Rosa Mónica Pantoja Villaseñor
Expediente 309/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 309/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rosa Mónica Pantoja Villaseñor
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el nueve de marzo de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó de plano la demanda promovida por *********, por propio derecho y en representación de su menor hijo **********, no fue recurrido dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por ********, por propio derecho y en representación de su menor hijo *********; contra actos del Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 309/2017. Ahora bien, el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa impugna el auto de diez de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio número F-1415/2016 del índice del Juez responsable, por el que se determinó que no había lugar a decretar la preclusión del derecho de nombrar perito de la parte actora; asimismo, ordenó requerir a Salvador Gutiérrez Parra, para que en el término de tres días señalara perito en materia de psicología, apercibiéndolo de no hacerlo se nombraría uno en rebeldía. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, mismos que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De lo anterior, se desprende que los actos dictados dentro de un juicio, como en el reclamado, sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Actos de imposible reparación que han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal -y en el marco constitucional actual también los reconocidos en los tratados internacionales en que México sea parte, como lo prevé la fracción V, del artículo 107 de la vigente la Ley de Amparo-. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página treinta y nueve, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Asimismo, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), del Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página mil novecientos dos, en la que se establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." En esa tesitura, la determinación reclamada constituye un acto que no afecta derechos sustantivos, pues dicha resolución produce únicamente una lesión jurídica adjetiva o procesal que puede o no trascender al resultado del fallo que en su momento se emita, por lo que es indudable que no puede combatirse, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley Reglamentaria, es decir, a través del juicio de amparo en la vía indirecta, empero, dichas violaciones, por no ser de imposible reparación, podrán ser impugnadas en su caso en el amparo directo, con lo que se respetaría el derecho de defensa del particular, al hacer valer todas las violaciones que estime, se cometieron durante el procedimiento. Así, puesto que el auto de diez de febrero de dos mil diecisiete, emitido dentro del expediente ****, dictado por la Juez de Oralidad Familiar de la Ciudad de Celaya, Guanajuato, por el que se determinó que no había lugar a decretar la preclusión del derecho de nombrar perito de la parte actora; asimismo, ordenó requerir a Salvador Gutiérrez Parra para que en el término de tres días señalara perito en materia de psicología, apercibiéndolo de no hacerlo se nombraría uno en rebeldía; se considera que tales actos procesales no pueden combatirse de acuerdo al artículo 107, fracción V, pues solamente provoca una afectación formal o adjetiva, toda vez que únicamente se requirió a la parte actora en el controvertido de origen para que nombrara un experto en psicología y que no se podía perder ese derecho. Lo anterior, toda vez que la quejosa no queda sin defensa y no se tiene certeza de que el mencionado acto procesal trascienda al resultado de la resolución, sino hasta que la misma sea emitida y cause agravio, pues cualquier violación que se hubiera cometido con la determinación reclamada puede disiparse eventualmente en la resolución definitiva que se emita siempre que resulte favorable a los intereses de la parte quejosa, o en caso contrario, en el juicio de amparo directo que en su contra se haga valer. En efecto, no hay una afectación a los derechos sustantivos nacida de la etapa procesal, pues la trascendencia especifica de la imposible reparación depende de que no se asegure el desarrollo del proceso con las debidas formalidades y garantías, lo cual no ocurre en este caso. Lo anterior, es así toda vez que en la presente instancia, no reclama la admisión de la prueba pericial en materia de psicología, contra la cual sería procedente el juicio de amparo; sin embargo, se reitera, el acto reclamado consiste en el auto en el que no se tuvo por precluido el derecho a nombrar perito a la parte actora y además se le requirió para que en el término de tres días señalara un experto en la materia, apercibido que de no hacerlo se nombraría uno en rebeldía; de ahí que, dicho proveído no vulnera derechos sustantivos al tratarse del procedimiento para el desahogo de dicha probanza, por lo cual, se estima que la violación que pretende hacer valer la ahora quejosa es susceptible de repararse con la resolución que en su momento se emita. Ahora bien, el acto reclamado que tiene una naturaleza de carácter procesal, la afectación que produce es en forma temporal que pudiera ocasionar a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, asimismo, el acto no puede ser calificado como irreparable, sino únicamente como una violación de carácter adjetivo. De lo que se concluye, que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en presente caso existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el impetrante obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/7, de los Tribunales Colegiado de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Novena Época, página: 1536, cuyo rubro es el siguiente: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO." Consecuentemente, al reclamarse en el particular actos dictados dentro de un juicio, que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la V del numeral 107, ambos de la vigente la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones en ****, de esta ciudad; asimismo, se le tiene autorizando en los términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a ********, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que los autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, el suscrito habilita días y horas inhábiles para notificar las providencias respectivas dictadas en el presente juicio para el adecuado despacho del asunto.
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