Rosa Maria Padron Govea
Expediente 713/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 713/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Rosa Maria Padron Govea
Actuaciones
- Principal
V I S T O el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de veinte de abril del año en curso, mediante el cual se desechó de plano la demanda de garantías promovida por ROSA MARGARITA PADRÓN GOVEA; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes...comuníquese lo anterior a las partes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archivan las actuaciones como asunto total y definitivamente concluido...
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en atención a que por auto de veinte de los corrientes, se dijo que se admite a tramite la demanda de amparo presentada por la quejosa Rosa Margarita Padrón Govea, en contra del Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con sede en ciudad Mante, Tamaulipas; sin embargo, lo correcto es que en dicho proveído se desechó de plano la demanda de amparo citada, por resultar manifiesta e indudable su improcedente, lo que se precisa para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, a veinte de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo recibida a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), promovida por ROSA MARGARITA PADRÓN GOVEA, contra actos del Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con sede en ciudad Mante, Tamaulipas, por estimar violatorio el artículo 17 de la Constitución Federal. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35, 37, 115, 116, primer párrafo, y 117 de la Ley de Amparo vigente, se admite a trámite la demanda de amparo presentada por la quejosa; fórmese el cuaderno correspondiente; y regístrese en el libro de gobierno con el número 713/2018. De entrada, es oportuno traer al conocimiento el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: ". El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto anterior, se desprende que procede desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir si se actualiza improcedencia del juicio en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda y anexos que se acompañen, para poder de su análisis determinar si se llega a la certeza y plena seguridad de su existencia, de tal forma que a pesar de las pruebas que posteriormente se pudieran aportar al juicio, en nada variaría la actualización de la causa de improcedencia advertidos; en circunstancia contraria, es decir, si se tiene duda de la actualización de la improcedencia del juicio, no debe ser desechada porque con ello se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis Tesis aislada 2a. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". En el caso concreto, la quejosa parte en el juicio natural, hace consistir el acto reclamado en: ". La omisión de resolver la petición de aclaración de la resolución de la Primera Sección dictada en fecha 2 de Abril del año en curso, en el Juicio sucesorio Intestamentario a Bienes de mi Extingo Padre y Madre Los señores JUAN PADRÓN VILLANUEVA y JUANA GOVEA REYES, Radicado bajo el Expediente 00567/2006." En aras de contribuir a una mejor exposición del presente asunto, es pertinente destacar lo siguiente: . La quejosa manifiesta que dentro del citado expediente, en el cual es parte, el dos de abril de presente año se dictó resolución de Primera Sección. . Que el doce del mismo mes y año, solicitó se aclararan diversos puntos contradictorios, así como otros omisos, en la citada resolución, sin que la autoridad responsable haya decidido sobre dicha petición. Agrega, que el proceder de la autoridad responsable le agravia. Como se puede advertir de los antecedentes expuestos, el acto reclamado se hace consistir en la omisión del Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, de acordar la petición del quejoso, por la que solicitó se aclare la resolución de dos abril de dos mil dieciocho, dictada en la primera sección del juicio sucesorio de referencia. Acto que estimó violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, en el particular se estima que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Sobre el tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, señaló que no es posible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, porque aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe atenderse al que regula de manera integral su situación, de manera que son los artículos 14 y 17 del citado ordenamiento los aplicables para dar respuesta a tales solicitudes, al prever el cumplimento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción, como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones aducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado; por tanto, además de los referidos preceptos, se rigen por los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior, porque no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y atiende a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Asimismo, precisó que no pasaba inadvertido que si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo, en virtud de que dicha afectación no puede verse de forma autónoma, sino dentro del procedimiento en razón de los artículos constitucionales y su desarrollo en la legislación secundaria de los derechos de debido proceso y acción, por lo que no actualizaría el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo. Ejecutoria de las que derivaron las jurisprudencias 1a./J. 7/2015 (10a.) y 1a./J. 8/2015 (10a.), de epígrafe y contenidos siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento"; y, "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de 'imposible reparación'; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada". Así las cosas, es de concluir que, aun cuando la quejosa ROSA MARGARITA PADRÓN GOVEA, aduce violación al artículo 17 constitucional, lo cierto es que la omisión de que se duele constituye una violación de