Rosa María Sánchez Rodriguez

Expediente 1060/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1060/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
15/08/2019

Partes del expediente

  • Rosa María Sánchez Rodriguez
  • Carlos Bedolla Zavala
  • Rosa María Sánchez Rodriguez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Se notifica a la parte Quejosa y al Tercero Interesado Hubrasa Comercializadora S. A. de C. V., por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído de catorce de agosto de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la ejecutoria correspondiente a la sesión de once de julio de dos mil diecinueve, dictada dentro de la revisión civil 113/2019, de la que se advierte que dicho tribunal confirmó la sentencia recurrida por la que se sobreseyó en el presente juicio. Sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes relativo a este juicio, pues éste se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado en cita, por lo que ahora ya se cuenta con los autos originales, de ahí que dicho cuaderno puede ser susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que se ordena glosar al presente juicio únicamente las constancias originales que obren en dicho cuaderno para los efectos legales conducentes. Con fundamento en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se sobreseyó en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depurarse de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del mencionado acuerdo, en razón de que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase el mismo en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Por otro lado, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, las constancias que remitió al presente asunto, por ser innecesaria su retención, sin que resulte necesario acusar recibo de dichas constancias, pues con el acuse de entrega del servicio de mensajería acelerada es más que suficiente para tenerlas por recibidas. Finalmente, se advierte que obran glosados documentos exhibidos por la parte quejosa; en consecuencia, se ordena su devolución y con fundamento en el punto décimo primero, tercer párrafo, capítulo tercero, del referido Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos, previa identificación, acta de entrega y copia certificada que de los mismos se deje en autos, apercibida que de no hacerlo en dicho término, correrán la suerte que tenga el presente expediente. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, cinco de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito signado por el apoderado jurídico de la parte tercera interesada "Hubrasa Comercializadora Sociedad Anónima de Capital Variable", mediante el cual solicita se fije contragarantía a efecto de estar en condiciones de ejecutar la sentencia emitida dentro del juicio de origen. Al respecto, el artículo 133 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. Asimismo, prevé que no se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso, la parte quejosa reclama la desposesión del bien inmueble que posee a título de arrendataria y que por esta vía defiende. En relación con lo anterior, mediante interlocutoria de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho se concedió al solicitante del amparo la suspensión definitiva de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentren y no sea desalojada del inmueble que por esta vía defiende; asimismo, no se realice la entrega real y material del mismo al adjudicatario. En ese sentido, dígase al promovente que en la especie no resulta procedente fijar contragarantía a efecto de que continúe con el trámite de ejecución dentro del juicio de origen, primero, porque en la propia interlocutoria se precisó que la medida suspensional decretada tiene como finalidad preservar la materia del juicio principal y evitar la entrega real y material del inmueble materia de la contienda natural, y que de permitir su ejecución, sería difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Sirve de sustento a lo anterior, aplicado por analogía jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 52/2009, con registro 166992, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, que dice: "CONTRAFIANZA EN LA SUSPENSIÓN. SU OTORGAMIENTO ES IMPROCEDENTE CUANDO IMPLICA EL LANZAMIENTO O DESOCUPACIÓN FORZOSA DE UN INMUEBLE EN UN PROCEDIMIENTO DE REMATE O DE RESCISIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA, CAUSANDO UN EVIDENTE DAÑO MORAL AL QUEJOSO. Los artículos 125, segundo párrafo, y 127 de la Ley de Amparo prohíben admitir la contrafianza al tercero perjudicado en dos casos: 1) cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el amparo; y, 2) si con la ejecución del acto o los actos reclamados pueden afectarse derechos del quejoso que no sean estimables en dinero. Por otra parte, conforme al artículo 1,916 del Código Civil Federal el daño moral se refiere a las lesiones causadas a una persona en sus derechos no patrimoniales. En ese tenor, es improcedente el otorgamiento de la contrafianza en el incidente de suspensión cuando con el lanzamiento o desocupación forzosa de un inmueble decretada en un procedimiento civil, ya sea de remate o de rescisión de contrato de compraventa, se afectan derechos extrapatrimoniales, causando un evidente daño moral al quejoso, toda vez que el uso de medios de apremio como la fuerza pública o la ruptura de candados, cerraduras o puertas del inmueble para llevar a cabo el lanzamiento en contra de la voluntad del quejoso, puede causar ataques físicos, a su libertad, honor, reputación o vida privada, así como vejaciones, descrédito, etcétera, los cuales, al ser de naturaleza extrapatrimonial, son irreparables aunque obtenga sentencia favorable en el amparo; además de que con la ejecución del lanzamiento no siempre puede restituirse al agraviado en el goce del bien inmueble durante el tiempo que se le privó de él." Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.J.F.F.R.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese la copia del escrito signado por Gaspar Salazar Delgado, autorizado de la parte quejosa, por el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia de tres de abril de dos mil diecinueve, emitida dentro del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la citada resolución y una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado correspondiente, dentro de los tres días siguientes, enviándose al efecto el original y copia del escrito de agravios. Notifíquese por lista, personalmente a la tercera interesada, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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