teor a del caso. Que ello es til para acreditar que una de las armas de fuego utilizadas para privar de la vida a ********, estaba en poder de los acusados ****** y *****, ambos *****. Que por lo anterior, afirma la parte quejosa, la resoluci n reclamada es violatoria de derechos humanos, porque impide que el ministerio p blico cumpla con la carga de probar en juicio oral la acusaci n presentada en contra de los acusados. III. En distinta porci n del " NICO" concepto de violaci n la parte agraviada se ala que la resoluci n reclamada conculca derechos fundamentales en su perjuicio, por haber confirmado la de primer grado, en la parte que determin que la fiscal a contravino disposiciones relativas al descubrimiento probatorio, respecto de los medios de prueba siguientes: 1. El testimonio de ******, perito adscrito a la Procuradur a General de Justicia del Estado; 2. El informe pericial n mero de caso ****, con n mero de oficio *****; 3. El testimonio de ******* o, respecto del contenido total de los archivos resguardados en una memoria USB, marca Kingston, precis ndose que nicamente podr pronunciarse en relaci n con su informe 1705 y estrictamente en torno al contenido del disco compacto marca "Verbatim", de 700 MB; 4. La evidencia ilustrativa consistente en un reporte de formato que se almacen en la unidad USB que se menciona en el informe pericial n mero de caso ****, con n mero de oficio ****; 5. Una hoja de trabajo PTIF-100-F02 inspecci n f sica, el indicio recibido y el indicio generado que se menciona en el informe pericial n mero de caso 173-19-CLII-LIF, con n mero de oficio 1******; 6. Una hoja de trabajo PTIF-100-F01, la fijaci n fotogr fica y PTIF03, aislamiento de se ales y extracci n de informaci n que se menciona en el informe pericial con n mero de caso 173-19-CLII-LIF con n mero de oficio 127/L.I.F./2019; 7. Una unidad USB mencionada en el informe con n mero de oficio 1705/2019, relativo a lo que se recab por el analista de la informaci n *********. Luego de hacer menci n del contenido de los art culos 218, 337 y 346 fracci n IV, del C digo Nacional de Procedimientos Penales, as como de los hechos por los que fue asegurado, entre otras cosas, un tel fono celular marca "Huawei", modelo P20 Lite, color azul, con protector rojo y negro, n mero de tel fono ******* y de what s app *******, respecto del cual se autoriz por autoridad judicial federal competente la extracci n de informaci n contenida en dicho dispositivo que pertenec a a ******** y que contaba con informaci n relevante para la carpeta de investigaci n origen de la causa penal subyacente; informaci n que fue extra da y anexada a un disco compacto marca Sony de 700 MB de capacidad, con la leyenda *******, dejado a disposici n del agente del Ministerio P blico n mero 3, especializado en la investigaci n de Homicidios de la ciudad de Salvatierra; expres lo siguiente: ********a) Que ".no se encuentra demostrado que la informaci n que fue extra da del tel fono. y que fue almacenada en una memoria o dispositivo USB marca Kingston, haya sido contraviniendo las disposiciones se aladas en el C digo Nacional de Procedimientos Penales . ya que el permiso de extracci n de la informaci n que ten a dicho celular. fue legalmente autorizada; por lo que concluye que los medios de prueba excluidos ". FUERON OBTENIDAS DE MANERA LEGAL. y POR TAL MOTIVO DEBEN SER INCLUIDOS Y DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA DE DEBATE."; (fojas 13 y vuelta). b) Que de conformidad con lo previsto en los art culos 218 y 302 del C digo Nacional de Procedimientos Penales, si el agente del Ministerio P blico ******** neg a la licenciada ****** los datos de prueba antes mencionados, lo que le fue comunicado a la defensora particular de ****** y *****, de apellidos *****, sin que esta hubiera realizado ".alguna otra gesti n, petici n o solicitud para recabar esos datos de prueba, como ser a pedir una tutela de derechos, sin embargo no hizo nada para obtener esos datos de prueba." (foja15 y vuelta). c) Que el ordinal 337 del ordenamiento adjetivo en comento contiene una excepci n a la regla del descubrimiento probatorio, relacionada con las comunicaciones privadas, por lo que el Ministerio P blico estaba impedido legalmente para proporcionar la informaci n y los datos de prueba que la defensora particular de los acusados ****** eda solicit en la audiencia inicial. Ello atento lo dispuesto en dicho dispositivo legal, as como en lo previsto en los diversos 218 y 302, as como en el art culo 16 constitucional. d) Que el art culo 1 de la Ley General de V ctimas, dispone que las normas que protejan a las v ctimas en las leyes expedidas por el Congreso se aplicar en lo que m s favorezca a las mismas. Que el Ministerio Publico ofreci las probanzas excluidas, las que benefician a los intereses jur dicos de las v ctimas, por lo deben ser admitidos, por resultar pertinentes y tiles, aunado a que para su obtenci n no se violaron derechos fundamentales de los acusados, ya que las v ctimas tienen derecho al ofrecimiento de pruebas, sustentando su postura en lo previsto en el art culo 14 constitucional, 124, fracciones I y IX de la Ley General de V ctimas. Los planteamientos que preceden son inoperantes. Es as porque constituyen, en esencia y de manera sustancial, una copia de los agravios que se expresaron en contra de la decisi n emitida uno de septiembre de dos mil veinte, en la subyacente causa penal *******, en la audiencia intermedia en la que el juez del conocimiento primario determin la exclusi n de algunos medios de prueba ofrecidos por la fiscal a. Unas probanzas excluidas por impertinentes; y otras, por el tard o descubrimiento probatorio en que incurri la fiscal a. Lo que fue materia de impugnaci n y con base en lo cual la sala penal responsable emiti la resoluci n