Rosa María Hernández González

Expediente 907/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
907/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Rosa María Hernández González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 907/2019, promovido por Rosa María Hernández González, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Rosa María Hernández González, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos reclamados siguientes: Autoridades responsables: Titular de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán; y, Dagoberto Guillen Ramírez, Inspector adscrito a la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán. Ambos con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: La multa que le fue impuesta el veinticuatro de junio del año que transcurre, en la que se estableció como motivo de la misma prestar un servicio público de transporte sin concesión o permiso; y, Como consecuencia de esa falta administrativa, la retención del vehículo automotor de su propiedad, consistente en un Chevrolet Sonic, color azul topacio, año 2014, placas de circulación PFC-836-E; así como los pagos que deberá efectuar con motivo de esa retención a la empresa Grúas Zacapu, Monarca, denominados arrastre y pensión. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 907/2019, mediante auto de veintiuno de agosto de este año (foja 76) se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. El treinta y uno de octubre de este año (foja 50) se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si deseaba señalar como actos reclamados los artículos 2° de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán y el 58, fracción XVII, del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, bajo apercibimiento que de no ampliar su demanda en el término de quince días, el presente juicio se resolvería en los términos planteados. Luego, en atención a que la quejosa no amplió su demanda en el término que le fue concedido, mediante auto de nueve de diciembre actual (foja 58), se ordenó resolver esta controversia de amparo en los términos planteados inicialmente. Finalmente, seguido el juicio por sus cauces legales, el diez de diciembre de dos mil diecinueve se verificó la celebración de la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción I, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la quejosa reclama de una autoridad administrativa no jurisdiccional, la imposición de una multa, la cual se materializó en esta ciudad de Morelia, Michoacán, lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, los actos reclamados consisten en: Actos reclamados: La multa que le fue impuesta el veinticuatro de junio del año que transcurre, en la que se estableció como motivo de la misma prestar un servicio público de transporte sin concesión o permiso; y, Como consecuencia de esa falta administrativa, la retención del vehículo automotor de su propiedad, consistente en un Chevrolet Sonic, color azul topacio, año 2014, placas de circulación PFC-836-E; así como los pagos que deberá efectuar con motivo de esa retención, denominados arrastre y pensión, a la empresa Grúas Zacapu, Monarca. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 28 y 27). Por tanto, procede tener como ciertos los actos precisados a las responsables señaladas en esta consideración, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Estudio causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados que se atribuyen a las autoridades responsables, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Falta de interés. La Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado (foja 40, reverso) y la autoridad responsable Titular de la Comisión Coordinadora del Transporte Público en Michoacán (foja 35), aducen que la quejosa carece de interés jurídico para instar esta acción de amparo, porque no acreditó contar la concesión o permiso para dedicarse a prestar servicio público de pasaje mediante la plataforma digital que señala (In-Driver). No se actualiza la causal invocada. Así se considera, porque aunque por principio pudiera establecerse que la quejosa carece de interés jurídico, en la medida que, como lo alegan las responsables, no acreditó contar con concesión o permiso para dedicarse a prestar servicio público de pasaje; debe indicarse que si este juzgador asume como válida la conclusión alegada por las responsables (que la quejosa no tiene interés jurídico en este asunto porque no tiene licencia, concesión y/o permiso), actualizaría la falacia denominada "petición de principio", que se configura cuando se toma como principio de demostración la conclusión que en todo caso es el objeto o materia de estudio en el asunto. En efecto, un análisis preliminar de los conceptos de violación esgrimidos en la demanda de amparo, permite advertir que la quejosa aduce como agravio toral que: La plataforma digital In-Driver no ejecuta funciones de un servicio público y que por ende, no se requiere para su ejecución permiso y/o concesión por parte del Estado; y, Que el servicio que estaba presentando cuando le fue impuesta la sanción administrativa de la que se duele es privado, ósea que no estaba prestando un servicio público de transporte de personas, sino en todo caso, un servicio a los usuarios de esa plataforma. De suerte que, si este juzgador accediera a tener por actualizada la causal de improcedencia invocada por la responsable, bajo el argumento que la quejosa no acreditó contar con licencia, permiso y/o concesión expedida por la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, sin analizar la cuestión de fondo efectivamente planteada, que es precisamente la relativa a si la quejosa estaba o no materializando el transporte de personas y si la ejecución de esa actividad a través del servicio que brindan las plataformas digitales (como Uber, In-driver y/o Cabify) puede asumirse como servicios públicos, entonces retomaría como principio de demostración la conclusión que es el objeto o materia de estudio en el asunto, la cual consiste precisamente, en determinar si el servicio de la plataforma tecnológica In-driver es o no, un servicio público y por ende, si la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, debe exigir el requisito relativo a que se cuente con una concesión y/o permiso. Por ello, es claro que si la cuestión toral aducida por la quejosa es que el servicio de la plataforma tecnológica consiste en poner en contacto a un conductor con una persona que desea realizar un desplazamiento urbano mediante una remuneración, no es un servicio público y por ende, la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, no debe exigir el requisito relativo a que se cuente con una concesión y/o permiso, entonces, sería ilógico que, para emprender el estudio de los conceptos de violación, el suscrito juzgador le exigiera a la quejosa el acreditamiento de ese permiso y/o concesión. Cesación de efectos. Por lo que toca a esta causal, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" Es necesario que este juzgador precise que, aunque respecto del acto reclamado consistente en la retención del vehículo automotor de su propiedad Chevrolet Sonic, color azul topacio, año 2014, placas de circulación PFC-836-E; pudiera asumirse actualizada esta causal, en atención a que mediante escrito de veintinueve de octubre de este año (foja 44), la quejosa señaló que el dieciocho de septiembre de este año se le devolvió su vehículo, a juicio del suscrito, no se surte la actualización de la cesación de efectos, por dos aspectos. El primero, porque la devolución de ese vehículo no actualizó una revocación espontánea del acto verificada por las responsables, sino que la misma obedeció a los efectos de la medida provisional que le fue concedida a la parte quejosa dentro del incidente suspensión derivado de este juicio, la cual se dictó en los términos siguientes: "(.) Atento lo anterior, sin prejuzgar respecto de la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados y dado que existe solicitud expresa de la parte quejosa, con fundamento en los artículos 128, 129, 131, 138, 139 y 147, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional determina conceder la suspensión provisional para el único efecto de que le sea devuelto a la parte peticionaria de amparo el vehículo de la marca Chevrolet, modelo 2014, color azul topacio, número de serie 3G1J85AC3ES59339, dado que las autoridades responsables pueden hacer uso de los medios a su alcance para realizar el cobro de la multa impuesta. A mayor abundamiento, se dice que en el caso se actualiza la apariencia del buen derecho, esto es, la expectativa del derecho que aduce violado la parte quejosa, porque en sus conceptos de violación, atribuye vicios propios a la ejecución de la multa impuesta en la propia infracción, esto es al procedimiento de cobro del medio de apremio que le fue impuesto, pues considera excesivo, el hecho de que se realice el desposeimiento del vehículo como garantía del pago de la multa impuesta, sin derecho de audiencia ni de ofrecer pruebas, cuando pueden existir medidas alternativas para garantizar la eficacia de la norma, como sería la instauración del procedimiento administrativo que corresponda. Así, dicho planteamiento eventualmente puede resultar fundado, pues a pesar de que las responsables hayan retenido el vehículo siguiendo los lineamientos establecidos para ello en el Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, esa sola circunstancia no les eximía de verificar el cobro del medio de apremio respectivo a través de un procedimiento legal establecido para ese efecto. Por lo que respecta al peligro en la demora, también se satisface, en la medida que el cobro de la multa impuesta en la infracción, podrá hacerse efectivo a través del procedimiento administrativo que lleven a cabo las autoridades responsables, sin que sea necesario para ello que se prive a la parte quejosa del vehículo de su propiedad mientras éste se resuelve. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, jurisprudencia 2a./J 59/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1186, del Tomo 2, Julio de 2012, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. SE PUEDE CONCEDER ANTE EL DESPOSEIMIENTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR POR PARTE DE LA AUTORIDAD, PORQUE NO ES UN ACTO CONSUMADO. El desposeimiento de una licencia de conducir llevada a cabo por una autoridad antes de promover juicio de amparo no es un acto consumado para efectos de la suspensión, ya que sus consecuencias se prolongan durante el tiempo que el documento no se regrese al quejoso; por tanto, cuando se solicite la medida cautelar para que la autoridad devuelva el documento en cuestión, es factible decretarla sin que ello implique darle efectos restitutorios, al no dejar insubsistente el acto reclamado sino mantener viva la materia del juicio, a fin de que sea la ejecutoria de amparo la que, en su caso, permita a la autoridad responsable ejecutar el acto en sus términos o restituir al agraviado en el goce de sus derechos. En todo caso, la concesión estará sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público -en cuyo caso se podrá realizar un análisis de la apariencia del buen derecho-, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado; lo que el órgano que conozca de la suspensión deberá analizar en cada caso, atendiendo a los motivos y fundamentos del acto reclamado." Pues la parte quejosa acredita su interés jurídico con la copia certificada de la factura expedida a su favor, documental que de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ello al momento de la celebración de la audiencia incidental. Sin que la concesión de la medida cautelar solicitada, respecto de los actos reclamados implique que se le permita a la parte quejosa prestar el servicio de transporte público o se le exima de que se le puedan imponer diversas multas o sanciones derivadas de tal actuación, ya que no acredita que cuente con la autorización respectiva para tal efecto.(.)" Y el segundo aspecto y más importante, porque la devolución del vehículo a la quejosa no destruyó todos los efectos del acto en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas regresaran al estado que tenían antes de la violación constitucional aducida por la quejosa, como si se le hubiera otorgado el amparo; que dicho sea de paso, es la principal característica de esa causal de improcedencia. Se afirma lo anterior, porque en el mismo escrito de veintinueve de octubre de este año (foja 44), la peticionaria de la tutela constitucional señaló que previo a la devolución, tuvo que realizar el pago por los días de pensión que su vehículo estuvo en resguardo y además, el pago del arrastre, lo que ascendió a un importe total de $5,150.00 (cinco mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.); de modo que, aun cuando en cumplimiento de la suspensión provisional las autoridades responsables devolvieron el vehículo retenido, dicho acto no surtió los efectos de una revocación total, en la medida que no se destruyeron de forma incondicional todos los efectos del acto jurídico en la esfera patrimonial de la quejosa. Finalmente, dado que no existen más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y este juzgador tampoco advierte de manera oficiosa, la existencia de alguna, por lo que procede que este juzgador emprenda el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Sexto. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Como quedó precisado anteriormente, la quejosa se duele en esta instancia de amparo de los actos siguientes: La multa que le fue impuesta el veinticuatro de junio del año que transcurre, en la que se estableció como motivo de la misma prestar un servicio público de transporte sin concesión o permiso; y, Como consecuencia de esa falta administrativa, la retención del vehículo automotor de su propiedad, consistente en un Chevrolet Sonic, color azul topacio, año 2014, placas de circulación PFC-836-E; así como los pagos que deberá efectuar con motivo de esa retención, denominados arrastre y pensión, a la empresa Grúas Zacapu, Monarca. Por técnica este juzgado analizará en primer término, la legalidad de la sanción administrativa establecida en la boleta de infracción que la quejosa acompañó a su demanda, ya que de la legalidad o ilegalidad de ese documento, dependerá la validez de la retención del vehículo, así como de los pagos de arrastre y pensión efectuados con motivo de la retención del vehículo, pues estos últimos actos no se reclamaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hace depender de la ilegalidad de la multa. De la misma forma, los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Al respecto la promovente del amparo aduce en sus conceptos de violación lo siguiente: Que la plataforma digital In-Driver no ejecuta funciones de un servicio público y que por ende, en la legislación aplicable no se encuentra regulado permiso y/o concesión que deba ser expedido por parte del Estado; Que no existe ningún ordenamiento legal que establezca que se pueden detener vehículos