Rosa Maria Perez Flores

Expediente 659/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
659/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Rosa Maria Perez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue: I. De la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. a) La omisión de señalar dentro de los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo fecha para la celebración de la audiencia de ley en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral D- 2/225/2021. II. Del actuario de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: b) La omisión de notificar a las partes la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia de ley en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral D-2/225/2021. Por resolución dictada el trece de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa *******, contra los actos de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y actuario de su adscripción, para el efecto siguiente: "a) Sólo en el supuesto de que no se desahogue la audiencia de ley en su etapa de ofrecimientos y admisión de pruebas, programada para las doce horas con treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral D-2/225/2021; señale nueva fecha, la cual deberá fijarse dentro del término que establece el artículo 878, fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo. b) En caso de que la junta señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley su etapa de ofrecimientos y admisión de pruebas, dentro del juicio laboral D-2/225/2021, el actuario de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, deberá notificar a las partes con la oportunidad debida, de la nueva fecha y hora que se lleguen a señalar." En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el treinta de junio de dos mil veintidós, la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y actuario de su adscripción. Posteriormente, el presidente de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio 11767/2022, recibido en la oficialía de este Juzgado el siete de julio de dos mil veintidós, remitió copia certificada del auto de uno de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral D-2/225/2021, por el que tuvo verificativo la ratificación y cumplimentación del convenio de veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Por lo anterior, el ocho de julio de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable. En las relatadas condiciones, se declara sin materia el procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio, toda vez que del auto dictado el uno de julio de dos mil veintidós, en el juicio laboral D-2/225/2021, se advierte lo siguiente: "(.)" Por tanto, al haberse celebrado un convenio entre las partes que dio por terminado el juicio laboral del que derivó el acto reclamado, sólo genera la posibilidad de que el fallo protector quede sin materia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, para efectos de estadísticos de existencia de este órgano jurisdiccional, se precisa la siguiente información en torno al cumplimiento del fallo amparador dictado en el presente juicio constitucional: Campo solicitado Data 1 Fecha del cumplimiento por parte de la autoridad SE DECLARÓ SIN MATERIA 2 Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento SE DECLARÓ SIN MATERIA 3 Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el apercibimiento SE DECLARÓ SIN MATERIA 4 Fecha en que se tuvo por cumplida la ejecutoria SE DECLARÓ SIN MATERIA

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el presidente de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual en cumplimiento al fallo protector, remite copia certificada del auto de uno de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral D-2/225/2021, por el que tuvo verificativo la ratificación y cumplimentación del convenio de veinticuatro de junio de dos mil veintidós. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto de lo informado por parte de la autoridad responsable; apercíbase a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal.

  3. Principal

    Vistos los autos que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el término de quince días concedido a las autoridades responsables Director General en Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud con Residencia en la Ciudad de México, Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud con Residencia de la Ciudad de México, Director General de la Planeación y Desarrollo en Salud con Residencia en la Ciudad de México Y Secretario Técnico del Consejo Nacional de Salud con Residencia en la Ciudad de México, para rendir su informe justificado, toda vez por auto de quince de junio de dos mil veintidós se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y se tuvieron por notificados los oficios por medio de los cuales se les hizo del conocimiento la admisión del presente juicio y se les requirió su informe justificado Para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.

  4. Principal

    Tténgase por recibido el oficio de cuenta signado electrónicamente por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, a través del cual hace del conocimiento de esta autoridad el auto de nueve de junio de dos mil veintidós dictado en el recurso de queja 183/2022 del índice del citado tribunal. Por lo anterior, comuníquese a las partes que el Tribunal Colegiado de mérito, resolvió desechar el recurso en comento en virtud de que el mismo resulta extemporáneo. Por lo anterior, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]. Ahora bien, siguiendo lo ordenado en la ejecutoria pronunciada con anterioridad el once de noviembre de dos mil veintiuno, se advierte que mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por sí y en representación del Director General de Procesos Legales de dicha dependencia, al cual anexó diversas pruebas documentales en versión pública, con supresión de datos, mismas que son necesarias para resolver en el presente asunto. En consecuencia, y tal como lo determina la superioridad, requiérase al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que en el término de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remita sin supresión de datos, la documental que anexó a su informe justificado. En ese sentido, de la interpretación sistemática del artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, permite concluir que en los juicios de amparo, las autoridades responsables tienen la obligación de remitir la información que se consideren necesaria para resolver lo concerniente a la protección constitucional solicitada de manera íntegra, sin supresión de datos, aun cuando consideren que esa información tiene el carácter de reservada o confidencial, pues la clasificación de la información que corresponde a los sujetos obligados resulta independiente de la obligación que tienen todas las autoridades responsables de remitir de forma completa la información necesaria para que en su momento el juzgador de amparo cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la viabilidad de esa medida cautelar. Cierto, las reglas relativas a la clasificación de información no pueden confundirse con las reglas que rigen al juicio de amparo, por ello, en caso de que una autoridad estime que para justificar su actuación resulta indispensable remitir determinada información, ésta la deberá enviar sin supresión de datos personales, para que efectivamente el juez constitucional cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse al respecto. Estimar lo contrario, implicaría desconocer el contenido completo de los documentos necesarios para dictar la sentencia de que se trata y con ello, la imposibilidad del juzgador de amparo para determinar el verdadero alcance de esos elementos probatorios. En el caso, los actos reclamados consisten en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley Federal para Prevenir las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012, cuyo primer acto de aplicación el quejoso considera se llevó a cabo en su perjuicio en el acuerdo por el que se designan personas para ser incorporadas a la lista de personas bloqueadas, así como su ejecución a través del bloqueo de diversas cuentas bancarias. Sobre ese contexto, y atendiendo a las propias manifestaciones realizadas por la autoridad responsable en su informe justificado, a consideración de este juzgador federal y partiendo precisamente de lo resuelto en el criterio que la propia autoridad cita, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se considera necesario que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público remita de forma completa la documental que anexó a su informe justificado, es decir, sin supresión de datos, para que este órgano constitucional tenga la posibilidad de imponerse completamente de su contenido y así contar con todos los elementos necesarios para en su momento resolver el presente juicio de amparo. Se apercibe al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que de no dar cabal cumplimiento a lo anterior, en el término concedido para ello, se impondrá una multa. Para dar oportunidad a ello, hágase de conocimiento a las partes, que se fijan las nueve horas con trece minutos del diecinueve de julio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional.

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