ahora reclamada. Para corroborar el aserto que antecede, se plasma una imagen de los agravios que la parte ahora quejosa y el fiscal presentaron ante la sala penal responsable cuando apelaron la decisi n del juez primario, relativa a la exclusi n del material probatorio en cita: Ciertamente, del an lisis comparativo entre los argumentos de disenso en trato y los agravios que la parte ahora quejosa -y el fiscal que intervino en la causa penal subyacente- expres cuando apel la decisi n del juez de primer grado por la que decidi excluir el material probatorio a que se ha hecho referencia, se concluye que, en esencia, los conceptos de violaci n son una reiteraci n de los agravios formulados en la apelaci n. De ah la inoperancia de los argumentos de inconformidad aducidos en este asunto, toda vez que no se controvierten las consideraciones de la resoluci n reclamada. Es de invocarse en apoyo a lo que antecede, por identidad de raz n jur dica, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federaci n y su Gaceta, Novena poca, tomo XI, marzo de 2000, p gina 845, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACI N. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICI N DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACI N. Si los conceptos de violaci n son una reiteraci n, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelaci n ante la Sala responsable, ya que s lo difieren en el se alamiento del rgano que emiti la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violaci n de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violaci n son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violaci n en el amparo directo civil". As como en la jurisprudencia n mero 166, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci n, visible en la S ptima poca, tomo VI, Parte SCJN, del Ap ndice al Semanario Judicial de la Federaci n de 1995, p gina 112, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACION. Si el quejoso, substancialmente repite, en sus conceptos de violaci n, los agravios que hizo valer ante el Tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garant as; y por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama". Adem s, del examen a la resoluci n de segundo grado reclamada, este operador jur dico de amparo estima que no existe violaci n en contra de los derechos de la parte quejosa, que le deje en estado de indefensi n. Es as porque como adecuadamente lo resolvi la sala responsable, del an lisis de los agravios que la parte apelante ahora quejosa propuso en el recurso de apelaci n, en contra de la decisi n asumida por el juez de primer grado, se advierte que, efectivamente, omiti controvertir las razones asumidas por el juez natural para decidir en la forma en que lo hizo. De modo tal que fue correcto que la sala examinara la resoluci n de primer grado, solo a partir de los agravios sometidos a su potestad, calific ndolos en la forma en que lo hizo, toda vez que en el caso no se avisora violaci n a derechos fundamentales. Es aplicable al particular, por identidad de raz n jur dica y en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 17/2019 (10a.)5, de rubro y texto: "RECURSO DE APELACI N PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del art culo 461 del C digo Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el rgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se est en ese supuesto, el rgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el an lisis del asunto y el dictado de la sentencia. As , aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelaci n, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisi n, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deber reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese an lisis en los considerandos de su decisi n. En consecuencia, se puede concluir que el C digo Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera impl cita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicci n de tesis 56/2016, s lo puede analizarse la violaci n a los presupuestos jur dicos para la procedencia de esa forma de terminaci n anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podr analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violaci n a los derechos fundamentales del acusado, como lo podr an ser, seg n sea el caso: la valoraci n de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparaci n del da o y la individualizaci n de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, tambi n debe aclararse que s lo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes. Asimismo, fue correcto que la sala confirmara la resoluci n apelada, porque como acertadamente lo sostuvo, uno de los agravios result novedoso situaci n que le impidi responderlo de fondo porque no fue sometido a debate ante el juez natural. De hacerlo, se contravendr an reglas del procedimiento con deterioro al derecho de defensa de los acusados. Ciertamente, una porci n de los agravios se centran en justificar que unos medios de prueba excluidos - testimonial a cargo del agente del Ministerio P blico ******** y las copias autenticadas de la carpeta de investigaci n n mero *******-, s son pertinentes porque tienden a demostrar que el arma de fuego asegurada en esa carpeta de investigaci n, a los imputados ***** y *****, ambos ****** -diversa a la carpeta de investigaci n que origin la causa penal de origen-, es la misma con la que privaron de la vida a *******. Sin embargo, como lo sostuvo la sala, el referido objetivo de las mencionadas probanzas no fue el mismo que se propuso en la audiencia intermedia ante el juez natural; sino que el fiscal ah solicit la admisi n de esos medios de convicci n para demostrar que el ama de fuego asegurada en aquella carpeta de investigaci n es de caracter sticas similares a las que fueron