Rosa María Teresa Guzmán Zárate y Otros.
Expediente 1828/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1828/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosa María Teresa Guzmán Zárate y Otros.
- Rosa María Teresa Guzmán Zárate
Actuaciones
- Principal
MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Con la demanda de amparo promovida por Rosa María Teresa Guzmán Zárate, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1828/2016. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable, Cuarta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, la parte quejosa reclama la resolución de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de nulidad 107/2016, promovido por la quejosa, mediante la cual resolvió el incidente de liquidación de sentencia, relativo a los haberes que dejó de percibir la peticionaria del amparo. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]. Ese numeral establece, lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, de ahí que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria, de lo contrario, es improcedente. Ese principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte impetrante, incontrovertiblemente el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos ordinarios, por ello, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensas tendentes a revocar o modificar los actos que se estiman lesivos. Bajo ese contexto, es menester traer a colación que el artículo 206, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establece: ARTÍCULO 206.- Contra los acuerdos y resoluciones dictados por las salas unitarias de primera instancia, procede el recurso de revisión, cuyo conocimiento y resolución corresponde a la Sala Superior. (REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2009) Podrán ser impugnadas por las partes, mediante recurso de revisión: [.] V. Las resoluciones que decidan incidentes; [.]. De ese precepto, se advierte que contra las resoluciones dictadas en los incidentes por las salas unitarias de primera instancia, procede el recurso de revisión, cuyo conocimiento y resolución corresponde a la Sala Superior. Con esa base, para sostener la actualización de la causal de improcedencia citada contra el acto reclamado, resolución de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de nulidad 107/2016, promovido por la quejosa, mediante la cual resolvió el incidente de liquidación de sentencia, relativo a los haberes que dejó de percibir la quejosa; indefectiblemente debió haber sido recurrido en revisión, ello porque la quejosa está sujeta a la relación jurídica procesal del juicio de nulidad 107/2016 en el que tiene el carácter de parte actora, por ello, debió agotar ese recurso ordinario, previo a ejercer la acción de amparo, lo que en la especie no aconteció. Por tanto, en virtud de la circunstancia de que el mencionado acto reclamado constituya un acto de ejecución irreparable, no implica que la parte quejosa no se encuentre obligada a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, sino exclusivamente, que el juicio de amparo indirecto procede respecto de ese tipo de actos, siempre y cuando se agoten los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, por los medios ordinarios de defensa correspondientes, y no se está en algún caso de excepción que establece el artículo XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo . En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Por otro lado, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizados únicamente para esos efectos a las personas que señala, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA II-B. Notificación personal por lista. (Quejoso) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Con la demanda de amparo promovida por Rosa María Teresa Guzmán Zárate, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1828/2016. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable, Cuarta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, la parte quejosa reclama la resolución de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de nulidad 107/2016, promovido por la quejosa, mediante la cual resolvió el incidente de liquidación de sentencia, relativo a los haberes que dejó de percibir la peticionaria del amparo. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]. Ese numeral establece, lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, de ahí que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria, de lo contrario, es improcedente. Ese principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte impetrante, incontrovertiblemente el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos ordinarios, por ello, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensas tendentes a revocar o modificar los actos que se estiman lesivos. Bajo ese contexto, es menester traer a colación que el artículo 206, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establece: ARTÍCULO 206.- Contra los acuerdos y resoluciones dictados por las salas unitarias de primera instancia, procede el recurso de revisión, cuyo conocimiento y resolución corresponde a la Sala Superior. (REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2009) Podrán ser impugnadas por las partes, mediante recurso de revisión: [.] V. Las resoluciones que decidan incidentes; [.]. De ese precepto, se advierte que contra las resoluciones dictadas en los incidentes por las salas unitarias de primera instancia, procede el recurso de revisión, cuyo conocimiento y resolución corresponde a la Sala Superior. Con esa base, para sostener la actualización de la causal de improcedencia citada contra el acto reclamado, resolución de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de nulidad 107/2016, promovido por la quejosa, mediante la cual resolvió el incidente de liquidación de sentencia, relativo a los haberes que dejó de percibir la quejosa; indefectiblemente debió haber sido recurrido en revisión, ello porque la quejosa está sujeta a la relación jurídica procesal del juicio de nulidad 107/2016 en el que tiene el carácter de parte actora, por ello, debió agotar ese recurso ordinario, previo a ejercer la acción de amparo, lo que en la especie no aconteció. Por tanto, en virtud de la circunstancia de que el mencionado acto reclamado constituya un acto de ejecución irreparable, no implica que la parte quejosa no se encuentre obligada a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, sino exclusivamente, que el juicio de amparo indirecto procede respecto de ese tipo de actos, siempre y cuando se agoten los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, por los medios ordinarios de defensa correspondientes, y no se está en algún caso de excepción que establece el artículo XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo . En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Por otro lado, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizados únicamente para esos efectos a las personas que señala, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.
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