Rosa María Rodríguez Gómez

Expediente 709/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
709/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Rosa María Rodríguez Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con quince minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 709/2022, promovido por Rosa María Rodríguez Gómez, encontrándose en audiencia pública el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido por el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario de Juzgado, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el Secretario hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes, con excepción del tercero interesado, ya que por auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se ordenó postergar su emplazamiento hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable, el cual se encuentra agregado al presente sumario. Que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de video conferencia. Enseguida el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). Ahora bien, toda vez que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable, sobre ordenar el emplazamiento del tercero interesado, no ha lugar a ello, pues lo único que traería sería el retardo del fallo y lo que se busca consagrar con la presente celebración es el principio contenido en el artículo 17 Constitucional; aunado a ello el sentido de la resolución no variaría. A continuación se abre el período probatorio: el Secretario da cuenta con las constancias que la parte quejosa y la autoridad responsable allegó al presente cuaderno. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Enseguida se abre el periodo de alegatos: el Secretario da cuenta con el escrito de alegatos de veintiocho de abril de dos mil veintidós, signado por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado. El Juez acuerda: Téngase al Agente del Ministerio Público Federal por realizando las manifestaciones que refiere en su ocurso y sin que las demás partes formularan de su intención, por lo cual se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 709/2022, promovido por Rosa María Rodríguez Gómez; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, turnado a este juzgado el veinte de abril siguiente, compareció Rosa María Rodríguez Gómez, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra las omisiones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, y su Actuario adscrito, ambos con residencia en esta ciudad, por considerarlas violatorias del derecho fundamental consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTOS RECLAMADOS: A).- La omisión del tribunal responsable, al no dictar la resolución interlocutoria sobre la investigación de dependencia económica, en cuya tramitación he solicitado que se me declare dependiente económica y beneficiaria de los derechos laborales de mi extinto padre Gumersindo Rodríguez Acosta y; B).- La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, dentro del expediente laboral número 838/M/2016, del índice del propio tribunal responsable." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 709/2022; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se postergó el emplazamiento de la parte tercera interesada, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias relacionadas con el juicio laboral 838/M/2016, y considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de dictar la resolución interlocutoria que decida sobre la investigación de la dependencia económica de la quejosa. La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Lo anterior, dentro del expediente laboral 838/M/2016. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado si bien, refirió que es cierto el acto que se le atribuye, también lo es que el seis de mayo de dos mil veintidós, dictó acuerdo en el que reconoció a Rosa María Rodríguez Gómez con el carácter de beneficiaria del de cujus Gumercindo Rodríguez Acosta y el veinticuatro de mayo del año en curso dictó auto en el que convocó a las partes a la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Lo anterior se corrobora con las constancias en copia certificada que remitió la autoridad responsable, mismas que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos reclamados a la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias que fueron aportadas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dictar resolución que decidiera sobre la investigación de dependencia económica de la quejosa y la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, dentro del expediente laboral 838/M/2016. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. En el presente asunto, dicha causal encuadra a través de la emisión de los autos de seis y veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Así, se tiene que en el sumario de origen, la autoridad responsable dictó acuerdo el seis de mayo de dos mil veintidós, en el primero, se reconoció a Rosa María Rodríguez Gómez con el carácter de beneficiaria del de cujus Gumercindo Rodríguez Acosta y en el segundo se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos, señalándose las doce horas del veinte de octubre de dos mil veintidós. Por lo anterior, deviene inconcuso que cesaron los efectos de las omisiones reclamadas a la autoridad responsable, puesto que con la emisión de los autos seis y veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en los que la responsable se pronunció sobre la investigación de dependencia económica de la quejosa y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, se destruyeron sus implicaciones en forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación como si se hubiera otorgado el amparo; pues la pretensión de la parte quejosa era constreñir a la responsable precisamente para que se pronunciara sobre la investigación de dependencia económica de la quejosa y convocara a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, dentro del expediente laboral 838/M/2016, lo que en la especie aconteció. En esa virtud, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, desapareciendo el estado de abstención en el que incurrió dicha autoridad, actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento respecto a dichos actos en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rosa María Rodríguez Gómez, respecto de los actos reclamados del Tribunal de Conciliación Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese el oficio 8533/2022, signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, en el cual anexa copia certificada del convenio de once de noviembre de dos mil veintiuno, del que se advierte, que en los últimos cinco días mes de junio de dos mil veintidós, realizará el pago correspondiente a la aquí quejosa MARÍA ISABEL DE LA O ALONSO, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que justifica con las constancias que anexa. En atención a lo anterior, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este juzgado, a fin de que notifique personalmente a la citada parte quejosa, el presente auto, adjuntándole copia del oficio y sus anexos, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa corriéndole traslado con el oficio y anexos que se provee.

  4. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, no fue rendido con los ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Por lo que, con fundamento en artículo 117 párrafo segundo de la Ley de Amparo, se difiere la misma y se señalan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS; para el efecto de que las partes se impongan del mismo y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XI, Abril 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noveno Época, Materia Común, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad responsable para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, informe si señaló fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos, dentro del expediente laboral 838/M/2016 y en su caso, remita copia certificada de las constancias correspondientes, o bien, manifieste el impedimento que tenga para hacerlo. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de no cumplir dentro del término concedido, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, página 309, cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 17,203 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano