ROSA MARÍA TERESA GUZMÁN ZÁRATE y Otros.

Expediente 487/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
487/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
08/08/2018

Partes del expediente

  • ROSA MARÍA TERESA GUZMÁN ZÁRATE y Otros.
  • Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca
  • Rosa María Teresa Guzmán Zárate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por el que acusa recibo del diverso 26163 del índice de este órgano jurisdiccional, y comunica que se admitió el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en este juicio, y que quedó radicado bajo el número 204/2018 de su índice.

  2. Principal

    MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Vistos los autos, se advierte que obran las constancias de notificación a las partes del auto que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, y del proveído mediante el cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Décimo Tercer Circuito, así como los originales de los escritos de interposición del recurso y expresión de agravios, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Solicitando atentamente a la superioridad, tenga a bien ordenar se acuse recibo a este Juzgado Primero de Distrito. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil dieciocho. Con el escrito de cuenta, en términos de los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer la quejosa ....., contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; entréguese una copia del mismo a las demás partes. Una vez que esté debidamente integrado el asunto, -dada la naturaleza de la resolución impugnada,- remítase el original del escrito de expresión de agravios y los autos, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Décimo Tercer Circuito, para la substanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. Notifíquese, y personalmente a la Representante Social adscrita.

  4. Principal

    MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito de la quejosa ........; visto su contenido, con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus alegatos, los cuales se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, vistos los autos, en la especie, la quejosa reclama del Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, lo siguiente: La resolución de cinco de abril de dos mil dieciocho, dictada en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 107/2016 antes 217/2011, por medio de la cual la responsable desglosa la cuantificación de la condena decretada en la sentencia de doce de febrero de dos mil trece, ya que por una parte determina que la demandada pague en una sola exhibición la cantidad de $194,043.17, a que fue condenada en dicha sentencia, y en cuanto a los haberes dejados de percibir establece que ascienden a la cantidad de $350,678.94, por lo que la demandada deberá pagarlos en siete parcialidades cada una de $50,096.99, del seis de mayo al seis de noviembre de dos mil ocho, y determina que ya no se sigan causando los haberes diarios. En ese orden, la suscrita juzgadora advierte que contra el precisado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede: --- [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Del precepto anterior se observa que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto se reconoce la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas; no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias a la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento de remate respectivo, esto es, la última resolución que se dicta. A fin de otorgar claridad y certeza en el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, el legislador pormenorizó qué debe entenderse por última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y por ello estipuló que la última resolución, tratándose de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, ésta debe ser entendida como aquella que: Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Es así, porque la interpretación sistemática de tales numerales ponen de manifiesto que el juicio de amparo biinstancial sólo será procedente, respecto de actos de ejecución de sentencia, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual serán reclamables las violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso. Tratándose de actos de remate, el legislador fue incluso más específico, precisó que la última resolución del procedimiento de remate, es: Aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Toda vez que resulta inconcuso que una vez que el bien inmueble sujeto a remate, fue adjudicado y entregado materialmente a quien resultó vencedor del remate, no hay posibilidad de emitir acto posterior que retrotraiga o modifique los efectos del remate, luego entonces, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto permanecerá como definitivo, lo que a la par asegura que el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de instancia que en el caso se materializa en el remate del bien inmueble, se haya agotado en su totalidad. En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de cinco de abril de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad 107/2016 antes 217/2011, por medio de la cual la responsable desglosa la cuantificación de la condena decretada en la sentencia de doce de febrero de dos mil trece, y determina que ya no se sigan causando los haberes diarios. Del análisis de las constancias de autos a las que se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, específicamente de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1663/2016, del índice de este propio juzgado, que obra en la copia certificada que remitió la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado, se advierte lo siguiente: - El doce de febrero de dos mil trece, se dictó sentencia en los autos del juicio de nulidad 0217/2011, promovido por ......., en la que se declaró la nulidad lisa y llana de la determinación de baja como Policía Segundo Municipal que emitió el Director General de Seguridad Pública Municipal ahora Comisario General de Seguridad y Vialidad del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en contra de ....... , y con fundamento en el artículo 123, apartado "B", fracción XIII, de la Constitución Federal, se condenó a la autoridad demandada, a pagar a aquella la cantidad de ciento noventa y cuatro mil cuarenta y tres pesos con diecisiete centavos moneda nacional ($194,043.17), más los haberes que se siguieran generando hasta el total cumplimiento de esta sentencia (fojas 64 a 68). - El once de marzo de dos mil trece, se declaró procedente la aclaración de sentencia promovida por el Comisario en Jefe de Seguridad Pública y Vialidad Municipal y el Jefe de la Unidad Administrativa adscrita a la Comisaría General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, ambos del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y en los resolutivos quinto y sexto que aquí interesan, se estableció lo siguiente: "QUINTO. Se declara la NULIDAD LISA Y LLANA de la determinación de baja como Policía Segundo Municipal que emitió el Director General de Seguridad Pública Municipal, ahora Comisario General de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en contra de ........, el 25 de marzo de 2011 dos mil once. SEXTO. Con fundamento en el artículo 123 apartado "B", fracción XIII, de la Constitución Federal, se condena la autoridad demandada Director General de Seguridad Pública Municipal, ahora Comisario General de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a pagar........, la cantidad de ciento $194,043.17, (ciento noventa