Rosa María Marínez Flores
Expediente 1682/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1682/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/02/2017
Partes del expediente
- Rosa María Marínez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
II.- Visto el estado de los autos y al advertir de la certificación de cuenta, que dentro del plazo señalado en el artículo 202 de la Ley de Amparo, la partes no interpusieron recurso de inconformidad contra el proveído de trece de enero de dos mil diecisiete (fojas 540 a 547), por el que declaró la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. Por otra parte, el estado procesal del presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ya que mediante resolución de nueve de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 463 a 487), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, inciso IV). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia o relevancia. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, devuélvanse las copias certificadas de la carpeta administrativa 1333/2014 y doce videograbaciones correspondientes a la citada carpeta, así como la copia certificada de la carpeta de investigación 160790840115014, los cuales remitieron la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, México y la Agente del Ministerio Público adscrita la Fiscalía de Secuestro, Estado de México, respectivamente, como complemento a sus informes justificados.
- Principal
ii. De la certificación de cuenta se advierte fenecido el plazo de tres días concedido a las partes en auto de cuatro de enero pasado (foja 536), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que las autoridades responsables pretenden dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector concedido a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1499, con número de registro 1003378, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1698 del Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Materia Comín, Novena Época, que establece lo siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso las autoridades responsables dieron o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: El presente juicio se promovió por Rosa María Martínez Flores, contra el acto consistente en: La orden de aprehensión librada por la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, el nueve de octubre de dos mil catorce, en la carpeta administrativa 1333/2014, seguida contra Rosa María Martínez Flores, Graciela Martínez Flores y Juan Javier Reyes Castañeda, por el hecho delictuoso de secuestro, en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales J.S.B.M., previsto y sancionado en los artículos 9°, fracción I, inciso a), y 10, fracción I, incisos b), c) y d), fracción II, inciso b), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos preceptos 6°, 7°, fracción II, 8°, 9° y 13, fracción III, del Código Penal Federal, así como su respectiva ejecución, que se traduce en la privación de su libertad. Mediante sentencia de nueve de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 463 a la 487), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rosa María Martínez Flores, contra los actos y autoridades identificados en el considerando segundo de esta resolución, para los efectos precisados en la parte final del considerando sexto de esta sentencia." Ante dicha circunstancia, mediante proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 503 y 504), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto por lo que se requirió a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, para que diera cumplimiento al fallo protector. Consecuentemente, mediante oficio presentado el tres de enero de dos mil diecisiete (fojas 507 a la 534), el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, remitió copias certificadas de la carpeta administrativa 1333/2016, de su índice estadístico, de las que se advierte que el nueve de diciembre de dos mil dieciséis se cumplimentó la orden de aprehensión girada en contra de Rosa Martínez Flores y Juan Javier Reyes Castañeda, por el hecho delictuoso tipificado como secuestro, en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales J.S.B.M., por lo que el trece de diciembre del año pasado, dictó auto de plazo constitucional, donde se resolvió la situación jurídica de dichas personas. Ante ello, mediante proveído de cuatro de los actuales (foja 536), se ordenó dar vista a las partes con las gestiones realizadas por la responsable, a fin de que manifestaran lo que a su derecho e interés legal conviniera en relación con la forma en que pretende dar cumplimiento al fallo protector, sin haber realizado manifestación alguna en el plazo concedido para tal efecto. Expuesto lo anterior, de las constancias citadas, se advierte lo siguiente: 1. El nueve de diciembre de dos mil dieciséis, la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, celebró audiencia para formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, donde decretó la detención jurídica de Rosa Martínez Flores y otro, por el hecho delictuoso tipificado como secuestro, en agravio de la víctima de identidad reservada J.S.B.M., detención que se retrotrajo a las veintiún horas con treinta minuto del siete de diciembre de dos mil dieciséis; 2. El trece de diciembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia para resolver sobre vinculación a proceso, donde la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, procedió a dictar auto de vinculación a proceso en contra de Rosa Martínez Flores y otro, por el hecho delictuoso tipificado como secuestro con modificativa (complementación típica con punibilidad autónoma que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas, que se realice con violencia, se allane el inmueble en el que la pasivo se encuentra, así como los autores tengan vínculo de parentesco con la víctima), en agravio de la víctima de identidad resguardada con iniciales J.S.B.M. En ese sentido, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, resulta evidente que existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector. Lo anterior es así, pues la quejosa en el presente asunto señala como acto reclamado la orden de aprehensión librada por la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en la carpeta administrativa 1333/2014, seguida en su contra y otras personas, por el hecho delictuoso de secuestro, en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales J.S.B.M; por tanto, si se llevó a cabo la detención de la quejosa a las veintiún horas con treinta minuto del siete de diciembre de dos mil dieciséis, por cumplimiento a la orden de aprehensión referida anteriormente y, posteriormente, la Juez responsable dictó auto de vinculación a proceso el trece de diciembre de dos mil dieciséis, por el hecho delictuoso en comento, es evidente que la situación jurídica actual de la quejosa es diversa a la que se encontraba cuando se resolvió este juicio de amparo. En esa tesitura, la situación que actualmente impera en la esfera jurídica de la quejosa, es que está vinculada a proceso por el hecho delictuoso de secuestro, lo cual resulta en una imposibilidad jurídica para la responsable de dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, haciendo del conocimiento de la quejosa que tiene expedito su derecho para inconformarse con esta determinación, en términos de lo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
ii. Visto el oficio de cuenta signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante el cual remite copias certificadas de las constancias que acreditan lo informado mediante oficio 11842 recibido el dieciséis de diciembre anterior en este órgano jurisdiccional (foja 501), es decir, que el nueve de diciembre de dos mil dieciséis se cumplimentó la orden de aprehensión girada en contra de Rosa Martínez Flores y Juan Javier Reyes Castañeda, por el hecho delictuoso tipificado como secuestro, en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales J.S.B.M., así como también, que el trece de diciembre de dos mil dieciséis se dictó auto de plazo constitucional, en el que resolvió la situación jurídica de los citados quejosos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, con el oficio y anexo referido, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento total al fallo protector, apercibidas que en caso de ser omisas, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Para sustentar lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, con número de registro 192174, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
II. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes a quienes pudiera ocasionarles perjuicio, no recurrieron la sentencia de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, donde se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector Apercibida de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa Asimismo, se apercibe a la responsable de que en caso de tener una conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se procederá en términos del párrafo tercero del artículo 192 de la legislación en cita. Finalmente, se hace del conocimiento a la autoridad que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la nueva Ley de Amparo.
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