Rosa María Ramos Rosales
Expediente 281/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/11/2022
Partes del expediente
- Rosa María Ramos Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos con vista a las partes el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables de cuenta y sus anexos; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional relativa. Asimismo, se tienen como pruebas de las autoridades responsables de mérito, las documentales que remiten, en términos del artículo 119 de Ley de Amparo, las mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza por no requerir forma especial para su desahogo, las cuales serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. En otro orden de ideas, del análisis de las referidas documentales se advierte que le reviste el carácter de tercero interesada, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, a Mercedes Alicia Rodríguez Quiñonez, con domicilio en:*********** Por tanto, túrnense los autos a cualquiera de los actuarios de este juzgado a efecto de que se traslade al domicilio ubicado en esta ciudad, señalado con anterioridad, y emplace a la tercera interesada de referencia, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo debidamente sellada y cotejada con su original, auto admisorio y con el presente proveído. De igual forma, en el acto de la notificación, la requiera para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que corresponde a éste Juzgado de Distrito garantizar el debido llamamiento a juicio de las partes, con el fin de otorgarles su derecho de audiencia y evitar irregularidades en el procedimiento del juicio constitucional; además que el emplazamiento de los terceros interesados en el juicio de amparo, se decreta precisamente con el objeto de respetarles la garantía de audiencia y así otorgar la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que consideren convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, noviembre de 1998, página 580, materia civil, con número de registro 195180, cuyo texto y rubro señalan: "TERCERO PERJUDICADO. EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO. La necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a observar la garantía de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto." De igual forma, hágase del conocimiento de la citada tercera interesada, que se encuentran señaladas las diez horas con veinte minutos del ocho de diciembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Por último, se le requiera para que proporcione un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Ahora, respecto del domicilio que se encuentra fuera de la residencia de esta ciudad, éste juzgado se reserva de proveer lo conducente hasta en tanto obre en autos el resultado de la diligencia encomendada en el domicilio con residencia en esta ciudad.
- Incidental
R E S U E L V E Primero. Se niega la suspensión definitiva que solicitó Rosa María Ramos Rosales, respecto a las autoridades señaladas como responsables juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, y su actuario; por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución.
- Incidental
Ensenada, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto, agréguese a los autos con vista a las partes el informe previo de cuenta, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, del cual se hará nueva relación en la audiencia incidental relativa
- Principal
Ensenada, Baja California, once de noviembre de dos mil veintidós. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada dentro del conflicto competencial 7/2022 de su índice, derivado de la demanda de amparo promovida por Rosa María Ramos Rosales, que dio origen al juicio de amparo en el que se actúa, en el que dicho tribunal resolvió lo siguiente: ".PRIMERO. Sí existe el conflicto competencial planteado. SEGUNDO. Se declara que el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, Baja California, es legalmente competente para conocer de la demanda planteada por Rosa María Ramos Rosales, por las razones precisadas en el considerando tercero de esta ejecutoria." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Agréguese a los autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de dicho recurso; sin embargo, para evitar duplicidad de constancias, se ordena glosar sólo las actuaciones originales que obran en dicho cuaderno de antecedentes. Luego, en atención a la ejecutoria en comento, al decretarse que este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por la quejosa Rosa María Ramos Rosales, contra los actos que reclama del juez Tercero de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California y otra autoridad; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda de amparo. Fórmese por separado el incidente de suspensión respectivo, toda vez que fue solicitado. Se señalan las diez horas con dieciséis minutos del siete de diciembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, pídase el informe justificado a las autoridades responsables al que deberán anexar copias certificadas de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciban el oficio en el que se les solicita, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir lo que les conste en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se solicita a las autoridades responsables que de manera preferente remitan el informe justificado a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para las mencionadas autoridades responsables, como en éste Juzgado de Distrito y que de igual manera, proporcionen una dirección de correo electrónico oficial para establecer contacto en los casos que se estime necesario. Asimismo, háganse del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien se les otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir los oficios que se le giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de las autoridades que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras a una multa, de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras, en lo individual, a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de 2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Ahora, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexo a su escrito inicial de demanda, en términos del artículo 119 de Ley de Amparo, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza por no requerir forma especial para su desahogo, las cuales serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Por otra parte, este órgano jurisdiccional se reserva el emplazamiento a juicio de las partes tercero interesadas que indica, hasta en tanto obren en autos los informes justificados que rindan las autoridades responsables, a efecto de verificar a quién les asiste tal carácter, así como el domicilio dónde puedan ser emplazados. En otro contexto, se exhorta a las partes para que continúen el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa en tiempos de la pandemia que actualmente afecta al ser humano, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica. De igual forma, se solicita a las diversas partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Finalmente, con fundamento en el artículo 5o, fracción IV de la Ley de Amparo, dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo.
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