utilizadas para privar de la vida al occiso. Por tanto, como lo estim la sala, el agravi result ineficaz porque introdujo una cuesti n novedosa, consistente en que la pretensi n de las probanzas de m rito es demostrar la mencionada identidad del arma, lo que no fue planteado en la audiencia intermedia por la fiscal del caso. As tambi n, debe indicarse que en distinto segmento del ocurso de agravios, se busca demostrar que los restantes medios de prueba excluidos, fueron obtenidos l ticamente; empero, como lo adujo la sala responsable, ello no fue materia de controversia, porque en ning n momento se puso en entredicho la licitud de la obtenci n de los medios de prueba, sino su descubrimiento probatorio. De ah que correctamente ese agravio fue declarado inoperante. De igual modo, conviene precisar que conforme a lo dispuesto por el numeral 337 del C digo Nacional de Procedimientos Penales6, el descubrimiento 6 "Art culo 337. Descubrimiento probatorio El descubrimiento probatorio consiste en la obligaci n de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso, los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. En el caso del Ministerio P blico, el descubrimiento comprende el acceso y copia a todos los registros de la investigaci n, as como a los lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no pretenda ofrecer como medio de prueba en el juicio. En el caso del imputado o su defensor, consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio P blico a su costa, y acceso a las evidencias materiales que ofrecer en la audiencia intermedia, lo cual deber realizarse en los t rminos de este C digo. El Ministerio P blico deber cumplir con esta obligaci n de manera continua a partir de los momentos establecidos en el p rrafo tercero del art culo 218 de este C digo, as como permitir el acceso del imputado o su Defensor a los nuevos elementos que surjan en el curso de la investigaci n, salvo las excepciones previstas en este C digo. La v ctima u ofendido, el asesor jur dico y el acusado o su Defensor, deber n descubrir los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia del juicio, en los plazos establecidos en los art culos 338 y 340, respectivamente, para lo cual, deber n entregar materialmente copia de los registros y acceso a los medios de prueba, con costo a cargo del Ministerio P blico. Trat ndose de la prueba pericial, se deber entregar el informe respectivo al momento de descubrir los medios de prueba a cargo de cada una de las probatorio, consiste en la obligaci n de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso, los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. El Ministerio P blico deber cumplir con esta obligaci n de manera continua a partir de los momentos establecidos en el p rrafo tercero del art culo 218 del mencionado c digo, el estatuye: " (.) El imputado y su defensor podr n tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podr n mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este p rrafo, se entender como acto de molestia lo dispuesto en el art culo 266 de este C digo (.)". Sobre este t pico en el acto reclamado se acot que el p rrafo tercero del referido precepto 218 establece que: "En ning n caso la reserva de los registros podr hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculaci n a proceso, salvo lo previsto en este C digo o en las leyes especiales (.)". Sin embargo, afirm que en ninguna parte del escrito de agravios se se ala cu l disposici n especial constituir a una excepci n a la regla general relativa a la prohibici n de reserva de registros para el imputado partes, salvo que se justifique que a n no cuenta con ellos, caso en el cual, deber descubrirlos a m s tardar tres d as antes del inicio de la audiencia intermedia. En caso que el acusado o su defensor, requiera m s tiempo para preparar el descubrimiento o su caso, podr solicitar al Juez de control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, le conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos." y su defensa, una vez dictado el auto de vinculaci n a proceso. Lo anterior tambi n se considera correcto, toda vez que en el escrito de agravios efectivamente se omiti indicar la porci n normativa que actualice alguna excepci n a la regla del oportuno descubrimiento probatorio. Luego, si en el caso es descubrimiento probatorio se realiz en forma tard a sobre algunos de los medios de prueba excluidos -situaci n que reconoce la parte agraviada, solo que discute que se ubic en un caso de excepci n legal; lo que no ocurri -, es inconcuso que la resoluci n reclamada fue dictada conforme a Derecho. De asumirse decisi n en sentido contrario, como se sostuvo en el fallo reclamado, se conculcar a el debido proceso el cual debe respetarse, lo mismo que el principio de igualdad procesal, previstos en el art culo 20, apartados A, fracci n V, B, fracciones III, IV, VI, y C, fracciones I y II, de la Constituci n Pol tica de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que asista raz n jur dica a la parte agraviada cuando asevera que deben admitirse los medios de prueba a fin de no conculcar derechos de las v ctimas; ello porque tanto el imputado como la parte acusadora, incluyendo a las v ctimas, tienen el derecho de ofertar medios de prueba, pero tambi n la obligaci n de descubrirlos a la contraparte, en los plazos establecidos en la ley. En las relatadas condiciones, al advertirse que en el particular no existe queja que suplir en la resoluci n reclamada, y al ser ineficaces los motivos de disenso, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a ******** y ******, en contra del acto de la autoridad, que se precisaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el ltimo punto considerativo de esta sentencia.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano