Rosa Martha Ferreyra Ortiz

Expediente 569/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
569/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • Rosa Martha Ferreyra Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a once de abril de dos mil veintidós. Como según constancia secretarial de cuenta, ha fenecido el término de diez días, que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, sin que lo hayan interpuesto, o manifestado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la superioridad; de tal forma, se declara que dicho auto, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos procedentes. Ahora bien, como de la misma constancia secretarial que antecede, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de destrucción, dado que se sobreseyó el juicio de garantías; lo anterior, en términos de los artículos 12, 14, y 21 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 12. Valoración de expedientes. Los titulares de los Órganos Jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo. Artículo 14. Criterios de valoración. Los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales serán: relevancia documental, conservable, depurable o destruible, el cual deberá decretarse en el acuerdo de archivo como asunto concluido. Los responsables de la valoración, sólo podrán optar por uno de los criterios señalados en el párrafo anterior. "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo general en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica mediante lista a la quejosa el proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós que señala: ".... Agréguese a sus autos, el oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable antes mencionada, al que adjunta diversas constancias como complemento a su informe justificado, documental que goza de valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Ahora bien, dentro del presente juicio constitucional, la peticionaria -, reclamó lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no da tramite al juicio ordinario laboral número -, tramitado ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, actuando sin diligencia y dilación, o con demora en perjuicio del quejoso; lo anterior acontece, ya que de autos se desprende que la autoridad responsable no ha señalado fecha para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, lo que quiere decir que no ha radicado el escrito inicial de demanda, y por consecuencia, no me ha notificado la fecha de la audiencia antes mencionada, ni mucho menos ha emplazado a los demandados en los términos de ley, constituyendo los actos reclamados, puesto que la autoridad señalada como responsable no se apega a los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo dentro del término establecido en los artículos 873, 741, 742 743 y 744." De tal forma, del análisis de las presentes constancias, se desprende que el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remite copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones celebrada el diez de diciembre último, dentro del juicio ordinario laboral número 4B-525/2021, previos los trámites de ley realizados para llevar a cabo su desahogo, con lo que se pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto reclamado. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En efecto, la cesación de efectos se ha interpretado, como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías; por tanto, a nada práctico conduce analizar un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte peticionaria. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta el nueve de febrero de dos mil veintidós, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; por lo tanto se deja sin efectos la fecha de la referida audiencia. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, se comisiona al Actuario Judicial Adscrito, para que realice la notificación personal del proveído a las partes, acatando para ello, los lineamientos de higiene derivados de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud, de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido de que dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada, en los términos a que se refiere el artículo 2, Fracción IV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente...." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, inciso B de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a diecisiete de enero de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos, el oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable antes mencionada, al que adjunta diversas constancias como complemento a su informe justificado, documental que goza de valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Ahora bien, dentro del presente juicio constitucional, la peticionaria -, reclamó lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no da tramite al juicio ordinario laboral número -, tramitado ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, actuando sin diligencia y dilación, o con demora en perjuicio del quejoso; lo anterior acontece, ya que de autos se desprende que la autoridad responsable no ha señalado fecha para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, lo que quiere decir que no ha radicado el escrito inicial de demanda, y por consecuencia, no me ha notificado la fecha de la audiencia antes mencionada, ni mucho menos ha emplazado a los demandados en los términos de ley, constituyendo los actos reclamados, puesto que la autoridad señalada como responsable no se apega a los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo dentro del término establecido en los artículos 873, 741, 742 743 y 744." De tal forma, del análisis de las presentes constancias, se desprende que el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remite copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones celebrada el diez de diciembre último, dentro del juicio ordinario laboral número 4B-525/2021, previos los trámites de ley realizados para llevar a cabo su desahogo, con lo que se pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto reclamado. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En efecto, la cesación de efectos se ha interpretado, como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías; por tanto, a nada práctico conduce analizar un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte peticionaria. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta el nueve de febrero de dos mil veintidós, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; por lo tanto se deja sin efectos la fecha de la referida audiencia. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, se comisiona al Actuario Judicial Adscrito, para que realice la notificación personal del proveído a las partes, acatando para ello, los lineamientos de higiene derivados de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud, de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido de que dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada, en los términos a que se refiere el artículo 2, Fracción IV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Adriana Galván Chávez, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos, el oficio de cuenta, signado por la autoridad antes mencionada, por medio del cual, informa que se encuentra en vías de dar cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiséis de octubre último, adjuntando las constancias que así lo acreditan, relacionadas con los actos reclamados dentro del presente juicio de amparo; En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para esta data, y se señalan nuevamente las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que se lleve a cabo. Por tanto, en términos del artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia constitucional, se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento, que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondientes, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia; lo anterior, tomando en consideración que ante la pandemia, el personal de este Juzgado solo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia, sería extemporáneo, porque se acordaría hasta el día siguiente, cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia, podrán ser presentadas de manera electrónica, si desean hacerlo el mismo día de la audiencia, siempre y cuando, sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Adriana Galván Chávez, Secretaria que autoriza y da fe.

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