de particulares que pertenezcan a alguna plataforma digital por la prestación de servicios particulares de transporte, por el hecho de no contar con permiso y/o concesión; Que el servicio que estaba presentando cuando le fue impuesta la sanción administrativa de la que se duele es privada, ya que no estaba prestando un servicio público de transporte de personas, sino en todo caso, prestando un servicio particular y privado a los usuarios de esa plataforma; y, Que ni la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán ni el Reglamento Interior de la Comisión Coordinadora de Transporte Público de Michoacán, establecen que se debe contar con un permiso para otorgar a los particulares un servicio privado de transporte. Conceptos de violación los anteriores que son infundados como se demostrará a continuación. Para sostenerlo de ese modo, debe indicarse que el argumento principal de la quejosa descansa en que, aunque es cierto que estaba prestando el servicio de transporte de personas a través de la plataforma digital "In-Driver"; esa sola circunstancia es insuficiente para considerar que se trata de la prestación de un servicio que se pueda reprochar como "público" y que por ende, requiera para su ejecución, del otorgamiento previo de un permiso y/o concesión, dado que en todo caso se trata de un servicio privado de transporte; y que bajo esa consideración, al tratarse de una explotación privada del servicio de transporte no requiere autorización estatal. De acuerdo a ello, se puede resumir la argumentación de la quejosa en la afirmación siguiente: Sólo se requiere permiso y/o concesión para explotar el servicio público de transporte, no así el privado prestado a través de las plataformas digitales; afirmación que, a juicio de quien resuelve es equivocada de acuerdo a lo establecido en la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, específicamente en sus artículos 2°, 6° y 7°, que dicen: "ARTICULO 2o. Para que los particulares tengan derecho a utilizar con fines comerciales las vías estatales de comunicación o cualquier clase de servicio público conexo a éstas, se requiere tener concesión o permiso del Ejecutivo, los cuales se otorgarán con sujeción a esta Ley. ARTICULO 6o. Vías estatales de comunicación son todas las existentes en Michoacán, que no sean de jurisdicción federal. ARTICULO 7o. Servicio público de autotransporte es el traslado de personas, equipaje y carga por calles y caminos de jurisdicción estatal, en vehículos autorizados y mediante el pago de una retribución en numerario, en las condiciones que establecen esta Ley y su Reglamento." De la interpretación sistemática de las disposiciones legales insertas, concluimos lo siguiente: Son vías estatales de comunicación todas las calles y caminos existentes en el Estado, con excepción de las que sean de jurisdicción federal; Para que cualquier particular tenga derecho a utilizar con fines COMERCIALES las vías estatales de comunicación (calles y caminos), se requiere concesión y/o permiso expedido por el Ejecutivo; y, El servicio público de transporte es el traslado de personas, equipaje y cargas por las calles y caminos de jurisdicción estatal, bajo el amparo de un permiso y/o autorización estatal. Bajo las anteriores consideraciones, es cierto como lo afirma la quejosa que el servicio de transporte de personas que dio origen a la sanción administrativa que se le impuso y el cual estaba prestando a través de la plataforma digital "In-Driver"; no es un servicio público, sencillamente, porque para catalogarlo como tal, se requiere que ese servicio se realice bajo el amparo de los permisos y/o concesiones que otorgue el Ejecutivo del Estado; lo que evidentemente no ocurrió en el caso, pues la propia quejosa reconoce que no cuenta con la autorización gubernamental correspondiente. Pese a ello, es falso que considere que sólo se requiere permiso y/o concesión para explotar el servicio público de transporte, no así el privado prestado a través de las plataformas digitales; por principio de cuentas, porque como se estableció en el párrafo que antecede, lo "público" no lo otorga lo relativo a la modalidad en la que se otorgue (en forma verbal, escrita, o por medio de servicios electrónicos, informáticos, de internet, de correo electrónico, de teléfono incluyendo celulares y/o aplicaciones o programas utilizados por dichos medios), sino de que se ejecute bajo el amparo de una concesión o permiso otorgada por el Estado. Adicionalmente, porque el artículo 2° de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, es claro al señalar que para que cualquier particular tenga derecho a utilizar con fines COMERCIALES las vías estatales de comunicación (calles y caminos), requiere concesión y/o permiso expedido por el Ejecutivo; sin realizar ningún tipo de distinción, es decir, si se trata de servicio público o particular, y sin diferenciar tampoco, la modalidad a través de la que se realice, verbal, escrita o a través de algún medio digital; simplemente establece que, basta que se