Rosa Martha Morales Vallejo
Expediente 375/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 375/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 04/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rosa Martha Morales Vallejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, en atención al mismo y como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la devolución de los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda, y por autorizados para su recepción a las personas que menciona. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial, de la que se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista que se le dio con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, se procede a dictar la resolución relativa en términos del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 26/2000 de la Novena Época, Segunda Sala, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, página doscientos cuarenta y tres, que al rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Atento a la constancia secretarial, se obtiene que los efectos de la concesión de amparo a favor de - consistieron en lo siguiente: "1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, la porción del artículo quinto transitorio que ha sido estimada inconstitucional en los decretos 542 y 638 que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán. 2. Que la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, deje insubsistente el acuerdo emitido el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en la que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa, así como sus consecuencias legales. 3. En su lugar, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, emita una nueva resolución en la que no se apliquen a la quejosa los decretos de ley reclamados, en las porciones que han sido estimadas inconstitucionales, aplicando su texto válido y, por ende, resuelva en conjunto con la Ley anterior, entendiendo que la quejosa tenía un derecho adquirido sobre la forma de calcular su pensión por jubilación. 4. Que la Subdirectora de Jubilados y Pensiones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, deje insubsistente el oficio - de fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en el que se comunicó a la quejosa la autorización de su pensión por jubilación y todas sus consecuencias y, una vez emitida la nueva resolución, la comunique como corresponda. En el entendido que la nueva resolución que se emita respecto de la solicitud de pensión de la quejosa, en cumplimiento de la presente sentencia, deberá respetar la garantía constitucional de irretroactividad perjudicial de la ley, consagrada en el artículo 14 Constitucional; para lo cual deberá fundarse en la Ley de Pensiones Civiles del Estado vigente antes de la entrada en vigor del Decreto 542, publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince, tomando en consideración que al momento en que se realizó el supuesto normativo y produjo sus consecuencias, esto es, que el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, la quejosa ya había cumplido los años de servicios prestados al Gobierno del Estado, para adquirir su jubilación, esto es, durante 35 años, 2 meses y 15 días, cotizó al fondo de Pensiones Civiles del Estado. Por tanto, si desde antes de la entrada en vigor del decreto 542, así como el 638 del Congreso del Estado de Michoacán, la quejosa ya se encontraba cotizando a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, cualquier ordenamiento publicado con posterioridad no podrá aplicarse de manera retroactiva en su detrimento, en atención al derecho humano a la irretroactividad reconocidos en el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el entendido que, las autoridades que sólo participaron en el proceso legislativo de la ley impugnada no les corresponde realizar ningún acto relativo al cumplimiento de esta sentencia, ya que la misma únicamente vincula a las autoridades responsables de dar respuesta a la solicitud de pensión por jubilación planteada por la quejosa, así como sus consecuencias legales. Resulta innecesario el análisis de los restantes argumentos hechos valer por la quejosa en sus conceptos de violación, entre otros relativos a combatir el artículo 77 del Reglamento para el Otorgamiento de las Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles, dado que cualquiera que fuere el resultado de su estudio en nada variaría el sentido del presente fallo, además de que no podría obtener mayor beneficio al ya concedido." Por su parte, el delegado del Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del acuse firmado por la quejosa correspondiente al oficio -, mediante el cual se le comunica se le desincorporó de su esfera jurídica la porción del artículo quinto transitorio de los decretos legislativos 542 y 638, que retoman y adicionan diversos artículos de la de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán; asimismo que, dejó insubsistente el acuerdo emitido en sesión ordinaria de veinticinco de maro de dos mil veintiuno, en la que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa, así como sus consecuencias legales, por lo que la jubilación concedida a la aquí quejosa se aprobó conforme a los artículos 53 y 54 de la Ley de Pensiones Civiles en el Estado, dejando también, insubsistente el oficio 0/2021 