carácter adjetivo conforme a la cual deben atenderse las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, carga procesal que toca a ella, a fin de obligar a la autoridad jurisdiccional a dar respuesta a la petición realizada. Es así, porque el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de derechos fundamentales sólo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; de manera que al afectar el acto reclamado, se insiste, sólo derechos adjetivos o procesales de la impetrante, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida. En tal virtud, con fundamento la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V (en sentido contrario), de la Ley de Amparo, en concordancia con el ordinal 113 del ordenamiento legal mencionado, se desecha de plano la demanda de amparo que se trata, por la causa manifiesta e indudable de improcedencia destacada. Por otra parte, en cuanto a la petición de la quejosa, en el sentido de que se le hagan las notificaciones en forma personal vía electrónica, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo que solicita, en virtud de que no cumple con los requisitos que para tal efecto contempla el acuerdo que reglamenta los servicios tecnológicos relativos a la tramitación del juicio de amparo en línea. Esto es, que en concreto, no señala el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Es verdad, para una mejor ilustración de lo antes expuesto, en seguida se hace del conocimiento del promovente el contenido textual de los preceptos que se estiman aplicables, mismos que a la letra establecen lo siguiente: "Artículo 64. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad en términos del artículo 59 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña", y vincular al registro su firma electrónica. El registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." "Artículo 77. Las partes o sus representantes en los juicios de amparo, previa solicitud expresa y acceso otorgado por el Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito en el que se tramite el asunto de su interés, podrán consultar los expedientes electrónicos, sin que implique permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales." "Artículo 78. El acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunal de Circuito, y atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario del impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica." "Artículo 79. Las partes o sus representantes en los juicios de amparo, previa solicitud expresa ante el Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito en el que se tramite el asunto de su interés, podrán solicitar se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para ello, es necesario que las partes lo soliciten expresamente a través de una promoción impresa o electrónica en el asunto de que se trate, al órgano jurisdiccional donde se tramita en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, tratándose de otras personas que deseen autorizar en términos de la legislación aplicable, para que se notifiquen electrónicamente, lo harán en los mismos términos." (Lo destacado es de este órgano jurisdiccional). Así, de los preceptos transcritos, se colige que, de entrada, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad de Certificación de Firmas del Consejo de la Judicatura Federal. También, que para registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña", y vincular al registro su firma electrónica. De la misma manera, es preciso destacar que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal. Así como que las partes o sus representantes en los juicios de amparo, pueden solicitar al Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito en el que se tramite el asunto de su interés, se les autorice la consulta de los expedientes electrónicos, así como la diversa autorización para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, puesto que una y otra son independientes y autónomas. Igualmente, es de toral importancia destacar, que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, y atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. Luego, si como ocurre en la especie, la promovente sólo manifiesta que las notificaciones relativas al presente juicio se le hagan al correo que menciona en su demanda; entonces, está claro que no puede acordarse de conformidad su petición, cuenta habida que conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 77 a 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, es indispensable que, primeramente, se registren en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde los usuarios deberán indicar: Su nombre, Correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, Crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña", y Vincular al registro su firma electrónica. Posteriormente, las partes o sus representantes deberán solicitar expresamente en el asunto de que se trate, al órgano jurisdiccional donde se tramita en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, tratándose de otras personas que deseen autorizar en términos de la legislación aplicable, para que se notifiquen electrónicamente, lo harán en los mismos términos. Lo que en la especie no acontece, de ahí que no se acuerde de conformidad su solicitud en ese sentido, lo que se ordena hacer del conocimiento de la promovente. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo, se ordena que el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le hagan por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para los efectos indicados. De igual manera, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Nicolás Torres García. Notifíquese, a la quejosa como está ordenado en el presente proveído. Así lo proveyó y firma el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con la licenciada Ma. Elizabeth Sierra Castillo, Secretaria del Juzgado que autoriza y DA FE.
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