Rosa María Elena Santana Orozco
Expediente 1189/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1189/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/12/2017
Partes del expediente
- Rosa María Elena Santana Orozco
- Agente del Ministerio Público Federal Adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
V.- SE HACE EFECTIVO APERCIBIEMIENTO A LA QUEJOSA Y SE LE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: El estado procesal de los autos y la certificación de cuenta evidencian que la parte quejosa no se inconformó, dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 74 a 76), mediante el cual se declaró por cumplida la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente asunto. Por tanto, se tiene como consentida la determinación de mérito, para los efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior; y, en atención a la certificación secretarial de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: El presente asunto es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso IV), pues, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal; por tanto, deberán conservarse la demanda y la sentencia respectivas. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Del mismo modo, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un plazo de noventa días, con la finalidad de comparecer a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos exhibidos en el juicio en el que se actúa. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el tiempo establecido, en su momento serán destruidos junto con el expediente en que se actúa. Notifíquese; y, personalmente a la accionante del amparo.
- Principal
V.- El estado procesal de los autos y la certificación de cuenta evidencian que la parte quejosa no se inconformó, dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 74 a 76), mediante el cual se declaró por cumplida la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente asunto. Por tanto, se tiene como consentida la determinación de mérito, para los efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior; y, en atención a la certificación secretarial de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: El presente asunto es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso IV), pues, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal; por tanto, deberán conservarse la demanda y la sentencia respectivas. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Del mismo modo, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un plazo de noventa días, con la finalidad de comparecer a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos exhibidos en el juicio en el que se actúa. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el tiempo establecido, en su momento serán destruidos junto con el expediente en que se actúa. Notifíquese; y, personalmente a la accionante del amparo.
- Principal
V.- Toluca, México; veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. De la certificación de cuenta se advierte fenecido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete (foja 70), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector concedido a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 247, con número de registro 917781, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 203 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: El presente juicio se promovió por Irais Gutiérrez Rojas, apoderada de la directa quejosa Rosa María Elena Santana Orozco, contra el acto del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y otra autoridad, consistente en: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, relativo a la solicitud de pensión. Mediante sentencia de siete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 22 a 32), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rosa María Elena Santana Orozco, contra la omisión reclamada al Director del Instituto de Seguridad Social del Estado México y Municipios y al Titular de la Unidad de Atención al Derechohabiente del Instituto de Seguridad Social del Estado México y Municipios, por las razones y para los efectos asentados en el considerando último de la presente resolución". Así las cosas, el cinco de octubre de dos mil diecisiete (fojas 36 a 38), causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la responsable para que en el plazo de tres días, previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, diera cabal cumplimiento a lo ordenado en sentencia de siete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 22 a 32), es decir: "1. Atiendan la solicitud de pensión por jubilación presentada por Rosa María Elena Santana Orozco, el diecinueve de junio de dos mil diecisiete y, en consecuencia, emitan la respuesta que en derecho proceda de manera escrita y en forma fundada, motivada, esto es: resuelvan si es procedente o no otorgar la pensión por jubilación solicitada por la quejosa; sin que al respecto se esté vinculando a las autoridades responsables a responder favorablemente a los intereses del solicitante. 2. Notifiquen dicha respuesta de forma personal a la solicitante del amparo en el domicilio señalado en el formato de solicitud de pensión." En esa tesitura, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional dieciséis de octubre del año en curso (fojas 42 a 46) el representante legal de las autoridades responsables señaladas como Director General y Titular de la Unidad de Atención al Derechohabiente ambos del Instituto de Seguridad del Estado de México, informó de la forma en la que pretendía dar cumplimiento a la sentencia del presente juicio de amparo, anexando copia certificada de lo acordado el veintinueve de septiembre del año en curso en el dictamen de pensión CP/37768/2017. En atención a lo anterior, este juzgado en proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete (fojas 47 y 48), requirió a las autoridades responsables para dar cumplimiento cabal a la sentencia del presente juicio, pues las mismas fueron omisas, en notificar de forma personal y en el domicilio señalado en el formato de solicitud de pensión por jubilación, lo acordado el veintinueve de septiembre del año en curso en el dictamen de pensión CP/37768/2017. Asimismo, mediante diverso oficio presentado en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete (foja 52), el representante legal de las autoridades responsables señaladas como Director General y Titular de la Unidad de Atención al Derechohabiente ambos del Instituto de Seguridad del Estado de México, mediante el cual solicitó a este órgano jurisdiccional una prórroga para cumplir con lo requerido en auto de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete (fojas 47 y 48); por tanto este órgano jurisdiccional, en auto de veinticinco de octubre del año en curso (fojas 57 y 58), le concedió un plazo de tres días con la finalidad de informar el cumplimiento de la sentencia de amparo. Finalmente, mediante auto de nueve de noviembre del año en curso (foja 70), se tuvo por recibido el oficio por el cual el representante legal de las autoridades responsables señaladas como Director General y Titular de la Unidad de Atención al Derechohabiente ambos del Instituto de Seguridad del Estado de México, remitía copias certificadas de la razón de notificación, practicada a la quejosa en relación a la respuesta a su solicitud de pensión por jubilación. En ese sentido, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, resulta evidente que los efectos de la ejecutoria de amparo fueron satisfechos, pues con las actuaciones que llevaron a cabo, abarcaron la totalidad de los efectos materia de la concesión del amparo. Lo anterior, pues mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional dieciséis de octubre del año en curso (fojas 42 a 46), el representante legal de las autoridades responsables, informó de la respuesta dada a la solicitud de pensión por jubilación, en auto de veintinueve de septiembre del año en curso en el dictamen de pensión CP/37768/2017 y mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el siete de noviembre del año en curso (fojas 63 a 69), el representante legal de las autoridades responsables remitió copias certificadas de la razón de notificación, practicada a la quejosa en relación a la respuesta a su solicitud de pensión por jubilación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Liliana Lozano Mendoza, Secretario Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, por licencia otorgada al titular en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/5290/2017 de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; con el licenciado Marco Antonio Maya García, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
V.- Visto el oficio de cuenta signado por el delegado del Director General y del Titular de la Unidad de Atención al Derechohabiente ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en auto de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete (fojas 57 y 58), remite copias certificadas de la razón de notificación practicada a la quejosa en relación a su solicitud de pensión por jubilación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, así como con los recibidos en auto de diecisiete de octubre del año en curso (fojas 47 y 48), para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento total al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Para sustentar lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, con número de registro 192174, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
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