y cuatro mil cuarenta y tres pesos con diecisiete centavos moneda nacional) más los haberes que se sigan generando hasta el total cumplimiento de esta sentencia." (fojas 329 a 334 Ibidem). - Inconforme con dicha sentencia, el Comisario General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, interpuso recurso de revisión en su contra, cuyo conocimiento correspondió a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, en el expediente número 0275/2013, quien en sesión de siete de noviembre de dos mil trece, confirmó dicha sentencia. - En razón a lo anterior, en auto de veinticinco de noviembre de dos mil trece, se ordenó requerir al Director General de Seguridad Pública Municipal cuya denominación en ese momento era el de Comisario General de Seguridad y Vialidad Municipal de Oaxaca de Juárez, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente en que surtiera efectos la notificación respectiva, informara sobre el cumplimiento del fallo. - En auto de diecinueve de marzo de dos mil catorce, se agregó el oficio por el que el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimotercer Circuito, informó que sobreseyó en el juicio de amparo directo promovido por el Comisario General de Seguridad y Vialidad Municipal de Oaxaca de Juárez, por lo que de nueva cuenta se requirió a dicha autoridad para que en el plazo de tres días informara el cumplimiento del fallo protector. - En auto de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, se requirió de nueva cuenta al Comisionado de Seguridad Pública, Vialidad, Transporte y Protección Civil Municipal de Oaxaca de Juárez (denominación actual de la autoridad demandada), para que dentro del término de veinticuatro horas informara el cumplimiento de la sentencia apercibido que de no hacerlo se requeriría a su superior jerárquico (foja 426 Ibidem). - Posteriormente, se acordaron diversos trámites para lograr el cumplimiento del fallo protector, sin que se haya acatado; razón por la que la quejosa, promovió juicio de amparo el cual quedó radicado en este juzgado con el número 1663/2016, en el que se otorgó a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Magistrado titular de la Cuarta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, requiriera a las autoridades responsable cumplieran con el pago a que fueron condenadas, mientras que a tales responsables municipales, se les requirió para para que cubrieran a la quejosa el pago relativo. - Durante el trámite del juicio de amparo señalado, en auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, lo que se invoca como hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la ley de la materia, se requirió a la Sala responsable para que en el plazo de tres días, siguiente a su notificación, determinara la cantidad que la demandada debía pagar a la quejosa; puesto que la sentencia se había concedido para el efecto de que el Comisionado de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil Municipal, Secretario de Finanzas y Administración Municipal, y Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, pagaran a la quejosa las cantidades que le corresponden en cumplimiento a la sentencia dictada el doce de agosto de dos mil trece, en el juicio de nulidad 107/2016, esto es, la cantidad establecida en dicha sentencia más la cantidad que se siguiera causando por los haberes generados hasta el total cumplimiento del fallo. - En razón a lo anterior, la Sala responsable, el cinco de abril de dos mil dieciocho, emitió el acuerdo reclamado, en el que desglosa la cuantificación de la condena decretada en la sentencia de doce de febrero de dos mil trece, ya que por una parte determina que la demandada pague en una sola exhibición la cantidad de $194,043.17, a que fue condenada en dicha sentencia, y en cuanto a los haberes dejados de percibir establece que ascienden a la cantidad de $350,678.94, por lo que la demandada deberá pagarlos en siete parcialidades cada una de $50,096.99, del seis de mayo al seis de noviembre de dos mil ocho, y determina que ya no se sigan causando los haberes diarios. - Contra ese proveído la quejosa interpuso recurso de revisión, el cual tuvo por interpuesto la Sala responsable en auto de ocho de mayo siguiente; en ese mismo proveído la aludida responsable tuvo al Síndico Segundo del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, exhibiendo un cheque por la cantidad de $194,043.17, correspondiente a la condena líquida establecida en la sentencia dictada en el juicio de nulidad; cantidad que fue recibida por la quejosa el quince de mayo de dos mil dieciocho. Como se aprecia el acuerdo reclamado surge en la etapa de ejecución del juicio de nulidad 0217/2011, promovido por .......; sin embargo, no tiene la característica de ser la última resolución en dicho procedimiento, esto es, no se trata de la resolución que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ya que a través de dicha resolución se desglosan las cantidades que la demandada debe pagar a la actora, aquí quejosa, señalando que la cantidad de $194,043.17, a que fue condenada la demandada en dicha sentencia, la deberá cubrir en una sola exhibición, y la relativa a los haberes, los que cuantifica en $350,678.94, señala que deberán cubrirse en seis pagos; estableciendo en dicha resolución que ya no se seguirán causando los haberes diarios; parte esta última de la que se duele la quejosa, ya que señala que ello es contrario a lo que se estableció en la sentencia dictada en el juicio de nulidad. De ahí que la resolución reclamada no constituye la última resolución en el periodo de ejecución de sentencia, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, en términos del precepto 107, fracción IV, párrafo segundo, de la propia ley, ya que por tal debe entenderse aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por tanto, como el acto reclamado no se trata de aquél que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordene el archivo definitivo del expediente, ya que mediante dicho acuerdo se determinó en qué fechas debe cubrirse la cantidad liquida a que fue condenada la demandada, así como, se cuantificó a cuánto ascienden los haberes a cuyo pago se condenó a dicha demandada, determinándose que ya no se seguirán causando más haberes diarios; por ende, no puede ser estudiado a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución. De ahí que la resolución reclamada se trata de una resolución intermedia dictada dentro del periodo de ejecución de sentencia, la cual no puede ser combatida a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Máxime que en el caso dicha resolución no se trata de un derecho ajeno a la cosa juzgada, sino de una resolución vinculada con la cosa juzgada, pues en ella se especificó la forma y las fechas en que la demandada debe cubrir la condena realizada, y tocante a la parte de la que se duele la quejosa de que se haya determinado que no se sigan causando los haberes diarios, podrá hacerse valer hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución. En lo conducente se invoca, la jurisprudencia 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Asimismo, es aplicable la tesis VIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la voz: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia I.13o.T. J/10 (10a.), sostenida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que establece: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio respecto del precisado acto reclamado a la autoridad responsable. Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

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