trate de un acto comercial, para que requiera la autorización estatal correspondiente. Por ello, la circunstancia aducida por la quejosa, en el sentido que no es un servicio público sino entre particulares, es irrelevante en la medida que la disposición legal aludida, no hace esa distinción, sino que sólo alude al derecho a utilizar con fines comerciales las calles y caminos del Estado. Entonces, si la quejosa en su demanda, confiesa que la plataforma de In-Driver, es una empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte privado, a través de un software de aplicación móvil, que conecta a los pasajeros con los conductores de sus vehículos registrados en su servicio, los cuales ofrecen un servicio de transporte a particulares; es evidente que se trata de un acto que puede refutarse con fines comerciales de acuerdo a lo establecido en el artículo 75, fracción VIII, del Código de Comercio, que establece: "Artículo 75.- La ley reputa actos de comercio: (.) VIII.- Las empresas de trasportes de personas o cosas, por tierra o por agua; y las empresas de turismo. (.)" Consecuentemente, como el artículo 2° de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, establece que para que cualquier particular tenga derecho a utilizar con fines comerciales las vías estatales de comunicación (calles y caminos), requiere concesión y/o permiso expedido por el Ejecutivo, es posible afirmar que es equivocada la percepción de la quejosa en el sentido que sólo se requiere permiso y/o concesión para explotar el servicio público de transporte, no así el privado prestado a través de las plataformas digitales, ya que la ley no hace distinción entre servicio público o privado, sino que señala con claridad que se requiere autorización estatal para utilizar con fines comerciales las vías estatales de comunicación; hipótesis en la que se subsume perfectamente el transporte privado de personas que ejecuta la accionante del amparo a través de la plataforma digital aludida. Sin que este juzgador se encuentre facultado para analizar el acto reclamado más allá de lo establecido en el propio artículo 2° de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, en atención a que la quejosa no reclamó la inconstitucionalidad de esa porción normativa, a pesar que este juzgador le dio vista para ese efecto. Se cita como sustento de lo anterior tesis aislada P. LXX/2011 (9a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Página 557, Novena Época, Registro 160480, que dice: "SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO. Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad." En las condiciones apuntadas, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución consistentes en la retención del vehículo automotor de su propiedad, consistente en un Chevrolet Sonic, color azul topacio, año 2014, placas de circulación PFC-836-E; así como los pagos de arrastre y pensión, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rosa María Hernández González, en contra de los actos reclamados al Coordinador y al Inspector, ambos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público en Michoacán, por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el última consideración de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de diecisiete de diciembre del año en curso, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que feneció el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, para el efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto de señalar como nuevos actos reclamados los artículos 2° de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán y 58, fracción XVIII, del Reglamento de la Ley de Comunicaciones en mención y de ser así, señalara a las autoridades a que atribuya los nuevos actos, es decir, las que intervinieron en el proceso legislativo, sin que haya dado cumplimiento a lo anterior. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese proveído, y con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se ordena continuar el presente juicio únicamente por las autoridades y actos señalados en la demanda de amparo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito de la quejosa Rosa María Hernández González, mediante el cual en atención a la vista otorgada en proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, pretende ampliar su demanda, señalando como nuevos actos declamados los artículos 2° de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, así como 58, fracción XVIII, del Reglamento de la Ley de Comunicaciones en cita; sin embargo, omite señalar como responsables a las autoridades a las cuales les atribuye los nuevos actos referidos con anterioridad, es decir, las que intervinieron en el proceso legislativo, por lo que no se le puede tener por cumpliendo con la vista otorgada en autos. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de noviembre de dos mil diecinueve, según oficio CCJ/ST/5901/2019, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR

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