Rosa María Rueda Granados
Expediente 1896/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1896/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/10/2018
Partes del expediente
- Rosa María Rueda Granados
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito del tercero interesado, por medio del cual da contestación al acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho (foja 377) y manifiesta promover ampliación al recurso de queja en contra del auto de veintisiete de septiembre del año en curso promovido por el tercero interesado. En consecuencia, se ordena tomar en consideración el ocurso de cuenta, una vez que se ordene la remisión de los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Sexto Circuito, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto, así como de la contestación de que se habla por parte de la parte tercero interesada. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo manifiesta que para ejecutar el laudo, se encuentra supeditada a la resolución que se emita en el incidente de prescripción de la interlocutoria de veintiséis de marzo de dos mil catorce, la que se encuentra señalada para las diez horas con treinta minutos del veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral D-3/164/2007, en relación al juicio de amparo 697/2018. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Presidente Jesús García Barceinas, Representante de los Trabajadores José Luis éndez Escaler y Representante de los Patrones Mario Vázuez López, para que dentro del plazo de tres días a partir del día en que se desahogue la resolución interlocutoria señalada para las diez horas con treinta minutos del veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral D-3/164/2007, den cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. Se apercibe a Jesús García Barceinas, José Luis éndez Escalera y Mario Vázuez López, integrantes de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, que de no cumplir con la sentencia protectora, sin causa justificada, una vez fenecido el término otorgado, se les impondrá a cada uno una multa que podrá ser el equivalente de cien a mil unidades de medida y actualización, conforme lo disponen los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y Primero, Segundo, Tercero y Quinto Transitorios del Decreto por el se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, dígase que en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y, que también son responsables en los términos indicados, las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad, si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria; y, si la Junta responsable se encuentra integrado por personas distintas a las antes referidas, serán sustituidas y deberán cumplir con el fallo protector. De igual manera, se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación ante autoridad competente; en el entendido de que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad.
- Principal
1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Rosa María Rueda Granados, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1896/2018-I; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2PREVENCIÓN Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones III y IV, 114, fracción II, todos de la Ley de Amparo, requiérase a Rosa María Rueda Granados para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído realice bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Precise el acto que reclama en la presente instancia constitucional. Esto es, si lo que reclama es la omisión de acordar su escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil dieciocho en el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, o en su caso, la omisión de dar trámite a la queja administrativa que presentó el tres de mayo del presente año ante la Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, y de ser así manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable a la citada comisión. Ello, porque de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, ya que el suscrito no puede presumir cuál es el acto reclamado a ésta, pues es un requisito de forma de la demanda que la ley o acto que de cada autoridad se reclame se señale con exactitud, en virtud, de que, a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, en atención a que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe señalarse el acto reclamado), en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Luego, ante la oscuridad de la demanda en cuanto al señalamiento del acto reclamado, lo que procede es realizar la presente prevención a fin de que la promovente aclare cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional. Asimismo, se requiere a la promovente a efecto de que exhiba completos los anexos que acompañó a su escrito de demanda, en atención a que únicamente exhibió la primera página de los mismos y son necesarios en su totalidad para conocer su contenido, así como para correr traslado a las partes. Lo anterior en virtud de que de una interpretación armónica de dichos preceptos, así como del artículo 117 tercer párrafo, todos de la Ley de Amparo, se colige que si bien las autoridades responsables al rendir su informe expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, para ello es necesario que se den a conocer los anexos que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda por considerarse que forman parte de ésta y de su contenido, que constituye un todo y su interpretación debe ser integral. En efecto, resulta necesario que las autoridades responsables y, en su caso, los terceros interesados tengan conocimiento del contenido de tales anexos, pues de lo contrario, las demás partes dentro del juicio constitucional no podrían contar con todos los elementos para estructurar en forma adecuada y oportuna su defensa. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 183/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda, cuando es obscura o imprecisa; así, los anexos pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por ende, en los casos en que del análisis integral de la demanda y sus anexos, el Juez advierta alguna irregularidad o imprecisión, debe prevenir a la parte quejosa en términos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que formule la aclaración correspondiente, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que podría trascender al resultado de la sentencia, por lo que con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, llevaría a ordenar la reposición del procedimiento". En la inteligencia de que la parte inconforme deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a esta prevención en original y con las copias suficientes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, para ser distribuidas entre las partes. Se apercibe a la parte inconforme que de no dar cumplimiento a la presente prevención en los términos indicados, se procederá conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizada en términos amplios del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a Clara Alicia Castellanos Carreto, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92, del citado acuerdo 1/2015, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 7 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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