Rosa Isela Rodríguez Espinoza

Expediente 588/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
588/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Rosa Isela Rodríguez Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días hábiles para que la parte promovente interpusiera el recurso correspondiente en contra del auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo que intentó promover presuntamente por Rosa Isela Rodríguez Espinoza, por conducto de su apoderada legal, Guadalupe Martínez Ojeda, sin que se hubiera presentado promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 97 fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículos Vigésimo Primero inciso d), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del propio acuerdo. Por último, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del Acuerdo mencionado.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda presuntamente promovida por Guadalupe Martínez Ojeda, quien se ostenta como apoderada legal de Rosa Isela Rodríguez Espinoza, contra actos del Tesorero del Ayuntamiento de Ensenada Baja California, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de gobierno con el número 588/2022-IV. Ahora, en el caso conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo, el juez debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "[...] El Juez de distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado [...]". En el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que promueve presuntamente Guadalupe Martínez Ojeda, quien se ostenta como apoderada legal de Rosa Isela Rodríguez Espinoza, en atención a las siguientes consideraciones: Como se desprende de la certificación de cuenta, dicha demanda de derechos fundamentales, fue presentada a través del sistema electrónico, sin firma electrónica, de Guadalupe Martínez Ojeda, quien se ostenta como apoderada legal de Rosa Isela Rodríguez Espinoza. Ahora, tal y como quedó apuntado, el escrito de demanda no contiene firma electrónica de quien se dice la promueve y tampoco contiene evidencia criptográfica relativa a la firma de ésta, elemento formal e indispensable del que no debe existir duda alguna, ya que es mediante el cual se expresa la voluntad de quien promueve; por lo que al no existir tal certeza, no se cumple con lo dispuesto en los párrafos quinto y séptimo del artículo 3° de la Ley de Amparo, ni se reúne el requisito que al efecto prevé el artículo 6° de la citada ley, el cual establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5°, del referido ordenamiento legal. En ese sentido, al no expresarse la voluntad de persona determinada a través de la firma electrónica, que es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, acorde a lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 3° de la Ley de Amparo (la que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa), es por lo cual se afirma que la acción constitucional no se ha ejercido, razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61, en relación con los artículos 3° y 6° de la ley de Amparo1. No es óbice a lo anterior, que la demanda que se atiende contenga una imagen digital al parecer con la firma de Guadalupe Martínez Ojeda, quien se ostenta como apoderada legal de Rosa Isela Rodríguez Espinoza, sin embargo, al haberse presentado la misma a través del Sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, es necesario que contenga firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, acorde a lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 3° de la Ley de Amparo. Aunado a que obra intervención del personal de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito para verificar la recepción de asuntos cuando se reciben vía electrónica; ya que de la papeleta de turno de demanda de amparo, en el rubro denominado "firma", obra la palabra "no"; por lo que, si la demanda carece de la firma de quien la presentó, no se materializa la voluntad del promovente o directamente agraviado y por tanto debe desecharse de plano la demanda de que se trata. Sin que en el caso se actualice el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del numeral 3° de laLey de Amparo2 y en el artículo 65 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal3, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, pues no se satisfacen los requisitos contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, precisamente el relativo a la imposibilidad para promover la demanda de amparo y en ese supuesto, estar en aptitud de ordenar su ratificación. Tampoco es obstáculo para arribar a lo aquí determinado, el criterio citado por la parte promovente, contenido en la jurisprudencia I.7o.P J/10 K (10a) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO, NO ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, QUE DÉ LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO, ATENTO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]." ; lo anterior, porque no es un criterio de carácter obligatorio para éste órgano jurisdiccional al ser emitido por un órgano colegiado de distinto circuito, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, siendo el criterio de carácter obligatorio para quien aquí determina, el contenido en la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." En ese contexto, resulta indispensable para la tramitación del juicio que se intenta promover presuntamente por Rosa Isela Rodríguez Espinoza, por conducto de mi apoderada legal, Guadalupe Martínez Ojeda, el escrito de demanda presentada electrónicamente, cuente con la formalidad consistente en que se plasme la firma electrónica de quien insta el juicio constitucional, pues la misma, denota la voluntad de quien han sido afectado en su interés jurídico, para promover este medio de defensa que se rige por el principio de parte agraviada; por tanto, ya que el escrito de demanda en comento no contiene la firma electrónica, de la parte quejosa, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 107 fracción I, constitucional, así como 5 y 6 de la ley de la materia en sentido contrario, pues no existe voluntad para promover el juicio constitucional, requisito indispensable para proveer respecto a su admisión, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, del libro 65, tomo I, abril de 2019, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de registro 2019715, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Así, al carecer la demanda que se atiende de firma electrónica de la promovente, su apoderado o representante legal, no es el caso de acordar las diversas peticiones contenidas en el escrito que se atiende, puesto que la ausencia de firma en el mismo, implica que no se tenga por hecha la promoción de que se trata. Tiene aplicación al respecto la tesis, sustentada la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 29, volumen 80, segunda parte, Materia Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de registro 235463, cuyo rubro dice: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata." (Subrayado y con negritas añadido). Por tanto, al no haberse proveído respecto de domicilio para oír y recibir notificaciones, así como de autorizados, por carecer de firma la demanda de amparo y, por tanto, de voluntad de quien se dice la promueve; notifíquese el presente proveído por lista. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3o de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por el secretaría del juzgado. Notifíquese.

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