de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, informándole además, que la cantidad que recibirá a partir de la primera quincena del mes de julio del año en curso, será al cien por ciento del sueldo íntegro que percibía a la fecha en que causó baja del servicio del Gobierno de Estado, mismo que asciende a la cantidad de $18,055.94 (dieciocho mil cincuenta y cinco pesos 94/100 M.N). De igual manera, remitió los recibos de nómina de la quejosa correspondientes a la primera quincena de julio y la primera quincena de agosto del año en curso,, con lo que acreditó el incremento en el pago quincenal por la cantidad de $9,027.97 (nueve mil veintisiete pesos 97/100 M.N.). Finalmente, previo requerimiento, remitió la impresión de la operación autorizada del pago interbancario realizado con fecha cuatro de octubre del presente año, realizado por medio del portal web del banco denominado BBVA, por la cantidad de $58,443.20 (cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 20/100 M.N.) a nombre de la quejosa, misma que contempla el periodo que comprende de la segunda quince de abril de dos mil veintiuno a la segunda quincena de junio de dos mil veintidós. En consecuencia, SE DECLARA CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, al no advertirse excesos ni defectos en su acatamiento, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que la quejosa mediante escrito de siete de septiembre del año en curso manifestó su inconformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin embargo, el mismo fue previo a la última vista que se le dio con el cumplimiento, sin que la desahogara, pero con la misma se estima cumplida la ejecutoria de amparo de conformidad con los argumentos expuestos con anterioridad. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 196 párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN, lo anterior, en términos de lo dispuesto en el capítulo séptimo, fracción I, artículo 18, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. [.] Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General.". Por otra parte, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recoger los documentos que exhibió en su escrito inicial de demanda y que obran agregados en autos, apercibida que de no hacerlo en el término precisado, dichos documentos podrán ser destruidos con el expediente, por lo que será menester que las personas autorizadas generen una cita QR, a fin de que sea agendada la hora y fecha para que recojan dichas constancias, pudiendo acudir cualquiera de las personas autorizadas en el expediente de conformidad con el numeral 3 del citado Acuerdo General. Finalmente, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la delegada del Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, remite las constancias con las que acredita el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, para que exponga lo que a sus intereses convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional se pronunciará de oficio sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la constancia secretarial de la que se desprende que el Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, informó las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual remitió copia certificada del acuse firmado por la quejosa correspondiente al oficio 270/2022, mediante el cual se comunica se le desincorporó de su esfera jurídica la porción del artículo quinto transitorio de los decretos legislativos 542 y 638, que retoman y adicionan diversos artículos de la de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán; asimismo que, dejó insubsistente el acuerdo emitido en sesión ordinaria de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en la que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa, así como sus consecuencias legales, por lo que la jubilación concedida a la aquí quejosa se aprobó conforme a los artículos 53 y 54 de la Ley de Pensiones Civiles en el Estado, dejando también, insubsistente el oficio 0/2021 de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, informándole además, que la cantidad que recibirá a partir de la primera quincena del mes de junio del año en curso, será al cien por ciento del sueldo íntegro que percibía a la fecha en que causó baja del servicio del Gobierno de Estado, mismo que asciende a la cantidad de $18,055.94 (dieciocho mil cincuenta y cinco pesos 94/100 M.N). De igual manera, remitió los recibos de nómina de la quejosa correspondientes de la primera quincena de julio a la primera quincena de agosto del año en curso, con lo que acreditó el incremento en el pago quincenal por la cantidad de $9,027.97 (nueve mil veintisiete pesos 97/100 M.N.). De lo anteriormente expuesto, se obtiene que la autoridad responsable no remitió las constancias con las que acredite que se pronunció sobre la pensión a partir del dieciséis de abril de dos mil veintiuno a la segunda quincena de mayo de dos mil veintidós, pues únicamente refirió que a partir de la primera quincena de junio del presente año será el pago del cien por ciento del sueldo íntegro que percibía a la fecha en que causó baja como servidor público. Por lo anteriormente, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, remita las constancias con las que acredite que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese.
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